Dos controversias de última hora sacuden el ya estremecido panorama electoral puertorriqueño, de cara a las elecciones generales del próximo 5 de noviembre, provocando una intensa reflexión y debate sobre la libertad de expresión y la democracia electoral en Puerto Rico.
Por un lado, causa revuelo la aparición este martes en numerosas vallas publicitarias distribuidas en el área metropolitana de San Juan, de una serie de mensajes contra la gestión del Partido Nuevo Progresista (PNP), actual partido de gobierno. Dichos mensajes apuntan a varias de las razones por las cuales no se debe volver a votar por los candidatos de dicho partido y fueron auspiciados por la super estrella puertorriqueña e internacional Bad Bunny, y pautados por una reconocida compañía de publicidad en exteriores ( «outdoors advertising»). La reacción oficial del PNP fue radicar de inmediato una querella alegando que los mensajes incurren en violaciones a la Ley Electoral de Puerto Rico. El artista dice que el PNP busca silenciarlo, mientras la empresa de medios afirma que ha cumplido con la reglamentación electoral.
Sin duda, los mensajes son poderosos. Su poder radica en su simpleza. Fondo negro, letras blancas fuertes y frases sencillas que pasan un juicio contundente sobre la caótica administración pública de los dos pasados cuatrienios bajo gobiernos del PNP, y expresan los motivos de la creciente frustración de nuestro pueblo con los políticos y gobernantes que cada vez más sienten que han dejado de representarles.
«Quien vota por el PNP vota por la corrupción». » Quien vota por el PNP vota por LUMA». «Quien vota por el PNP no ama a Puerto Rico». Tres frases desgarradoras que sintetizan um sentimiento generalizado ante la crisis que consume a nuestro país y la sucesión de gobiernos ineptos y corruptos, el colapso e inoperancia del sistema eléctrico y la falta de empatia de los gobernantes hacia el pueblo al que juraron servir.
Mejor y más claro no puede decirse, y precisamente por eso los mensajes han causado revuelo, porque pinchan un nervio doloroso que los que ostentan el poder no quieren enfrentar. De ahí la respuesta destemplada e hipócrita de quienes defienden de la boca hacia afuera la «democracia » electoral pero la violan con total impunidad elección tras elección.
Así lo confirma la más reciente bomba noticiosa del Centro de Prensa Investigativo (CPI), publicada también este martes con el título «Amplio esquema de robo de votos corrompe el sistema electoral en Puerto Rico». La poderosa pieza periodística da cuenta del serio patrón de fraude que existe en Puerto Rico con los votos de las personas fallecidas e incapacitadas. El CPI encontró que cerca de 5 mil, de las 900 mil personas fallecidas que aún aparecen como inscritas en el Registro Electoral, fueron marcadas como votantes en las más recientes elecciones de los años 2016 y 2020, concluyendo que las trampas son parte de un esquema de fraude que se ha perpetuado por décadas.
La exhaustiva investigación del CPI conllevó meses de búsqueda, consultas, y entrevistas con expertos, fuentes internas anónimas y oficiales actuales y retirados de la Comisión Estatal de Elecciones ( CEE). En la misma se expone el caso del matrimonio Fernández Demorizi, que aparecen como votantes en las elecciones de 2016 y 2020, a pesar de que el hombre de la pareja, de 95 años, vive en República Dominicana desde el año 2010 y no vota en Puerto Rico desde el 2008, y su esposa, que ahora tendría 90 años, murió en 2011, cinco años antes de que emitiera un supuesto voto en las elecciones de 2016.
«Es inaceptable que se juegue con la participación electoral de las personas mayores y de aquellas que ya han fallecido. Estos actos no solo corrompen el proceso electoral , sino que también erosionan la confianza pública en nuestras instituciones», dijo al CPI la nieta del matrimonio Fernández Demorizi, cuya familia se encuentra en el proceso de presentar acción en el foro correspondiente para que se investigue el caso de sus abuelos.
La investigación del CPI, detallada y abundante en datos, entrevistas y gráficas que recorren muchos años del Registro Electoral concluye que el caso del mencionado matrimonio no es uno aislado sino que es » parte de un patrón que se conoce bien entre las estructuras del Partido Nuevo Progresista (PNP), el Partido Popular Democrático (PPD) y la CEE donde se utilizan datos personales de electores fallecidos, adultos mayores o que viven fuera del país para cometer fraude electoral en Puerto Rico». Algunas de las modalidades del fraude son el llamado «vacíado de listas» que significa copiar nombres de personas registradas y marcarlas como «votantes». También incluye la falsificación de firmas en el registro o en los endosos de candidatos, y en el llamado voto adelantado, y el manejo de las papeletas en hogares de personas incapacitadas, encamadas o con condiciones de salud mental – como el reciente caso conocido de un hogar de adultos mayores en Miramar- así como los esquemas fraudulentos de votos en cárceles y hospitales mediante la intervención de militantes politicos. La investigación del CPI cuenta con la descripción precisa de casos en todas estas modalidades, las cuales se practican con total impunidad y se repiten elección tras elección. Según el CPI, » todo ocurre a plena vista de la cúpula directiva de la CEE, pero las consecuencias penales o administrativas han sido escasas, según cuatro fuentes del PNP y del PPD que han trabajado en la institución».
Mientras el PNP pretende amordazar a Bad Bunny y santificarse como garante de la Ley Electoral, el cuadro que describe la investigación del CPI saca a flote la realidad de la fragilidad de nuestro sistema electoral. Esto no sorprende a nadie que haya seguido de cerca los procesos eleccionarios en Puerto Rico, sobre todo los más recientes cuando ha habido múltiples reclamos de fraude por parte de candidatos y candidatas de diferentes partidos en contienda.
La investigación del CPI viene a confirmar un secreto a voces que todo Puerto Rico comenta. Hay razones para las serias dudas sobre la integridad y transparencia del proceso electoral y los manejos al interior de la CEE. Al igual que los mensajes de Bad Bunny, los colegas del CPI envían un mensaje de alerta. El «establishment» político en Puerto Rico está asustado y a la defensiva, por lo cual nos toca a todos estar vigilantes y prestos a defender la voluntad de nuestro pueblo según se exprese en las urnas. No puede permitirse la censura a la libertad de expresión de ninguna persona, ni tampoco que los hipócritas de cuartos oscuros que cuestionan la integridad de las elecciones en otros países y se dan golpes de pecho al señalar sus fallas, sigan imponiendo sus malas mañas y tácticas fraudulentas en la CEE para convertir en burla la voluntad de nuestro pueblo y degradar la llamada democracia electoral puertorriqueña de la que tanto alardean.
