Especial para CLARIDAD

En Puerto Rico, como en muchas otras naciones del Mundo, existen partidos, movimientos, sectores e individuos que unen fuerzas para remar hacia la derecha y acercar el bote a un destino que se caracteriza por las desigualdades, el despojo de derechos adquiridos, la supresión de procesos democráticos y la imposición de criterios ideológicos por encima de la diversidad de ideas que caracterizan a una sociedad plural.  En nuestra contra abona la condición de colonia que abre las puertas a situaciones aberrantes como la Junta de Control Fiscal, cuyas decisiones tienen colgando de un hilo baluartes tan importantes para el desarrollo y futuro de nuestro Pueblo, como la universidad pública. También han afectado a otros de vital importancia para la infraestructura como la Autoridad de Energía Eléctrica y puesto en riesgo la seguridad económica y vida futura de las trabajadoras y trabajadores del sector público cuyos sistemas de retiro están duramente golpeados.

Las fuerzas de derecha suelen tener en su mira las reivindicaciones que hemos alcanzado las mujeres como resultado de luchas inclaudicables que han costado vidas, libertad y grandes sacrificios. Durante años hemos librado dolorosas batallas para avanzar, al mismo tiempo que defendemos el terreno ganado en políticas públicas y legislaciones relacionadas con el derecho al voto, con la participación igualitaria en asuntos de familia, como es la co-administración de los bienes gananciales y la patria potestad de la prole. También logramos la prohibición de la discriminación por sexo en asuntos laborales y, a pesar de mucha resistencia, conseguimos que se considere la violencia por género como un asunto público que debe penalizarse, pero también prevenirla y atenderla mediante medidas de protección.

Sin embargo, como resultado de las elecciones de noviembre de 2020 el dúo que integran las legisladoras del Proyecto Dignidad, Lizzie Burgos y Joan Rodríguez Veve en Cámara y Senado, respectivamente, no ha cejado en su empeño por limitar derechos de las mujeres relacionados con nuestra salud sexual y reproductiva.  Pero, la ofensiva no es de ellas únicamente.  Han entablado alianzas con integrantes del Partido Popular Democrático (PPD), que obtuvo la mayoría en ambos cuerpos por escaso margen y también con personas del Partido Nuevo Progresista (PNP).  Por mencionar algunos se han unido a ellas el presidente del PPD y del Senado, José Luis Dalmau, Thomas Rivera Schatz, portavoz del PNP en ese cuerpo y en la Cámara Luis Raúl Torres Cruz, ahora representante independiente y proponente de dos de los proyectos relacionados con salud sexual y reproductiva.

Cabe preguntarse por qué la autonomía de los cuerpos de las mujeres es objeto de tanta atención y legislación por las delegadas del Proyecto Dignidad y de otras personas que se les han unido en el edificio blanco de Puerta de Tierra.  Surge de sus planteamientos y del texto de las exposiciones de motivos de los proyectos de ley que promulgan, que debido a razones ideológicas y religiosas, parten de la premisa de que la vida comienza con la fecundación y en consecuencia, cualquier acción que pueda  afectar lo que consideran persona, debe ser prohibida y penalizada.  Basándose en esa visión fue que el Lcdo. Dalmau, quien se ha propuesto como candidato a la gobernación para las elecciones del 2024, en expresiones para la prensa llamó asesinas a las mujeres que interrumpan un embarazo no deseado en el contexto del proyecto 693 del Senado.  No constituye un problema que sectores de la población tengan esa ideología religiosa sobre cuándo comienza la vida y se es persona.  Cada cual es libre de pensar como quiera.  La dificultad surge cuando se quiere imponer esa o cualquier otra creencia a toda la gente que, legítimamente, piensa de forma distinta.  Es todavía peor cuando la visión diferente está apoyada por el estado de derecho vigente.

