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Efectos de los desastres naturales en la salud mental de Puerto Rico

 

Especial para En Rojo

El pasado 24 de septiembre del 2022, una señora llamada Aida Iris, del municipio de Las Piedras, llamó a la emisora WKAQ 580 para expresar que había intentado suicidarse. Según el periodista Benjamín Torres Gotay, no contaba con agua ni luz desde el viernes 16 de septiembre, previo al paso del huracán Fiona por Puerto Rico.

Aida Iris es parte de una población con problemas de salud mental causados por la inexistente respuesta gubernamental a los desastres naturales. Es necesario recalcar que el Caribe es propenso a los terremotos y los huracanes. Es la realidad de la región. Sin embargo, año tras año, al Estado no le interesa mejorar la infraestructura del país ni los planes de respuesta para prevenir o minimizar los daños infligidos. Puerto Rico sufre una precariedad enorme que se incrementa con cada nuevo suceso natural.

La intensidad de esta desesperanza es retratada en las estadísticas recogidas por la Comisión de la Prevención del Suicidio del Departamento de Salud. En Puerto Rico, el suicido es la tercera causa de muerte violenta. En el 2016, las defunciones por esta causa estaban en descenso hasta llegar a su punto más bajo, al registrarse 5.8 casos por 100,000 habitantes o 240 muertes.

Sin embargo, el huracán María significó un retroceso considerable en la prevención del suicidio. Al cerrar el 2017, la tasa se elevó a 9.0 muertes por 100,000 personas. Murieron sesenta personas más, para un total de 300 individuos, en comparación con el año previo. La cifra de suicidios disminuyó un poco en el 2018, pero se mantuvo elevada en comparación con el 2016 y ha continuado en un leve declive desde ese periodo.

Las estadísticas de la Línea para la Prevención del Suicidio (Línea PAS), del Departamento de Salud, evidencian que la crisis de salud mental está asociada con las distintas catástrofes naturales que han azotado el país. Después del huracán María, hubo un ascenso sostenible de llamadas en el 2017 y 2018. También, se han mostrado diferentes picos, como, por ejemplo, durante la amenaza del huracán Dorian, a finales de agosto del 2019, que corresponden a la ansiedad de la población por la mera posibilidad de un huracán. Igualmente, en el 2020, durante los terremotos en el sur y el primer año de la pandemia del COVID-19, la Línea PAS reportó un total de 922,797 llamadas. Esta cifra supone un aumento exorbitante de 770,742 contactos adicionales comparados a los 152,055 del 2019. La Línea PAS es una herramienta importante para prevenir el suicidio; pero no es suficiente ni sustituye la responsabilidad del Estado por el bienestar físico, mental y emocional del pueblo.

“Notamos que hay una crisis socioeconómica y política que ha sido normalizada. El panorama que recibimos viene de la mano de una crisis de salud mental [porque] las condiciones que vive este país son insostenibles”, dijo Migna Rivera García, la presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR), en referencia a la tasa de pobreza en Puerto Rico. Según su comunicado de prensa y la Comisión para la Erradicación de la Pobreza, el 52.3% de Puerto Rico vive bajo condiciones de pobreza después del huracán María.

La Dra. Rivera García enumeró los problemas estructurales que surgen por la inequidad económica y el abandono gubernamental: la falta de una vivienda justa y digna que propicie la seguridad, salud física y emocional; la falta de acceso de servicios de salud; la escasez de alimentos durante los huracanes y la pandemia; la falta ya normalizada de agua y electricidad; los impedimentos para  acceder a métodos de transporte y las pérdidas de empleos. Finalmente, es necesario subrayar la inaccesibilidad a los servicios de la salud causado por las aseguradoras médicas. “En la medida que un psicólogo o psicóloga no pueda aceptar un plan médico porque no le están pagando, pues ahí tenemos un ciudadano o ciudadana que se queda sin el servicio”, recalcó la Dr. Rivera García.

