Me alegra mucho compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la lucha por la justicia reproductiva en nuestro país, y que sea junto a la querida y admirada compañera, Yanira Reyes Gil. Para la OPMT ha sido uno de los asuntos prioritarios durante nuestros más de cuarenta años de luchas y nos pareció urgente su discusión en estos momentos en que vivimos ataques agresivos a la capacidad que tenemos de expresar nuestra sexualidad e identidad de género, así como a ejercer libremente la capacidad reproductiva que nos caracteriza. Agradecemos a Claridad que nos brindara el espacio para esta discusión que espero tenga continuidad en nuestros análisis y activismo político.
La justicia reproductiva es una agenda que debe estar presente en las luchas por una sociedad puertorriqueña más democrática y libre. Aunque esta agenda debe referirse a los sectores más diversos- personas jóvenes, de mayor edad, hombres, personas no binarias y trans, por mencionar algunos -en esta presentación concentraremos en las mujeres en todas sus interseccionalidades, su capacidad reproductiva y su fecundiddad, que hoy reconocemos que incluyen a otras personas gestantes.
Es importante señalar que la desigualdad de género y el control de los cuerpos y la capacidad reproductiva de las mujeres se ha encontrado vinculada a las diferentes estructuras de poder y jerarquías en las diversas sociedades, con sus particulares objetivos demográficos. Como ejemplos con ecos en políticas presentes, las leyes de Comstock del siglo XIX en Estados Unidos prohibían el acceso al intercambio de información sobre anticonceptivos como un atentado a la moral. En realidad, también respondían al descenso de la natalidad de las mujeres blancas, las cuales eran consideradas las madres deseables para la continuidad de una nación que se definía por los sectores dominantes como de esa raza. Los regímenes fascistas, por su parte, glorificaban a las mujeres como reproductoras de la nación, de su fuerza militar y laboral, de manera que la reproducción aparecía impuesta como designio del Estado y como una obligación política.
En Puerto Rico, por otro lado, estamos más familiarizados con las políticas de control poblacional de mujeres de sectores empobrecidos y racializados, impulsadas en Estados Unidos y en países menos desarrollados, sobre todo desde mediados del siglo veinte. En nuestro país se argumentaba que el exceso poblacional era la causa de la pobreza, promoviendo como solución la reducción de los pobres y su natalidad, impuesta en muchos casos de manera desinformada y agresiva por sus promotores más fuertes.
Conocemos que de manera abierta y con el “dejar hacer” por parte del gobierno, entre los 1930s y 1970s, en nuestro país se permitió la experimentación con métodos anticonceptivos entre nuestras mujeres empobrecidas, sin información adecuada en cuanto a los riesgos a su salud; se promovió la esterilización femenina, que alcanzó más de una tercera parte de las mujeres en edades reproductivas a finales de ese periodo; e incluso se asumió una política de “mirar para el otro lado” con relación a la práctica del aborto, entonces prohibido. Ante los abusos de las prácticas más agresivas del control poblacional, se destacó la oposición de sectores católicos, independentistas, y católicos-independentistas, tanto en Puerto Rico como en foros a nivel internacional. Se denunciaba el control poblacional como una estrategia colonial genocida dirigida a eliminar la población y la nación puertorriqueña, y como una forma de negar la raíz de la pobreza en las estructuras de desigualdad y poder económico de dominación colonial, que hoy denunciamos también como racial. Se argumentaba, por otra parte, que se trataba de prácticas contrarias a la cultura puertorriqueña, mientras a las mujeres se les presentaba, sobre todo, como madres y víctimas de los promotores del control poblacional. En la oposición a la práctica y a la legalización del aborto, a éste también se le vinculaba al control poblacional y se esgrimían los mismos argumentos.
