La corrupción pública y privada en Puerto Rico sigue su rumbo imparable y nadie parece estar aprendiendo mucho de sus lecciones. Nuestro pueblo está asqueado e impaciente no solo por la corrupción, sino también por su secuela más consecuente: la impunidad. A nadie en los círculos de poder parece importarle, más allá de hacer declaraciones bobas y darse golpes de pecho cada vez que se anuncia un nuevo arresto, o se declara culpable algún funcionario público corrupto, o agarran a algún ciudadano privado que quiere jugar a invertir en el gobierno como si se tratara de un casino de Las Vegas.
La semana pasada, otros dos alcaldes, el de Humacao y Aguas Buenas, ambos del Partido Nuevo Progresista (PNP), fueron arrestados por agentes federales bajo acusaciones de operar el mismo esquema corrupto y con los mismos “contratistas” que “sacaron de carrera” a sus homólogos de Cataño, Guaynabo, Guayama y al vice alcalde de Trujillo Alto. Ya van cuatro del PNP, y dos del Partido Popular (PPD), y faltan más. El Fiscal Federal le confirmó en tono solemne a la prensa que la investigación continúa y que se esperan más arrestos relacionados a esquemas de sobornos y prebendas “por debajo de la mesa” en los contratos municipales para el recogido de basura y la pavimentación de carreteras. Es un secreto a voces que la investigación sigue centrada en los municipios de Trujillo Alto, Naguabo y Sabana Grande, y ahora se añade San Juan luego de que trascendiera que el alcalde Miguel Romero, también del PNP, había recibido como un “regalo” varias calles pavimentadas en el barrio Trastalleres de Santurce, por compañías asociadas a los mismos contratistas señalados en los casos de los alcaldes acusados. Según el mandatario de la Capital, la actividad de pavimentación de calles surgió “espontánea y gratuitamente” precisamente durante los mismos meses en que llevaba a cabo su campaña electoral, y antes del mes de noviembre de 2020 cuando resultó electo. Realmente, una coincidencia perfecta.
La corrupción con dinero público en Puerto Rico ha ido tornándose cada vez más atrevida. Del esquema divulgado se infiere que algunos de estos alcaldes ya habían pactado sus respectivos contratos con las susodichas compañías, y habían empezado a recibir su tajada, desde antes de juramentar en sus cargos. Empezaron a robar antes de ser alcaldes en propiedad. Fueron tan rapaces, que los más torpes ni siquiera enmascararon su pillaje para que no se hiciera tan evidente. Por eso, mucha de nuestra gente señala que merecen ser arrestados en redadas, tal y como se hace con las gangas de narcotraficantes. Los políticos e inversionistas políticos corruptos de Puerto Rico son un cartel más, como lo son los narcos. Solo que los narcos operan abiertamente al margen y en desprecio de la Ley, y nos ahorran las poses de líderes y ciudadanos probos y legítimos que adoptan estos otros farsantes.
Tomemos otro ejemplo caliente, el del notorio súper Comité de Acción Política (PAC, por sus siglas en inglés) “Salvemos a Puerto Rico”, que la semana pasada también ocupó titulares porque su creador, presidente y “cerebro mágico”, un individuo llamado Joseph “Joey” Fuentes que, además, es íntimo amigo del gobernador Pedro Pierluisi, se declaró culpable por haber ocultado el origen de cerca de medio millón de dólares aportados al mismo, lo cual es un delito federal. Sin embargo, Fuentes no se embolsicó los fondos para su uso personal. Estos fueron íntegramente destinados a beneficiar por partida doble los esfuerzos electorales de Pedro Pierluisi. Primero, en las primarias para el cargo de gobernador del PNP, frente a Wanda Vázquez, y luego durante la campaña electoral por la gobernación de Puerto Rico, frente a Carlos Delgado, del PPD, su más fuerte contrincante. Todos y todas en Puerto Rico recordamos claramente esas campañas, que saturaban los medios masivos y las redes sociales a todas horas del día y de la noche.
Los fondos ocultos bajo el esquema de “Salvemos a Puerto Rico” habrán hundido a “Joey” Fuentes, pero sin duda salvaron a Pierluisi, que aun empujado por el esfuerzo titánico de su amigo, ganó la gobernación con apenas el 32% de los votos. Hoy, “Joey” Fuentes es un convicto federal y el beneficiado de su actividad ilegal es el gobernador de Puerto Rico. Este caso ha tenido un desenlace extraño porque, contrario a su actitud frente a los alcaldes corruptos, las autoridades federales han decidido no acusar a nadie más por “Salvemos a Puerto Rico”, a pesar de que el esquema elaborado por Fuentes dejó un largo rastro de comunicaciones electrónicas que revelaron la identidad de sus colaboradores y el flujo completo del llamado dinero oculto (“dark money”) que tanto se denuncia en las campañas políticas en Estados Unidos. Todos los demás mencionados en este caso, incluyendo los inversionistas privados que exigieron que sus donaciones de cientos de miles de dólares fueran encubiertas, fueron relevados de responsabilidad, así como el Gobernador que se zafó con un “yo no sabía nada”. Raros virajes que ocurren en el rumbo imparable de la corrupción pública y privada en nuestro país.
