Tras siete años de lucha contra la instalación indiscriminada de antenas de comunicaciones, el Frente de Comunidades Contra la Proliferación de Antenas (CFPA) llevó a cabo una manifestación por medio de una vista pública en la plazoleta del Capitolio para exigir que se derogue la Ley 89 del 2000 que regula la instalación de estas torres y se redacte una atemperada a los tiempos.
El portavoz del Frente, Wilson Rivera Ramos –en entrevista con este medio– denunció que las comunidades llevan siete años luchando y han llegado a la conclusión de que la Ley 89 del 2000 ya caducó por lo que hay que atemperarla a estos tiempos especialmente después del huracán María. La celebración de una vista pública citada por el Frente expuso Rivera Ramos respondió, a que desde el 20 de febrero de 2018 radicaron un proyecto de ley PC 1414, en la Cámara de Representantes y el PS 824, en el Senado para derogar la actual ley y redactar una nueva. Los proyectos fueron presentados por petición por los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Dennis Márquez Lebrón, en la Cámara y Juan Dalmau Ramírez, en el Senado.
En ambos cuerpos los proyectos se encuentran engavetados. Rivera Ramos reveló que el proyecto de la Cámara fue referido a la Comisión de Desarrollo y Comunicaciones, que preside el representante Víctor Parés, y luego de una primera reunión en la cual se les dijo que se les “avisaría”, tras visitas cada dos semanas a la oficina del legislador pasó la sesión y el proyecto no se vio.
El portavoz del Frente agregó que la Ley 89 está a favor de los grandes intereses, las empresas y no toma en consideración la necesidad real de las comunidades pobres. Como evidencia detalló que el 88.7% de las torres están ubicadas en comunidades pobres. El hecho –dijo– está fundamentado en el mapa gráfico de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT), el cual denunció no esta ni siquiera al día, es un mapa del 2006.
“La ley nos da en la cara porque es difícil por el poco acceso a la justicia que hay para la gente pobre, se necesita un abogado, por otro lado es carísimo buscar un abogado que nos atienda estos casos. Por ejemplo de lo oneroso en el caso de la comunidad Altosano–Sonador, de San Sebastián que llegó al Tribunal Supremo se gastaron alrededor de 50 mil y se pudieron pagar porque el alcalde absolvió 30 mil”, declaró Rivera Ramos. Otro ejemplo dijo, es el de la comunidad Coabey, en Jayuya que ya va por 30 mil y no ha podido llegar al TS porque es la comunidad la que lo está costeando.
“Como vimos eso entendemos que lo mejor que hay que hacer es buscar la manera de enmendar o derogar la ley a una que sirva a los ciudadanos porque la ley de ahora que se redactó en el 2000 con los representantes de las empresas y sin consulta a la gente pobre es obvio que esta sesgada”.
En la vista que efectuó el Frente comunitario, en la plazoleta del Capitolio, hace unos días presentaron ponencias; un miembro del Colegio de Médicos Cirujanos, una geriatra, la sicóloga clínica Alba Nydia Rivera, profesores de la Clínica de Derecho Ambiental (CDA), de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y una miembra de la Federación de Maestros (FMPR). El activista defendió que las ponencias fueron unas bien trabajadas, profesionales como si se estuviesen presentando ante una comisión legislativa. De pasó también anotó que se les curso invitación a todos los legisladores, pero sólo se presentaron los del PIP. Participaron además representantes de una comunidad de Juan Díaz, Guánica y Gurabo.
El portavoz del Frente señaló, que el paso de María, les ha dado la razón ya que según la directora de la JRT, Sandra Torres, sus propias cifras dice que se cayeron 300 torres con el huracán. “Nosotros veníamos denunciando que esas torres se podían caer muy fácilmente si venía algún fenómeno atmosférico porque en mucho de esos casos no se hacen estudios de suelo, estamos hablando que son torres de 190, 150 pies y al ella decir eso, en muchos lugares el suelo no era el mejor lugar para ponerlas”. Atribuyó que después del huracán las empresas siguen tratando de poner torres cerca de comunidades.
En un ejemplo que expresó demuestra que la ley “no tiene las garras para defender a la gente pobre”, según narró es el caso de una comunidad en Gurabo, a la cual el TS le falló a su favor, la empresa entonces acudió a la Oficina General de Permisos (OGP) y la agencia le aprobó unos planes nuevos sin llevar el proceso que establece la ley. OGP le permitió a la compañía bajar a la torre de 190 pies, a 180.
“Eso es una burla al ciudadano que va por todos los canales va a OGP, va a Primera Instancia va al Apelativo, llega al Supremo buscando una justicia y después que se falla a favor nos dicen que no, como que es una encerrona”, manifestó.
En la ley actual la distancia entre la torre de antenas y la residencia más próxima es la medida de la altura de la torre más el diez por ciento. Pese a lo que dice la ley, denunció el Frente hay empresas que están construyendo torres a menos de cincuenta metros de zonas residenciales. “Nosotros desde las comunidades proponemos que esa distancia sea de por lo menos quinientos metros”, dijo.
Una de las preocupaciones que atiende el proyecto de ley es la de la falta de notificación adecuada a los colindantes de estas construcciones. Rivera Ramos describió que ahora de la noche a la mañana las compañías montan una torre frente a tu casa que deprecia el valor de la propiedad, sin notificación alguna y sin rótulo de presentación para que la persona no sepa la naturaleza de la obra de construcción, sin consulta alguna a los vecinos. “Por eso estamos reclamando una verdadera participación ciudadana en la toma de decisiones a la hora de otorgar los permisos. Proponemos que se apruebe una vista pública compulsoria con participación de las comunidades donde pretendan ubicarse estas torres antes de otorgar cualquier permiso, así como una mayor injerencia de los municipios en los procesos legales y de permisología”.
Otro aspecto del cual dijo no se habla es la contradicción de permitir antenas cerca de gasolineras, eso ocurre en Juana Díaz, en donde hay una torre al lado de una gasolinera sin embargo, en la gasolinera hay un aviso de que no se puede hablar por celular. Rivera Ramos expuso que en Europa este campo esta bastante regulado y en Estados Unidos no se permite una torre a menos de 300 metros de distancia y aquí lo menos que le exigen son 100 metros, por lo que reiteró que hay que atemperar la ley a la realidad que vive el país.
Un dato que se expone en el proyecto de ley radicado es que una de las disposiciones de la Ley 89, sobre el concepto de co–ubicación, es que las torres que se iban a establecer mediante la ley fueran utilizadas por varias compañías de telecomunicaciones para evitar la proliferación de torres con la misma área de cobertura para cada compañía. Pero el hecho en la actualidad es que hay más de 2,000 torres de telecomunicaciones construídas, “esa voluntad expresada por la Asamblea Legislativa en la Ley 89 se ha convertido en académica haciendo necesario un cambio en la legislación vigente.
El proyecto denuncia que OGP en su práctica de aprobar permisos “fast–track”, ha obviado el concepto de “co–ubicación” otorgando permisos a todo lo largo y ancho de nuestra Isla y que ha aprobado permisos violentando el concepto de co–ubicación establecido en la ley y obviando su función ministerial de velar porque se cumpla.
En tanto Rivera Ramos expresó a CLARIDAD que son 12 las comunidades que integran el Frente y las 12 tienen paralizados los proyectos. “Hemos visto que cuando se lucha en las comunidades se triunfa, donde no se ha luchado están funcionando las torres”.
