Golpe a la agricultura

 

CLARIDAD

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Tal parece que el secretario del Departamento de Educación quiere comenzar a traer la estadidad vía la bandeja de comedores escolares.  En una acción que tomó por sorpresa a los agricultores, Educación canceló las compras de productos agrícolas del país para sustituirlas por productos importados.

La determinación fue denunciada por la Asociación de Agricultores de Puerto Rico (AAPR). “Los agricultores locales recibieron otro golpe, esta vez tras la cancelación de la compra de productos locales de la Administración de Desarrollo Empresarial Agropecuario (ADEA), un mercado que oscila entre los $15 millones anuales y está constituido por carnes, frutas y hortalizas suplidas por los agricultores locales”.

El presidente de la AAPR, Cordero declaró a CLARIDADque la decisión les tomó por sorpresa. Precisó que a mediados de octubre varios socios que son suplidores del DE recibieron una comunicación por correo electrónico en donde les informaban que todas las compras agrícolas locales quedaban canceladas y que el resto del menú del mes sería sustituido por productos enlatados y por productos empacados en Puerto Rico.

Cordero aclaró que empacado en Puerto Rico no quiere decir que la materia prima es de la isla. Por ejemplo, el empaque puede decir jugo de manzana de Puerto Rico, pero se usa jugo concentrado de afuera que es empacado en la isla. Agregó que el DE sustituyó el jugo de china que se produce en Lares por jugo de manzana, por jugo de uva y otros jugos que podrían ser reconstituidos en la Puerto rico, pero de productos importados.

Los más afectados con la decisión del DE son los productores de china, los de carne de cerdo, los de carne de res y los productores de hortalizas e hidropónicos que le producen la lechuga que se utiliza en los comedores escolares. Eso significa, además, que el mercado de estos productores se limitaría a lo que les compren los supermercados y el público en general.

En el caso de los productores de china, si comedores escolares no les compra el jugo, lo tendrán que botar, porque el jugo ya está empacado para comedores escolares y el Departamento Federal de Drogas y Alimentos (FDA, en inglés) prohíbe que un producto empacado sea reprocesado.

“Estamos hablando de miles de empaques. Quizás en otros lugares del mundo pongan a gente con una tijera y lo vuelvan a empacar; pero aquí no. Aquí eso está empacado para el DE, así esta rotulado, y no se puede poner en el mercado institucional. Hay cantidades que podrían alcanzar cientos de millones de dólares”, lamentó.

El gerente general de Productores de Cítricos de la Montaña, Jorge Méndez Roig, en comunicado de prensa de la Asociación de Agricultores, describió la decisión como insólita.

“Este programa es una de las pocas iniciativas que ha logrado organizar los sectores para garantizar mercado seguro y precios estables de los cultivos de nuestros agricultores, y el señor secretario, Carlos Flores, está echando por la borda muchos años de sacrificios, afectando a cientos de agricultores y miles de empleados de la zona montañosa; afectando así la menguada economía de nuestra región, que ha sido abandonada en este cuatrienio”.

En tanto, Cordero acusó que en el asunto “hay gato encerrado”, que se requiere una investigación al Departamento de Agricultura (DA) y su división de ADEA para que aclaren por qué, luego de más de 18 años de negociación entre los dos departamentos gubernamentales, hoy ocurre un impassedonde los agricultores locales se ven adversamente afectados.

En esa línea, catalogó tanto al secretario de Educación como al de Agricultura de “embusteros”. Mientras el secretario de Educación diceque tuvieron que cancelar las compras por unas irregularidades señaladas por el DA, el de Agricultura dijo que sí había unas irregularidades, que han estado trabajando en ellas y que habían hecho ya 80 presubastas para identificar los productos.

“Entonces, la pregunta es ¿dónde está la comunicación entre agencias para que Agricultura le diga a Educación ya arreglé el problema, aquí está la evidencia, estoy haciendo esto? Ahora resulta que las dos agencias están haciendo subastas”, denunció Cordero.

