Especial para CLARIDAD
Cuando en enero de 2021 dio inicio la actual Legislatura, hubo alegría y esperanza entre los sectores que hacemos de la defensa por los derechos humanos una de nuestras principales banderas de vida. El cerco del bipartidismo se rompió y tuvieron acceso a esa rama de gobierno compañeras y compañeros que comparten esa misma trinchera. A las mujeres nos entusiasmó particularmente la elección de Ana Irma Rivera Lassén, Mariana Nogales y María de Lourdes Santiago, aliadas en las luchas constantes por la erradicación del discrimen, la violencia y las desigualdades que nos impactan. Al mismo tiempo miramos con gran suspicacia y malos presagios la presencia en Cámara y Senado de las legisladoras del llamado partido “Dignidad” y no nos equivocamos. Desde entonces y con la oportunista alianza de gente en los partidos de la política tradicional, no han cesado de promover proyectos para restarnos derechos, especialmente los relacionados con la salud sexual y reproductiva.
Hay cerca de una docena de propuestas que plantean la restricción del derecho a tomar decisiones sobre nuestros cuerpos, como es la terminación de un embarazo y otros relacionados.
Una de las medidas que más revuelo ha causado es el P. del S. 693 titulado “Ley para la Protección del Concebido en su Etapa de Viabilidad”. Los socios de la propuesta de la Senadora Joan Rodríguez Veve son el presidente del Senado y del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau y el ex presidente del cuerpo y actual portavoz del Partido Nuevo Progresista, Thomas Rivera Schatz. ¡Vaya trío! A lo “sucusumuco” trataron de llevar al hemiciclo un informe positivo sobre la medida, sin la celebración de vistas públicas en la Comisión de Vida y Familia, comisión que Dalmau creó a la medida de la senadora para granjearse su respaldo a la presidencia del Senado. La presión pública y la cobertura diaria de la prensa les obligaron a convocar las vistas. Las organizaciones de mujeres, sectores defensores de los derechos humanos, así como entidades médicas y científicas impugnaron disposiciones del proyecto que responden a la arrogancia de la principal proponente de la medida. Ella y quienes la secundan piensan que están por encima del derecho constitucional de las mujeres a su vida privada; que pueden sustituir el criterio científico y médico sobre la viabilidad de un feto fuera del vientre de la madre o persona gestante, sobre qué constituye una emergencia médica y cuál es el mejor procedimiento que debe utilizarse para terminar un embarazo. De las vistas fueron excluidas entidades como el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, a pesar de que solicitaron participar. El informe post vistas no ha sido presentado al pleno del Senado, pero es probable que obtenga los votos de mayoría en la nombrada Comisión de Vida y Familia. El trato altanero e irrespetuoso hacia las personas deponentes fue denunciado, inclusive por el Secretario de Justicia, quien, dicho sea de paso, se opuso al proyecto, igual que lo hizo el Secretario de Salud.
La ofensiva para controlar los cuerpos de las mujeres, su proceso reproductivo y la capacidad y derecho que tenemos para decidir, se ha tornado más entusiasta con la filtración pública de un borrador de opinión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que, de convertirse en la posición oficial mayoritaria de aquel foro, podría derogar, casi medio siglo después de haber sido decidido, a Roe vs Wade. Fue en esa histórica decisión que se estableció que el aborto está protegido por el derecho a la intimidad y, por lo tanto, tiene rango constitucional. Sin embargo, el entusiasmo desmedido por la esperada revocación del politizado tribunal del norte, el cual está atiborrado de la mayoría republicana conservadora, no tendría por qué afectar el estado de derecho en Puerto Rico, si la determinación es dejar en los estados y territorios la regulación del aborto. Recordemos que aquel foro se expresará sobre la constitucionalidad de una legislación del estado de Mississippi que prohíbe las terminaciones de embarazo a partir de las 15 semanas de gestación. Si se confirmara lo establecido en el borrador filtrado, no se trataría de una orden que obligue a las jurisdicciones a hacer más restrictivo el derecho al aborto. Contrario a lo que ocurre en la Constitución de Estados Unidos, el derecho a la privacidad en Puerto Rico está expreso en la sección 8 de la Carta de Derechos de la Constitución. “Toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar.” Qué puede ser más privado que la toma de decisiones sobre la salud sexual y reproductiva, tener o no prole, cuándo hacerlo y si es necesario interrumpir un embarazo.
No cabe la menor duda de que las fuerzas retardatarias que se mueven en el edifico blanco de Puerta de Tierra, están salivando porque se resuelva el caso en Washington para así arreciar su agenda en contra de los derechos de las mujeres. Todo esto, a pesar de la clara disposición constitucional sobre el derecho a la privacidad que tenemos, de la jurisprudencia interpretativa en el caso de Pueblo vs Duarte, resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el 1980, de que existe vasta regulación por el Departamento de Salud de las pocas clínicas que existen en la Isla que hacen terminaciones de embarazo y de no hay en el país un problema de salud pública con relación al aborto que justifique la agresiva intervención gubernamental que se pretende. Cada cual tiene derecho a tener sus creencias ideológicas y religiosas sobre cuándo comienza la vida, pero no puede imponerlas a las demás, por más legisladora que sea o liderato político o religioso que ostente. “Habrá completa separación de la iglesia y el estado”, dice la sección 3 de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico.
La manifestación “Marea Verde por el Derecho a Decidir” que el 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, ocupó las calles de San Juan para llegar hasta el Capitolio, es un ejemplo de la resistencia a la cual tendrán que enfrentarse quienes intenten restringir derechos que son fundamentales para que las mujeres y personas gestantes tomen las decisiones sobre sus cuerpos y sus vidas. Son muchos los sectores que se unen a todo esfuerzo por la reivindicación de los derechos humanos que, con lucha, militancia y, cuando han sido necesarias acciones legales, hemos alcanzado a través de los años. No aceptaremos la vuelta a los abortos clandestinos que siegan la vida de mujeres jóvenes, negras, empobrecidas, de poblaciones vulnerables expuestas a la violencia de género, incluyendo el abuso sexual y que carecen de recursos y alternativas para evitar embarazos no deseados.
Lo que sí es necesario, pero para nada está en la agenda de quienes intentan restringir nuestros derechos, es la divulgación y educación sexual, la disponibilidad de métodos para la planificación familiar, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y alternativas para las terminaciones de embarazo cuando las mujeres y personas gestantes decidan de manera in formada que es lo más conveniente para sus salud, en el más amplio sentido de la palabra, amparadas en su derecho a la privacidad. Como sabiamente dijo la querida compañera Tati Fernós:“No podemos dejar que las fuerzas retrógradas echen para atrás nuestras grandes victorias”.
