CLARIDAD

El Partido Nuevo Progresista ha prevalecido en las últimas tres elecciones generales en Puerto Rico dominando, al menos, en la candidatura a la gobernación. En dos de esas tres elecciones, 2016 y 2024, lograron el “copo” del que tanto presumen porque dominaron tanto la gobernación como la rama legislativa. En 2020 perdieron el control de la Legislatura, pero mantuvieron el Ejecutivo, que es donde está el verdadero poder y, algo más importante para ellos, el control del presupuesto.

Esos triunfos electorales se han producido a pesar de que en 2016 postularon un candidato bisoño, con pobre imagen -Ricardo Rosselló- que en 2019 se vio obligado a renunciar en medio del peor escándalo moral de los últimos tiempos. Esa renuncia se produjo en medio de enormes movilizaciones populares, las mayores en la historia de nuestro país, que sacudieron, no sólo la gobernación, sino todo el marco institucional puertorriqueño.

Tras la huida de Rosselló y un enredo sucesorio de varias semanas (que les resolvió el Tribunal Supremo) tomó las riendas del Ejecutivo la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, una figura de pocas luces y gran capacidad vengativa que en 2026 podría estar entrando a prisión por actos de corrupción durante su corto mandato. A pesar de ese cuadro el PNP mantuvo el control de la rama ejecutiva en las elecciones de 2020 teniendo como candidato a Pedro Pierlusi, una figura débil y con pobre liderato hasta dentro de su propio partido.

La debilidad de Pierluisi se mantuvo en medio de enormes problemas económicos y el agravamiento de la crisis del sistema eléctrico provocado por la privatización que el propio PNP legisló. Tras imponerse contra el débil Pierluisi en la primaria interna la candidata en 2024 fue Jennifer González, una inexperta en asuntos administrativos, aunque hábil politiquera. Con esta candidata el PNP volvió a “copar”.

La pobre imagen que ha ido acumulando el PNP, su historial de corrupción y malos manejos, junto a la pobreza de sus líderes y la acumulación de crisis, le ha reducido el apoyo electoral. Las victorias por más del 50% de los votos de tiempos de Pedro Rosselló o de Luis Fortuño en 2008 (52.8%, ayudado por la acusación federal a Aníbal Acevedo Vilá) son cosas del pasado, pero todavía son capaces de alcanzar el 41% con que ganaron la gobernación en 2016 y 2024. En 2020, tras las debacles de Ricky y Wanda, se quedaron en 33%, que, sin embargo, les fue suficiente para retener la gobernación.

En las dos últimas elecciones -2020 y 2024- se produjo un resultado totalmente inédito en nuestro país, que pudiera indicar la posibilidad de un verdadero cambio para el futuro, pero que hasta ahora no ha sido suficiente. Me refiero al avance de candidatos soberanistas de izquierda que en el pasado apenas superaban el 5%. En 2020 las candidaturas de Alexandra Lúgaro y Juan Dalmau tuvieron un agregado de 28%, mientras que en 2024 la sola candidatura de Juan Dalmau repitió la cifra con un leve aumento, 30.7%. Simultáneamente se produjo el derrumbe del Partido Popular que redujo sus votos de un 47.7% en 2012 a un 31.5 en 2020 y un 21.4 en 2024, aunque en 2024, ante la debilidad de las otras candidaturas, lograron ganar la comisaría residente.

Ante ese cuadro se imponen dos preguntas: ¿Por qué el PNP logra mantener cerca de un 40% de apoyo electoral a pesar de sus ejecutorias, las crisis que sufre el país y la pobreza de sus líderes? ¿Podrá el soberanismo progresista alcanzarlos y derrotarlos? La contestación a la primera pregunta tiene dos ingredientes. El primero tiene que ver muy poco con apoyo popular, el segundo sí. Vayamos en orden.

