CLARIDAD

Si los anexionistas puertorriqueños se atrevieron a erigirle una estatua Herbert Hoover, fácilmente le pueden levantarle otra a Natalie Jaresko atendiendo el pedido del presidente de la Junta de Control Fiscal, David Skeel. Después de todo, la única explicación que dio el liderato legislativo del PNP para el monumento a Hoover frente al Capitolio es que una vez pisó suelo boricua, y Jaresko lleva cinco años pisando tanto el suelo como a los boricuas. A razón de una estatua por semana de pisotones, podría haber unas cuantas.

A Hoover se le recuerda en su país no tanto por su presidencia, que se limitó a un cuatrienio, sino por la miseria que dejó. Luego que el resultado electoral de 1932 lo obligó a dejar el poder, por todo el territorio estadounidense quedaron repartidos muchos “monumentos” a su memoria, que la ironía popular bautizó como “Hoovervilles”. Eran villas miseria, arrabales levantados por desempleados y marginados, víctimas de la gran depresión que comenzó en 1929. Aquellos “monumentos” perduraron por mucho tiempo y todavía son parte del imaginario histórico de Estados Unidos.

A diferencia de Hoover, quien desde la presidencia personificaba el poder, Jaresko fue solo un instrumento de un grupo que también tenía poderes delegados: la Junta de Control Fiscal impuesta a los puertorriqueños por el gobierno estadounidense al amparo de su poder como como “dueño” de la posesión colonial. (Recordemos que según la jurisprudencia vigente en gringolandia Puerto Rico “pertenece” -“belong to”-, pero no es “parte” de Estados Unidos). La Junta encargada de administrarnos y dirigirnos escogió a Jaresko como su directora ejecutiva, es decir, para que cumpliera la misma función de los verdugos cuando son seleccionados para ejecutar sentencias. Ella cumplió plenamente el libreto que le dieron y en ocasiones fue un poquito más allá. Por eso David Skeel quiere que le hagamos una estatua. Noten que no la manda a hacer él, sino que espera que se la hagamos nosotros.

Resulta irónico que Jaresko se vaya de Puerto Rico (o del cargo, porque tal vez se quedará haciendo dinero y disfrutando del calor tropical) precisamente cuando el país del que supuestamente vino, Ucrania, está siendo despedazado por la invasión de Rusia. Ella es uno de los exhibits que puede presentar Vladimir Putin para probar su alegación de que Estados Unidos y la OTAN habían convertido a Ucrania en un instrumento de sus intereses. Nació y se crio en Illinois y fue enviada al país de sus padres como oficial del gobierno de Estados Unidos, específicamente como directora de “asuntos económicos” de su embajada. Luego estuvo a cargo de manejar un fondo, también creado por Estados Unidos a través su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), para influenciar la economía ucraniana. Desde la USAID saltó al rango de ministra de finanzas, recibiendo la ciudadanía ucraniana el mismo día que juramentó en el cargo.

Sobre cómo fue su ejecutoria y por qué tuvo que salir de Ucrania conocemos poco, pero aquella experiencia como agente de Estados Unidos en la exrepública soviética le valió para que el entonces presidente de la JCF, José Carrión, dijera que era de “clase mundial” cuando fue nombrada al nuevo puesto caribeño. Claro está, si comparamos la importancia estratégica de Ucrania, según estamos viendo ahora tras la invasión rusa, con la de la colonia puertorriqueña, habría que concluir que a Jaresko la bajaron de rango, pero no sabemos cómo se mueven los hilos en Washington.

De lo que no tenemos duda es que Jaresko cumplió con las nuevas tareas que sus empleadores le dieron cuando la movieron al Caribe, y por eso se entiende que el presidente de la JCF le quiera hacer una estatua. Generó y ejecutó estrategias que lanzaron trabajadores públicos a la calle, congelándole los salarios a los que se quedaron, mientras los contratos siguieron fluyendo como siempre hacia los empresarios y amigos de la casa. Esas son las recetas que dispensan los portavoces del neoliberalismo, que fue lo mismo que la ciudadana de Illinois fue a hacer a Ucrania. Aquí se añadieron otras tareas, tales como forzar la privatización de la única universidad pública, a la que se le amarraron las finanzas al nivel de casi estrangularla, para que los negocios educativos privados prosperaran.

