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Ante el cierre del periódico La Perla, cronista excepcional de la vida ponceña

 

La crisis en todos los órdenes que vive nuestro país, afectando particularmente a ciertos sectores neurálgicos como los medios informativos puertorriqueños, ha provocado una nueva y significativa pérdida, con el  cierre del periódico La Perla del Sur. El costo de la crisis en los medios de prensa puertorriqueños, sobre todo en los de voz independiente y minoritaria, ha sido y sigue siendo enorme.

Tras el cierre de La Perla, perderán Ponce y el sur de Puerto Rico un cronista de excepción sobre la vida y la historia de dicha ciudad y región, a las que ha servido con bien ganado respeto, fidelidad y credibilidad por los pasados 40 años.

Además de su función informativa, los medios de prensa ejercen una función social, que en el caso de la prensa local y comunitaria, es un factor de orgullo y cohesión para la población a la que sirve. Tal ha sido el caso del periódico La Perla en Ponce, región de Puerto Rico con una larga tradición de medios informativos propios tanto impresos como radiales.

A través del tiempo, La Perla ha sido ese medio esencial que ha documentado la historia y micro historia de Ponce y el Sur con excelencia y seriedad, creciéndose en momentos de crisis, como tras el paso del huracán María o más recientemente, tras la racha de temblores que estremecieron dicha región sur, ocasionando daños humanos y materiales que aún persisten.

La Perla ha sido además taller de formación y trabajo para varias generaciones de magníficos periodistas, que ahora viven la incertidumbre que les provoca el cierre de su medio de trabajo y de vida.

En CLARIDAD, Periódico de la Nación Puertorriqueña, donde hemos enfrentado inimaginables retos en nuestra historia de 63 años, nos identificamos y solidarizamos con las y los compañeros del periódico La Perla, particularmente el compañero Omar Alfonso, su director y toda la plantilla de buenos periodistas y trabajadores que con tanta dedicación han servido largamente a las comunidades del sur del país. Gracias a ellos y a todas y todos los excelentes trabajadores de la información, que realizan su trabajo diario con profesionalismo y apego a la verdad, aún bajo las peores condiciones y circunstancias.

 

 

 

El derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo

 

CLARIDAD

ccotto@clarridadpuertorico.com

Voces feministas, el Colegio de Abogados y el Secretario de Justicia de Puerto Rico, reiteraron que el derecho al aborto en Puerto Rico no ha sido trastocado por la determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos (TS EE UU), de revocar el caso de Roe v. Wade.

Pese a la filtración el recién mes de mayo de que el TS EE UU, se disponía a derogar el derecho al aborto en ese país la noticia este 24 de junio de que en efecto esa fue la determinación de la mayoría conservadora de jueces, no ha dejado de causar indignación entre los que defienden el derecho a decidir.

La licenciada Yanira Reyes, profesora en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana (UIA-D) -en entrevista con este semanario indicó que lo que decidió el TS EE UU es que le corresponde a cada estado determinar como se va a manejar el aborto. Hay estados que ya tienen leyes que reglamentan el aborto y hay otros que tenían legislación en espera de la resolución para ponerla en vigencia y habría otros que van a legislar ya sea para permitir o prohibir el aborto.

En el caso de Puerto Rico dijo, que no hay una ley específica del aborto pero si en el Código Penal, los artículos 98 y 99 permiten el aborto terapéutico, realizado por un médico para salvaguardar la vida, física o mental de la persona embarazada en cualquier momento del embarazo. Además el Departamento de Salud (DS) tiene un reglamento que regula las clínicas de aborto. “Esto quiere decir que con lo que tenemos podemos continuar, así se ha manejado el acceso al aborto en Puerto Rico por décadas así que no hace falta ninguna legislación”.

La licenciada subrayó que si se va a legislar debe ser para proteger el derecho al aborto, para proteger los derechos de las personas. En esa línea -dijo- va el proyecto que se presentó la semana pasada en la Legislatura en Puerto Rico por la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) licenciada Ana Irma Rivera Lassén, dirigido a proteger los derechos sexuales reproductivos.

Mientras se espera que el proyecto que fue aprobado en esta sesión en el Senado, el PS 693 que prohíbe el aborto se discuta en la próxima sesión legislativa que comienza en agosto en la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes. Luego de la discusión en el Senado y la movilización y discusión pública en contra del proyecto, la licenciada Reyes, indicó que hay la impresión de que en este foro habrá una disposición a escuchar mas atentamente las posturas de los que favorecen el derecho, e incluso ya hay representantes que se han expresado en contra, “así que yo espero que en la Cámara no se apruebe”.

Por otra parte en términos de lo que representa para los derechos humanos la decisión del TS EEUU, la activista manifestó que esta significa un retroceso político y de derechos en Estados Unidos. “Va a significar la violación a los derechos de igualdad y dignidad de millones de mujeres y personas gestantes en Estados Unidos. Significa políticamente que la nación norteamericana se ubica con los países que violentan derechos humanos y realmente va a poner en peligro la vida de muchas personas porque la prohibición del aborto no reduce los abortos lo que reduce es el aborto seguro y mueve a las personas a buscar abortos clandestinos que provocan muerte”.

