CLARIDAD
El más reciente acto de feminicidio cometido por un miembro retirado de la Policía de Puerto Rico, subraya la importancia de que dicho cuerpo garantice mecanismos para la rendición de cuentas, plantea la organización Kilómetro Cero (Km 0).
Ante la noticia de que el presidente del Frente Unido de Policías organizados (FUPO), Diego Figueroa Torres, asesinara a Iraida Hornedo Camacho (con quien mantenía una relación sentimental) y luego se suicidara, la Prensa se ha dedicado a exaltar los supuestos méritos del teniente retirado. Los hechos ocurrieron el fin de semana del 22 de octubre. En lo que va de año, según el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico, 59 mujeres han sido asesinadas. De estos asesinatos, 14 se clasifican como feminicidios íntimos.
Kilómetro Cero destacó la importancia que reviste el que la Policía y sus líderes gremiales, como parte central del sistema legal criminal que son, cuenten con mecanismos robustos y las salvaguardas necesarias de rendición de cuentas. De esta manera es que se puede garantizar que si un policía comete un abuso o un crimen, como lo es la violencia doméstica, no sea protegido por el sistema al que pertenece ni se le den ventajas por encima del resto de la ciudadanía.
Un aspecto relevante que trajo a la atención Km 0 es que en el caso de la violencia doméstica u otras violencias de género, el entrenamiento policial puede reforzar las tácticas de maltrato. “La capacitación especializada en investigación, vigilancia y uso de la fuerza acentúan las dinámicas de control en policías agresores, haciéndoles más peligrosos. Algunos de los abusos más comunes registrados en casos en donde el agresor es integrante de un cuerpo de la Policía son aplicar estrategias de poder y control a sus relaciones íntimas, pues el abuso no solo podría ser físico, sino también podría implicar aislamiento, interrogatorios, vigilancia, fabricación de casos y/o uso de armas. Todo eso incide en lograr que los casos no lleguen a término.”, afirmó Mari Mari Narváez.
De acuerdo con el observatorio ciudadano, desde el año 2018, el propio equipo del exmonitor de la Policía, Arnaldo Claudio, sugirió que había un problema de impunidad entre oficiales que son agresores de sus parejas mujeres. En el año 2017, por ejemplo, de 99 querellas por violencia doméstica contra policías estatales, ninguno de los casos resultó en convicción, mientras que el 14 % de las denuncias de violencia doméstica en la población general resultan en condenas, según estableció en su informe.
Otro dato relevante señalado es que dado a que los casos de feminicidios íntimos suelen tener un historial previo de violencia de género, en el año 2021 se presentaron 67 querellas de violencia de género contra policías. Esta cifra implica, en promedio, que en cada semana se presentaron una o dos querellas de violencia de género contra policías, solamente en la Uniformada estatal.
Para la directora ejecutiva de Km 0, Mari Mari Narváez, en el caso del feminicidio-suicidio perpetrado por el líder gremial de los policías, aunque este no era policía activo, es imperativo que se revele su expediente de querellas administrativas. Debido a que los feminicidios son la culminación de la violencia de género, esta violencia doméstica puede abordarse a tiempo si la institución toma medidas de rendición de cuentas; garantiza que los delitos y abusos de los agentes policiales tengan consecuencias legales, disciplinarias y económicas; erradica la cultura de impunidad y asume su responsabilidad.
“Independientemente de si Iraida Hornedo Camacho había presentado o no una querella en contra de Diego Figueroa, lo verdaderamente revelador es el expediente completo de esta persona dentro de la Policía. Si la agencia, cuando pudo, no actuó para que su historial violento tuviera consecuencias, de nada vale hoy la supuesta ‘sensibilidad’ con que prometen manejar este caso. Sabemos que su paso por la Policía fue en un momento en que no había ni el más mínimo mecanismo de rendición de cuentas. El problema es que esta persona siguió asumiendo liderato dentro de la Policía, en la opinión y hasta en la política pública del país por vía del gremio que dirigió y, lamentablemente, hoy día, tras cientos de millones de dólares invertidos en una supuesta reforma, tampoco hay mecanismos confiables y efectivos para combatir la impunidad”.