Gracias a que los empleados púbicos fueron despedidos o “congelados”, a que se liquidaron los planes de pensiones y se estranguló la Universidad, entre muchas otras cosas, se pudo garantizar que los tenedores de bonos pudieran recibir enormes ganancias a pesar de que los compraron su acreencia a precios de chatarra. Esa fue la tarea de la JCF y Jaresko, que ahora parece encaminada. Ya puede irse a otros lares.

El próximo destino de Jaresko no se conoce. Tal vez con esta última encomienda concluyan sus destaques y pueda regresar a su Chicago natal dejando atrás la Ucrania despedazada y el Puerto Rico quebrado. O tal vez se quede aquí, moviéndose entre los círculos de los llamados “20-22”, los millonarios que quieren comprar pedazo a pedazo nuestro país. Su experiencia puede ser de gran valor para este grupo de grandes buscones. A estos, además, les sobra el dinero y pueden mandarle a hacer la estatua que quiere David Skeel, sino es que antes la mandan a hacer Tatito Hernández, Rivera Schatz y Dalmau, para ponerla detrás de la que nos recuerda a Herbert Hoover.

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ccotto@clarridadpuertorico.com

“Puerta de Tierra despertó, Puerta de Tierra se cansó y vamos a estar luchando por nuestros derechos y nuestros envejecientes. Aquí estamos dejándoles saber que vamos a empoderar a nuestros jóvenes para que el día que no estemos aquí peleando siga la lucha para que el barrio no muera, porque sin los residenciales el barrio va a morir. Aquí vive gente y Puerta de Tierra se respeta”.

Con vehemencia e indignación, la joven Caroline Sánchez Feliciano, nacida y criada en el antes Residencial Puerta de Tierra, se expresó ante la evidente amenaza de desplazamiento de la población puertorriqueña que vive en Puerta de Tierra, desplazamiento respaldado por el Gobierno mediante las Leyes 20 y 22 que favorecen a inversionistas extranjeros.

Líderes comunitarios de Puerta de Tierra junto a los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), la senadora María de Lourdes Santiago Negrón y el representante Dennis Márquez Lebrón, dieron a conocer que inversionistas de la Ley 22, hasta la fecha, han comprado 30 edificios en esta comunidad, incluidos la Escuela Brumbaugh y el edificio que albergó el periódico El Vocero. La investigación, que incluye la identificación de los edificios y sus compradores, fue llevada a cabo por el asesor de la senadora, el licenciado Adrián González Costa. Estas transferencias de titularidad —denunció— han ido alterando la identidad del barrio más antiguo del país, convirtiéndolo en la sede de numerosas unidades destinadas al alquiler a corto plazo.

El viernes 25 de marzo, decenas de residentes se movilizaron en una marcha que salió del residencial San Agustín, hasta el Capitolio, en donde le entregaron una carta al senador Henry Neumann, y continuaron hasta la Casa Alcaldía para exigir una reunión con el alcalde de San Juan, Miguel Romero.

En las inmediaciones del residencial San Agustín, residentes de Puerta de Tierra dejaban ver su inquietud y molestia por la situación. “Nosotros no estamos en contra del desarrollo, nosotros estamos en contra del desplazamiento que nos quieren hacer. Cuando nos dimos cuenta, hicimos  las averiguaciones. Vimos que son personas adineradas que están comprando nuestros sitios donde vivían nuestros abuelos, nuestros papás, nuestros hijos.  Entonces quieren reemplazarnos. Estamos de acuerdo con que remodelen, pero sacarnos, que emigremos, ¿pa’ dónde? ¡Somos de aquí, esto es de nosotros!”, manifestó José Luis Vélez, quien antes vivía en el residencial Puerta de Tierra y ahora vive en San Agustín.

Sánchez Feliciano, quien también vive en el residencial San Agustín, narró que el problema viene ocurriendo desde el año 2000. “Comenzaron con Las Acacias y continuó con Puerta de Tierra. Al día de hoy en Puerta de Tierra  no está ni el 60 % de los residentes que vivían ahí”.