Comparó que en la mayoría de los países progresistas la tendencia es a preservar ese derecho y que reciente países latinoamericanos se han movido hacia la protección y discriminación y ahora se están moviendo hacia protegerlo. “Estados Unidos va hacia atrás en término del avance de los derechos humanos”.

La postura de negar el derecho al aborto a las personas gestantes contrasta también con el hecho de que los hombres en cualquier momento pueden ir a realizarse una vasectomía (una esterilización) y el estado no interviene. Para la licenciada Reyes las medidas para controlar y criminalizar el cuerpo de las mujeres y nuestras decisiones, parten de la premisa, aun para las mujeres que no están en edad reproductiva, de que “las mujeres no somos capaces de tomar decisiones éticas, de tomar decisiones íntimas y personales y que el estado tiene que intervenir para tomar esas decisiones por nosotras. Definitivamente es una movida patriarcal, misoginia, y que pone por encima de nuestra vida y de nuestra seguridad la potencial vida de un feto. Eso dice mucho de un país”.

En entrevista por separado la activista Josefina Pantoja, expresó que en términos generales realmente la decisión del TS EE UU es un golpe bien fuerte para las mujeres en general que viven en los 50 estados de la unión norteamericana. “Sabemos hay unos, varios, bastantes que ya tenían medidas restrictivas y que luego de la determinación ya salieron a hacerlo mas restrictivos como es el caso que se resolvió de Missouri”. Este fue el caso que llegó al Supremo con la ya conocida determinación.

Al mismo tiempo indicó que sobre todo aquí en Puerto Rico desde la colonia cuyo punto de referencia es Estados Unidos, es un parámetro a seguir que está presente. “La preocupación bien grande en general es que en términos de los derechos humanos que se ha luchado por tantos años y que ahora las mas perjudicadas van a ser las mujeres pobres, las mujeres con mayor vulnerabilidad que no van a tener los recursos para desplazarse hacia otros sitios”.

A la luz de la determinación del TS EE UU, la licenciada Pantoja se refirió a la insistencia de los legisladores en Puerto Rico de promover un proyecto como el PS 693 o lo que describió como una barbaridad, el proyecto presentado por la senadora de Proyecto Dignidad (PD), Lissie Burgos -en cuanto se supo de la decisión del TS- de castigar con 99 años de prisión a una mujer que se practique un aborto. Aunque la medida fue retirada, la licenciada Pantoja advirtió que la senadora tiene presentada otra medida llamada anti fetal, dirigido también a prohibir el aborto y aplicar sanciones de daños y perjuicios por no menos de 25 mil dólares en los casos que se produzca un aborto después del momento en que se escuche el latido del feto, lo que puede empezar a ocurrir a las seis semanas cuando la persona gestante todavía no sabe que está embarazada. El proyecto tiene más de 13 páginas y estipula identificación de las personas paciente y personal médico.

Un aspecto que trajo a la atención es que la presentación de estos proyectos tiene un efecto inhibitorio, porque las mujeres están escuchando información que llega fragmentada. “Hay mucha confusión y las personas gestantes podrían inhibirse y continuar con un embarazo que fue producto de incesto o que no se tiene las condiciones emocionales y físicas para tenerlo. Además dentro de todo es un retroceso hablando de los derechos humanos como un continuo es un gran retroceso nosotros en Puerto Rico no tenemos porque mirar al norte porque allá lo cambiaron de otra manera restrictiva”.

En esa dirección la veterana defensora de los derechos de la mujer expresó que no confiaba para nada de que en la Cámara de Representantes el PS 683 tuviera una discusión amplia, ni confiaba en el presidente de dicho cuerpo menos, Rafael Hernández Montañés. “El tiene un medidor de como le beneficia desde el punto de vista partidista y de sus ambiciones así que él va hacer lo que entienda en el momento crucial que es lo que mas le beneficie a él y al PPD”.

No hay una crisis de abortos

En tanto la portavoz de la campaña Aborto libre, Mayra Díaz Torres, reaccionó a la decisión, “sentimos mucha indignación de que el Tribunal Supremo estadounidense le haya dado la espalda de esa manera y haya apostado a darle para atrás a la historia y a los esfuerzos de derechos humanos por 49 años y medio y haya tomado esta decisión. Nos llena de indignación le debe dar vergüenza y la sangre de las mujeres, personas en gestación que empiecen a morir por falta de acceso va estar en sus manos”.

La joven activista dijo que la campaña Aborto Libre, está buscando colaborar con compañeras estadounidense, personas gestante, latinas, que han quedado desprotegidas. También hizo referencia a las reglamentaciones que mantienen el aborto legal en Puerto Rico.

La portavoz de Aborto Libre, subrayó que en Puerto Rico no hay una crisis que amerite la radicación de 12 proyectos para regular una práctica que no es onerosa al estado, no hay mujeres que estén muriendo por practicarse un aborto, no hay clínicas que estén siendo demandadas por mala práctica. “No hay ninguna crisis de salud pública relacionada al aborto, si hay una crisis es por la inaccesibilidad. Quisiera ver proyectos de ley que hagan este proceso accesible para las personas que viven fuera del Area Metropolitana, que no tiene dinero para pagar este procedimiento, apostaría a un país donde se utilice el dinero público para accesibilidad a procedimientos de salud”.

