Análisis de Noticias
La cartera de clientes de McKinsey & Company, la principal compañía de consultoría de negocios en Estados Unidos y una de las más grandes del mundo, es uno de los “secretos de oficio” mejor guardados en las altas esferas del empresariado internacional. Gobiernos grandes y pequeños, corporaciones multinacionales, conglomerados empresariales de todo tipo conforman la “sacrosanta” bitácora que McKinsey resguarda con lo que ellos consideran como una férrea discreción, y otros llamamos falta de transparencia. El entramado empresarial de McKinsey es un laberinto de intereses diversos, algunos en abierto conflicto entre sí, cuyas maquinaciones y decisiones pueden tener repercusiones catastróficas en las vidas de millones de personas comunes y ajenas a las complejidades e intrigas del gran capital.
En Puerto Rico, McKinsey funge como el principal consultor de la Junta de Control Fiscal (JCF) para la restructuración de la deuda de Puerto Rico. Es una especie de “poder detrás del trono” en todo lo que ha tenido y tiene que ver con la implantación del Título III (Quiebra de Puerto Rico) de la Ley PROMESA. Bajo la dirección de Natalie Jaresko, la Junta actuó durante todos estos años según las “recomendaciones” de su principal consultor. Pero, tras la publicación de un reportaje del diario The New York Times en el 2018, donde se revelaba que un fondo de inversión propiedad de McKinsey& Company- MIO Partners- era el tenedor directo de $20 millones en bonos municipales de Puerto Rico, a la misma vez que la firma asesoraba a la JCF en la restructuración de la deuda de la isla, crecieron las sospechas y el interés entre ciertos miembros del Congreso de Estados Unidos, y en especial la Representante Nydia Velázquez, ( D-NY) para impulsar la aprobación de una ley que cerrara los espacios de vacío legal que había en la Ley PROMESA, y que dejaban a Puerto Rico en situación de vulnerabilidad ante potenciales conflictos de interés en el proceso de la quiebra fiscal.
Ley PRRDA
Por eso, fue Velázquez quien lideró el esfuerzo bipartita que culminó con la aprobación por la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos de la ley Puerto Rico Recovery Accuracy in Disclosures Act of 2021 (PRRDA), que fue firmada por el Presidente Joe Biden, y puesta en vigor el 20 de enero de 2022. Expresamente, la ley PRRDA requiere que los profesionales empleados en los casos de ajuste de deuda relacionados con Puerto Rico radiquen declaraciones verificadas en las cuales divulguen sus conexiones con otras partes interesadas, antes de solicitar la compensación por sus servicios. Dicha ley mandata a la JCF en Puerto Rico a establecer una lista de todas las partes interesadas, la cual debe incluir al deudor, los acreedores, y a los abogados y contables del deudor o acreedores, a personas empleadas por el programa de Síndicos de Quiebra de Estados Unidos, a personas empleadas por la JCF o cualquier otra parte interesada y establece que la compensación a dichos profesionales puede ser denegada si las divulgaciones no se radican a tiempo, si son inadecuadas, o si se determina que el profesional tiene algún conflicto de interés.
El pasado lunes, 16 de mayo venció el plazo fijado por un juez federal para que McKinsey& Company sometiera su informe de divulgación sobre potenciales conflictos de interés en Puerto Rico. Al establecer dicho plazo, el juez rechazó los esfuerzos legales realizados por la firma para limitar el alcance de dichos requisitos de divulgación. En una nota de prensa divulgada este martes, 17 de mayo, Bloomberg News confirmó que McKinsey cumplió con el plazo señalado por el Tribunal, y de conformidad con la ley PRRDA informó que tiene conexiones de negocios con más de 2,000 partes interesadas en Puerto Rico. Por supuesto, negó que tenga potenciales conflictos de interés.
Conflictos de interés en Puerto Rico
Pero el historial repetido de McKinsey & Company niega también sus intenciones de operar con“buenas prácticas” hacia nuestro país. Por un lado, no hizo la divulgación a tiempo sobre los bonos de Puerto Rico en poder de su subsidiaria MIO Partners hasta que no fue revelado públicamente por un medio de prensa. En ese momento, la JCF les tiró la toalla con una investigación interna que los exoneró de conflicto, alegando que no se había compartido información entre ambas entidades. Contraria a la actitud defensiva de la JCF, la Comisión Federal de Valores e Intercambio (SEC, por su siglas en inglés) le impuso un pago de $18 millones a McKinsey como parte de un acuerdo sobre alegaciones de que MIO Partners tuvo acceso a información material no pública sobre emisores de valores, incluyendo a Puerto Rico, mientras supervisaba las inversiones de valores de dichos emisores. ¿Conflicto de interés, sí o no?