Faltaba en esta denuncia una visión más amplia y compleja desde la perspectiva de las mujeres. Para las mujeres, regular su fecundidad ha sido a través de la historia, una condición para ejercer la agencia y autonomía sobre sus vidas, dentro de las condiciones que han restringido sus decisiones reproductivas. En Puerto Rico, como en otros lugares, estas han acudido a métodos contraceptivos caseros y a abortos, en la medida que los han tenido accesibles y lo han considerado necesario. Ejercían estas prácticas aún antes de que hubiera métodos modernos y se legalizara de manera más abierta la terminación de embarazos. Así, sin negar los abusos en las gestiones de control poblacional, estudios sugieren que muchas mujeres recurrieron a estos servicios a partir de sus propias necesidades e intereses de reducir su fecundidad.
Tocó a las luchas feministas de la segunda oleada desde los 1960s y 1970s, reconocer la regulación de la fecundidad como esencial para la autonomía corporal, moral y personal de las mujeres; así como para ejercer su participación social, económica y política más equitativa, además de la posibilidad de criar una prole con mayor bienestar. Todas son condiciones requeridas para una sociedad más democrática. Desde la perspectiva de las necesidades de las mujeres, en Puerto Rico, desde los 1970s las feministas rechazaron el control poblacional y sus abusos, pero defendieron su derecho al control de la natalidad y al aborto como un derecho personal y humano. Para los 1990s, las feministas a nivel internacional habían logrado un cambio de paradigma en foros como Naciones Unidas, redefiniendo la salud y los derechos reproductivos como derechos humanos, más allá de meros objetivos demográficos.
Como parte de estas luchas feministas, el aborto por petición de la mujer se legalizó en nuestro país a partir de la decisión Roe v Wade de la Corte Suprema de Estados Unidos en 1973. Esta estableció un esquema en el cual el Estado podía considerar el interés de la vida potencial del feto sólo en el último trimestre de gestación. La decisión fue defendida en Puerto Rico por feministas, aunque expresaban que hubieran preferido que este derecho ocurriera por iniciativas políticas y judiciales propias en nuestro país. A pesar de que, entre sectores independentistas y grupos de abogados, entre otros, se cuestionaba la aplicación de la decisión a Puerto Rico, el Tribunal Federal de Estados Unidos en Puerto Rico la ratificó en 1974 en el caso Acevedo Montalvo v Hernández Colón. En la decisión de Pueblo v Duarte de 1980, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció la legalidad del aborto aquí en nuestra Isla bajo los criterios del derecho a la intimidad y de la protección de la vida y la salud de las mujeres definida en los términos más amplios. El aborto se legalizó así en Puerto Rico a través de todo el embarazo y sin descansar en la decisión de Roe v Wade.
A pesar de no haber impulsos al control poblacional tras los de los1970s, ni una política integral de salud reproductiva desde entonces, las mujeres en Puerto Rico han continuado el uso de la contracepción y de la esterilización femenina, de manera que la fecundidad ha tendido a la baja hasta el presente. Con el fortalecimiento de los regímenes republicanos, neoliberales y conservadores en Estados Unidos a partir de los 1980s, se redujeron en ese país diferentes tipos de servicios de salud y, bajo presión de los sectores conservadores más fundamentalistas, se desarticularon sobre todo servicios anticonceptivos por considerarlos vinculados al aborto. Fueron medidas que se siguieron como consecuencia en Puerto Rico. Aún así, la proporción de uso de anticonceptivos entre las puertorriqueñas se mantiene en 80% desde los 1970s y, de acuerdo a un estudio reciente, la esterilización aumentaba a alrededor de la mitad de las mujeres casadas o unidas en pareja en edad reproductiva para principios de esta década. Mientras, el promedio de nacimientos por mujer se reducía de menos de 3 en los 1980s a 2.1 en 1998 y desde entonces la tasa de nacimientos ha sido inferior al reemplazo de la población- que requeriría como promedio 2 hijos/as por mujer. Descendía ya a menos de 1 por mujer durante los pasados tres años (0.9, 2021-2024).