Todos estos factores dificultan o imposibilitan los servicios de salud mental en las poblaciones más vulnerables. Por eso, al responder a un desastre natural, la APPR se enfoca primero en cubrir las necesidades básicas, mediante la repartición de alimentos, agua, toldos, pañales y otros suministros para que las comunidades puedan cuidar de su salud y seguridad física. Mientras se reparten materiales, las personas se unen como voluntarios y se forman redes de apoyo. La movilización de los miembros de la comunidad hacia su recuperación ayuda a combatir los sentimientos de aislamiento y desesperanza mediante la acción. Además, las alianzas con otras organizaciones, las iglesias, la academia y el sector público y privado hacen posible impactar a las comunidades en la ausencia de la respuesta gubernamental.

Pero el trabajo de la APPR y las otras organizaciones no puede llenar el vacío dejado por la irresponsabilidad gubernamental. “¿Por qué la gente continuó con toldos azules viviendo en áreas inundables, con falta de agua potable y no se dragaron los ríos?”, preguntó la presidenta de la APPR. El futuro de la salud integral del pueblo de Puerto Rico depende de detener el Gobierno colonial y su enfoque en la extracción de recursos, por encima de la salud integral de sus ciudadanos.

Si usted o un conocido se ha sentido desesperanzado y ha tenido ideas suicidas, puede llamar a la Línea PAS al 1(800)981-0023 o al 9-1-1. Ambos están disponibles 24/7.

También pueden seguir la Asociación de Psicología de Puerto Rico, en https://www.asppr.net o en sus páginas de Facebook, Twitter o Instagram para acceder a sus servicios profesionales.

 

Editorial: Leyes de Cabotaje: una flagrante afrenta colonial

 

El asunto de una barcaza llena de diésel de la British Petroleum Company, anclada en el mar frente al pueblo de Peñuelas desde hace varios días, y que espera por un permiso del Gobierno Federal  para poder depositar su tan necesaria carga en el área de Puerto Rico más afectada por el huracán Fiona, vuelve a dramatizar  la condición de inferioridad, sujeción e indefensión en que se encuentra nuestro país frente al poder metropolitano de Estados Unidos y sus aliados del gran capital naviero.

En medio de una grave emergencia por la falta de energía eléctrica en el sur de Puerto Rico, que puede ser de vida o muerte para cientos de personas enfermas y de edad avanzada, el gobierno de Estados Unidos- específicamente su departamento de seguridad nacional ( Homeland Security)- se regodea en un interminable trámite burocrático antes de permitir que el navío extranjero deposite el combustible que nuestro pueblo necesita, y que ninguna de las miles de compañías petroleras estadounidenses ha sido capaz de mover hasta aquí.  Quien tenga ojos para ver comprenderá la violación de derechos humanos que este retraso imperdonable podría representar para llamados “ciudadanos estadounidenses” en la principal colonia de Estados Unidos.

Sin embargo, esta situación va más allá de si Estados Unidos se retrasa en esta  decisión, o de si otorga o no el permiso o dispensa de emergencia para el  desembarque del combustible. Se trata de que nuestro país ha sido sujeto- y no puede zafarse- a una ley infame e injusta, la ley Jones de 1920 o Ley de Cabotaje, que no solo durante emergencias, sino todos los días, tiene un impacto negativo sobre la economía y la vida  en Puerto Rico, mientras representa ganancias millonarias para el sector mercantil del capital estadounidense. El secretario de Homeland Security ha dicho que examina las implicaciones para la seguridad nacional de Estados Unidos que podría tener dicha dispensa. Vana historia para un país que tiene una“coladera” de seguridad interna por los cuatro costados, que nada tiene que ver con el trasiego de bienes hacia y desde Puerto Rico.