Desde antes de que concluyera el gobierno de Luis Fortuño y anticipándose a futuros cuatrienios fuera del poder, el PNP se las arregló para manipular la estructura administrativa y legal del país a su favor. Esa manipulación le permitió el control permanente de tres áreas vitales, cada una relacionada con la otra: el sistema electoral, las agencias encargadas de perseguir la corrupción y el sistema judicial.

En el aparato electoral se aseguraron el control de la Comisión Estatal de Elecciones, que ha estado presidida por uno de sus cuadros políticos de forma ininterrumpida por los últimos diez años. Pero más que la presidencia del organismo, lo más importante de ese control fue la imposición de un Código Electoral que prohíbe las alianzas políticas y dificulta la forma de votar. La importancia de esos cambios la vimos de forma clara en las pasadas elecciones cuando se impidió que el PIP y el MVC se coaligaran y se le impuso a la oposición política una forma de votación confusa y caótica. De paso, también dejaron fuera de la papeleta a casi todos los candidatos del MVC. Esas disposiciones del Código Electoral, que coartan el voto y la expresión, son a todas luces inconstitucionales, pero como controlan el Tribunal Supremo desde 2009 tal dictamen nunca se producirá.

Esa manipulación y control de la estructura político legal no cambiará en el futuro cercano, más bien lo contrario. Ahora mismo están imponiendo nuevas enmiendas a la legislación electoral para afianzar su control mientras, por otro lado, su presencia en el sistema judicial se consolidó con el nombramiento de dos nuevos jueces de su camada al Supremo este año.

La segunda explicación para la permanencia en el poder del PNP está en cómo se configura o cómo se las han arreglado para configurar las diversas fuentes de su apoyo electoral. La más importante de esas fuentes es el sector de la población que depende de forma significativa de las ayudas públicas, casi todas de origen federal. Desde los tiempos de su primer gobierno, el de Luis A. Ferré, pero más aún desde los dos términos de Carlos Romero (“la estadidad es para los pobres”), el PNP ha logrado proyectarse como el partido de los fondos federales. En un país donde el 40% de la población recibe mensualmente ayuda alimentaria federal (junto a subsidio para vivienda y becas estudiantiles), esa proyección genera un gran capital político. En la última elección, cuando se vieron por primera vez amenazados por la candidatura de un independentista, el tema central de su gran ofensiva publicitaria fueron las ayudas federales, logrando mantener gran parte del apoyo que tradicionalmente reciben del sector que las recibe.

La dependencia económica, y los miedos que la posibilidad de cambio genera (Néstor Duprey utiliza con acierto la frase “consumidores del miedo”) es la principal explicación para la permanencia del PNP en el poder colonial, pero no es la única. Con manipulaciones y prebendas han logrado el control permanente de otros grupos como los presidiarios, los policías y empleados gubernamentales. Presidiarios y policías solamente representan más de 20 mil votos y en las ocasiones en que la diferencia en el resultado final es mínima controlar el 80% de ese voto resulta determinante.

El PNP dice que su objetivo principal es la “estadidad”, pero si movilizara únicamente a los que apoyan la anexión, como antes era el caso del PIP con los independentistas, sería permanentemente una fuerza electoral muy minoritaria. Lo que hace la diferencia es la explotación casi exclusiva que hacen de la dependencia económica y de ciertos grupos poblacionales, junto a la manipulación del sistema político electoral al amparo de la judicatura que controlan.

La otra pregunta es si el soberanismo progresista puertorriqueño -que en la pasada elección se manifestó en una alianza MVC-PIP- podrá ser capaz de superar al PNP y la contestación sería un rotundo sí. En la pasada elección se estuvo muy cerca de lograrlo a pesar de que la legislación electoral impidió una alianza verdadera imponiendo, en cambio, una forma caótica de votar. Ahora, cuando la problemática del país empeora y el nuevo gobierno del PNP naufraga en apenas su primer año, las probabilidades aumentan, pero lograrlo requerirá mucha audacia política y, sobre todo, mucho desprendimiento y vocación unitaria. Espero contribuir más adelante a esta parte del análisis, añadiendo una referencia al PPD y su “nuevo” líder.