En algún momento, Puerto Rico se preció de tener uno de los sistemas electorales más precisos y seguros de nuestro hemisferio. A pocas horas del cierre de colegios, aún con el antiguo sistema de colegio cerrado y conteo manual de votos, los resultados electorales se recibían con aceptable precisión y rapidez. De un tiempo a esta parte, sin embargo, el proceso electoral se ha ido haciendo tortuoso, en la medida en que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) ha dejado de ser un organismo razonablemente independiente del partido en el poder, y ha ido perdiendo el balance político e ideológico necesarios para mantener viva la confianza del país en sus procesos y determinaciones.
Ahora mismo en Puerto Rico, la percepción pública sobre el funcionamiento de la CEE es negativa, toda vez que nuestro sistema electoral ha sido trastocado hasta el punto de transformarse en un brazo del Partido Nuevo Progresista (PNP), colectividad que pretende mantener un control férreo sobre la CEE, y lo ha logrado durante los último tres ciclos electorales.
El PNP es un partido proclive al traqueteo y el fraude electoral. Las generaciones que ya votaban en 1980 aún recuerdan el notorio «apagón» ocurrido en el edificio Valencia en Río Piedras, entonces sede de la CEE, justo cuando había comenzado el conteo de votos tras la controvertida contienda electoral entre Carlos Romero Barceló del PNP, que aspiraba a la reelección, y su retador, el ex gobernador Rafael Hernández Colón del Partido Popular Democrático (PPD). Al restablecerse el servicio eléctrico, Romero resultó vencedor por una mayoría tan exigua que ameritó un recuento, el cual fue aún más contencioso que la propia elección. Los relatos periodísticos de maletines con papeletas desaparecidos en las peores circunstancias coparon la atención de un país en vilo en espera de lo peor. A partir de aquel suceso, nunca más Romero ni el PNP pudieron zafarse de la duda generalizada de si el «sopetazo» eléctrico en la sede de la CEE fue o no un acto de sabotaje con intención de hacer fraude electoral. Esa misma duda, pero con otros sucesivos protagonistas, ha flotado sobre el PNP y la CEE, a partir de los procesos de primarias internas del PNP y las elecciones generales de los años 2016, 2020 y, las recientes del 2024, procesos que, cuando menos, han sido señalados por serias irregularidades, y en los que han resultado electos dos gobernadores y una gobernadora del PNP.
Además, este largo período de más de 12 años se ha caracterizado por el creciente control del funcionamiento y las decisiones en la CEE por el PNP, que ha nombrado los más recientes presidentes y presidentas alternas del organismo electoral, no por sus conocimientos y experiencia en dicha materia sino por su lealtad al partido y a sus funcionarios dentro del organismo electoral. Así, el PNP logró en 2020, y en medio de la pandemia del Covid 19, que el Senado le aprobara atropelladamente un nuevo Código Electoral, al que se opusieron los demás partidos representados en la CEE por haber sido excluidos e ignorados del proceso de análisis y discusión a fondo de la medida.
En los últimos tiempos, el caos, la improvisación y las decisiones tajantes y unilaterales son la norma en un organismo que se supone que procure y actúe con el consenso entre sus partes. Por eso, al sol de hoy, y un mes después de las elecciones del 5 de noviembre, el escrutinio va a paso de tortuga, y aún no se han cuadrado las actas de ningún precinto, municipio o escaño, ni se ha certificado la elección de ningún candidato o candidata. La presidenta alterna de la CEE, la jueza Jessika Padilla, que ni siquiera preside en propiedad el organismo, es la ficha más reciente usada por el PNP como «chivo expiatorio» del caos y la turbulencia provocados por ellos, con la intención de manipular el manejo del escrutinio para tratar de ampliar su mayoría legislativa y recuperar algunas de las alcaldías que perdieron el día de la elección.
Mientras tanto, el vacío que dejan la falta de liderazgo e información desde la CEE, se llena de especulación, medias verdades y desinformación, que cunden en los medios de prensa y exacerban las dudas y el ánimo de la ciudadanía. En entrevista con CLARIDAD, Roberto Iván Aponte Berrios, comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) ha señalado algunos de los principales obstáculos que confronta el proceso de escrutinio, el cual él describe como peor aún en esta ocasión que en el 2020, cuando se aprobó el nuevo Código Electoral. Entre otros problemas, Aponte Berrios señala las violaciones continuas a los reglamentos y manuales que rigen el escrutinio. «En muchas ocasiones se cambian las reglas a mitad del camino», señaló. Esto, a su vez, añade confusión y retrasa el proceso, además de crear conflictos y malestar entre los oficiales y observadores de los demás partidos y en los voluntarios que están contando los votos. Aponte también manifestó sus dudas de que, a la luz del atraso en que se encuentra, se pueda concluir el escrutinio para el 20 o 22 de diciembre, que es la fecha que se ha anunciado.
Devolver la disciplina, el balance de poder, la participación equitativa y el profesionalismo al proceso electoral es tarea urgente del pueblo puertorriqueño. No puede avanzar nuestro país en sus objetivos sociales y económicos con un sistema electoral minado por el partidismo malsano, la incompetencia, la sombra del fraude, la incertidumbre y la desconfianza. El proceso eleccionario culminó el 5 de noviembre y sus resultados finales, verificados por un escrutinio serio y el correspondiente cuadre de actas, deben ser ratificados y compartidos abiertamente y sin más dilación, sea cual sea la voluntad del electorado expresada en sus votos. Nada más pero nada menos necesita y merece nuestro país. No hay excusas para continuar este juego de incertidumbre con el escrutinio general en la CEE.
