CLARIDAD
La extrema derecha española está revuelta. Su histeria se parece mucho a la que vivieron sus antecesores en febrero de 1981cuando intentaron un golpe de estado buscando detener el desmantelamiento del franquismo. En aquella ocasión lo que precipitó el asalto militar al Congreso de los Diputados por el coronel Antonio Tejero fue la legalización del Partido Comunista, el gran “enemigo” en la anterior Guerra Civil. El tema que ahora los revuelve también tiene resonancias viejas: el nacionalismo catalán. En particular, lo que tiene crispados a derechistas y falangistas es el pacto entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y los partidos Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana que incluye, entre otras cláusulas, la aprobación de una ley de amnistía para todos los encausados por el proceso independentista catalán de 2017.
Ha sido, sin duda, un acto de justicia poética que seis años después del llamado “referéndum ilegal”, convocado por el gobierno catalán el 1 de octubre de 2017, los votos de los movimientos políticos independentistas resultaran determinantes para que se pueda conformar un nuevo gobierno en España. Más interesante todavía es que este proceso se diera unos meses después de unas elecciones generales donde se esperaba un triunfo cómodo de la derecha y la extrema derecha, enemigos a muerte (verdad literal) de ese independentismo. En lugar de producirse un gobierno con gran presencia de los ultras de la derecha (“España una, España siempre”), en un proceso que refleja la diversidad nacional española, se reeditó el que preside Pedro Sánchez del PSOE. La diversidad nacional que esa derecha siempre ha pretendido enterrar a fuerza de golpes, terminó derrotándolos. Además de con los catalanes, para poder revalidar su gobierno la actual coalición de izquierda negoció pactos con los partidos vascos (PNV y BILDU), el Bloque Nacionalista Gallego y Coalición Canaria.
La rabia que ahora destila la derecha española, similar a la que en 1981 los llevó a intentar un golpe, se alimenta tanto de la inesperada derrota electoral, como de verse obligados a mirar el retrato vivo de una diversidad nacional que empecinadamente se niegan a reconocer. El franquismo intentó borrar esa realidad matando, encarcelando y prohibiendo, pero cuando el régimen empezó a ceder tras la muerte del dictador, lo que habían intentado enterrar tranquilamente levantó cabeza. Esa perseverancia desafortunadamente no convence a la derecha de que la única manera de enfrentar una realidad es aprender a vivir con ella. Como son nacionalistas a ultranza -portadores del peor de los nacionalismos, el que avasalla y destruye- jamás se adaptarán.
Concluida la investidura de Pedro Sánchez como presidente de gobierno, nada indica que el ambiente político se tornará sereno de aquí en adelante, más bien lo contrario. El trámite de la legislación necesaria para concretar los acuerdos será intenso. La aprobación de la nueva legislación en el Congreso está garantizada por la misma unión de fuerzas que permitió la investidura, pero, tras la aprobación, la derecha invocará la intervención de los tribunales donde siguen teniendo una presencia desproporcionada. Mientras el proceso que condujo a la reelección de Sánchez se daba en el Congreso, se produjo una insólita declaración de un grupo de jueces oponiéndose a la aprobación de una ley de amnistía. Curiosamente, esa declaración de los magistrados se parecía mucho a otra que casi de manera simultánea emitió un grupo de militares retirados. En ambos pronunciamientos estaba el olor a pólvora que dejó el coronel Tejero al disparar en el Congreso en 1981.
Las leyes de amnistía por supuestos delitos políticos son comunes en muchos países, pero en el caso español la que está por aprobarse intentará remediar una gran injusticia que debiera llenar de vergüenza a un país que se llame “democrático”. El liderato catalán fue enjuiciado y encarcelado por convocar a la más democrática de las acciones: votar. Además, todo se hizo respetando con pulcritud el estado de derecho. Primero se tramitó una ley en el parlamento autonómico, mediante un proceso amplio y participativo, y luego debió producirse la votación donde la ciudadanía diría sí o no al reclamo de independencia. Los únicos actos de violencia que mancharon aquel proceso los ejecutó el estado español que envió fuerzas policiales a intentar impedir la votación. Como un triste recuerdo del franquismo, los policías movilizados desde Madrid secuestraron urnas llenas de votos y cargaron contra los ciudadanos que hacían fila en los centros de votación. Tras aquellas escenas violentas y bochornosas se activó la guillotina judicial. Increíblemente, por haber convocado a votar se les imputó el delito de “sedición” y todo el liderato terminó encarcelado.
Gracias a acciones previas del gobierno de Pedro Sánchez, utilizando el poder para decretar indultos, la mayoría de los condenados pudo salir de prisión luego de cumplir algunos años. En el caso de otro de los dirigentes principales, Carles Puigdemont, se vio obligado a mantenerse en el exilio, enfrentando continuas gestiones de extradición promovidas por la judicatura española.
La amnistía intenta remediar en algo la injusticia cometida contra los catalanes buscando crear un ambiente de convivencia y, entre otras cosas, permitir el regreso de Puigdemont a su patria, Cataluña. Todo indica, sin embargo, dada la actitud recalcitrante de la derecha, que en lugar de la convivencia pretendida, España tiene por delante un intenso proceso de confrontación política. El recuerdo del coronel Tejero planeará en el Congreso cuando se esté debatiendo la nueva legislación.