Junto a la reducción de la fecundidad y de los nacimientos a través de las pasadas décadas, la mortalidad de una población ya envejeciente, y nuevas oleadas de emigración masiva, sobre todo tras el Huracán María en 2017, han resultado en un descenso en población, que se agudizó desde 2010 –de 3.7 a menos de 3.2 millones de personas. Irónicamente, en el periodo más reciente, es la reducción poblacional y la fecundidad bajo reemplazo lo que se presenta en análisis económicos, demográficos y sociales, como freno al bienestar y al desarrollo, e incluso como argumento en los discursos antiaborto.
Para comprender esta reducción de fecundidad tendríamos que referirla no sólo a la decisión de las mujeres en búsqueda de regular su capacidad reproductiva, sino a las condiciones en las que han ejercido esta opción. Que las mujeres hayan logrado acceder a regular su fecundidad y a abortos legales, no implica que hayan contado con plena libertad reproductiva. Las luchas por la justicia reproductiva han establecido que no se trata sólo de que las mujeres decidan si parir o no y cuándo hacerlo, sino de garantizar los espacios más amplios para tomar esa decisión, además de las condiciones más adecuadas para criar su prole.
Se necesita poseer la información adecuada sobre la sexualidad y la reproducción; se requiere tener la información y el acceso a los métodos más adecuados, eficaces y seguros para la salud para regular la fecundidad, incluido el aborto; así como el trato médico eficiente y respetuoso durante el embarazo, el parto y posterior a este, entre otras, como el tratamiento para la infertilidad. Pero, además, deben existir las condiciones de salud, materiales, económicas, sociales, culturales y de equidad de género necesarias en las cuales asumir la crianza de manera digna. Ello incluye el compartir la responsabilidad de la natalidad con los hombres y la redistribución de los trabajos de cuidados tanto con los hombres, como con las instituciones sociales.
En este sentido, las decisiones reproductivas de las mujeres se encuentran condicionadas por su acceso a oportunidades y recursos que establecen las estructuras políticas, sociales, económicas y de género. Y tenemos que reconocer que las mujeres de menos recursos aún cuentan con espacios más limitados para tomar sus decisiones. Esto significa que poseen menos educación sexual, tiene menos facilidad de acceso a mayor diversidad de métodos de regulación de su fecundidad, menos espaciamiento de prole, menos opciones de vida más allá de la maternidad y condiciones menos adecuadas para la crianza.
Destacamos aquí por ello que, al presente, la crisis del capitalismo neoliberal ha minado las condiciones de vida de la población, sobre todo de los sectores de menos recursos, y ha creado una crisis de cuidados que dificulta aún más el tener más hijos e hijas. No es preciso recordarles que, intensificada por nuestra condición colonial, en Puerto Rico nos enfrentamos a una estructura económica y social que propende a la expulsión: con empleos y salarios insuficientes, incremento en el costo de vida, reducción de protecciones y bienestar social- servicios de salud inaccesibles, recortes en educación, escasez de vivienda-; mientras se promueven enclaves de vivienda y turismo de lujo. Se trata de un sistema dirigido a la apropiación de terrenos, recursos y riquezas por una minoría, sin considerar el deterioro de la vida de la mayoría de la población y la degradación ambiental. Son condiciones que propenden al conflicto familiar y de pareja, al incremento en jefatura de familia femenina, a la desigualdad, la pobreza, la violencia y la criminalidad.
Se trata así de un contexto de precariedad que mina la posibilidad de los cuidados para la crianza, el bienestar de las familias y sus posibilidades de una vida de calidad. No es extraño, pues, que las mujeres opten por reducir su fecundidad. En la Encuesta de Salud Reproductiva más reciente, realizada en 1995-96, el número ideal de hijos/as por mujer era superior a 2, o sea, más elevado que el número promedio de hijos/as procreados, que, como mencionamos, no alcanzaba la cifra requerida para la reproducción de nuestra población. Se pone así en vilo nuestra posibilidad de reproducirnos, no sólo como sociedad, sino biológicamente.
