Entrevista Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de ACLU Puerto Rico
CLARIDAD
A un año de ocupar la dirección ejecutiva de la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, en inglés), capítulo de Puerto Rico, la licenciada Annette Martínez Orabona aseguró que esta segunda presidencia de Donald Trump representa uno de los periodos más nefastos en términos civiles y humanos, no solo para Estados Unidos, la comunidad latina, migrantes y las minorías, sino también para los territorios ocupados, como Puerto Rico y Latinoamericana.
“Tengo que decir que me siento muy bien en donde estoy porque me parece que estoy en una de las organizaciones más verticales en cuestión de los derechos civiles y los derechos humanos. La ACLU no se vende a ningún partido. Ha mantenido una voz bien consecuente en contra de políticas discriminatorias, no solo contra un sector, sino contra distintas poblaciones históricamente marginadas y racializadas. Para mí es un privilegio y un momento clave, como defensora de derechos humanos, el poder tener esta oportunidad de estar aquí en este momento”, expresó en entrevista con CLARIDAD, respecto a su primer año de gestión.
El momento no pudo ser más pertinente. Su dirección inició en agosto del 2024, en pleno periodo de campaña electoral. Repasó que ACLU asumió la tarea de la observación electoral, para lo que se preparó a un grupo de observadores, se logró una mayor amplitud en cuanto a la cantidad de colegios donde pudieron participar e hicieron unos instrumentos de análisis cualitativos y cuantitativos.
Indicó que incluso tuvieron que acudir varias veces al tribunal al ver unos patrones en el proceso electoral que no eran nuevos, que ya se habían denunciado en cuatrienios anteriores, como la insistencia en limitar la cantidad de personas que podían participar y limitaciones en la fecha de inscripción. Fueron irregularidades en el proceso que impidieron que muchas personas, en específico electores jóvenes, pudieran participar de los comicios.
La directora ejecutiva de ACLU señaló que el pasado proceso electoral en Puerto Rico nos debe llamar a la reflexión. “Creo que ese proceso electoral fue vergonzoso en ese sentido y en muchos en particular. Cuando uno ve una serie de acciones en el gobierno y de los oficiales que estaban en aquellos momentos a cargo de llevar a cabo el desarrollo del proceso electoral, el enfoque no estaba en facilitar que la mayor cantidad de personas pudieran participar, sino todo lo contrario: las limitaciones, las cortapisas, la insistencia de cortar los tiempos de inscripción, los cierre de las JIP”.
ACLU Puerto Rico es parte de la oficina central de Nueva York, lo cual les proporciona ventajas, porque trabajan mano a mano con los proyectos y litigios de la Oficina Central. Esto le facilita el estar bien ligados al trabajo en contra de las políticas de Trump, indicó Martinez Orabona.
Aunque trabajan distintos temas, en Puerto Rico, la ACLU ha asumido una voz fuerte entre otras organizaciones sobre la situación de los migrantes. Martínez Orabona señaló que una preocupación que se tiene en el aspecto procesal en la situación migratoria es la participación de la Policía de Puerto Rico (PPR). Denunció que el Gobierno ha negado que eso esté pasando, pero ACLU y la ciudadanía han denunciado que la Policía Estatal sí colabora de distintas maneras. Agregó que también le preocupa la colaboración de la Policía la Municipal, lo que quedó claro en el caso de la mujer arrestada en Cabo Rojo.
La defensora de los derechos civiles y humanos reclamó que en Puerto Rico la migración no había sido un problema y que ahora se quiere imponer este tipo de intervención policial, igual que en Estados Unidos. “Los puertorriqueños, en general, somos multiculturales. Hay mucha presencia migrante en Puerto Rico, eso ha sido así históricamente”. Fue enfática al denunciar que han visto a la Policía Municipal, así como la Estatal, haciendo intervención directa y citando a personas de manera engañosa al cuartel para entregarlas a un agente del ICE, facilitando el cierre de calles y cerrando perímetros para cuando lleguen los agentes federales.
Los municipios santuarios
Una forma de atender a la comunidad migrante es la declaración de Municipios Santuarios. Sobre qué tan fuerte puede ser esa legislación explicó que el enfoque es precisamente evitar que los recursos locales o estatales, ya sea la Policía, no sean utilizados para cumplir con las funciones que no le competen al gobierno local.
Continuó aclarando que la ordenanza municipal lo que implica es que el municipio no va a cooperar con el Gobierno federal para identificar y detener personas solo por su estatus migratorio; no va a facilitar información confidencial que pueda identificar a las persona, como hizo CESCO, con las licencias de conducir. Otra parte de la ordenanza es que el municipio se compromete a adoptar medidas que ayuden a familias que sean afectadas por detención migratoria. Por ejemplo, una madre que tenga niños a su cargo y sea detenida, su familia puede acudir al municipio a buscar ayuda u orientación, incluso sobre temas migratorios.