Luego de la invasión y ocupación de Puerto Rico por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el nuevo colonizador estableció un gobierno militar que duró solo dos años. En 1900 se aprobó la Ley Foraker, y con ella comenzó la administración “civil” de Estados Unidos en Puerto Rico, una época de híper explotación del territorio puertorriqueño y sus fuerzas trabajadoras en una atmósfera de sujeción y semi  esclavitud. La Primera Guerra Mundial en 1917 contra una Alemania fuerte y amenazante  cambió el panorama de Estados Unidos, Europa y el mundo. Estados Unidos determinó prepararse para la guerra y tomar medidas de protección en su país.

Para ello, el entonces presidente, Woodrow Wilson, le propuso al Congreso comprarle a Dinamarca las hoy llamadas Islas Vírgenes americanas, y extenderle a Puerto Rico una nueva ley orgánica que sustituyera la ya anacrónica Ley Foraker. La Ley Jones de 1917 fue esa nueva ley orgánica, la cual le impuso la “ciudadanía americana” a las y los nacidos en Puerto Rico, a tiempo para que los hombres puertorriqueños pudieran ser llamados a las filas del ejército de Estados Unidos. Mientras la guerra estallaba en Europa, Estados Unidos consolidaba su dominio militar y político  en el Caribe Occidental.

Pero los submarinos alemanes no dieron tregua a los barcos estadounidenses en aguas del Caribe. Y las medidas proteccionistas arreciaron. Se aprobó en el Congreso una nueva disposición- la Ley Jones de 1920- para salvaguardas el tráfico comercial de Estados Unidos con sus colonias de ultramar. La nueva ley de cabotaje sirvió para proteger a Estados Unidos, pero sometió a Puerto Rico a un colonialismo comercial y aislacionista.

Las leyes de cabotaje que aplican a Puerto Rico expresamente prohíben que nuestro país pueda comprar o vender mercancías a otros países directamente, y obligan a que el transporte de mercancías a Puerto Rico sea en barcos fabricados en Estados Unidos, propiedad de compañías estadounidenses y tripulados por estadounidenses. Esto es una “camisa de fuerza” que multiplica los costos de acarreo, y mantiene a Puerto Rico como rehén de la poderosa industria naviera de Estados Unidos y las uniones que agrupan a sus trabajadores, dos grupos de presión con enorme mollero político en los partidos Demócrata y Republicano. Solo eso puede explicar que a estas alturas del siglo 21, Puerto Rico siga sujeto a un estatuto de tiempos de guerra, que coarta el libre comercio y asfixia su economía. Mientras, los políticos  de aquí ni los de allá se atreven impulsar su derogación.

A diferencia de Trump, a quien tanto odian, el gobierno de Joe Biden se autoproclama como el “más amigo de Puerto Rico”. Si es así, que suelte amarras para que el barco de British Petroleum que está en Peñuelas pueda desembarcar el diésel que tanto apremia en esta emergencia. De paso, le sugerimos  que considere inscribirse en la historia como el presidente de Estados Unidos que derogó la injusta ley Jones de 1920, y liberó a Puerto Rico de la ignominia colonial de las leyes de cabotaje.

 

La ayuda para vivienda sigue desatendida

 

CLARIDAD

cotto@claridadpuertorico.com

La organización Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) dio a conocer que apenas pasado el huracán Fiona, varias entidades hipotecarias ya han presentado 11 demandas de ejecuciones de hipotecas residenciales y que aun el mismo sábado, 17 de septiembre, día oficial del paso del huracán Fiona, se presentaron seis demandas. Tras el paso del huracán ya se han presentado ocho demandas de desahucio por falta de pago.

La organización que por los pasados cinco años ha liderado la respuesta legal de ciudadanos afectados por los desastres en Puerto Rico urgió al gobernador, Pedro Pierluisi, a establecer una moratoria de lanzamientos relacionados con desahucios o ejecuciones de hipotecas y cortes del servicio de electricidad y agua por un plazo de noventa (90) días. “En consideración al impacto económico que tienen los desastres en las unidades familiares, es menester frenar eventos que pueden empeorar su situación”, señaló ALPR en carta enviada al primer ejecutivo.

