En el área de protección de bienes públicos, recursos naturales y demás recursos patrimoniales de nuestro pueblo, el nuevo Código Civil de Puerto Rico levanta serias interrogantes. Esto es así, especialmente por el impacto sobre la apropiación de bienes públicos que pueda tener cualquier nueva legislación subsiguiente a la aprobación del Código Civil del 2020. Este es el documento que establece, ahora y hacia el futuro, cuáles son los bienes públicos sujetos al comercio entre personas. En conversación con CLARIDAD publicada en esta edición, la doctora en Derecho Ambiental, Erika Fontánez, expresa su preocupación por el impacto de cualquier futura legislación sobre los bienes que son propiedad del pueblo puertorriqueño.
Para la especialista y académica, el nuevo Código hace una buena aportación en el área de los bienes públicos al establecer una nueva y amplia categoría de bienes patrimoniales con valor para todo el pueblo, como lo son los bienes con valor ecológico, histórico, cultural, artístico, monumental, arqueológico, etnográfico y bibliográfico, entre otros. Sin embargo, señala que la debilidad mayor del documento es que no interviene ni altera la situación en la Zona Marítimo Terrestre. En ese aspecto neurálgico, Puerto Rico continuará regido por una ley española del siglo 19, una Ley de Puertos de 1968 y un reglamento del Departamento de Recursos Naturales de 1992 que regula los bienes públicos marítimo terrestres, ninguno de los cuales responde ya a las necesidades crecientes del País.
La lucha recia y militante por la protección de la Zona Marítimo Terrestre ha sido constante en Puerto Rico durante muchas décadas, gracias a la existencia de una gran red de organizaciones e individuos comprometidos con la protección de nuestro ambiente y recursos naturales. La historia reciente marca los hitos en las cruzadas de nuestro pueblo en defensa de sus costas y playas. Sobresalen las campañas de “playas para el pueblo” que persiguen mantener el acceso del público a todas las playas y detener los intentos de privatización de este valioso bien colectivo. Igualmente memorables han sido las jornadas realizadas en diferentes momentos para detener la extracción ilegal de arena y la destrucción de las dunas; para proteger los nidos de los tinglares y otras especies marinas amenazadas; para revertir la insostenible erosión que ha provocado la proliferación de construcciones residenciales, comerciales y turísticas a orillas del mar, y para impedir que se le siga robando espacio a nuestras costas para beneficio de grandes inversionistas e intereses privados.
Ante la realidad de que el nuevo Código Civil no establece protecciones para este bien público fundamental, la lucha de nuestro pueblo por una nueva ley de costas indudablemente arreciará. Igualmente, nos corresponde seguir atentos y vigilantes ante cualquier intento legislativo para justificar legalmente legalmente la entrega y el despojo de nuestros bienes públicos en beneficio de privatizadores.
