Por Manuel de J. González/CLARIDAD
Si el gobierno de Wanda Vázquez hubiese comprado el millón de pruebas rápidas para detectar el coronavirus como se anunció a mediados de marzo, ahora mismo Puerto Rico estaría a la cabeza de decenas de países en cuanto a disponibilidad de medios para atacar la epidemia. Pero, como la corrupción se interpuso, nuestro país quedó desprotegido y, al no ser identificado, el virus siguió galopando. A pesar de lo evidente, el Gobierno sigue defendiendo la operación que dejó a los salubristas sin la principal arma: la identificación temprana. Peor aún, nada se ha hecho para compensar la pérdida.
Cuando comenzó la cuarentena generalizada había menos de diez casos de coronavirus confirmados. De hecho, fueron los primeros positivos, lo que provocó el despido del Secretario de Salud Rafael Rodríguez Mercado, quien minimizaba el peligro y se negaba a implantar medidas radicales. Tras el despido del funcionario en jefe se impusieron los controles, pero al momento en que se escribe, luego de más de un mes de encierro obligatorio y toque de queda, los casos positivos rondan en el millar. En un solo día, del 11 al 12 de abril, el aumento fue de 109 casos, el más alto hasta entonces.
¿Por qué el incremento a pesar del sacrificio del encierro y el toque de queda? Una explicación para un cambio tan significativo, a pesar del aislamiento, es que en el entorno de las personas enfermas siguió el contagio. Es posible, además, que por el aeropuerto, abierto por razón “federal”, hayan entrado nuevos casos, pero la falta de control del entorno de los enfermos parece ser la razón principal. Ese control efectivo requiere organización y, lo más importante, disponibilidad de pruebas para identificar a quienes el enfermo contagió, presenten síntomas o no.
Según el informe que el gobierno puertorriqueño debe someter al Centro de Control de Enfermedades en Atlanta (CDC), al 12 de abril de 2020 aquí se habían efectuado 7,709 pruebas. Sólo en Wyoming, con apenas 600 mil habitantes, se habían efectuado menos mediciones (5,353), mientras que Alaska, cuya población es de 710 mil, presentaba un número similar al puertorriqueño, 7,732. El total de Estados Unidos en ese día era de 2.7 millones de pruebas, mientras que en Nueva York, el centro de la epidemia, se habían efectuado 440,000.
Si Puerto Rico hubiese obtenido el millón de pruebas rápidas anunciado estaría a la cabeza de todos los estados de Estados Unidos y de una gran cantidad de otros países. Con ese vital recurso a mano, el tan mentado tope de la curva de contagio hubiese llegado a principios de abril y ahora estuviéramos bajando la cuesta hacia la “normalidad”, y no sumando más de cien casos diarios. De paso, la gobernadora en funciones Wanda Vázquez estaría en el tope de la ola, hablando con más coherencia y sin mascarilla.
Lo que impidió que ese cuadro esperanzador se hiciese realidad ha sido ampliamente discutido, pero vale la pena resumirlo añadiendo algunos datos. En lugar de acudir a suplidores probos y probados del mercado de materiales médicos, se quiso beneficiar a los de la casa, quienes de ordinario reparten algo de la ganancia en forma de contribuciones políticas y sobornos. Un individuo que hasta ahora sólo hacía trabajos de construcción resultó el agraciado, luego de ser referido al Departamento de Salud por el jefe del “task force” de la gobernadora, el Dr. Segundo Rodríguez. El empresario, tal vez pensando en lo que tendría que repartir, infló el precio de las pruebas en más mil por ciento, logrando un contrato por $38 millones, con la mitad por delante.
El haber inflado tanto el costo de cada unidad, irónicamente, terminó evitando el tumbe. Cuando los $19 millones llegaron a la cuenta de banco de la pequeña empresa de construcción, se encendieron las alarmas. Según se informó a CLARIDAD, fue un asesor legal del Oriental Bank quien recomendó no autorizar la trasferencia electrónica de gran parte de ese dinero a otra cuenta en Estados Unidos. Luego de la acción de Oriental, el tal Robert Rodríguez, dueño o manejador de la pequeña corporación, intentó con el Banco Popular y, tras repetirse la negativa, recurrió a CooPACA, tal vez pensando que en las cooperativas habría menos controles. Allí también se negaron a instrumentar la trasferencia electrónica. Gracias a estas decisiones, los $19 millones se quedaron en Puerto Rico y pudieron ser recuperados.
Según se informó a CLARIDAD, fue un asesor legal del Oriental Bank quien recomendó no autorizar la trasferencia electrónica de gran parte de ese dinero a otra cuenta en Estados Unidos.
Los ejecutivos bancarios y de CooPACA detectaron lo que ninguno de los altos oficiales del Gobierno quiso ver: que el negocio olía a tumbe. Según relató la propia gobernadora Vázquez ¡como si fuera defensa!, la transacción pasó por múltiples manos, incluyendo al director de la Oficina de Presupuesto y el Secretario de Hacienda, pero ninguno optó por levantar bandera. La explicación obvia es que todos ellos sabían que esa transacción venía desde Fortaleza, y no del escritorio de una oficinista de Salud.
Simultáneo con el abortado tumbe de $38 millones hubo otro también millonario, pero de sólo $3.5, que no alertó los radares y, por tanto, quedó consumado. Otro protegido del PNP – Ricardo Vázquez, quien hace negocios como 313, LLC – logró un contrato para la venta de pruebas, también inflando el precio de éstas a $45, cuando se consiguen a dólar. Ese se quedó con el guiso y, como no compara con el mega tumbe abortado, lo sigue disfrutando.
El robo de dinero público se detuvo, pero dejó al País sin los medios para combatir los contagios. Wanda Vázquez, además de cargar con la sospecha, no ha podido proclamar el éxito que la disponibilidad de un millón de pruebas pudo haberle representado. A pesar de haber perdido esa oportunidad, sigue defendiendo a los que ejecutaron el operativo lo que no hace más que confirmar su autoría. En su defensa llega a extremos ridículos, como alegar que en la transacción, iniciada mediante “orden de compra”, no se configuró un contrato, cuando todo estudiante de derecho sabe que en Puerto Rico los contratos no tienen que constar por escrito y que, cuando se acepta una oferta, éste queda configurado. Además, ¿se pagaron $19 millones a pesar de que no había contrato?
Seguramente ninguno de los integrantes de la cadena de autores que la propia Gobernadora identificó, pagará por los delitos cometidos. Mucho menos ella. El fraude se castiga aun en la modalidad de “tentativa”, pero en este caso, como en tantos, los autores quedarán protegidos por la impunidad. En lo económico, el País sólo tiene que lamentar el tumbe de los $3.5 millones, pero el verdadero costo lo están pagando las personas que están siendo afectadas porque el millón de pruebas rápidas nunca llegó.
