«Esto no es ni remotamente una reforma”, apuntó el economista José I. Alameda, a preguntas de CLARIDAD respecto al proyecto de reforma contributiva que se discute entre el Ejecutivo y la Legislatura, y que la Junta de Control Fiscal (JCF) ya ha advertido que no puede afectar el Plan Fiscal (PF) aprobado.
Según ha divulgado el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares la “reforma contributiva” debe procurar recaudos por la cantidad de $209 millones. En tanto, la JCF le envió una carta este 18 de octubre tanto a Rosselló Nevares como al presidente del Senado Thomas Rivera Shazt y al presidente de la Cámara, Carlos Méndez, en la cual advierte que la reforma debe procurar un entorno fiscal más amplio y progresivo y entre otros argumentos, solicita una copia del proyecto final para revisar su contenido y ver la proyección de cómo se sufragarán los gastos en los próximos cinco años.
En entrevista respecto a lo que parece ser una nueva “diferencia” entre la JCF y el gobierno, Alameda, en primera instancia reparó en que se supone que una reforma contributiva es una serie de cambios de bases contributivas y de fases contributivas, que se suponen que sea para bien. “Esto no es ni remotamente una reforma, es te quito aquí y te pongo allá, y la base de todo eso es que sea una neutral… el problema es que el gobierno ha visto a primera fase que no pueden probárselo a la Junta. El gobierno no ha podido presentar cómo va allegar los $209 millones al fisco para que sea una reforma neutral, mientras por otro lado da ‘alivios contributivos’.”
Frente a esta situación el economista apuntó que el gobierno está en un grave problema de credibilidad y de entendimiento de lo que es una reforma y que puedan probarle tanto a la Junta como al pueblo de Puerto Rico que puede hacer unos cambios sin afectar lo que ya está aprobado en el presupuesto por la JCF. “Están jugando -se refiere al gobernador y la Legislatura- y ese es el pecado mayor a la politiquería”, censuró Alameda. Reparó que lo que se ha discutido hasta el momento de eliminar el IVU entre los negocios, el llamado B2B, bajar el IVU a los alimentos procesados, la discusión sobre la legalización de las máquinas de juego traga monedas, la eliminación del impuesto al inventario, no se consigue cuadrar los números de dónde se van a obtener los $209 millones. En el caso del impuesto al inventario indicó que éste ya se ha ido minimizando, ya que los empresarios han estado reduciendo su inventario.
En cuanto a la controversia por las tragamonedas el economista apuntó que ya el gobierno legisló para permitir estas máquinas en el hipódromo, mientras por su parte los hoteleros argumentan que el juego de estas máquinas ha afectado a los casinos, alegación que Alameda señaló que no es cierta, por lo que sugirió que esta ambivalencia del gobierno le quita credibilidad.
Al recalcar que las reformas se hacen también para mover las cargas y tasas contributivas de un lado a otro, trajo a la atención que una vez más los cambios van dirigidos a afectar a las clases medias trabajadoras y no a los que generan mayores ingresos como lo son las corporaciones multinacionales. Aunque el presidente del Senado hizo declaraciones al respecto hasta el momento eso no está incluido en el proyecto que se discute.
En tanto, el representante por el Partido Independentista Puertorriqueño(PIP), Denis Márquez Lebrón, a preguntas de CLARIDAD sobre su evaluación de la supuesta reforma– recordó que ya hubo un proyecto que se radicó y se llevó a vistas públicas hace unos meses, por lo que estaba convencido que lo que se terminará aprobando ahora será un proyecto totalmente diferente. Esto debido a los cambios que se han discutido en los días recientes entre la mayoría legislativa y el ejecutivo. “Habrá que ver cuál va a ser el resultado final del proyecto y desgraciadamente posiblemente lo veamos un día o dos antes de que se traiga al hemiciclo, eso es en el mejor de los escenarios, en el peor lo veremos en el mismo día”.
El legislador Márquez Lebrón, señaló que desde un principio ha planteado que la reforma contributiva debe ser una integral y eso se refiere a que incluya todos los sectores, pero a todas luces se ve que el actual proyecto no va a terminar siendo así, por lo que no es una reforma contributiva real, en particular no se sabe, porque no lo incluye, cuál va hacer el tratamiento que le van a dar a las grandes corporaciones, que reciben miles de millones del pueblo de Puerto Rico. Reiteró la necesidad de que se investigue si estas empresas están cumpliendo con los acuerdos de la exención contributiva.
Otro aspecto que dijo le parece terrible es la pretensión del gobierno de legalizar otro juego mas de azar que son las tragamonedas como un mecanismo de la reforma para allegar dinero. Además de señalar las consecuencias sociales, tanto económicas como de salud en términos de adicción al juego que esto pueda generar, está el que facilita el lavado de dinero. La otra cara de la moneda de esta media es los efectos que tendría sobre la industria de los casinos hotelera y por ende en el fondo que recibe la Universidad de Puerto Rico (UPR). “Uno no quisiera que el fondo de la Universidad dependiera de los casinos porque es una contradicción en sí misma pero es una realidad de que parte de ese dinero de las tragamonedas de los casinos van a la Universidad y efectivamente va a tener un efecto”.
Márquez Lebrón puso en duda de cómo quedara al final la “reforma” y llamó la atención a que luego de las vistas públicas de hace unos meses no se volvió hablar del proyecto y que ante las declaraciones de la JCF no duda de que el proyecto de reforma contributiva vaya a responder a los intereses de la JCF.
En lo único que parece que hay un consenso entre el Gobernador, la Legislatura y la JCF es el que se incluya en la reforma el crédito al trabajo.
