CLARIDAD
¿Se podrá hablar de carreteras de libre acceso y podrán las y los trabajadores ir de paseo luego de que todas las principales vías del país estén privatizadas?
Examine usted lector. La Junta de Control Fiscal y el gobernador, Pedro Pierluisi, anunciaron
—el 12 de octubre, coincidiendo con más de 500 años de la llegada de los ibéricos a estas tierras— de la aprobación del plan de ajuste de deuda (PAD) para la Autoridad de Carreteras (AC), que conlleva aumentos anuales ajustados a la inflación por los próximos 40 años. Tal como adelantó la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público en entrevista con este diario el pasado mes de julio, el pago de la deuda de la ACT, además de depender del aumento en los peajes, incluye la colocación de peajes en ambas direcciones y la privatización de todas las carreteras con peajes; es decir, las autopistas.
Según el Gobierno de Puerto Rico y la JCF, el plan reduce la deuda de $6,400 millones en un 80 %, lo que ahorrará sobre $3,000 millones en pagos al servicio de la deuda. Los aumentos en los peajes comenzarán tan pronto como el próximo enero de 2023. Según el director ejecutivo de la AC, Edwin González, los aumentos comienzan en cinco centavos, pero no dijo que estos cinco aumentarán cada año según la inflación por los próximos 30 años hasta el 2052.
A preguntas de CLARIDAD, la miembro de la Comisión Ciudadana, licenciada Eva Prados Rodríguez, expresó preocupación dado a que el PAD coloca en mejor posición a los bonistas porque está poniendo el pago de peajes como colateral para el pago de la deuda, lo que no era así antes. Explicó que esto es como convertir los bonos de la ACT en bonos COFINA, por lo que ahora serán los bonistas quienes primero podrán cobrar de los peajes y lo que sobre será para la administración de las carreteras. De hecho, el plan fiscal de la AC dispone la creación de una entidad para la administración de todos los peajes, lo que en la práctica es una privatización. También se aumentarán de manera escalonada las multas por pasar los peajes sin tener balance en la cuenta.
Sobre los números del recorte a la deuda, Prados Rodríguez trajo a la atención que siempre se omite que se estará dando un pago adelantado de $389 millones a los bonistas. Que además la Junta y el Gobierno omiten incluir en su cálculo del recorte un nuevo préstamo que el Gobierno central tendrá que hacerle a la ACT para viabilizar este nuevo PAD de $314 millones y que se pagará hasta el 2052. Resulta cuestionable que la reestructuración de la deuda de la ACT requiera de un préstamo del Gobierno central y no tan solo de sus propios recursos, lo que implica más cargas al Fondo General.
Pero esta no es la única omisión hecha por la Junta y el Gobierno respecto a los bonos. De los $1.2 mil millones en nuevos bonos que la ACT emitiría como parte de la reestructuración, $645 millones serían bonos de apreciación de capital (CAB, por sus siglas en inglés); esto es, más de la mitad de los nuevos bonos. En algunos casos, la tasa de interés efectiva al final del periodo es de un 181 % del valor original del bono, lo que significa que se estaría pagando más del doble del principal, solo en pago de intereses. “La inclusión de los CAB entre los nuevos bonos es nefasta y ha sido ampliamente criticada en el pasado por ser una de las razones que nos llevaron a la quiebra”.
Prados Rodríguez resaltó que tampoco se puede olvidar que este acuerdo de pago a la deuda no auditada de la ACT se añade a las cargas económicas que implica el pago del IVU en el acuerdo de COFINA, el recorte a las pensiones y a las reducciones en fondos para servicios esenciales, que incluye el Plan de Ajuste de la Deuda del Gobierno Central con los bonistas de Obligaciones Generales. Además, el acuerdo pendiente con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, que incluye un aumento en la factura de la electricidad, provocará aumentos en los demás renglones de servicios.