En cuanto a las vistas en la Cámara de Representantes del proyecto sobre el aborto, Díaz Torres, advirtió, “demandamos que haya un proceso justo y que no se utilicen los derechos sexuales y los derechos reproductivos para adelantar agendas políticas eso es una de las crueldades mas grandes y es sumamente ruin utilizar la vida de la gente como moneda política”.

El derecho al aborto sigue vigente

Por su parte el secretario de Justicia, Domingo Emmanuelli Hernández, en comunicado de prensa también aclaró que el estado de derecho vigente en Puerto Rico no ha sido trastocado por la opinión emitida por el TS EE UU, por lo que el Departamento de Justicia de Puerto Rico no procesará a las mujeres o profesionales de la salud por la práctica de dicho procedimiento en la isla.

Además de hacer referencia a lo que dispone el Código Penal, el secretario Emmanuelli Hernández, también citó que en el caso Pueblo v. Duarte Mendoza, el Tribunal Supremo de Puerto Rico interpretó que todo aborto prescrito por un médico dirigido a la conservación de la salud física o mental o de la vida de la mujer embarazada está exento de responsabilidad penal.

“La revocación del caso Roe v. Wade, por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, tras concluir que no emana de la Constitución de los Estados Unidos un derecho al aborto, no tuvo el efecto de derogar esta normativa”, explicó el secretario, tras realizar un análisis detallado de la normativa.

A la decisión del TS EE UU de dejar en manos de los estados y territorios tomar las acciones que entiendan pertinentes para regular y legislar sobre este tema, el secretario de Justicia de Puerto Rico expresó; “Confiamos que en ese ejercicio responsable se examinen todas las circunstancias que rodean a una mujer que opta o se ve en la obligación de terminar un embarazo, así como el criterio de los profesionales de la salud expertos en el tema”.

Respaldo a las personas gestantes

El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAPR) reaccionó de inmediato a la decisión y se reiteró en la política de la institución de respaldar el derecho de las mujeres y personas gestantes a tomar las decisiones relacionadas con la terminación de un embarazo, a tenor con la disposición de la Constitución de Puerto Rico que garantiza de forma expresa el derecho a la privacidad.

La presidenta del CAAPR licenciada Daisy Calcaño Lopez, aclaró que en Puerto Rico contrario a lo que ocurre en la jurisdicción federal, la sección 8 de la Carta de Derechos de la Constitución protege de manera expresa contra ataques a la vida privada o familiar y nada puede ser más privado que tomar la decisión de llevar un embarazo a término o interrumpirlo.

Al igual que otras entrevistadas la presidenta del CAPR resaltó que en Puerto Rico el aborto está legislado de manera adecuada y no existe ninguna crisis de salud, médica o social sobre el particular que justifique restringirlo, como se intenta con PS. 693. “Por tal razón, exhortamos al gobierno a no promover legislación que atente contra el derecho a la privacidad de las mujeres y personas gestantes” recalcó Calcaño López.

 

 

La minoría gobierna y manda

Foto: Alina Luciano/CLARIDAD

CLARIDAD

La reciente decisión del Tribunal Supremo estadounidense, en la que seis personas con nombramientos vitalicios cercenan el derecho a la intimidad de las mujeres de Estados Unidos y sus colonias, obliga a una reflexión un poco más amplia, en particular, sobre el rezago democrático que se manifiesta en un país que todavía se hace llamar líder del “mundo libre”.

La democracia es por definición el gobierno de la mayoría, pero Estados Unidos es uno de los pocos lugares donde la minoría puede elegir al presidente. Además, aun en los periodos en que no domina la presidencia, esa minoría de ordinario impide o entorpece el gobierno de la mayoría, limitándole decisiones fundamentales. El diseño constitucional que se hizo hace más de 200 años, cuando el resto del mundo estaba controlado por monarquías absolutas, permanece inalterado, y es de ahí donde nacen los ejemplos más dramáticos de déficit democrático, como en las ocasiones en que un candidato a la presidencia es rechazado por la mayoría de los electores, pero de todos modos resulta electo burlando así el mandato popular.

Cuando ese diseño constitucional fue creado en 1787 contrastaba con el absolutismo monárquico que prevalecía en el resto del mundo, pero también fue influenciado por este. Es de allí de donde sale la figura de un presidente con enormes poderes que a veces nos recuerda a un monarca, como cuando de un plumazo veta una ley trabajosamente aprobada en el Congreso.

Sin embargo, donde más se evidencia el contenido antidemocrático de la constitución estadounidense es en la manera como se selecciona a ese presidente de enormes poderes. No es el voto popular el que lo elige, sino un grupo de compromisarios seleccionados en cada estado, que recuerda a los representantes de la nobleza de la Francia pre republicana o a los “electores” de los reinos germánicos que seleccionaban al emperador en la época del Sacro Imperio.

Esa forma de selección se colocó en la constitución estadounidense por varias razones. En primer lugar, porque en el siglo XVIII no había ninguna experiencia o tradición con el voto popular y, además, aquel grupo de terratenientes, burgueses y esclavistas que se reunieron en Filadelfia miraba con recelo la expresión ciudadana. En segundo lugar, por las maniobras de los estados pequeños, muchos de ellos esclavistas, que querían limitar el poder de los de gran población en aquel momento.