El presidente de los agricultores dijo no descartar que haya algún tipo de irregularidad por parte de agricultores, como por ejemplo el que un agricultor esté entregando las lechugas en canasta cuando las tiene que llevar en bolsa, pero acotó que le corresponde al DA orientar al agricultor y, en caso de ser necesario, suplirle las bolsas.

El otro grupo que dijo ha desarrollado su producto conforme a las exigencias del DE y ahora no sabe si lo podrán mercadear o tendrán que venderlo a precios por debajo de la producción es el Fondo para el Fomento de la Carne de Cerdo (FFCC). Sobre el particular apuntó que cuando el secretario de Agricultura habla de la industria de cerdo, no está hablando de la industria en general.

“Si usted hace un survey a través de toda la isla, va a encontrar —si se va a la montaña más todavía— que los agricultores pagan lo que sea por la cabeza del secretario”. Cordero advirtió del disgusto y oposición de los agricultores a que el gobernador Pedro Pierluisi cometa “el error de volver a nombrar al actual Secretario”.

Méndez Roig se expresó en sentido similar respecto a Flores y le atribuyó ser el secretario que ha generado la mayor discordia con los distintos sectores agrícolas. Afirmó que esto ha sido denunciado públicamente en los pasados años en distintos foros.

Por su parte, la directora ejecutiva del FFCC, agrónoma Amanda Ramírez, dio a conocer que la organización participó de la subasta que realizó la Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario (ADEA)en agosto de este año y a finales de octubre se enteraron que el DE estaba realizando subastas  para los mismos productos. Luego, en noviembre participaron de la reunión presubasta en Educación y les informaron que no tenían ninguna información referente a ADEA porque “ya no se adjudicaron las subastas realizadas en ADEA”.

La agroempresaria además expresó preocupación porque en dicha reunión le informaron “que no puede haber prioridad a los productos locales por el Buy American Act, cuando el Farm Bill 2008 al igual que el 2011, cobija darles preferencia geográfica a los productos frescos procesados de forma mínima”.

De otra parte, Cordero descartó que la decisión del DE responda al hecho de que no se está ofreciendo el servicio de comedores escolares y, mucho menos, a que sea para ahorrar el dinero.

A continuación, expuso la historia de las compras en años recientes. En el cuatrienio de García Padilla, las compras fluctuaban entre $48 y $60 millones en productos agrícolas locales. En esa época, la bandeja de comedores escolares llegó a tener hasta un 60% de productos locales. Ya en el año fiscal 2016 a 2017, se bajó a $15 millones, lo que representa en un cambio de $40 millones, en el lapso de cambio de administración. Es decir, una baja de cerca de un 60%.

“Estamos hablando que en el año fiscal 2016 a 2017 no hubo ningún evento que ocasionara el cierre de comedores. En el año 2017-2018, empezando el año fiscal, vino María. Todos sabemos que el sistema se retrasó. Ahí los números estuvieron bastante estables. Ya en el año 2018 a 2019 se  mantuvieron otra vez en los $15 millones y en el año 2019 a 2020, que es este que cerró en junio, bajó a $9 millones. O sea, que significa que en ese primer semestre que el DE estuvo activo se consumió cerca de $9 millones y con lo poco que se consumió antes del cierre los alimentos alcanzaron $9 millones de dólares. Lo que estamos hablando es del inventario que los agricultores tendrían que estar supliendo para el próximo semestre de enero a mayo”.

Cordero se reafirmó en sus cuestionamientos respecto a las motivaciones para la determinación del DE de no comprar a los agricultores del patio y ponerlos a competir con el producto importado. Según describió, el DE compra los productos importados a ciegas, Educación coloca una lista de los productos que necesitan y ahí entran los importadores y elaboradores con materia importada que quieran competir. Si el producto tiene entre un   25% o un 30 % del valor se entiende que puede usar el sello de ‘Hecho en Puerto Rico’, aunque la materia prima sea importada.

Los agricultores se expresaron preocupados por el impacto económico y social que tiene esta decisión en medio de la pandemia.

 

 

 

 

 

 

 

 

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