CLARIDAD
A tres años de los huracanes Irma y María y de que el Departamento de la Vivienda (DV) recibiera $9.7 mil millones de fondos CDBG-DR, el Gobierno de Puerto Rico pretende no utilizar ese dinero para la recuperación de las familias y comunidades, sino dirigirlo a consolidar una economía basada en la inversión y la especulación sobre la tierra puertorriqueña.
Esta denuncia está contenida en el segundo informe Hacia una Recuperación Justa: La respuesta ante el desastre y el país posible, presentado a la prensa en días recientes por el equipo de trabajo legal de Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR).
Según el informe se supone que aproximadamente el 39% de los $9 mil millones debe destinarse directamente a la necesidad de vivienda segura, que se mantiene descubierta después del paso de los huracanes del 2017. Ayuda Legal hace la salvedad de que reconoce que hay una responsabilidad para con Puerto Rico por parte de Estados Unidos en la crisis. No obstante, atribuye al Gobierno de Puerto Rico la principal responsabilidad de la crisis, a tres años de María.
De acuerdo con el informe, los fondos CDBG-DR buscan promover la recuperación a largo plazo tras ocurrir desastres. Se supone que la asignación dada a Puerto Rico sea dirigida a programas de planificación, vivienda, infraestructura, desarrollo económico y otros. Estos fondos deben atender necesidades descubiertas de personas y familias sobrevivientes de los desastres mayores del 2017.
Sin embargo, aun cuando los huracanes Irma y María destruyeron 70 mil viviendas en la isla, el informe trae a la atención lo que describe como “la milagrosa desaparición de los toldos azules”. En mayo del pasado año el Departamento de la Vivienda decía que había 25 mil viviendas con toldos azules en la isla y ahora, en agosto del 2020 dice que hay 4,500. La realidad es que el Departamento solo ha construido un poco más de 100 casas.
La directora ejecutiva de Ayuda Legal, licenciada Ariadna Godreau-Aubert, describe sobre el DV el que no hay un plan claro, transparente y que se comunique a la gente, que el plan castiga a las personas sin título formal y cierra la puerta a la mitigación. Tampoco hay controles para los contratistas. Estima que el plan es uno para los desarrolladores e inversores.
El desastre por diseño del Departamento de la Vivienda, como lo describe Ayuda Legal, le exige a los afectados un título de propiedad, y pese a que el DV diseñó un llamado programa de Autorización de Título, este es uno muy complejo. Las familias sin título de propiedad, la única alternativa de vivienda que tienen es la relocalización. Lo mismo ocurre si la vivienda está en una zona inundable, aunque la reglamentación del uso de los fondos permite que se puedan hacer trabajos de mitigación.
Si la persona comenzó a reparar su vivienda sin los permisos gubernamentales, aunque la vivienda esté en el mismo lugar de siempre, y es elegible para asistencia, el DV exige demoler toda la vivienda y construir su casa modelo. No hay una vivienda temporera o de transición para quienes esperan una respuesta del R3, el Programa de Reconstrucción del DV.
El informe de ALPR expone que la Junta de Planificación estima que 252,813 estructuras están en áreas inundables. Este número refleja un aumento de sobre 90,000 estructuras en áreas que fueron designadas como inundables por lluvias o marejadas después del paso del huracán María. El Programa de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (PR3) del Departamento de la Vivienda describe el programa de reubicación como uno para proveer a las dueñas de “residencias afectadas significativamente, ubicadas en áreas de alto riesgo, la oportunidad de mudarse a un lugar más seguro”. Por tanto, advierte Ayuda Legal, se trata de una compra o buyout(compra apalancada) de la propiedad. Una vez compre la propiedad, el DV debe dedicarla a «espacios abiertos, recreativos o de inundación y charcas de retención”. Supuestamente, el espacio no puede ser desarrollado nuevamente.
Ayuda Legal denuncia que la compra de viviendas a través de PR3, además de fomentar el desplazamiento de personas y comunidades empobrecidas —aquellas con más recursos no serán desplazadas aún si están en zonas inundables—, crea otros problemas. Prevé que, por tratarse de una estrategia de compras individuales, al concluir el proceso, la agencia será dueña de cientos de pequeños lotes de terreno alrededor del archipiélago. Estos lotes no pueden ser desarrollados, por lo que quedan desocupados, creando un efecto de ajedrezado (checkerboarding) en la comunidad que permanece. Mal manejados, estos espacios se pueden convertir en estorbos, disminuir el valor de las estructuras aledaños, afectar las conexiones entre las residentes y fomentar que más personas abandonen la comunidad.