Ayuda Legal también les cursó una carta, tanto al gobernador como al secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, con una serie de planteamientos dirigidos a procurar una recuperación justa y a la protección de los derechos humanos. Durante la emergencia del huracán María, los terremotos y la emergencia de la pandemia del COVID-19, Ayuda Legal hizo similares peticiones al primer ejecutivo en funciones. La directora ejecutiva de Ayuda Legal, licenciada Ariadna Michelle Godreau Aubert, confirmó a CLARIDAD que nunca han recibido una contestación a sus cartas. “Lo más que se hizo con esta última carta fue un acuse de recibo, y una de las cosas que más preocupan en este proceso de emergencia es la falta de responsividad, pero también de planificación, del Gobierno central”.

La licenciada Godreau Aubert expresó su preocupación por la exclusión de varios pueblos que fueron afectados por el huracán en la declaración de desastre. Entre estos se encuentran Cabo Rojo, Loíza, Hormigueros y San Germán. Comentó que la exclusión llama la atención por el impacto que sufrieron dichos pueblos y porque sus alcaldes habían dicho que esa exclusión no se debió a que ellos no estuviesen presentando documentos. “Sobre todo, lo que nos preocupa es que el Estado una vez más falla en visibilizar como prioridad los pueblos donde mayor visibilidad existe. Sabemos que la Declaración de Desastre Mayor se va a ir enmendado. Pensamos que si esto no se hubiese llevado a la palestra pública estaríamos en otro escenario, no sería noticia un evento así. Ciertamente, estamos bien preocupados porque si esta va a ser la respuesta del Gobierno, es una mala señal”.

En vista de lo anterior confirmó a CLARIDAD que todavía hay gente afectada por el huracán María hace cinco años y por los terremotos del 2020, a los que FEMA no les ha respondido. De hecho, dijo que los procesos de FEMA por María ya cerraron. La realidad dijo es que FEMA negó casi el 60 % de las solicitudes de ayuda relacionadas con María y 3 de cada 4 apelaciones. “Así que el proceso, la respuesta, no funcionó por lo que el riesgo es ese mismo, que más personas queden fuera de la Declaración de Desastre Mayor y de esa asistencia individual  y no puedan pedir ayuda”.

Según explicó, después de una declaración de desastre, las personas tienen 60 días para poder presentar su solicitud de ayuda. Una de las cosas que está pidiendo Ayuda Legal es que haya una mayor planificación con los centros de desastre y más tiempo para que las personas soliciten ayuda, en especial para vivienda.

Ayuda Legal Puerto Rico también les solicitó al Gobierno de Pierluisi y al Departamento de Vivienda lanzar una campaña educativa sobre la asistencia de FEMA que incluya información sobre la elegibilidad de personas dueñas sin título formal, de  cómo solicitar ayuda y sobre el derecho de familias inmigrantes cualificadas a llenar la solicitud. La Directora Ejecutiva de Ayuda Legal describió como una “bola de nieve” la ayuda de vivienda que se pregona.  La verdad es que la ayuda de vivienda sigue estando desatendida por el Gobierno, dijo. En torno a ese aspecto, la organización le reclamó al Gobierno que haga disponible un inventario de viviendas afectadas y de otras disponibles por municipio, que incluya viviendas reposeídas o abandonadas, pero en estado habitable.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corretjer: La lucha por la independencia de Puerto Rico

Las nuevas generaciones y otras no tan nuevas reconocen a Juan Antonio Corretjer, como el Poeta Nacional, gracias al trabajo de poetas, músicos y críticos literarios, pero ante todo Corretjer fue un político con una gran capacidad de análisis, ello quedó plasmado en su ensayo, La lucha por la independencia de Puerto Rico.