Sobre el desplazamiento que ha sufrido la población del residencial, tanto Sánchez Feliciano como Vélez denunciaron que los residentes fueron removidos bajo el acuerdo de que, una vez remodelado el residencial, regresarían a sus apartamentos. Pero ya remodelado, solo ocho familias que vivían en el antes residencial Puerta de Tierra cualificaron para la nueva vivienda en el ahora llamado “Bayshore Villa”.

La joven líder comunitaria denunció que lo que se ha visto es que Vivienda Pública aduce que se van hacer unas mejoras, pero las mejoras han resultado en el desplazamiento de la mayor parte de la gente de la comunidad. A la luz de esa experiencia, ahora mismo tienen una señal de alarma debido a que en San Agustín, en octubre, empezaron un realojo de varias familias por unas aparentes escaleras que están en desperfecto. Tienen la sospecha de que como el solar que está al lado de residencial Parque San Agustín es propiedad del municipio, el municipio también se propone venderlo. “No es que estamos hablando por hablar, las evidencias están”.

A esos efectos, denunció que el centro de salud ha recortado los servicios, se vendió la escuela Brumbaugh y han limitado las paradas de la AMA (Autoridad Metropolitana de Autobuses). “Lo  que han hecho es hacer la vida más  tediosa y dejar que los edificios se deterioren para terminar teniendo un soporte para  sacar a la mayor parte de la comunidad”, subrayó.  Expresó preocupación por las personas envejecientes del residencial, que son la mayoría de los residentes.

Estamos en un lugar estratégico. Nunca pensé yo, que soy nacida y criada aquí en Puerta Tierra, que vivir en Puerta Tierra iba a ser algo tan costoso. Hoy, aunque yo quiera comprar una propiedad aquí, va a ser imposible. Los precios han subido. Lo más económico, si conseguimos, es en el Falansterio, ¡y ya están subiendo!”

No pueden comprar sus propias casas

Sánchez Feliciano relató que el 8 de febrero un grupo se reunió con el administrador de Vivienda Pública, Alejandro Salgado, y este se comprometió con que no habría desplazamientos. Recientemente, el secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez, visitó Parque San Agustín. En ambas reuniones los residentes expresaron su preocupación. Estos le expusieron a Rodríguez que se supone que el DV tiene un programa de alquiler con derecho a compra; pero para sorpresa de ellos, este les dijo que los residenciales de Puerta de Tierra no están en ese proyecto. Como resultado de las reuniones, las agencias se limitaron a enviarles una carta a algunas personas en la cual se les indica lo que dice el  contrato de arrendamiento, de que no hay nada que les asegure la vivienda.

La excusa que se les dio para que los residenciales de Puerta de Tierra no figuren en el programa de compra de vivienda es que eso había que solicitarlo a HUD (Departamento de Vivienda Federal). Los residentes le replicaron que les interesaba solicitarlo; pero hasta el momento no han recibido ninguna respuesta, por lo que consideran que el próximo paso es comunicarse con HUD.

Una de las desplazadas, Laura Mía González, contó que un inversionista compró el edificio Ferretería Méndez, donde vivían 22 familias. Tras la compra, les dieron 30 días para que abandonaran los apartamentos. Ahora el edificio ostenta el nombre de Hotel Ferretería, de alquiler a corto plazo. Cuando durante la marcha de la comunidad pasó frente al edificio, varios de los huéspedes que se encontraban en el balcón se sonreían.

González explicó que antes la renta de alquiler de los apartamentos de vivienda era entre $300 y $500 al mes y que ahora cada habitación cuesta $150 la noche.  “Mucha gente culpa a los puertorriqueños porque venden. Yo me pregunto, ¿esas personas, por qué venden? ¿Cómo un puertorriqueño que heredó un edificio de 21 apartamentos puede mantenerlo, puede pagar deuda de CRIM,  puede mejorarlo, sin que represente una carga económica?  Y obvio, tiene la competencia desleal del que viene de afuera con todos esos beneficios económicos”.