En lo poco que va del siglo XXI, más de doscientos años después de la convención de Filadelfia, ya Estados Unidos ha tenido dos presidentes que asumieron los enormes poderes del cargo a pesar de que fueron rechazados en las urnas. Aun cuando perdieron en el voto popular, resultaron seleccionados por los “electores” que representaban los estados.

En ambos casos, esa selección tuvo consecuencias muy importantes para todos los ciudadanos. El primero de ellos, George Bush, utilizó sus poderes para sumir a su país en varias guerras con un costo enrome en vidas y recursos, causándole de paso grandes daños a los países invadidos. El otro, Donald Trump, entre muchas otras cosas, aprovechó el cargo para asegurarse que el grupo más ultraderechista, junto a los fundamentalistas religiosos, controlaran una de las instituciones más poderosas, el Tribunal Supremo. Gracias también al diseño impuesto en la constitución de 1787, que dispone nombramientos vitalicios para los jueces, esa poderosa institución se renueva con enorme lentitud, casi de generación en generación, por lo que el control que impuso el presidente minoritario permanecerá por mucho tiempo.

En el caso de Trump, le fue posible controlar el Tribunal Supremo gracias a la intervención de otra institución, el Senado, que también es ejemplo del déficit democrático que surge de la constitución de 1787. Ese documento divide el poder legislativo en dos cuerpos, pero solo uno es de elección popular con representaciones proporcionales. En el otro, el Senado, los estados tienen la misma representación con independencia de su población. Allí los 700 mil habitantes de Alaska o los 500 mil de Wyoming tienen la misma representación que los 38 millones de California. Y ese Senado con representaciones tan desproporcionadas, que recuerda al que controlaban los patricios en Roma, tiene enormes poderes, muy superiores a los de la Cámara. Además de aprobar o rechazar cualquier ley, es único que ratifica los tratados internacionales y, más importante aún, confirma o rechaza los nombramientos del presidente.

El control casi omnímodo que el extremo conservadurismo tiene en muchos estados pequeños (Alabama, Idaho, Alaska, Wyoming, etc.) y en dos grandes (Texas y Florida) se traduce en un poder desproporcionado en el Senado, donde los electos permanecen seis años y no dos como en la Cámara. En la última década utilizaron ese control para asegurarse una mayoría en el Tribunal Supremo. Primero bloquearon los nombramientos de Barak Obama en su segundo cuatrienio, reservando plazas, y luego se unieron a Donald Trump para abarrotar el alto foro judicial con trogloditas jurídicos.

Thomas Jefferson, que no participó en la convención de Filadelfia porque estaba en Francia, decía que las constituciones debían durar solo una generación para que cada una tuviera la oportunidad de hacer la suya.  La de Estados Unidos está en su tercer siglo y nada indica que cambiará. Gracias a ella, un nuevo grupo de puritanos airados llegó al poder y desde allí estarán imponiendo su voluntad por mucho tiempo.

Nacionalistas: vigilancia y represión entre 1927 y 1936

La vigilancia sobre el nacionalismo puertorriqueño, su organización más agresiva, el Partido Nacionalista, y su liderato, en especial el licenciado Pedro Albizu Campos no deja de sorprender cuando se le observa desde la distancia. La estructura partidaria y el caudillo mulato no solo fueron objeto de la sátira de intelectuales socialistas moderados como Luis Abella Blanco y escritores de pulp fiction como Wenzell Brown, según he comentado en otras columnas en este medio. La devaluación del nacionalismo elaborada por la literatura satírica, cuyo alcance siempre puede ser cuestionado, fue reforzada por medio de un intenso proceso de criminalización cuyos efectos perduran hasta el presente. El nacionalismo también llamó la atención de las agencias de orden público puertorriqueñas y estadounidenses. La representación que de aquel sector elaboraron las fuerzas policiales, los funcionarios del Estado y la prensa comercial, penetró la llamada opinión pública de manera permanente.

Del mismo modo que durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) se asoció al nacionalismo al enemigo fascista con algún éxito, tras el fin del conflicto y a lo largo de la Primera Guerra Fría (1946-1953) se le asoció con el adversario comunista. Lo cierto es que el Partido Nacionalista tuvo relaciones contradictorias con uno y otro extremo del espectro totalitario. Ello explica en parte la eficacia de ambas asociaciones. Desde la perspectiva de la cultura política del capitalismo liberal dominante y de los sectores que apoyaban el control estadounidense del territorio, aquellas alianzas resultaban lógicas e innegables. El esclarecimiento crítico de las convergencias y divergencias ideológicas entre aquellos sectores y el nacionalismo apenas comienza, según deduzco de una serie de investigaciones en curso en las últimas dos décadas.

La heterogeneidad de la militancia nacionalista, y esto habrá que discutirlo con más detalle en otro momento, explica que su militancia nunca se pusiera de acuerdo en cuanto a qué actitud tomar ante propuestas manifiestamente antiestadounidenses como el fascismo y el comunismo, según se desprende de la “Carta a Irma” (1939) del abogado José Monserrate Toro Nazario, uno de los documentos más ricos en matices y menos investigado del archivo nacionalista. La “carta pública” que nunca se difundió, ha sido impugnada por los investigadores pronacionalistas una y otra vez por sus señalamientos hacia figuras destacadas del movimiento nacionalista. Ello, unido al manejo superficial y demagógico que han hecho de la pieza los investigadores antinacionalistas, ha impedido una discusión serena del texto, hecho que me parece lamentable. El tema sigue en el tintero pero en algún momento habrá que enfrentarlo de forma crítica.