Publicado originalmente en el 1949, el libro de Corretjer no solo es un ensayo lúcido sobre los intentos de liberación de Puerto Rico del dominio colonial de España y del colonialismo de los Estados Unidos desde 1898, sino que también constituye un relato de primera mano por uno de los protagonistas de esa lucha durante el pasado siglo. La editorial, Zumbador Publisng acaba de publicar una novena edición de este ensayo considerado por historiadores del movimiento independentista, estudiosos de la vida de el poeta cialeño, un documento fundamental para comprender cabalmente la historia de nuestro país y la lucha por la independencia desde el Siglo XIX hasta el Siglo XX.

Junto a esta novena edición se publica una segunda edición en inglés. Ambas ediciones estuvieron al cuidado de la hija de Corretjer, Consuelo Corretjer Lee. La traducción al inglés incluye notas al calce indispensables para que el lector o lectora en la diáspora, así como los angloparlantes, pueda entender mejor la envergadura de esta crónica vital.

Corretjer Lee, ha dicho que, “en las últimas décadas, han surgido más razones que plantean que es fundamental una edición en inglés del libro: el innegable impulso actual de ciertos políticos en Washington hacia la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos y el cambio a favor de la estadidad de organizaciones e individuos progresistas en ese país que alguna vez apoyaron la independencia de la Isla. Es importante que esas y más personas sepan el ‘por qué’ de nuestra lucha por la independencia por todas las vías posibles”.

En tanto las notas al calce en la versión en español que no están en el texto original, “son breves aclaraciones para los lectores que no saben nada de la historia de Puerto Rico. Se han cambiado algunos términos para actualizar y llamar la atención sobre el hecho de que el paso del tiempo no ha visto una diferencia fundamental en la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos”.

La lucha por la independencia de Puerto Rico, se estará presentando: Sábado 1 de octubre, 4:30pm, en la Librería Norberto González, Plaza Las Américas. La presentación estará a cargo del Lcdo. Julio Fontanet Maldonado. El miércoles 12 de octubre, 6:30pm, en el Ateneo Puertorriqueño, a cargo del historiador Francisco “Pancho” Moscoso. El sábado 22 de octubre, 2:00pm, en la Casa Aboy, en Miramar, a cargo de la profesora María Gisela Rosado. En Ciales, el sábado 29 de octubre, 3:00pm, en el Paseo Lineal Juan Antonio Corretjer, a cargo de José “Cheo” Torres, impresor, luchador independentista y organizador de la celebración anual del natalicio de Corretjer.

 

Las «Doñis»vuelven a la calle con un tenderete

 

El grupo de mujeres que ya se conoce como “las doñis contra Luma” vuelven a convocar a manifestarse contra la compañía privada de energía este jueves 29 a las 4:00 PM frente a la sede principal de LUMA en la Ave Ponce de León en Santurce, con un tenderete de ropa sucia.

Esta vez llevan el mensaje de que la salida de LUMA no es negociable aunque remienden el sistema temporalmente.

“Se tiene que ir. No vamos a parar hasta que se vaya. La salida de LUMA no es negociable porque ha probado que no está capacitada para ofrecer un servicio que acabe con la incertidumbre energética que amenaza con ruina y muerte al país. Ya no es cuestión de sacar o no sacar a LUMA. Es cuestión de ponerle fecha a su salida ya, no de esperar a la próxima emergencia. El 30 de noviembre a las 12 de la noche expira el contrato de LUMA y para entonces el proceso de su salida debe estar definido”, manifestó el grupo al anunciar hoy la manifestación del jueves.

“Las doñis” se estrenaron en la calle contra LUMA el sábado con un cacerolazo frente a La Fortaleza. Esta vez anuncian que montarán un tenderete de ropa sucia frente a LUMA.

“Invitamos a los que no han podido lavar su ropa a que lleven una pieza de ropa sucia para colgarla frente a LUMA”, dijeron.Las doñis están convocando a los manifestantes frente a la misma puerta de acceso a LUMA en el 1110 de la Avenida Ponce de León en Santurce.