Pero destacamos que el problema fundamental no es la baja poblacional, ni es una situación que se resuelve con promover la fecundidad entre las mujeres. Hacia donde tenemos que mirar es a esas estructuras de desigualdad y expulsión que dificultan el bienestar y la vida digna para la mayoría de la población. Consideramos que bajo políticas que promovieran esa calidad de vida para la mayoría sería posible establecer de manera democrática, de acuerdo a las necesidades y designios de la gente, el crecimiento económico deseado y sustentable, así como propiciar los procesos demográficos requeridos, sin imponer políticas poblacionales.
En lugar de estas transformaciones, sin embargo, como respuesta a las condiciones de crisis se ha fortalecido a nivel internacional una oleada de movimientos conservadores, dirigidos a restituir lo que aparece como un orden social resquebrajado. Ante los logros de las luchas feministas, parte importante de estos movimientos de derecha ha sido el intento de volver a instaurar un orden de género patriarcal, de dominación masculina, incluyendo el control de la capacidad reproductiva de las mujeres. Plantear que las definiciones de género son impuestas por la naturaleza, lo que incluye la negación de la vida de las personas transgénero, ha sido parte central de las visiones conservadoras y sus políticas más recientes. Y es que reforzar las definiciones de desigualdad de género y la subordinación femenina se alinea con los regímenes autoritarios, que valoran la imposición de políticas por la fuerza, y de un poder concentrado en líderes de carácter masculino (aunque sean mujeres), en detrimento de principios democráticos. La inseguridad de la crisis promueve el miedo a los cambios en las relaciones de género establecidas, y plantea como anclaje y refugio el retorno a la familia patriarcal, idealizada como ámbito de la sobrevivencia. Es una sobrevivencia que recae en el ámbito del hogar, privado, doméstico- con apoyos estatales y sociales cada vez más limitados- y que depende de la valoración de las mujeres como madres, responsabilizadas por ese cuido.
Con el argumento de la defensa de la vida del no nacido, la prohibición del aborto ha sido discurso central de estos sectores conservadores, con lo que refuerzan la visión de las mujeres como madres, restringidas a su rol como reproductoras y cuidadoras. Responsabilizadas, las mujeres, por la reducción de la fecundidad, se plantean también medidas pro-natalistas que pretenden volver a someterlas, y a su capacidad reproductiva, a las necesidades del Estado, en este caso de la economía que requiere más fuerza laboral y consumidores. Nuevamente se intenta atribuir a las mujeres y a su fecundidad los problemas de una estructura económica y política que genera precariedad y pobreza, y atribuir la forma de resolverlos a revertir los logros de sus luchas. La definición doméstica y maternal de las mujeres se constituye así en pilar de la defensa del sistema neoliberal autoritario, mientras la oposición a la equidad de género se une a los ataques a la “izquierda radical”, “los woke”, los “antifa”, o los “comunistas”.
Las luchas en contra del aborto se organizaron de manera militante poco después de su legalización. Los sectores conservadores en Estados Unidos atacaron violentamente a proveedores y clínicas que ofrecían el servicio y fueron logrando medidas y decisiones judiciales a nivel federal dirigidas a restringir ese derecho. Entre estas podemos mencionar la prohibición de usar fondos federales para su ejercicio desde 1977 y la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Webster v Reproductive Health Services en 1989, que permitió a los estados federados aprobar medidas restrictivas del ejercicio del derecho al aborto. En Puerto Rico, también vivimos ataques a las clínicas en los 1990s, con la resistencia de las feministas, clínicas y entidades defensoras de los derechos humanos, y con el rechazo de buena parte de la opinión pública.
También hubo en Puerto Rico intentos de legislar para regular o restringir el derecho al aborto. Ante la situación de ambivalencia entre las posturas públicas y las fuerzas conservadoras frente a las luchas feministas y la práctica del aborto por parte de las mujeres, hasta la pasada década en nuestro país, sin embargo, se evadía y se dejaba morir en la Legislatura toda discusión del tema, considerado tabú y controversial. Pero con el fortalecimiento de los sectores conservadores, en Estados Unidos, estos lograron la eliminación de Roe v Wade con la decisión del Tribunal Supremo norteamericano Dobbs v Jackson en 2022, aunque, como indicamos, en nuestro país permanece legal, por virtud de la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Pueblo v Duarte de 1980.