Otro ejemplo igualmente sospechoso ocurrió hace apenas un año, cuando se discutía el contrato de LUMA Energy que entró en vigor el 1 de junio de 2021 bajo una gran oleada de protestas, y durante los tensos momentos cuando la JCF le dio un ultimátum y presionó al Gobierno y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para la firma de dicho contrato. En ese momento, nuevamente surgió el nombre de McKinsey y un potencial conflicto de interés relacionado con la impuesta presencia de LUMA en Puerto Rico. La firma de consultoría tampoco había divulgado su relación de negocios con Quanta Services, una de las compañías matrices de LUMA, la cual era su cliente. Por supuesto, la firma negó el conflicto, y el asunto no pasó a mayores porque otra vez la JCF intervino a su favor y asignó a su asesor legal una investigación sobre el asunto que, como era de esperarse, exoneró a McKinsey de toda impropiedad. Todavía esperamos porque alguna investigación federal aclare definitivamente este asunto.
Conflictos y más conflictos
Pero el caso de Puerto Rico no es una excepción, ni tampoco ha sido aquí la primera vez que la gigantesca firma de consultoría muestra su inclinación a apostar a ambos lados de una ecuación, y a balancearse entre intereses en conflicto. Una investigación somera de su trayectoria revela que en McKinsey & Company la falta de transparencia es un arma estratégica de negocio que se utiliza para acaparar clientes, sacar del medio a los competidores, y mantenerse en la palestra como “jugadores” principales en el plano de los negocios internacionales. Durante las deliberaciones y negociaciones que precedieron la aprobación de la ley PRRDA por el Congreso de Estados Unidos, se supo públicamente que McKinsey también fungió como cabildero para influenciar en la elaboración de los aspectos técnicos de dicha ley, y se mantuvo firme tratando de “suavizar” el lenguaje del estatuto durante el proceso deliberativo del mismo.
Y hay otros casos más espeluznantes. Una investigación del Congreso de Estados Unidos ha desvelado que consultores de McKinsey & Company asesoraron a fabricantes de opioides mientras, al mismo tiempo, la firma estaba contratada por la unidad de aprobación de drogas y medicamentos de la Administración Federal de Drogas (FDA, por sus siglas en inglés). Así se expresó la Representante Carolyn Maloney (D-NY), presidenta del comité del Congreso que realizó la investigación: “A la misma vez que la FDA dependía de la asesoría de McKinsey para asegurar la seguridad de los medicamentos y proteger las vidas de los estadounidenses, la firma recibía paga de las mismas compañías que encendían la epidemia de opioides, para alegadamente ayudar a defender a dichos fabricantes ante las fuertes regulaciones de esos medicamentos peligrosos”. Por el caso legal resultante de esta investigación, McKinsey ha debido pagar un acuerdo negociado de $573 millones. Otro ejemplo de potencial conflicto con ramificaciones de “seguridad nacional” para Estados Unidos se reveló a fines del 2021, con la publicación en medios de prensa de información de que McKinsey fungía como asesor de compañías estatales de China, a la vez que era asesor del Pentágono.
En cuanto a sus conflictos en casos de bancarrota, la historia es bien larga. En febrero de 2019, ya la firma había tenido que pagar $15 millones por un acuerdo negociado con el Programa de Síndicos de Quiebra del Departamento de Justicia federal, como remedio por sus divulgaciones inadecuadas en casos de bancarrota. Y tan reciente como este año, McKinsey ha sido seriamente cuestionado en los tribunales de Estados Unidos por sus alegados conflictos de interés en casos de quiebra. En enero de 2022, un tribunal apelativo del 2do. Circuito de Manhattan revivió una demanda donde se acusa a McKinsey de ocultar potenciales conflictos de interés al solicitar permiso en las cortes de quiebra para asesorar clientes en casos de bancarrota. El caso, que había sido desestimado por un tribunal de inferior jerarquía fue reabierto por el referido 2ndo. Circuito, en una decisión unánime de sus tres jueces.
Este es solo parte del récord público de la firma de consultoría internacional que ha llevado el peso de los planes de restructuración de la deuda de Puerto Rico, por voluntad de la Junta de Control Fiscal con la anuencia del Gobierno de Puerto Rico, y a la cual ya le hemos pagado más de cien millones de dólares, y de haberles regalado información interna privilegiada qué sabe Dios cuántos millones más les ha reportado. ¿Estando en manos de gente como esta, les queda alguna duda de por qué los planes de restructuración negociados y por negociar para la deuda de Puerto Rico son y serán tan nefastos para los intereses del pueblo puertorriqueño?
