CLARIDAD
A la luz de las tendencias observadas en los casos atendidos en el 2022, la organización Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) se propone enfocar su agenda del 2023 en cuatro iniciativas principales de justicia económica y defensa del derecho a permanecer en la vivienda. En conferencia de prensa, el equipo de ALPR expuso que el trabajo se hará a través de educación y apoyo legal gratuito, así como a través de abogacía capaz de transformar políticas públicas en temas de alquileres, desastres y justicia económica de las mujeres.
La abogada comunitaria Verónica Rivera Torres expuso que este año, ALPR va a seguir con sus programas principales: un programa sobre alquileres, un programa de recuperación justa sobre desastres y justicia climática; un programa de derecho a tu casa, que va a trabajar en particular con temas de justicia económica, violencia de género y violencia doméstica cuando afecta la vivienda, y un programa de apoderamiento legal para que la gente indigente tenga acceso a servicios. Uno de los programas que estarán trabajando y que esperan lograr luego de seis años de esfuerzo en esa misma línea de justicia económica para las mujeres y de apoderamiento legal es un acuerdo de colaboración con el Departamento de Corrección para que adopte la herramienta de Ayuda Legal PR. Este servicio en línea atiende casi dos millones de personas al año que buscan información y orientación legal. El proyecto comenzará en la cárcel de mujeres.
Otro de los proyectos es el Programa de Recuperación Justa 2023, en el cual se estará trabajando en los temas que tienen que ver con desastres, con fondos de recuperación y la política de relocalización que el DV y el Gobierno de Puerto Rico se supone tiene que empezar a trazar para comunidades que viven en zonas de riesgos.
La directora ejecutiva de ALPR, Ariadna Godreau Aubert, destacó que si algo marcó el 2022 fue la inconsistencia del Gobierno, por ejemplo, entre querer hogares de lujo, lugares vacacionales u oficinas en lugares estratégicos versus empezar a hablar ya con más intensión y con fondos de gobierno de la necesidad de desplazar o sacar a familias que viven en zonas inundables o en zonas de riesgo. Añadió que cuando se habla de desplazar a personas que viven en zonas inundables, el manejo de estos fondos no es equitativo. ALPR se propone presentarle al Gobierno que maneje esa relocalización cuando se tenga que hacer.
Preguntada por CLARIDAD respecto a la información que se conoce sobre el programa de relocalización, la licenciada Rivera Torres indicó que según el DV no ha habido ninguna comunidad relocalizada. Hay $400 millones en el plan de mitigación para los proyectos de relocalización de unidades, pero todavía no hay unas guías claras de cómo se hará ni tampoco hay comunidades seleccionadas.
En tanto, la coordinadora de litigios, licenciada González Rodríguez, expresó que este año toca de nuevo empezar el trabajo de recuperación para los desastres que han ocurrido después de María. Se supone que este año, por fin se apruebe el programa CDBG- DR para los sobrevivientes de los terremotos del 2020. Aunque el DV enmendó el plan de acción, este todavía no se ha aprobado. González Rodríguez dijo que tienen la esperanza de que a mediados de este año se empiece a ver por parte del DV y el Consorcio del Sur, que se creó para manejar este dinero, que se atiendan las solicitudes para que las personas empiecen a reparar y construir sus casas afectadas por desastres.
Aún sin ayudas para la reparación de viviendas
La coordinadora de litigios informó que tras el impacto de Fiona, FEMA nuevamente ha estado denegando o dando asistencia mínima a personas que sufrieron daños por el huracán. Según dijo, la mayoría de la gente que ha recibido ayuda solo recibió $700 de asistencia critica, La asistencia para la reparación de vivienda se está quedando atrás una vez más por problemas con seguros contra inundaciones y por la titularidad de la vivienda.
González Rodríguez añadió que quieren ser enfáticas en dicho programa dado a que al plan de acción de terremotos, que es el plan de CDBG-DR, se le destinaron $208 millones y el DV repitió la misma fórmula del PR3, programa que no ha funcionado, que no ha logrado que la gente pueda reparar ni reconstruir, ni tampoco ha logrado que la gente pueda conseguir una vivienda.