Recientemente, ACLU presentó ante la Cámara de Representantes el Proyecto PC 331, el cual tiene el apoyo de los legisladores del PIP y del PPD para que el Gobierno de Puerto Rico establezca una política pública que provea espacios a los que puedan acudir las personas migrantes, como hospitales, escuelas, agencias de gobierno, iglesias y otros, informó.
La violencia policîaca
La directora ejecutiva confirmó que los casos de violencia y abuso policial continúan siendo los casos más activos en ACLU. Fue precisamente una investigación de la organización sobre la conducta y proceder de la PPR lo que dio paso a la llamada Reforma, bajo la supervisión del Departamento de Justicia de EE. UU. A la pregunta de cómo observa el proceso, si ve que no hay voluntad de ninguna de las partes por mejorar y si ha visto un cambio de actitud con la nueva administración, reconoció que al inicio de la reforma se dieron algunos avances importantes. Precisó que, en el inicio, uno de los aspectos críticos que se logró identificar fue la ausencia de protocolos, de guías, de programas de capacitación para sus miembros, que eran necesarios, y se desarrollaron unos reglamentos del uso de la fuerza.
“El problema no está ya necesariamente ahí, sino en la falta de capacidad o falta de voluntad de la Policía y Gobierno para cumplir con esos procesos. Otro de los problemas que tenemos es la falta de transparencia en los procesos. Las investigaciones, cuando hay oficiales de la Policía envueltos, son investigaciones que se mantienen en un nivel de confidencialidad, que resulta muy difícil evaluar cómo se dieron, si fueron realmente objetivos esas investigaciones internas”.
Agregó que la falta de respeto a los procesos de nombramiento, el que no se sigan criterios objetivos de capacidades y de experiencia profesional o preparación profesional y la partidocracia es parte de los problemas presentes en la Policía.
“Los abusos policíacos continúan, lo estamos viendo. Y otras organizaciones han logrado identificar con instrumentos de evaluación —como Kilómetro Cero, con la que trabajamos de cerca— patrones de abuso que evidencia que hay unos sectores que siguen siendo blanco de abuso policial: los sectores más marginados. Pero también la “falta de atención adecuada a casos críticos, de intervenciones con personas en crisis emocional”, añadió.
La directora ejecutiva de ACLU Puerto Rico destacó que estudia con la comunidad LGBTTQI+ la posibilidad de presentar una acción judicial contra el proyecto, firmado ya por la gobernadora, de la mal llamada ‘libertad religiosa’. “Sabemos que el resultado directo es afectar a esta comunidad de una manera por completo inconstitucional e ilegal”.
Resaltó que respecto a la legislación de Estados Unidos que afecta los derechos de las personas, en el caso de Puerto Rico, nos afecta más porque el Gobierno lo permite, no porque tenga que ser así. “Esa es una de las preocupaciones desde que llegamos. El Gobierno de Puerto Rico tiene una obligación independiente de velar por los derechos de nuestra gente. Cuando hablo de nuestra gente, no hablo solo de los y las puertorriqueñas, sino de todas las personas que residen en este archipiélago, y nuestro Gobierno tiene obligaciones internacionales. Hay unas protecciones de derechos humanos que van más allá de los que puede establecer la Constitución del ELA o federal, que exige que se dé un trato digno y justo. El problema que tenemos es que bajo el Gobierno actual no vemos que haya, no solo voluntad política, sino la realización del cumplimiento de un deber propio en Puerto Rico de proteger a nuestra gente”.
Martínez Orabona manifestó preocupación por lo que señaló como una ausencia de Gobierno local, que cada vez se federaliza de manera directa, indirecta o tácita por la faltad de acción local.
“Con eso quiero decir que el Gobierno federal está sentando la pauta y está gobernando, no solamente a través de la Junta de Control Fiscal, que ya en sí misma es la acción más violenta en términos democráticos, sino que los oficiales del Gobierno local han claudicado a la responsabilidad que asumieron al ser electos, incluso antes de que se les exija. Políticas retrogradas por parte de Trump, el Gobierno de Puerto Rico ha estado adoptando esa misma narrativa, es como una ausencia de gobernanza”. Dio como ejemplo el retiro del currículo (de perspectiva de género) y la eliminación de todas las protecciones para la población diversa, antes de que fuese exigido por el Gobierno federal.
Para la ACLU, todavía hay necesidad y espacio de que se reconozcan derechos, dado a que los derechos siempre están en evolución y que, como humanidad, en términos sociológicos, se establecen unas normas que no necesariamente responden a las normas del momento. Eso también responde a unos intereses políticos y de poder, concluyó.
