Por Vanessa Vilches Norat / Especial para En Rojo
Quizás, la escena más ominosa de Snowden, la película de Oliver Stone (2016) que narra la historia del consultor tecnológico de la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU, es cuando el protagonista acerca su cara a la pantalla de su computadora y se queda mirando la cámara. La luz verde del diminuto círculo está prendida y su expresión de sorpresa confirma la conciencia de que lo están grabando. Edward evidencia, en la película, que aun él, empleado de la NSA en programas de recopilación clandestina de información en ese momento, ha naturalizado los usos de la tecnología en su cotidianidad. El resto de la historia lo conocemos: Edward Snowden decide hacer público en los periódicos The Guardian y The Washington Post documentos confidenciales sobre varios programas de vigilancia masiva de la NSA, como PRISM y XKeyscore, lo que le costará la acusación de espía de los EEUU.
Dudo mucho que ese experto computacional que es Edward Snowden haya sido inconsciente de los usos estatales de la tecnología. Parece más bien que la escena que refiero la utilizó Stone para dramatizar el empleo de la Internet, particularmente las prácticas de vigilancia del Estado. Recuerdo que entonces, azotada por la angustia, una vez llegué del cine, corrí a tapar con una curita la cámara de mi computadora.
Hay quienes prefieren situarse en este debate desde el descuido de los internautas y argumentan que es irresponsable quien no entienda la expectativa razonable de intimidad de los nuevos medios de comunicación. Así despachan la obligación del Estado de proteger los derechos civiles y constitucionales de sus ciudadanos y responsabilizan al usuario de las redes por la exposición de su intimidad. La culpa la tiene usted por usar Facebook, señalan, amparados en la lógica neoliberal del consumo, pues usted tendría la opción de no usar las redes si así lo quisiera. Como si en este momento histórico pudiésemos eludir las redes de comunicación, como si se pudiese participar parcialmente en la Internet.
La noticia de que el Departamento de Justicia registró las cuentas de tres medios periodísticos estudiantiles, Diálogo, Pulso Estudiantil y Centro de Comunicación Estudiantil demuestra la vulnerabilidad de los ciudadanos y los estudiantes puertorriqueños ante los procesos de vigilancia estatal. No basta una curita, los tiempos del carpeteo no han concluido. Ahora la recopilación es de información almacenada electrónicamente. Como parte de un pleito judicial contra estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, el 5 de mayo de 2017 el juez Rafael Jiménez expidió la orden Judicial solicitada por el fiscal Eugenio Martínez Rodríguez de la Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos del Departamento de Justicia para que la compañía Facebook entregara toda la información en las cuentas de las tres organizaciones de prensa estudiantil para el periodo entre el 26 y el 28 de abril de 2017. Facebook entregó miles de documentos de sus usuarios con una facilidad pasmosa; los datos son mercancía, recordemos. Estamos hablando de toda la información de las cuentas de los medios, de sus suscriptores y de los miles de usuarios que siguieron a los tres medios de comunicación durante ese periodo. Lo que incluye direcciones de facturación, registro de facturas y pagos, números de teléfono, comentarios y conversaciones del chat, además de información variada sin relación alguna con la investigación que lleva a cabo el Departamento de Justicia.
Como si fuera poco, ni Facebook ni el Departamento de Justicia de Puerto Rico notificaron a los medios periodísticos la solicitud ni la expedición de la orden de allanamiento y registro como corresponde. Denis Márquez Lebrón, representante por acumulación del PIP, que lleva varios años denunciando la vigilancia de estado y el esquema de persecución policial a la disidencia política, alertó a los miembros de Pulso Estudiantil. De hecho, Márquez Lebrón propuso la Resolución Conjunta 1545 para ordenar a la Comisión Cameral de Seguridad que investigue dichas políticas y prácticas de vigilancia.
Las implicaciones de estas políticas de Estado son terribles para los medios de comunicación, los estudiantes y los ciudadanos. Si se entiende que, en aras de investigar posibles crímenes, el Estado tiene derecho a toda la información que aparece en las redes, sin importar la crasa violación de los derechos constitucionales de libre expresión, libertad de prensa, derecho a la intimidad y a la privacidad de la comunicación, el poder del Estado sobre la vida de los ciudadanos es atroz. Más que investigar hechos relacionados con “posibles crímenes”, estos mecanismos de recopilación de información parecen querer limitar y coaptar la participación ciudadana. No hablemos del interés de amedrentar y perseguir a los estudiantes, particularmente aquellos que trabajan en los medios noticiosos estudiantiles, llamados a investigar, informar y fiscalizar las medidas y acciones del gobierno.
Irónicamente, las redes sociales fueron fundamentales en las jornadas #RickyRenuncia. El internet fue el soporte material que en gran medida permitió movilizar y organizar las manifestaciones multitudinarias de indignación del país ante los abusos del poder político y gubernamental. Como demostró el verano 2019, los perseguidos por el Estado son muy capaces de rebasar sus mecanismos de vigilancia, control y represión. La generación del #yonomedejo hará viral la noticia del carpeteo virtual, que no se tenga duda.
