Especial para CLARIDAD
El 25 de enero de 2021, el gobernador de Puerto Rico emitió la Orden Ejecutiva 2021-013 para decretar un Estado de Emergencia por Violencia de Género en el país. Tendría vigencia inmediata y se extendería hasta el 30 de junio de 2022. Largo tiempo tuvieron que esperar las organizaciones de mujeres, junto a sectores aliados defensores de los derechos humanos y mucho activismo desplegaron para mantener ese reclamo, hasta que el ocupante de Fortaleza tomó la acción que correspondía. El incremento en los casos de violencia machista, particularmente en los feminicidios, su expresión más descarnada, no le dejó otra opción al Lic. Pedro Pierluisi, aun cuando lo hiciera para minimizar el daño político que su falta de acción le estaba ocasionando. Cercana la fecha de expiración de la Orden, las noticias sobre asesinatos de mujeres continuaban siendo primera plana.
A la fecha en que redacto esta columna el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico reportó en el informe emitido el 5 de julio, 36 feminicidios, 9 de ellos íntimos. Esta categoría aplica cuando la víctima y el victimario sostenían o habían mantenido una relación íntima o de pareja. Otros 19 asesinatos de mujeres reportados, todavía están siendo investigados por las autoridades policíacas, Fiscalía o el Instituto de Ciencias Forenses. Los incidentes en los que las mujeres sobreviven, no forman parte de estas estadísticas, pero la información que ofrecen las organizaciones de servicios, como los hogares albergues, dan cuenta de la frecuencia con que ocurren. Tampoco podemos obviar el hecho lamentable de que son muchos los casos que no son reportados a la Policía, para los que no se buscan remedios en el sistema judicial o que no llegan a las entidades no gubernamentales que ofrecen apoyo. Ante este cuadro el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación (PARE), creado por la Orden Ejecutiva, le solicitó al Gobernador su extensión. Recordarán quienes leen, que además de las agencias gubernamentales, el Comité cuenta con cinco organizaciones de mujeres, representativas del conglomerado de entidades que luchan por la equidad de género. (MATRIA, Red de Albergues, Coordinadora Paz para la Mujer, Centro de la Mujer Dominicana, Alas de Mujer). Otros dos espacios están en manos de los medios de comunicación y de la academia.
Hay quien haga el planteamiento de que la declaración del “Estado de Emergencia” no ha surtido efecto porque la violencia contra las mujeres no se ha detenido. Como muchas otras compañeras opino que, aunque falta mucho por hacer y han ocurrido fallas importantes, pueden señalarse resultados positivos. En primer lugar el reconocimiento público de la gravedad del problema y cómo afecta a sus principales víctimas que son las mujeres, es un paso significativo para la concienciación de la gente y para asumirlo como un asunto colectivo. Por otro lado, al decretar un estado de emergencia, la Ley 20-2017, del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, le permite al gobernador tomar medidas extraordinarias para atenderlo, emitir reglamentos y las órdenes que considere necesarias, así como asignar fondos, con la fuerza de una legislación, mientras dure el estado de emergencia. Protocolos importantes para atender la situación de violencia contra las mujeres han sido implantados, como el de Investigación sobre Feminicidios y Transfeminicidios y el establecimiento del Centro de Operaciones y Procesamiento de Órdenes de Protección. También la implantación de la Alerta Rosa ante la desaparición de mujeres. Hay que destacar el trabajo conducente a la uniformidad de las estadísticas sobre violencia de género, las cuales ha tenido una trayectoria de contradicción entre las que recopila la Policía, la Administración de los Tribunales y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Algunas dificultades, relacionadas con la resistencia al análisis con perspectiva de género por parte del director del Negociado de Estadísticas de Puerto Rico, no han impedido que se encamine el esfuerzo. Las aportaciones del Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico, que forma parte del sub comité de PARE que trabaja con este tema, han sido determinantes.
No hay duda de que la participación de las cinco organizaciones no gubernamentales de mujeres en PARE y en los varios subcomités que se constituyeron, entre los que están Educación, Salud, Políticas Públicas, Estadísticas, Violencia Sexual, “Safe Kits”( evidencia forense recuperada en los casos de violación), Personas Migrantes, ha sido fundamental para el desarrollo de los trabajos y el cumplimiento de la Orden por parte de las agencias públicas que integran el Comité. Las compañeras han sido consistentes y creativas en el trabajo realizado; pacientes, pero no débiles ante la burocracia gubernamental, vocales ante los incumplimientos y transparentes sobre el trabajo que realizan, manteniendo informadas a las demás organizaciones que se sienten representadas por ellas. Percibo que el proceso no ha sido miel sobre hojuelas, especialmente con relación al desempeño de las personas designadas por el gobernador, las cuales sí cobran por sus servicios. No así las compañeras que han donado su tiempo.
La principal piedra en el zapato ha sido la educación con perspectiva de género. A pesar del trabajo extraordinario llevado a cabo por el sub comité de PARE, compuesto por reconocidas expertas en el área, el Secretario de Educación, Lcdo. Eliezer Ramos, ha saboteado el compromiso que expresamente contiene la Orden Ejecutiva en su Por Cuanto número11. Inclusive, utilizó el tema como estrategia de negociación con la Lcda. Joan Rodríguez Veve, para lograr su confirmación, así como con otras personas del Partido Popular y del Nuevo Progresista, que de forma oportunista y electorera han asumido la agenda conservadora del Proyecto Dignidad.
Con la cautelosa expectativa de que el nudo relacionado con la educación se pueda resolver y de que se avance más en los trabajos contra la violencia de género, aplaudo la extensión del Estado de Emergencia hasta el 30 de junio de 2023. Sin embargo, la continuación del Comité PARE, fue limitada a 60 días. ¿Qué pasará con los trabajos y el cumplimiento de la Orden sin la fiscalización de las cinco representantes de las ONGs de mujeres y sin su participación en los sub comités? Al parecer la Lcda. Evelyn Espada, Oficial de Cumplimiento, permanecerá en el puesto, aunque hasta el momento la efectividad de su desempeño no ha estado exenta de controversias.
Ante la incertidumbre sobre lo que ocurrirá, organizaciones que participan en PARE y otras que han respaldado su trabajo allí, incluyendo la OPMT, a la cual pertenezco, fiscalizaremos desde afuera el cumplimiento de la Orden Ejecutiva y lo que queda por hacer, especialmente la necesidad de la educación con perspectiva de género. Puede ser que el estado de emergencia por Violencia de Género culmine en junio de 2023, pero nos corresponde continuar reivindicando el derecho de las mujeres a vivir sin violencia hoy y siempre.
