Especial para Claridad
En algo el discurso sobre la Universidad de Puerto Rico difiere de la del gobierno: mientras la tasa de participación laboral aumenta, mientras la tasa de desempleo se encuentra en un su punto más bajo históricamente, mientras el gobierno celebra estos indicadores y cierto crecimiento económico, a la UPR se le quiere reducir el apoyo y el presupuesto. La retórica de la prosperidad para el país acompaña a la retórica de la pobreza para la universidad.
¿No hay dinero para la UPR? Ese es el discurso de la Junta de Control Fiscal, del gobierno y de la gerencia universitaria, pero el panorama se nos presenta distinto. Desde el 2018 los ingresos al Fondo General de Puerto Rico han aumentado en un 40%: de $9,334 millones en el año fiscal 2017-2018 al actual (aprobado) de $13,095 millones. Y es en ese periodo en el que con mayor fuerza se le ha recortado el presupuesto a la UPR, reduciendo los fondos que se le transfieren de $668 millones en el 2018 a $531 millones en el presente, una reducción de 20% a un presupuesto ya de por sí disminuido. Esto no quiere decir que Puerto Rico ha superado la crisis estructural en la que está inmerso desde – por lo menos – el 2006, pero sí que el gobierno hará todo lo posible para evitar que la UPR reciba los fondos que necesita, aún cuando la economía crezca.
La otorgación del presupuesto a la UPR se ha hecho, desde el 2014, incumpliendo con lo que la Ley 2-1966 establece: el 9.6% del promedio del Fondo General de los dos años previos. Eso equivaldría para el año actual aproximadamente $1,268 millones de dólares, lejos de los $531 millones otorgados. La UPR recibe, en lugar del 9.6%, solo el 4% del Fondo General. Si se sumara lo que la institución ha dejado de devengar por esta violación a la ley, ya se sobrepasan los $3,000 millones en fondos perdidos. Cuando se critique el malestado de la infraestructura universitaria, hay que recordar esta cifra.
¿Hay espacio para ahorros? Seguramente, pero quizás no donde la gerencia apuesta. Es de notar que el salario de quien ocupa la Presidencia ha aumentado en estos años de “austeridad” universitaria. Desde el 1997, se había establecido como tope un salario de $104 mil anuales. Pero esto cambió, de manera reveladora, con la llegada de la JCF: en el 2017, se le concedió un salario de $124 mil anuales a Darrel Hillman; en el 2018, se le otorgó un salario a Jorge Haddock todavía más escandaloso, de $240 mil anuales, y a Luis Ferrao, $174 mil anuales desde el 2022, lo mismo que recibirá Zayira Jordán Conde.
Los puestos de confianza de la Junta de Gobierno y de la Presidencia también le cuestan millones a la UPR, y son posiciones que no atienden a un solo estudiante. Según la información pública más reciente, el Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno gana $10,000 mensuales; el chofer del Presidente, $5,416 mensuales, y dos de sus Ayudantes Especiales, más de $9,500 mensuales cada uno. Todos son puestos de confianza, todos ganan más que un docente sin plaza con doctorado a tiempo completo. La retórica de la austeridad en la UPR va acompañada por el despilfarro indecente para la gerencia.
Incluso la JCF, que tanto dice promover ahorros, ha apostado por este aumento en la gerencia y burocracia universitaria, ordenando originalmente que $20 millones anuales se destinaran a la creación de una oficina (antes, Oficina de Transformación Institucional, OTI, ahora llamada Oficina de Desarrollo, Innovación, y Transformación, ODIT) desde donde se otorgarán contratos para enriquecer a bolsillos privados con fondos públicos. Claro, la “justificación” de la oficina es otra – hacer más eficiente la distribución de recursos de la UPR – pero en el neoliberalismo la justificación va por un lado y el verdadero propósito por otro.
De la OTI, precisamente, salieron contratos a las compañías BluHaus y Cederella, asociadas con BDO, cuyos socios fueron arrestados a nivel federal por fraude en el Departamento de Educación, el mismo caso de Julia Keleher. Esas son las compañías que la gerencia y la JCF han permitido entrar a la UPR mientras hablan de economizar y aumentar ingresos. Y todavía no se ha investigado lo suficiente la relación entre los miembros de la Junta de Gobierno y la otorgación de contratos de la UPR – los conflictos de intereses abundan, aunque aparezcan bajo el manto de la legalidad. El despilfarro indecente de la gerencia se relaciona con el robo.
Los reclamos de la comunidad universitaria se resumen en dos propuestas básicas: restitución de la fórmula presupuestaria y democratización de la toma de decisiones. Si realmente se quiere admitir un número mayor de estudiantes, como apuesta el gobierno con la admisión automática, se requiere el presupuesto para hacerlo. Y necesitamos que la distribución de los fondos de la UPR se haga en función, no de intereses privados e individuales, sino del proyecto universitario que requiere Puerto Rico.
