La colaboración atenderá a personas indistintamente de su estatus migratorio
En un esfuerzo conjunto por garantizar servicios de salud para personas migrantes que residen en Puerto Rico, el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) anunciaron el 19 de febrero, seis iniciativas distintas que apoyarán a este sector, recientemente sometido por el gobierno federal a redadas policiales.
Acompañado por un panel de ambas organizaciones, el presidente del CMCPR, Carlos Díaz Vélez, reiteró su postura de una “política de puertas abiertas” que asegure el acceso a asistencia y facilidades médicas para personas con cualquier estatus migratorio, sin la intervención de autoridades fronterizas.
“Ante las redadas que han condenado al encierro a miles de inmigrantes y, ante la ausencia de muchos a citas programadas en la búsqueda de tratamiento, el Colegio ha convocado a sus miembros a defender el derecho a la salud. Los esfuerzos de esta alianza se dan en un clima de temor”, reza el comunicado oficial del CMCPR.
Asimismo, la colaboración también incluye a la Sociedad Americana Contra el Cáncer, el Senado Médico de Puerto Rico y el Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico. De acuerdo con Díaz Vélez, esta cooperación amplia está abierta a otras organizaciones de salud.
Las iniciativas que liderará el CMCPR incluyen:
- Utilización de telemedicina para darle seguimiento a pacientes que teman acudir a sus citas presencialmente.
- Organización de turnos para brindar orientación vía telefónica.
- Organización de visitas médicas en donde residen o están los inmigrantes y sus familias.
- Preparación y difusión de material educativo para pacientes y profesionales de la salud sobre sus derechos.
- La declaración, a nivel federal, de oficinas médicas, dentales, laboratorios y farmacias como lugares exentos de operativos e intervenciones. Asimismo, que se prohíba recopilar información médica y personal del expediente del paciente para conseguir su detención. Esta iniciativa sigue en etapa de gestión, y fue remitida a la funcionaria de Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en Puerto Rico, Rebeca González.
- La preparación de talleres con la ACLU para que especialistas en derecho apoyen a los médicos colegiados, su personal de oficina y a otros profesionales, comunidades y organizaciones.
“Nuestra forma de pensar, como institución de Colegio de Médicos Cirujanos, es no discriminar por nada ni nada. Ni por raza, ni lugar, ni religión, ni colores, ni política ni nada económico. Aquí, en el Colegio de Médicos, trabajamos por la salud de todos nosotros. Todos somos pacientes”, consignó el presidente del gremio.
Por su parte, el licenciado Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU, aseveró que el acceso a la salud es un derecho constitucional, por lo que debe considerarse un servicio inalterable. No obstante, el abogado destacó los “tiempos difíciles y de totalitarismo” que atraviesan Estados Unidos (EEUU) y Puerto Rico desde que comenzó la presidencia de Donald Trump.
“A esos efectos, nosotros tenemos el deber y la obligación de prepararnos, no solamente para atender a una población vulnerable, necesitada, sino para aprender a protegernos para poder seguir ayudando”, acotó el Licenciado.
Como parte de esas “protecciones”, Arraiza Navas informó sobre los próximos talleres de la ACLU para adiestrar a quienes brinden servicios a la comunidad migrante. A juicio suyo, quienes ayudan a estas personas están expuestos a ser víctimas de señalamientos, persecución y chantaje.
“Son más de noventa órdenes ejecutivas… todas dirigidas a afectar a la comunidad inmigrantes y a todo aquello que la administración entiende que no cumple con una tradición y unos falsos valores que ellos representan. Nosotros levantamos la voz para que no caigamos en la trampa del discrimen, el rechazo y tratemos de solidarizarnos con estos sectores”, exhortó Arraiza Navas.
Igualmente, ambas entidades manifestaron su apoyo por el Proyecto de la Cámara (PC) 331, que precisamente pretende crear una serie de salvaguardas y protecciones para la comunidad migrante. Acogida, a petición de la ACLU, por la delegación cameral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), la medida sometida excluiría a “lugares considerados como sensibles por su importancia en el ejercicio de derechos fundamentales”, como son los hospitales, de la lista de sitios intervenidos por agencias federales.
“El llamado inmediato a toda la comunidad médica, y a toda la profesional, es que ningún agente del orden público, ya sea de ICE, del FBI, la DEA o de las autoridades locales tiene la autoridad de entrar en ningún establecimiento donde se den servicios médicos para requerir información de un paciente, a menos que tenga una orden firmada por un juez”, advirtió el abogado.
Durante la mayoría de sus intervenciones policiales, agregó Arraiza Navas, el gobierno federal ha estado motivado por un “perfil racial”, acatando redadas sin las debidas órdenes judiciales. El temor que ha provocado esta política pública lastra efectos serios en los pacientes de, por ejemplo, la comunidad dominicana en Puerto Rico.
Según el presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos (CDDDHH), José Rodríguez, las recientes intervenciones han infundido una reticencia general a la hora de conseguir servicios médicos. Hay personas enclaustradas en sus hogares, temiendo a darle seguimiento a un embarazo, a diagnosticar un dolor.
“Hay crisis de salud mental también. Hay personas en crisis que me han hablado hasta del suicidio. Se está viviendo una situación inhumana a la que nos ha acorralado el sistema, y la gobernadora, que buscó el voto de la comunidad, dijo en España que los dominicanos- en vez de decir migrantes- no iban a ser intervenidos, lo cual no fue cierto”, denunció el líder comunitario.
Además, Rodríguez alertó de los riesgos salubristas que, con el pretexto de la migración, causarían la denegación de servicios médicos. Con el ejemplo sencillo del tren o la guagua pública, el portavoz dominicano ejemplarizó que, si se desatiende un caso por razones políticas, puede convertirse en un problema epidemiológico.
El panel de médicos y abogados también integró a: el doctor Ismael Mercado Rivera, presidente del CMCPR distrito de Bayamón; el doctor Zoilo López Nieves; el doctor Víctor Arocho Martínez, presidente del Senado Médico y otros profesionales más que se dieron cita en la sede del CMCPR.
Sobre el PC 331, Díaz Vélez aseguró que, además de fungir como una legislación esencial para la protección de la comunidad migrante, tiene el apoyo bipartita de representantes como Héctor Ferrer Santiago (PPD) y Adriana Gutiérrez Colón (PIP).