¿Quiénes serán los verdaderos beneficiados?
Mientras el DV le impone trabas y más a los puertorriqueños que perdieron sus viviendas, Ayuda Legal llama a la atención sobre la declaración del territorio de Puerto Rico como “Zonas de Oportunidad”.Este programa creado por la administración de Trump en el 2017, bajo el supuesto de incentivar la inversión privada a largo plazo en comunidades de bajos ingresos, en realidad ha resultado en desplazamientos masivos en otras jurisdicciones. En EE.UU., la ley establece que un máximo de 25% de la cantidad de comunidades de bajos ingresos de una jurisdicción sea designada como Zona de Oportunidad.
En el caso de Puerto Rico, señala ALPR, la legislación incluye una regla especial por la cual todas las comunidades de bajos ingresos pueden recibir esa designación. Expone que esto significa que las corporaciones e individuos interesados tendrán una inusitada flexibilidad al escoger el destino de sus inversiones. Bajo la clasificación de proyecto prioritario en Zona de Oportunidad, quienes interesen y puedan invertir en proyectos de construcción o rehabilitación para alquiler o venta disfrutarán de privilegios contributivos tanto a nivel federal como a nivel local a cambio de que «aporten a la comunidad».
De acuerdo con ALPR, lo que es la aportación está pobremente definido y no hay disposición alguna que obligue a los Fondos de Oportunidad o a inversionistas individuales probar que están beneficiando a la comunidad en la que se establecen. El beneficio comunitario puede consistir en una declaración no verificada del empresario asegurando que creará una cantidad indefinida de empleos, que embellecerá alguna sección olvidada de un pueblo o incluso que atraerá a individuos de mayor poder adquisitivo a un área económicamente deprimida. No se exige que los desarrollos de vivienda sean de interés social o de precios asequibles.
La declaración de Zona de Oportunidad viene al dedillo con la política del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico desde los años 90, consiste en delegar la construcción de vivienda pública y subsidiada al sector privado mediante las alianzas público privadas, incluyendo la administración de estas. El informe de Ayuda Legal precisa que en su Plan de Acción CDBG-DR, el DV asignó a este programa $413 millones, de los cuales ya concedió $18.1 a De Diego Village, $46 millones a José Gautier Benítez y $8 millones a San Blas Apartments.Vivienda considera financiar al menos otros tres proyectos de esta índole en San Juan (Sabana Village y Viewpoint at Roosevelt) y Humacao (Hogar Mediavilla Negrón II).
Ayuda Legal resalta que a este esquema de financiamiento combinado se suma la amplia oferta de incentivos contributivos dirigida a inversionistas extranjeros para que se establezcan en Puerto Rico, tales como las Leyes 20 y 22 (ahora contenidas en el Código de Incentivos Contributivos) y las Zonas de Oportunidad.
En fin, el informe de Ayuda Legal expone que al igual que el desempeño de las compañías privadas en la administración de residenciales públicos ha sido cuestionado, del mismo modo se han levantado dudas sobre la efectividad del uso de los fondos CDBG-DR cuando a casi tres años desde el huracán María solo se han entregado cien casas reparadas. De igual manera es cuestionable qué tan beneficioso es asignar fondos CDBG-DR a nuevos desarrollos de vivienda privada y qué garantías habrá de que continuarán siendo asequibles una vez expiren las restricciones impuestas por los incentivos. “En todos estos casos, aquellos factores como planificación, rendición de cuentas o participación han sido deficientes”.
Ayuda Legal reclama una recuperación justa para las miles de familias afectadas tanto por los huracanes como por los terremotos de inicios de este año. Entre las recomendaciones que presenta están: ampliar los mecanismos de participación de las comunidades en los que incluyan vistas públicas; incorporar definiciones claras de lo que son comunidades de bajos ingresos para evitar la especulación y que los potenciales beneficios contributivos se desvíen fuera de la comunidad; potenciar en cualquier andamiaje de incentivos protecciones al derecho de las comunidades a permanecer en sus espacios y preservar los tejidos sociales que les unen.
Este segundo informe,Hacia una Recuperación Justa, es producto de un encuentro facilitado por el equipo de ALPR, su directora ejecutiva, licenciada Godreau-Aubert, las licenciadas Paula Founier del Valle, Verónica González Rodríguez y Nicole Diaz González. En el encuentro participaron 200 ONG y grupos y comunidades de Puerto Rico, EE. UU. y el Caribe.
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