Más que un plan para proveer vivienda y comunidades seguras a las personas afectadas por el huracán María, el llamado Plan de Acción de Vivienda (PAV) del Departamento de la Vivienda (DV) parece un plan del Gobierno para robar y malgastar $1,500 millones. Eso es lo que arroja la cantidad de señalamientos denunciados por la Sociedad Puertorriqueña de Planificación (SPP), respecto a las deficiencias del citado documento.
El documento del PAV es una exigencia del Departamento de Vivienda Federal y Desarrollo Comunitario (HUD, por las que se conoce en sus siglas en inglés) para poder acceder a los fondos de recuperación de desastre para el desarrollo comunitario (CDBG–DR). El presidente de la SPP, el planificador David Carrasquillo Medrano –en entrevista– censuró que el PAV tiene una visión desarrollista y denunció expresiones del gobernador Ricardo Rosselló Nevares y del secretario del DV Fernando Gil, de que sale más barato el desalojo y reubicación de comunidades que hacer proyectos de mitigación.
“Ellos están yendo a las comunidades –y esto yo lo he visto con mis ojos– en las reuniones se les ha dicho a la comunidad que los fondos (CDBG) no se pueden usar para mitigaciones y eso es totalmente falso, totalmente falso, el dinero de otros desastres en Nueva York, Houston, Florida, Texas y Nueva Orleans se ha usado mayormente para mitigación ya sea para drenaje, alzar terrenos, hacer diques, muros de contención etc.”, afirmó Carrasquillo Medrano.
En la misma conferencia de prensa en la cual se anunció el plan un día antes de que se publicara (el 25 de mayo) dijo que, en el DV los consultores que hicieron el plan le dijeron a miembros de las comunidades que estaban presentes, que el dinero no se puede usar para mitigación. “Eso lo ha dicho el gobernador en conferencia de prensa que dijo ‘it’s time to go’, el secretario ha dicho ‘se acabó el pan de piquito’, refiriéndose a comunidades de rescate”.
El planificador reiteró que esto es una narrativa falsa y comparó que no se dice lo mismo, ni se cuestiona el derecho de otras comunidades como lo son Ocean Park, o Punta las Marías. Mientras que a comunidades pobres las pretenden desplazar sin ni siquiera tener garantías de que habrá después un proyecto para éstas. Levantó bandera de que esta narrativa del gobierno pone en peligro comunidades en sectores de San Juan, como pueden ser Playita, Cantera, Villa Palmeras, la Perla, o en municipios como Loíza. Recalcó que en el caso de San Juan no ha habido una moratoria de construcción en el sector del Condado, ni en Ocean Park, por el contrario se están construyendo nuevos proyectos.
Carrasquillo Medrano criticó que los consultores que hicieron el PDV no son puertorriqueños ni consultaron a planificadores de Puerto Rico, aun cuando ésta es una profesión reglamentada. Además de que la misma ley de HUD dice que hay que armonizar las reglamentaciones de ordenamiento territorial federal con los ordenamientos territoriales de la jurisdicción, incluyendo las municipales, sin embargo eso está totalmente ausente del PAV incluyendo a las vistas públicas.
Un hecho que calificó de “absurdo” es la exigencia que impuso HUD que solo se tienen dos años para gastar el dinero. Esta condición dijo que no se le ha impuesto a ningún otro lugar en EE UU. “Eso es absurdo porque tú necesitas desarrollar cuáles van a ser los proyectos y los procesos de participación para que sepas dónde vas a necesitar y utilizar el dinero así que los proyectos que se han estado sometiendo son proyectos que ya estaban hechos que no responden a la realidad post huracán, son proyectos que ya estaban en especial del sector privado”.
Dijo que se supone que lo primero que haga el plan es identificar la población afectada ya que para ellos son los proyectos, pero el PAV no hace eso. Carrasquillo Medrano señaló que la caracterización de la población afectada que hace el PAV es de una página en la que dice que son 66 municipios. “Entiendo las presiones que debe tener el DV para que el dinero se reparta en todos los municipios, pero no puede ser al garate en todos los municipios tiene que haber unos vínculos entre los proyectos y las poblaciones afectadas”.
El Presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación fue enfático en denunciar que esta información está disponible desde el 20 de marzo de 2018, en la Página Oficial de FEMA2 (OpenFEMA). En esta página aparecen los dueños e inquilinos que sometieron sus casos a través del sistema de querellas de la agencia y que toda la información disponible permite hacer una caracterización real de las comunidades y zonas más impactadas por los huracanes.
En esa dirección denunció que existe un conflicto de intereses por parte de la Asociación de Constructores de Hogares (ACH) al ser contratada por el DV como asesores del PAV. Atribuyó que la ACH utilizó un estudio comisionado a la firma de Estudios Técnicos, para justificar la construcción de hogares nuevos. Este estudio tampoco utilizó la información de FEMA, que incluye el número de unidades de vivienda vacantes. Carrasquillo Medrano criticó que el DV haya tomado decisiones ignorando información oficial del FEMA y acusó a que la ACH sea el grupo que más se beneficie de esas decisiones.
Precisó que los datos mas recientes del 2015 dicen que el país tiene un 24% de unidades de vivienda vacantes, eso representa 325 mil de unidades de vivienda, de esas 100 mil viviendas, es decir el 33% están concentradas San Juan, Carolina, Ponce y Mayagüez. Observó que mucha de esta vivienda no se hizo para el bolsillo de los trabajadores de clase media, por lo que hay dos lecciones que atender; una es que se tiene que regular el mercado de bienes raíces y dos que hay que tocar la puerta de los bancos y ‘realtors’ y preguntar qué están haciendo con esas propiedades.
Carrasquillo Medrano destacó que ahora es el momento idóneo para revitalizar estas propiedades, rehabilitar estos centros urbanos y evitar desparramar más la ciudad. Insistió en que no es cierto como alegan el gobernador y el secretario del DV de que desplazar una comunidad es más económico que la mitigación, que no hay ningún estudio que lo avale ya que hay que ver la situación caso a caso. Trajo como ejemplo que en el caso del municipio de Loíza, todo, en los mapas de inundaciones aparece como zona inundable ya sea por lluvia, tsunami, marea alta. Frente a este hecho cuestionó la viabilidad de que todo el municipio sea realojado.
El planificador defendió que las poblaciones que históricamente se han asentado en estos espacios es porque no han tenido la oportunidad a otros accesos, y que ahora –el gobierno– está utilizando un lenguaje técnico de costos de construcción, riesgos para desplazarlas, sin saber cuál va a ser el futuro de estas personas y acotó que lo más probable es que las viviendas que se construyan no serán gratis. De hecho esto tampoco esta en el PAV y todo queda a discreción del DV.
Se esperaba que en esta próxima semana HUD examine el PAV entregado por el DV además de recibir comentarios de otros sectores, incluyendo los de la SPP.
