En mayo de 2020 se firmó el contrato con la empresa LUMA Energy para “la operación, mantenimiento y modernización del sistema de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) mediante una alianza público-privada de un término de 15 años.” Con motivo de dicha firma de contrato, un eufórico Fermín Fontanés, director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas en Puerto Rico, resaltó la robustez y diligencia del proceso de licitación para otorgar el mismo, el cual, según explicó el funcionario, se dirimió durante un período de 18 meses, y “ atrajo el interés de 5 participantes de categoría mundial, de los que 4 resultaron pre-cualificados para avanzar a las etapas de solicitud de propuestas (RFP-request for proposals), según dictan los procesos de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas en Puerto Rico”.
En su afán por lucirse, Fontanés omitió información imprescindible. No dijo cuáles fueron las empresas descartadas. Tampoco dijo que, en ese momento, la “seleccionada” LUMA Energy no podía considerarse de “categoría mundial”, aunque lo pretendiera, porque era solo un nombre y un carapacho corporativo. Nunca había operado ni mucho menos administrado sistema eléctrico alguno. La empresa había sido creada por dos empresas eléctricas del continente Norteamericano, especialmente y solamente para licitar por el jugoso contrato de Puerto Rico, el cual está garantizado por una cuantiosa inversión del dinero por desastres que otorga el gobierno de Estados Unidos. En otras palabras, LUMA Energy era como tantas otras “empresas” que licitan por contratos con los gobiernos de aquí, un invento de reciente creación que, al no tener experiencia previa, no se podía garantizar que estuviera a la altura del reto de operar un sistema eléctrico tan complejo y deteriorado como el de Puerto Rico.
Pero eso no amilanó a Fontanés, quien garantizó que LUMA Energy, con el respaldo de sus poderosas compañías matrices, proveería a nuestro pueblo servicios y beneficios que superarían cualquier expectativa. Dijo que, entre otros, la empresa privatizadora incrementaría la confiabilidad del servicio, fomentaría una cultura enfocada en la seguridad de sus empleados y el público, ofrecería un servicio al cliente de primera clase, mejoraría la eficiencia operacional y la estabilidad financiera con el propósito de ofrecer un servicio de energía más asequible, y maximizaría el alcance de “su fuerza laboral experta” para satisfacer las necesidades de respuesta ante emergencias.
Hoy, dos años después de aquel mensaje triunfal, la culpa por el desastre de LUMA Energy en Puerto Rico es huérfana. Nuestro pueblo ha pasado un año de pesadilla en pesadilla por las continuas fluctuaciones de voltaje que dañan enseres y conexiones eléctricas en residencias y negocios, por los apagones inexplicados y prolongados, cuyas investigaciones nunca se divulgan, y cuya causa principal parece ser la incompetencia y falta de conocimiento del sistema por parte de LUMA. También, padece de los continuos errores en facturación y el encarecimiento progresivo del servicio eléctrico por los 7 aumentos de tarifa consecutivos que se le han aprobado a la compañía. Lejos de ser más confiable, el servicio eléctrico en Puerto Rico es más inestable e impredecible que nunca antes. LUMA tiene peores métricas en el tiempo de respuesta en emergencias que las que nunca tuvo la AEE, y el mito de los ahorros y eficiencias operacionales se ha desplomado, con el nuevo presupuesto operacional para el 2023 solicitado por la compañía que contempla un aumento de $46.8 millones sobre el presupuesto actual.
Las protestas por el pésimo desempeño de LUMA siguen creciendo, y cada vez más sectores se unen al descontento general porque la inestabilidad eléctrica continúa, y desde el Gobierno nadie parece estarle exigiendo cuentas a la compañía privatizadora. El gobernador Pierluisi dice que su deber constitucional es respetar el contrato otorgado, por encima del reclamo cada vez más amplio y vocal de sus constituyentes que incluye a muchos de los que ayudaron a elegirlo. El problema con esa teoría es que hasta ahora no se ha hecho pública ninguna evaluación de ese contrato que indique si LUMA Energy ha cumplido o no con las disposiciones del mismo. El gobernador también ha dicho que los responsables por supervisar a la compañía privatizadora son la Autoridad para las Alianzas Público- Privadas y el Negociado de Energía. Sin embargo, hasta este momento se desconoce qué medidas concretas se han puesto en vigor desde dichas entidades para exigirle cuentas a LUMA por su errática y cuestionada ejecución. Sí sabemos que el Negociado de Energía le aprobó los 7 aumentos consecutivos que LUMA le solicitó.
Dos años después de habere aprobado uno de los peores contratos de privatización de un servicio público en nuestra historia, LUMA Energy actúa con su habitual prepotencia porque se siente apoderada y se sabe intocable y protegida por la Junta de Control Fiscal y la administración de Pedro Pierluisi y el PNP. Quizá alguien deba recordarles a todos ellos que más poderosos e “intocables” que LUMA han tenido que salir de Puerto Rico ignominiosamente.