El nacionalismo y Albizu Campos fueron proscritos desde una diversidad de lugares asociados al adversario y al poder político.1 Como se sabe, desde 1927 la Office of Naval Intelligence (ONI) llamó la atención sobre las actividades de Albizu Campos en el Caribe. La ONI había sido fundada en 1882 mediante la Orden General 292 emitida por el Secretario de Guerra William H. Hunt (1823-1884).2 La agencia cumplió una función decisiva en la justificación de la declaración de guerra de Estados Unidos a España en 1898 sobre la base de la explosión del acorazado Maine y su presunta condición de acto terrorista o de provocación. Sus agentes vigilaron las presentaciones públicas de Albizu Campos durante su viaje de propaganda por algunos países de Hispanoamérica y el Caribe iniciados en aquel año, y señalaron sus expresiones “antiestadounidenses” en República Dominicana, país ocupado por Estados Unidos entre 1916 y 1924; y Haití, ocupado por Estados Unidos entre 1915 y 1934. En ambos casos la deuda externa impagada y los intereses económicos de Estados Unidos en los territorios, unido a la competencia de intereses alemanes, justificaron la agresión.

En octubre de 1927 el Gen. Frank McIntyre (1865-1944), quien fuera jefe del Bureau of Insular Affairs y responsable por los territorios de Filipinas y Puerto Rico entre 1912 y 1929, envió un memo al Secretario de Guerra Dwight Filley Davis (1879-1945) sobre el asunto. Davis era egresado de Harvard, como Albizu Campos, fue Secretario de Guerra del presidente Calvin Coolidge entre 1925 y 1929 y luego Gobernador de Filipinas entre 1929 y 1932. Davis y McIntyre conocían muy bien el circuito colonial. Davis además era una figura muy popular por su relación con el tenis, deporte que practicó profesionalmente entre 1895 y 1904. En noviembre de 1927, Evan E. Young (1878-1946), miembro de la legación estadounidense en República Dominicana entre 1925 y 1929 y diplomático con amplia experiencia internacional, hizo lo propio en una nota a su Secretario de Estado el abogado Frank Billings Kellogg (1856-1937). Lo que le interesaba era “el fraseo exacto de sus artículos noticiosos y de sus discursos”3

Los funcionarios citados no eran figuras de poca monta en la política estadounidense hemisférica. Albizu Campos y el nacionalismo nunca fueron devaluados ni considerados como un enemigo pequeño. Todo lo contrario. El interés de aquellos era informarse sobre el abogado egresado de Harvard que hacía “propaganda antinorteamericana”. El dato no me parece peregrino. Todo indica que mucho antes de mayo de 1930, cuando obtuvo la presidencia del Partido Nacionalista, ya Albizu Campos era considerado “extremadamente antiamericano” y “peligroso” por las autoridades federales. La ONI permanecía activa durante la gobernación del Alm. William Leahy (1875-1959) entre 1939 y 1940, momento en el cual las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos estaban siendo revisadas en un sentido “liberal” en el marco de la Gran Depresión, el Nuevo Trato y la Segunda Guerra Mundial, a la vez que la influencia del Partido Popular Democrático (PPD) se fortalecía.

De igual modo, a partir de 1932, cuando la organización comenzó a chocar con las autoridades coloniales en medio de la crisis económica, social y humana de la Gran Depresión, la Insular Police (IP), una fuerza creada durante los primeros días de la invasión de 1898, combinó la vigilancia con la represión. A partir de 1935 el Federal Bureau of Investigations (FBI), agencia fundada en 1908 que ya se había profesionalizado bajo la dirección de J. Edgar Hoover (1895-1972), profundizó sus trabajos en Puerto Rico respondiendo a la preocupación de ciertos funcionarios del poder colonial. El activismo nacionalista les preocupada mucho.

A todo ello habría que añadir el hecho de que, entre 1936 y 1944, los militantes independentistas del Partido Liberal Puertorriqueño que fundaron Acción Social Independentista (ASI) organizada en 1936 y el PPD en 1938, tomaron distancia de sus posturas siguiendo las pautas del caudillo Luis Muñoz Marín, quien atravesaba por un peculiar proceso de moderación política. La moderación política no resolvió todos los problemas del joven PPD. El celo del FBI también justificó la vigilancia de Muñoz Marín desde noviembre de 1940, según se desprende de los archivos de aquella agencia. El recién electo senador era “reputedly the ranking official of the Communist Party in the West Indies and the Caribbean Sea area”4, asunto al cual retornaré en otro momento. El agente que recomendó poner a Muñoz Marín bajo la lupa del FBI fue Guy Hottel (1902-1990), graduado de la George Washington University, estrella del futbol y jefe de la oficina del FBI en Washington desde 1936. Aquel agente se hizo famoso por el célebre “Guy Hottel Memo” de marzo de 1950, documento que giraba en torno a los reportes en torno a objetos voladores no identificados (OVNI) y sus tripulantes humanoides de 3 pies de estatura vestidos con ropa de metal, tema que había llamado la atención de los medios de comunicación masiva “after the infamous events in Roswell in July 1947”.5