A preguntas de CLARIDAD sobre una resolución presentada por el PIP en ambos cuerpos legislativos para que se investigue los efectos desplazamiento por la ley 22, tanto en Puerta de Tierra como en otras comunidades, la senadora María de Lourdes Santiago Negrón indicó que la resolución está en primera lectura, por lo que aún no se ha aprobado.

“Yo creo que en este tema hay poco interés en el PNP y PPD. Los dos han sido cómplices en el tema de las leyes 20 y 22 y en estas estrategias de desplazamiento que a su vez son parte de un proceso de recolonización: un Puerto Rico sin puertorriqueños. Han  desamparado a las comunidades poco a poco. Entonces se ve cómo todo está enlazado”.

La senadora reveló el dato de que en los residenciales que tienen apartamentos para personas con dificultades de movilidad han clausurado esos apartamentos y se niegan a restaurarlos. Resaltó que la intención es hacer más difícil la permanencia de los puertorriqueños en esas comunidades y generar la impresión de que estos son lugares abandonados, decaídos y que necesitan el gran rescate del capital extranjero.

Señaló que después de unas vistas públicas el verano pasado, el senador Juan Zaragosa y Thomas Rivera Schatz radicaron una medida con enmiendas para exigir un depósito de $2 millones al inicio del decreto y el que los beneficiarios generen una cantidad mínima de empleos. Para la senadora del PIP, esa es una visión estrecha. “Aquí no estamos solo pidiendo que se pague un precio, es cómo detenemos lo que estamos viviendo. Aquí, en Puerta de Tierra, hay unos elementos que son esenciales, que no son cuantificables.  ¿Qué vamos hacer cuando desaparezca el carácter de identidad de esta comunidad? Eso no es sustituible, eso no es comprable y, claro, todo esto está insertado en el proyecto que comenzó con la bahía. Los cambios a la ley son iniciativas insuficientes”, denunció.

“¡Miguel Romero, Judas, traicionaste a Puerta de Tierra!”, se escucha durante la marcha.

El legislador municipal por el PPD Manuel Calderón Cerame, también presente en la actividad, dio a conocer a CLARIDAD que hace unas semanas  radicó una  resolución (R 60) para investigar los terrenos de propiedad del municipio, ante los rumores de que se está buscando venderlos a un inversionista de ley 22. Esa es la parcela que queda al lado del residencial Parque San Agustín. Pero hasta el momento la resolución no ha sido atendida. Confirmó que el municipio no ha hecho un censo de cuántas personas viven en Puerta de Tierra y que eso es parte de lo que los residentes han estado denunciando, que aunque hay personas esperando por vivienda pública, no los envían a Puerta de Tierra, esperando que se vaya reduciendo la población para desplazarlos. Así accederán los inversionistas de la Ley 22.

En la Plaza de Armas, frente a la alcaldía, el líder comunitario Jorge Luis González, quien dirigió todo el trayecto micrófono en mano, fue directo al grano. Lo primero que hizo fue cuestionar dónde estaba el alcalde.  “Miguel Romero, cada cuatro años vas a Puerta de Tierra. Nosotros fuimos los que te pusimos ahí de alcalde. Baja, tú decides. Nos atiendes o no nos vamos de aquí, tú decides. Sé valiente, baja, alcalde, te esperamos”.

Los residentes entregaron una carta en la que exponen la situación de desplazamiento que enfrentan. También emplazan al alcalde a que confirme o desmienta si en efecto el municipio se propone vender el terreno colindante con el residencial Parque San Agustín a un inversionista para un desarrollo turístico.

El Gobierno promovió la venta de Puerta de Tierra a inversionistas extranjeros

La venta de tan elevado número de propiedades en Puerta de Tierra podría colegirse como resultado de la conferencia ofrecida por la entonces administración del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, mediante el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y la Compañía de Turismo (CT) en noviembre de 2018. La conferencia, titulada The Old City of San Juan Puerto Rico-Why this is a Ground Floor Opportunity, estuvo dirigida  exclusivamente a inversionistas extranjeros. La agenda de la conferencia incluyó el despliegue de los beneficios contributivos que ofrecen las leyes 20 y 22. (Ver CLARIDAD, edición del 22 al 28 de noviembre de 2018).