Los sectores conservadores también han fortalecido su peso político en nuestro país. Organizados en el partido Proyecto Dignidad, y apoyados por legisladores y legisladoras del Partido Nuevo Progresista (PNP), el Partido Popular Democrático (PPD) y el independiente Luis Raúl Torres, desde el cuatrienio pasado sometieron diversos proyectos dirigidos a restringir el derecho al aborto, aunque no lograron su aprobación. Líderes legislativos del Partido Independentista y el Partido Victoria Ciudadana respondieron sometiendo un proyecto que reconocía los derechos reproductivos y ratificaba el derecho al aborto, que tampoco logró aprobación.
En este cuatrienio, no obstante, el PNP ha asumido el liderato en promover la agenda de restringir los derechos reproductivos de las mujeres con el interés de atraer el voto de los sectores conservadores, y han logrado la aprobación de varios proyectos que limitan el derecho al aborto, pese a la oposición del Partido Independentista Puertorriqueño. Legislaciones aprobadas que reconocen personalidad jurídica al concebido no nacido o nasciturus, en cualquier momento de gestación, crean un clima de confusión en cuanto a la legalidad del aborto y a la protección del feto, que perjudica el trato médico, no sólo a las mujeres que desean terminar un embarazo, sino a las que desean parir y a todas aquellas en edad reproductiva, así como a las personas gestantes.
Aún así, podemos concluir, que, a pesar de estos intentos, la movilización conservadora no logrará revertir los cambios en las conciencias de las puertorriqueñas en reclamo de mayor autonomía y de que les corresponde el control sobre su capacidad reproductiva. Aún con prohibiciones y dificultades de acceso, las mujeres continuarán buscando los medios para controlar su fecundidad y para practicarse abortos en la medida que lo consideren necesario. La restricción del aborto no evitará que se practique, ni tampoco promoverá la natalidad. En todo caso hará a los abortos más inseguros e insalubres, sobre todo para las mujeres de menos recursos. El respeto y el derecho reconocido a las decisiones reproductivas de las mujeres y personas gestantes se mantiene como una condición para su salud, su vida y su participación más equitativa en nuestra sociedad y así lograr una democracia más profunda.
Mas la libertad y justicia reproductiva exigen, además, el crear las condiciones adecuadas de equidad de género y justicia social que les permitan a todas las mujeres y personas gestantes los espacios más amplios para decidir si desean parir y, cuándo parir y criar. Sin esta equidad de género y justicia social, las decisiones reproductivas se verán condicionadas por las oportunidades, necesidades y desigualdades a las que se enfrentan las diversas mujeres y personas gestantes en nuestra sociedad. Condiciones de desigualdad, precariedad y de presión social y económica dificultan que aquellas que lo deseen, decidan tener prole y puedan criar de la manera más adecuada.
La lucha por la equidad de género y la justicia social y reproductiva es la lucha por los derechos e inclusión de las mujeres y personas gestantes en toda nuestra diversidad y por una sociedad más democrática. El fortalecimiento de las definiciones de las mujeres principalmente como madres y el control de su capacidad reproductiva se presentan en estos momentos como un pilar de las políticas neoliberales y conservadoras que imponen la exclusión y la desigualdad social y que, en nuestro caso, se han vinculado a dinámicas políticas estadounidenses, además de las propias a nuestro país. La lucha por la equidad y la justicia reproductiva para las mujeres en toda su diversidad y para las personas gestantes se articula así con la oposición a la subordinación colonial y a las políticas neoliberales, así como contra políticas autoritarias conservadoras que pretenden restringir a las mujeres al rol de reproductoras y cuidadoras. Nuestro desafío es continuar promoviendo el reconocimiento de la articulación y las intersecciones de todas esas luchas y las alianzas necesarias para lograrla.
Ponencia presentada por la autora en la actividad del 30 de abril en CLARIDAD, Justicia reproductiva.