Por último, entre 1948 y 1956 el PPD, que ya había purgado a los independentistas del seno de la organización entre 1936 y 1947 y se había transformado en el vocero más file de las políticas estadounidenses en el país, extremó la censura al nacionalismo y legitimó su contención a través de recursos como la Ley 53 o de la Mordaza (1948). La discursividad alrededor de la cual giraba la censura y se legitimaba la represión, sin embargo, no había cambiado mucho. La mirada del PPD no difería de la de la ONI, la IP y el FBI y, en gran medida, la reproducía y profundizaba por cuenta de las necesidades concretas que le impuso su acceso al poder desde 1944 y la necesidad de mantenerlo. El circuito del asedio al nacionalismo no estaba completo con ello.

Es importante recordar que no todos los antagonistas del nacionalismo estaban fuera del partido: muchos pululaban dentro de aquel. En 1930, cuando Albizu Campos obtuvo la Presidencia del Partido Nacionalista, los militantes más moderados, los que representaban la cultura política del nacionalismo de 1922, veían la agresividad de la “acción inmediata” propuesta por Albizu Campos durante la Asamblea como un riesgo mayor, por lo que muchos decidieron retirarse de la vida pública. Durante los años 1932 a 1936, cuando la organización militarizó a sus juventudes en medio de la crisis económica y las tensiones políticas que generaba la vigilancia y la represión, tema ampliamente discutido en un libro reciente de José Manuel Dávila Marichal6, el Partido Nacionalista se purgó naturalmente sin que nada ni nadie pudiera evitarlo.

Las divisiones internas se sucedieron y drenaron la vitalidad organizativa. Un ejemplo de ello fue la crisis por la que atravesó la Junta Nacionalista de Mayagüez en 1934. La queja por la militarización del partido fue clave en el conflicto. Los disidentes mayagüezanos defendían un tipo de nacionalismo que difería tanto de la praxis de 1922 como de la de 1930: ni el ateneísmo romántico de los primeros, ni la “acción inmediata” de los segundos les seducían. Los líderes de aquella revuelta fueron los historiadores y juristas Juan A. y Salvador Perea, el mulato y luego coleccionista de libros Regino Cabassa7, y Emilio Soler López descendiente de cafetaleros catalanes. No sólo encabezaron la resistencia al proceso de militarización sino que fundaron una Junta Independiente en la ciudad. La elucidación de la disidencia de Mayagüez debe ser interpretada a la luz de los argumentos de Toro Nazario en la “Carta a Irma” de 1939, asunto que me propongo elaborar próximamente.

Amílcar Tirado, en un valioso documento publicado en 1993 durante el centenario de Albizu campos, aseguraba que el fenómeno de 1930, el ascenso de Albizu Campos a la presidencia y la “acción inmediata”, suponía el triunfo del nacionalismo ponceño ante el de la capital.8 No pongo en duda su argumento. Pero los eventos de 1934 suponían el reto de otro nacionalismo, el mayagüezano. Aquella era una manifestación crítica de las posturas de 1930, sin que ello representara un retroceso ideológico a las posturas de 1922. La relevancia de este fenómeno es que demuestra la diversidad de la imaginación nacionalista, tema que no se ha discutido con propiedad favoreciendo con ello una imagen homogénea y estática del nacionalismo treintista. El liderato disidente de Mayagüez estuvo activo en la posteriormente en la Junta de Mayagüez Pro Independencia de Puerto Rico formada en el contexto del primer Proyecto Tydings (1936), para luego reorganizarse en un Partido Independentista local.9

En términos generales, el año 1934 fue determinante para el proceso de desmantelamiento del nacionalismo militante a partir de 1936. Los costos políticos de aquel conjunto de tensiones están todavía por evaluarse de manera cuidosa. La tesis del investigador Rodríguez Reyes es que desde el 1934, las autoridades federales adoptaron una política más agresiva y comenzaron a echar los cimientos del caso incoado por el Gran Jurado federal en 1936.10 En enero de 1934, el Mayor General Blanton Winship (1869-1947), abogado militar, veterano del 1898 y de la Gran Guerra, fue nombrado gobernador con la encomienda tácita de enfrentar con “mano dura” la amenaza nacionalista. La recomendación del exgobernador y abogado James R. Beverley (1894-1967) es emblemática: el funcionario recomendó que se enviara a “alguien que tenga el coraje para hacer su trabajo sea este popular o no” y preguntaba específicamente por Winship11.

Las objeciones de Winship a la prédica de Albizu Campos no eran nuevas. Durante el proceso de venta de los “Bonos de la República” en Wall Street en 1931 Winship, entonces asesor legal de las fuerzas armadas, recomendó que se procesara judicialmente a Albizu Campos y sus asociados. Una vez en la gobernación, Winship contó con una serie de recursos que superaban aquellos a los que el Partido Nacionalista podía recurrir. La Guardia Nacional, el Regimiento 295 y 296 recién creados, era activados cuando los conflictos civiles se profundizaban. También contaba con la Fuerzas Armadas de Estados Unidos y su Regimiento 65 de Infantería que podían ser llamadas a servicio en caso de necesidad. Las amenazas de movilización fueron recurrentes en medio de la crisis general del 1930, asunto que tampoco ha sido investigado con detenimiento.