De acuerdo al Código Civil de Puerto Rico, el cual fue revisado en el 2020:

“El nacimiento determina la personalidad y la capacidad jurídica; pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le son favorables, siempre que nazca con las condiciones que expresa el siguiente artículo”. (artículo 69) El siguiente artículo dispone “Es nacido el ser humano que tiene vida independiente de la madre, demostrada por el reconocimiento médico o la declaración de testigos de que luego del parto exhibió signos vitales y reacciones fisiológicas y biológicas propias. Los derechos que se le reconocen al nasciturus están supedidatos a que éste nazca con vida y no menoscaban en forma alguna los derechos constitucionales de la mujer gestante a tomar decisiones sobre su embarazo.  Si el concebido nace muerto se reputa no haber existido jamás.” (artículo 70)

La capacidad y el derecho que tenemos las mujeres a tomar las decisiones sobre nuestros cuerpos, sexualidad y fecundidad equivale a tener control sobre nuestras vidas, para que sean dignas. La determinación sobre procrear, con quién, cuándo y si, de acuerdo a las particularidades que vivimos, lo más conveniente es llevar un embarazo a término o interrumpirlo, son opciones que corresponden a nuestra intimidad.  Ese derecho a la privacidad y a que no sufra ataques de nadie que intente menoscabarla es un derecho humano con el que nacemos y que, por lo tanto, es inalienable. (artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos). La Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico lo incorporó en la sección 8. En el caso de las mujeres y personas gestantes invocamos esa protección frente a quienes pretendan disminuir nuestra capacidad decisional con relación al aborto. Se trata de una garantía independiente de la constitución de Estados Unidos, la cual no contiene una disposición similar expresa.

A pesar de la situación colonial de Puerto Rico, no existe una prohibición federal sobre el aborto, aún cuando en su reciente decisión de Dobbs v Jackson del 24 de junio de 2022, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, revocara el icónico caso de Roe vs Wade que durante 50 años reconoció el derecho constitucional al aborto. Aquel foro, cuya mayoría es de una derecha aplastante sembrada por Donald Trump, dejó en manos de los estados y territorios legislar sobre el particular.  Aquí en Puerto Rico, las fuerzas retrógradas están intentando devolvernos a lo peor del patriarcado. Sin control de nuestros cuerpos viviríamos centradas en la reproducción y en los múltiples roles que ésta nos asigna en una sociedad que nos responsabiliza por la crianza, la educación de la prole, el cuidado de la salud familiar, además de trabajar asalariadamente. Nuestras posibilidades de desarrollo como personas y las valiosas aportaciones que podemos hacer para construir un mejor Puerto Rico se limitarían enormemente. La peor la llevarían las mujeres más vulnerables por el empobrecimiento, la falta de apoyos y las desigualdades raciales, laborales, educativas.  Se ha reconocido internacionalmente y también en Puerto Rico, que medidas como las propuestas en la Legislatura solo abrirán la puerta para abortos clandestinos que costarán problemas sanitarios y valiosas vidas.

Ante esta embestida salvaje de la derecha, las mujeres y personas gestantes, nuestras organizaciones y las defensoras de los derechos humanos, tenemos que luchar y resistir.  Están en juego nuestras vidas, las de nuestras hijas, nietas, sobrinas, que tanto pueden aportar al bienestar patrio.

Especial para CLARIDAD

Mientras la legislatura hizo su intento fallido por pasar por encima del veto del gobernador a la legislación que impone un salario mínimo escalonado para los empleados públicos, la Junta de Control Fiscal evaluará la llamada Reforma al Servicio Público que implica una revisión del Plan de Clasificación y Retribución del gobierno y su impacto en el plan fiscal que ha establecido la Junta. En ese sentido la pugna entre la Legislatura y el Ejecutivo está sujeta a lo que determine la Junta.

La razón del gobernador para imponer el veto al Proyecto del Senado 563 es que supuestamente el Plan de Clasificación y Retribución mejorará las escalas retributivas de los empleados. Hasta ahí todo parece lógico. Lo que no dicen las noticias, ni el gobernador y tampoco los legisladores es que desde la Ley 7 de 2009 (medicina amarga de la Junta de Estabilización y Reconstrucción Económica y Fiscal) los convenios fueron congelados y luego recibieron recortes a beneficios económicos y de condiciones de trabajo, además de más de 20,000 empleados ser despedidos. Todo al amparo de políticas neoliberales que impusieron cargas de austeridad sobre los hombros de la clase trabajadora mientras repartía millones de dólares en ganancias a empresas, consultores y allegados a los gobernantes.