La directora ejecutiva de Kilómetro Cero recalcó que el manejo de los casos de violencia de género desde la Policía es un asunto urgente, y así lo saben las autoridades desde que se publicó una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. sobre la Policía de Puerto Rico. En aquel momento, uno de los más serios hallazgos era la forma como la Policía manejaba los casos de violencia doméstica y agresiones sexuales.
“Han pasado más de diez años desde la publicación de esa investigación y todavía tenemos una Policía machista, abusadora, patriarcal, que victimiza doblemente a las mujeres y protege sus delitos de violencia de género descansando sobre la certeza de que su poder no será trastocado.
No hay excusas. Hoy más que nunca hay que exigir trato digno, justo y confiable a las sobrevivientes de violencia de género; eficiencia en las investigaciones; rendición de cuentas; investigaciones administrativas y criminales independientes sobre toda conducta delictiva de parte de agentes a cargo de la seguridad pública; erradicación de la cultura de impunidad entre policías y supervisión estricta en la ejecución de políticas internas. La vida de miles de mujeres depende de ello todos los días”.
Lo que sucede a nivel social
Por otra parte, la analista del Observatorio de Equidad de Género, la doctora Debora Upegui-Hernández, expuso que a nivel social, en el país, definitivamente, estamos en medio de una crisis de salud mental, una crisis social, política y económica. “La gente está viviendo unas situaciones muy difíciles en su vida que generan niveles de estrés mucho mayores a los que estamos acostumbrados y eso se suma a situaciones con personas que puedan tener dificultades para manejar esos niveles de estrés, pues van haber detonantes que pueden generar este tipo de situaciones”.
La psicóloga social observó que al estar en una cultura machista, que avala que los hombres entienden que tienen control sobre la vida de las mujeres, vemos, por ejemplo, que una situación donde debería haber un suicidio, el hombre entiende que tiene el derecho de también tomar la vida de la persona de la que supuestamente entiende tenía el control y que debería responder positivamente a sus deseos.
“Creo que lo que no se está atendiendo a nivel social es las raíces de donde surgen estas situaciones, que son la iniquidad, la falta de acceso a servicios básicos. Estamos en medio después de un huracán, con gente que todavía está sin luz. Todas estas situaciones, aunque no se vivan personalmente, van generando niveles de ansiedad elevados”. La doctora recordó que incluso no hay servicios de salud accesibles ni se están viendo acciones desde el gobierno para atenderla.
Agregó que la violencia machista y violencia en general que vive el país es algo que va más allá de una educación con perspectiva de género. Para esta, la educación con perspectiva de género es un pilar necesario y que esa sería la primera parte del gobierno para atender el problema, porque eso ayudaría a evitar que las personas asuman una conducta machista y desarrollen violencia contra las mujeres. Pero que también hace falta hablar de la cultura de paz y trabajarla; que la violencia no es la manera de resolver conflictos, por lo que debe haber un repudio social a situaciones de violencia.
La doctora Upegui-Hernández señaló que hace falta generar estrategias desde el Gobierno y la sociedad civil para trabajar esa violencia comunitaria que estamos viendo, que no es solo resultado del individuo que lleva una actividad criminal, sino que hay circunstancias que llevan a una persona a involucrarse en una actividad criminal.
Limitar el acceso a las armas es un ejemplo de una acción concreta: “Facilitar la tenencia de armas es un error. Nosotros estamos caminando hacia esa flexibilización. Es un error porque estamos conectados a Estados Unidos”. Indicó que se ha comprobado por la ONU y otras organizaciones que una de las principales herramientas para prevenir la violencia es limitar el acceso a las armas. Sin embargo, en estos momentos, el Senado de Puerto Rico contempla flexibilizar el acceso a las armas. Se ha comprobado que la tenencia de un arma aumenta la letalidad en cualquier conflicto. En el caso de los feminicidios, más del 60 % de los ocurridos el pasado año fue con armas de fuego, y ha habido años en que ese número subió 80 %. Esto es algo diferente a lo que ocurre en los países latinoamericanos, en donde la mayoría de los feminicidios ocurren por arma blanca u otro tipo de agresión.