En diciembre de 1933, por ejemplo, ante las protestas de los consumidores, los representantes del capital y la industria en Puerto Rico recomendaron al gobernador Robert H. Gore (1886-1972) que activara la Guardia Nacional y al Regimiento 65 de Infantería para ayudar a las empresas a frenar los reclamos de los trabajadores y los consumidores. El gobierno respondió reclutando más efectivos para la policía y adelantando el nombramiento de 150 agentes especiales antimotín rearmados con subametralladoras Tommy Boys y Thompson. Junto a ello se autorizó la activación y el despliegue de la Guardia Nacional en los conflictos generados por la ciudadanía.12

Lo cierto es que en 1935 la crisis hasta ahora descrita había llegado a un extremo. A mediados de aquel año se delató la existencia de una conjura al interior del partido con el propósito de sacar a Albizu Campos de la presidencia. La situación poco tenía que ver con la disidencia del grupo de San Juan en 1930 o con la de 1934 en Mayagüez. El complot por despojar a Albizu Campos de la presidencia se radicalizó y, dentro de los planes de los intrigantes, se consideró el asesinato político como remedio. Todo sugiere que el exsecretario del Partido Nacionalista José Lameiro, una figura que no he podido investigar a la saciedad y quien había sido expulsado por insubordinación, era el cerebro de la conjura.13 La inestabilidad de la organización pudo haber justificado la acción del Gran Jurado federal de 1936. Si a ello se añadía el temor a que los nacionalistas se sublevaran con el fin de inestabilizar proceso electoral de noviembre de aquel año, se comprenderá la premura de aquel proceso. La “acción inmediata” postulada por Albizu Campos requería crearle una “crisis” a Estados Unidos en Puerto Rico por lo que aquella era una coyuntura excelente para ello.

Las preguntas que trataré de responder son, sin embargo, otras. ¿Cómo se representaba el FBI a aquel abogado antiamericano graduado de Harvard a la atura del 1936? ¿A que fuentes de información recurrió? ¿Quiénes estaban interesados y quienes se beneficiaban de aquel proceso? Y, claro está, ¿cómo compara la imagen de Albizu Campos con la de Muñoz Marín? ¿En qué medida los fantasmas del fascismo y el comunismo fueron invertido por el FBI para manufacturar aquellas imágenes? A revisar ambos perfiles me dedicaré en la próxima reflexión.

1 Para una breve genealogía de la vigilancia y persecución del nacionalismo previo a los procesos de 1936 recomiendo Harry Rodríguez Reyes (1993 / 1997) “Los procesos judiciales incoados contra Pedro Albizu Campos” en La nación puertorriqueña: ensayos en torno a Pedro Albizu Campos (San Juan: Editorial de la UPR): 215-216.

2 Rear Admiral A. P. Niblack (1920). The History and aims of the Office of Naval Intelligence (Washington: G.P.O.) URL http://www.ibiblio.org/hyperwar/NHC/History-Aims-ONI-1920/History-Aims-ONI-1920.html

3 H. Rodríguez Reyes, p. 215.

4 Freedom of Information and Privacy Acts Release of Subject: Luis Muñoz-Marin. File#: 100-5745. Section1: f. 2.

5 “UFOs And the Guy Hottel Memo” (March 25, 2013) FBI-News-Stories. URL https://www.fbi.gov/news/stories/ufos-and-the-guy-hottel-memo

6 J.M. Dávila Marichal (2022) “Capítulo II. Militarizando al Partido nacionalista” en Pedro Albizu campos y el Ejército Libertados del Partido Nacionalista de Puerto Rico (1930-1939) (San Juan: Laberinto): 63-126.

7 Sobre Regino Cabassa se ha publicado en una edición personal muy pequeña un volumen: Dennis de Jesús Rodríguez (2018) Diario de don Regino Cabassa Túa. Una biografía necesaria (Mayagüez). El volumen tiene un prólogo del Dr. Edwin Irizarry Mora y una nota del nacionalista Rafael Cancel Miranda.

8 Amílcar Tirado (1993 / 1997), “La forja de un líder: Pedro Albizu Campos (1924-1930)” en La nación puertorriqueña: ensayos en torno a Pedro Albizu Campos. (San Juan: Editorial de la UPR): 65-81.

9 Los interesados pueden consultar Mario R. Cancel Sepúlveda (9 de agosto de 2010) “El Partido Nacionalista, los obreros y Mayagüez (1934)” en Puerto Rico entre siglos. URL: https://puertoricoentresiglos.wordpress.com/2010/08/09/partido-nacionalista-obreros-mayaguez-1934/

10 H. Rodríguez Reyes, p. 217.

11 H. Rodríguez Reyes, p. 217

12 Mario R. Cancel-Sepúlveda (12 de abril de 2009) “La Gran Depresión de 1929: violencia y sociedad” en Puerto Rico: su transformación en el tiempo URL: https://historiapr.wordpress.com/2009/04/12/la-gran-depresion-de-1929-violencia-y-sociedad/

13 J. M. Dávila Marichal, p. 139 ss.

Oigo 

Josué Montijo

Especial para En Rojo

—¿Están buenas las tostadas?