Las leyes especiales aprobadas en 2017 al amparo de la Ley PROMESA limitaron aún más los convenios y al presente no hay mucho margen de negociación. En resumen, la negociación colectiva como derecho constitucional y estatutario ha quedado trunca e inefectiva. Los trabajadores del servicio público están perdiendo su derecho a negociar su salario y están en riesgo de perder su puesto de trabajo, tareas y otras condiciones de empleo ya que el Plan de Clasificación tiene que ver con las tareas y ubicación del puesto. Veamos.

El P del S 563 proponía un salario mínimo de $8.50 la hora en el 2022 para escalonar el salario hasta $10.50 la hora en el 2024. De esta manera se pretende igualar el salario entre empresa privada y pública. Sin embargo, las escalas propuestas comienzan con un salario mínimo de $9.25 la hora para un salario base de $1504 en la escala numero 1. Cuando el salario se elevara a $9.50 la hora los trabajadores agrupados en esa escala tendrían que ajustarse su salario. Y cuando se proyectara el salario de $10.50 la hora entonces las primeras cinco escalas propuestas estarían obsoletas, es decir por debajo del salario mínimo.

Lo anterior implica que el ajuste necesario en las primeras escalas debe afectar de manera positiva la totalidad del plan que consiste en 44 escalas. De no hacerlo el plan completo se hace obsoleto, no refleja equidad salarial y provocara miles de querellas por parte de los empleados afectados. Esta es la verdadera razón para no aprobar el Proyecto de Ley del Senado 563 que establece un salario mínimo por hora.

A dos meses de hacer efectivo dicho Plan el mismo no se discute con los sindicatos ni con los trabajadores. Hay una brecha mayor entre los puestos unionados y no unionados ya que para estos (no unionados) existe otra escala que parte de un salario base de $1829 mensual ($325 más que el salario base de un unionado, cuando pueden tener el mismo puesto). Entre esas dos escalas, cuando usted compara las escalas número 44 de los unionados y los no unionados existe una brecha de $4,517 entre los salarios básicos de los puestos ubicados en tales escalas.

Tampoco se dispone ajuste por el costo de vida. En fin, estamos ante un Plan arbitrario e unilateral, y sobre todo patronal. Donde la voz del trabajador no es escuchada.

Cuando en 1998 se discutía el proyecto de ley que se convirtió en la Ley 45, llamada Ley de Sindicalización de Empleados Públicos, los que presentamos oposición a dicha ley argumentamos entre otras cosas que la prohibición de negociar las Áreas Esenciales al Principio de Merito era un acto de negar la negociación misma. El salario no se considera parte del Merito por lo cual se permite negociar. Sin embargo, si el patrono establece la Clasificación de Puestos, que es el acto de ordenar el valor de cada puesto basado en responsabilidades, complejidad, requisitos mínimos, entre otros factores, y luego le impone un salario sin consulta alguna entonces que participación y oportunidad de negociación existe.

Si usted añade los beneficios de licencias recortados, la eliminación de las pensiones, los cambios y deberes añadidos a los puestos por el uso de la tecnología, los cambios en los procesos y sobre todo el costo de vida, que debe incluir el costo de los estudios, entonces entenderá lo mucho que hay para negociar.

Pero el gobierno pretende que los empleados se llenan los ojos con un aumento de salario que provee la escala de salario para algunos sí y para otros no. La implantación del plan requiere negociar el aumento mínimo que debe recibir todo empleado ya que si esto no se hace los empleados reciente alcanzarán o se igualaran en salario con los de mayor antigüedad. También debe ajustarse el salario a escala y proveer un mecanismo negociado con las uniones para atender las querellas de clasificación y retribución. Y sobre todo negociar aumentos de salario periódicos durante la vigencia del convenio.

El momento requiere una discusión abierta y clara entre los trabajadores unionados. La demanda por un proceso de negociación es urgente. Los sindicatos tienen que reconocer que es su deber reclamar los puestos de trabajo necesarios y participar en la redacción de deberes, tareas, responsabilidades, equivalencias y demás factores que afectan un puesto de trabajo.

El P del S 563 es solo la punta del tempano de hielo que encierra el empleo público, las políticas de austeridad y privatización, los planes de la Junta de Control Fiscal para destruir el sindicalismo, las leyes protectoras del trabajo y el servilismo de los gobernantes.