CLARIDAD
No es solo la violencia física que culmina en la muerte, ni las mujeres que sobreviven a la violencia doméstica, es que la mayoría de los casos de desahucio en Puerto Rico tienen como protagonistas a una mujer. Así lo demostró la organización Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR), la cual dio a conocer que en este pasado año 2022, las mujeres amenazadas con ser desplazadas de sus viviendas representó el 70 % de los casos atendidos y que el 77 % de las solicitantes al programa del Departamento de la Vivienda, conocido como Programa R3 (de reconstrucción y relocalización), fueron mujeres.
En conferencia de prensa, el equipo de ALPR, encabezado por su directora ejecutiva, Ariadna Godreau Aubert; Verónica González Rodríguez, coordinadora de litigio, y Verónica Rivera Torres, abogada comunitaria, compartieron un balance sobre el trabajo del 2022 en el cual proponen enfocarse para el presente año. Detallaron que del año 2021 al 2022 se registró un aumento de 300 % en los desahucios por impago. “En contraste, en estos últimos años ha habido una falta de rendición de cuentas públicas por los $1.4 mil millones desembolsados para ayudas y cero monitoria pública a los contratistas que trabajan con fondos CDBG-DR”, denunció la directora de Ayuda Legal Puerto Rico.
Godreau Aubert observó que no es accidente que la mayoría de los casos de desahucio en Puerto Rico siempre tienen por protagonistas a mujeres y que del 77 % de las solicitantes al Programa R3, menos de un 10 % que ha conseguido la relocalización son mujeres.
El año pasado también hicieron un censo de alquileres dignos, el que llenaron sobre 400 personas, en su gran mayoría mujeres. El señalamiento mayor fue que su situación de alquiler se había visto afectada por los desastres, por la falta de empleo, que nunca pudieron negociar un contrato y que jamás tuvieron acceso a información sobre la asistencia de renta.
Estos datos demuestran, según Godreau Aubert, que “las mujeres tienen menos capacidad de poder defender sus techos adecuadamente. Y un tema que no ha estado en boca de todo el mundo es esa intersección de que una de las manifestaciones de la violencia doméstica es que las mujeres están entonces en un mayor riesgo de ser desplazadas de perder sus casas. Con eso en mente parte, de lo que vamos a estar hablando este año es adelantar política pública para reconocer esa violencia económica que afecta el derecho al techo y a otras áreas, como parte del trabajo que queremos hacer”.
Razones de riesgo en las mujeres
La directora ejecutiva de ALPR relató que en Puerto Rico, estadísticamente, la pobreza tiene cara de mujer, así que no es accidente que esos hogares de madres solteras suelan ser más empobrecidos. Citó que, según los datos del Instituto de Desarrollo de la Juventud, algunos factores que tienen que ver con esta situación son el que las mujeres son las que asumen el cuidado y la crianza de los hijos, resultando en menos posibilidad de movilidad laboral y exposición a otro tipo de violencia doméstica, así como la sobrecarga a las abuelas que crían. De estas últimas situaciones, dijo, llegan muchas ALPR.
“Si lo vemos estructuralmente, es una violencia que se levanta sobre la iniquidad, y al levantarse desde la iniquidad entre el hombre y la mujer, ya de por sí está sobre la mesa, en un país como Puerto Rico, que está en una crisis permanente. A poblaciones que desde el principio partieron con obstáculos, va a serles más difícil sobrevivir. En el caso de la vivienda, lo hemos visto siempre, por eso hablamos de discriminen y de violencia doméstica, porque son dos ejemplos de la violencia de género. Una persona se puede quedar en la calle simplemente y de entrada por tener más obligaciones. El COVID es un ejemplo de eso y ahora estamos viendo las consecuencias. Muchas tuvieron que renunciar a su trabajo o lo perdieron”.
Los datos de la edad promedio de las mujeres amenazada de ser desplazas, según ALPR, es entre los 50 a 53 años. Godreau Aubert pronosticó que habrá un recrudecimiento en el tema de las mujeres porque cada vez los casos son más precarios: “El techo es la última manifestación. Vamos a estar viendo un alza en los casos que tienen que ver con desahucios cada vez más rápidos, incluso antes de llegar a un tribunal, que es un uno de los grandes riesgos, junto a un recrudecimiento”. Reconoció que en ALPR no pueden incluir el volumen de casos que se producen, pero que era importante alertar sobre ellos.
En ese aspecto, la ALPR busca incidir también en la banca, por lo que el año pasado enviaron a las instituciones financieras un protocolo para cuando hay codeudores hipotecarios. Contó que hubo instituciones, principalmente, el Banco Popular, que contestaron en la afirmativa, por lo que ahora esperan que esa reacción se convierta en implementación.
Godreau Aubert indicó que producto del trabajo hecho con defensoras y sobrevivientes de violencia doméstica, el pasado año se dieron cuenta de que la Ley 54 no aborda la manifestación de violencia económica, a pesar de que ha sido una manifestación clara de violencia doméstica que todo el mundo reconoce.
“Nos dimos cuenta de que a la hora de buscar herramientas y lograr remedios para las sobrevivientes no era tan fácil. Hubo consenso entre las organizaciones de mujeres de que hace falta una enmienda a la ley 54 para ser más puntuales con la violencia económica. A esos efectos, este pasado año se logró aprobar el PC 1311 y el PS 265 que reconoce la violencia económica. Un ejemplo de este tipo de violencia es que en muchos casos el codeudor deja de pagar la hipoteca y es la mujer la que enfrenta el desalojo. Cuando a una madre la desahucian, ni el tribunal ni el Departamento de la Familia le exigen responsabilidad al padre para con los hijos. Eso no lo contempla la ley de ninguna manera. Uno de los problemas mayores es que se ve lo desconectado que está el tema de la vivienda de todo lo demás. Nos hemos dado cuenta de que en estos procesos de desahucio no tienen ninguna comunicación ni con el Departamento de la Familia, esa es una de las cosas que estamos tratando de que tenga más coherencia ese proceso legal”.
Al presente, cuando una madre enfrenta un proceso de desahucio, el DF está presente en el lanzamiento; pero su gestión se limita a quitarle los hijos a la madre. Más allá de eso, no hay ninguna otra asistencia. Por parte del poder judicial no hay ningún mecanismo para ese proceso.