Al respecto, Godreau Aubert añadió que les preocupa que la propuesta del DV a tres años del desastre sea una repetición del programa R3, que ya se sabe que no tiene efectos reales. “Otra cosa que queremos anunciar con el tema de Fiona y por la línea de Verónica es que nos preocupa institucionalmente que haya una falsa inflación del dato de aprobaciones de FEMA en el caso de Fiona por los $700 dólares. Literalmente, esa asistencia de mala calidad es el mínimo que FEMA casi le puede dar a una familia. Nos preocupa que se infle falsamente un número de aprobación para decir que FEMA tuvo una respuesta, porque no es así”.
Otro trabajo directo con la fiscalización de ese proceso de recuperación que van a continuar expandiendo es un proyecto de paralegales comunitarios. En este caso, se refiere a ayudar y acompañar a líderes comunitarios para que puedan fortalecer sus destrezas y conocimientos en Derecho, para que puedan servir dentro de sus comunidades en la identificación de las necesidades legales y defender sus derechos una vez tengan conocimientos. El propósito es colocar a la gente en mejor posición de identificar si tiene un problema legal, cuál podría ser la solución y cómo conseguirla. Al presente están trabajando con múltiples comunidades en Loíza, enfocadas en mitigación de desastres, así como en el cambio climático y el impacto de la crisis climática tanto en su comunidad, su ambiente y la salud de las personas.
El tema de los alquileres también está en la agenda, ya que estos representan una tercera parte de las unidades de vivienda y es un tema que cuando sale a la palestra pública usualmente sale atado a los alquiles a corto plazo. Godreau Aubert reparó en que si bien es cierto que los ACP tienen un impacto directo en la renta y en la disponibilidad de vivienda, sobre todo en algunas zonas, la realidad es que la crisis de alquileres viene antes del tema de ACP. Las situaciones de alquiler van desde personas que viven en vivienda pública, adultos mayores que alquilan, hasta falta de hospedajes para universitarios. Un estudio que hizo ALPR para conocer la vulnerabilidad de defensa de su techo de las poblaciones inquilinas reveló que más del 94 % de la gente que alquila y que son demandas en desahucio por impago acuden al tribunal sin representación legal.
A esos efectos, ALPR informó que en el 2022 logró inaugurar el panel en defensa de alquileres dignos, que tiene el propósito de empezar a visibilizar con abogadas y abogados la necesidad de que haya defensa y de que el proceso sea uno equitativo, dado a que una persona puede perder su casa en menos de 40 días y quedarse en la calle. El proyecto iniciará en Carolina y esperan moverlo a San Juan.
Godreau Aubert reconoció que no están pensando que van a poder alcanzar el universo de toda la gente que van a desahuciar, pero sí visualizar que sea un proceso más equitativo, en el cual se considere que es uno que termina quitándole el techo a una familia.
La solución al problema, según el Gobierno
El equipo de ALPR dio a conocer que mientras todavía no hay guías ni hay planes de cómo funcionaría a nivel comunitario el PR3 de relocalización. Hasta ahora la relocalización se ha hecho de manera individual, rompiendo comunidades y creando espacios de casas vacías. La solución del DV a este problema ha sido otorgar un incentivo de $4 mil a corredores de bienes raíces que logren cerrar el voucher de compraventa. “Eso habla de que no hay otra propuesta proactiva de incentivar la vivienda, sino de seguir compitiendo en un mercado que cada vez es más caníbal. Eso es lo que estamos viendo”, manifestó Godreau Aubert.
El PR3 de reconstrucción y reubicación se enmendó el 29 de diciembre. Como la gente no consigue casas para mudarse, la alternativa propuesta es que la persona tenga un realtor para que le busque casa. Pero esto solo aplica a los que son elegibles para reubicación.