—Están riquísimas— contesta Naim y, rápido, da otro mordisco. La corteza del pan cruje. Caen migas sobre su barbilla y camiseta. Él se las sacude despreocupadamente.

Su padre lo observa atento. La escena le resulta muy familiar. A él también le encanta el pan caliente con mantequilla. Un pedazo de pan y gozarlo entero. Algo sencillo. Sabroso. Bien cotidiano. Las cosas divinas de la vida.

Meriendan siempre en el mismo lugar. Rutina de los miércoles, previo a la clase de jiujitsu. Solo ellos dos. Mamá nunca viene. Se le complica por el trabajo.

El padre inicia la conversación.

—Hijo, debo decirte algo bien importante. Ya tienes edad para saberlo.

Naim levanta la cabeza. Mira directo a los ojos.

Ya capturó su atención, así que aguarda un poco mientras toma de su café con leche.

—Yo fui el que te parí. El que te llevó en la barriga nueve meses. Bueno, fueron ocho realmente. Tú naciste prematuro. Pero fui yo.

Silencio.

El niño frunce el ceño. Procesa lo escuchado.

Segundos después dice no con el índice de la derecha. Aprisa se traga el trozo de pan que tiene en la boca.

—No fuiste tú. Fue mami. Ella me parió.

Antes que el niño vuelva a decir algo, el padre lo refuta con el mismo dedo y añade:

—Fui yo, Naim. Decimos que fue mamá porque es lo más cómodo. Lo normal. Acá la gente detesta que le cambien ciertos cuentos. Se ponen nerviositos. Se trauman. Es como si se les derrumbara el mundo. Pero esta bueno ya. Debes saberlo. Tienes derecho a la verdad y saberla por nosotros mismos. Es lo justo. Lo más responsable. Como siempre hemos dicho, la honestidad es parte esencial del amor.

El niño escucha atento aunque la incredulidad resalta en sus ojos.

El padre continúa:

—Te di la teta también. Tu favorita era esta— y toca su tetilla izquierda.

El chico ríe con ganas.

—No. No. Fue mami. Ella me dio la teta.

—Naim, fui yo. Te cargué en la barriga, te parí y te di la teta. Quizás te suena raro pero así fue. No voy a mentirte. Sé que de repente esas cosas parecen descabelladas, imposibles. Pero ya verás. Es cuestión de familiarizarse con la idea. Pronto será algo normal.

El niño se echa otro pedazo de pan a la boca mientras dice no con la cabeza. Tajante. No cede.

El padre lo mira. Muerde su muffin de maíz.

—¿No me crees?

— No te creo.

— Está bien. Entiendo. Creo que me hubiera pasado igual. Hubiera dudado. Pero, sabes qué, dudar es importante. Es más, dudar es imprescindible para muchas cosas en la vida. Hay que dudar. Pero hagamos algo. Quédate con la duda por ahora pero cuando lleguemos a casa te enseño las fotos. Si necesitas eso para creerme pues perfecto. Así será.

Naim abre los ojos. Su padre lo advierte y continúa hablándole:

— Aprendí algo hace tiempo: hay quien necesita creer para ver y está el que necesita ver para creer. Para mí ambas están bien. Respeto tu suspicacia. Es más, la admiro. Además, tu mirada lo dice todo. Eres de los que no te tragas cualquier cuento. Me gusta eso. Hay demasiados crédulos por ahí. Pero en casa tenemos muchas fotos y bien bonitas.

— ¿Me las vas a enseñar? — interrumpe el chico.

—Seguro que sí. ¿Por qué no? Es el álbum familiar. Bueno, digamos que un álbum alterno que mostramos sólo a personas capaces de entender. Te quedarás sorprendido cuando las veas. Son preciosas.

—Quiero verlas.

—Muy bien. Trato hecho. Cuando lleguemos a casa nos sentamos y te las enseño.

Chocan sus puños por el trato hecho y ríen. Sus carcajadas suenan por todo el lugar.

Pero algo les pasa inadvertido.

Dos mesas más atrás, una pareja de adultos escucha la conversación. El señor hace anotaciones en una libreta pequeña.

Miran con severidad. Lo escuchado les ha parecido no solo impropio sino aberrado, contaminante.

Y mucho peor. Saben que todo eso es una flagrante violación al código de conducta moral instaurado por el régimen del reverendo Pérez Cartaya.

Impermisible.

¿A título de qué ese padre degenerado envenena la mente de un niño indefenso? ¿Dónde queda el pudor? ¿Dónde queda el respeto a la ley? ¿Dónde queda el temor a Dios?

Nada va por encima de eso.

Marcación rápida al Ministerio de la Moral Social. Línea exprés para confidencias.

Apenas un timbrazo y la voz —viril, marcial— que responde:

—Oigo.

—Buenas tardes. Informante 71458236. Mi señora y yo queremos poner una denuncia.

El hombre mira su libreta para no saltarse nada de lo escuchado. Todos los detalles son importantes y, como le recalcaron en el entrenamiento, cuanto más sean mejor.

Al lado, su esposa asiente como quien se sabe haciendo lo correcto.

—Cómo no.  ¿Precisan que enviemos agentes para allá?

—Sí. Estoy en la escena.

Silencio de varios segundos. El operador ubica a su informante.

—Llegan en menos de dos minutos. Adelante con su denuncia, ciudadanos.