Ilegalidad de la deuda es clave en el caso de quiebra de AEE

Por Cándida Cotto

ccotto@clarridadpuertorico.

El interés de la Junta de Control Fiscal (JCF) por pagar a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en lugar de litigar desde un principio la ilegalidad de la deuda, es lo que mantiene sin resolver, después de cuatro años, el caso de quiebra de la citada corporación pública. Así lo expresó en entrevista con CLARIDAD el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, representante legal de la UTIER (Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego) y del Sistema de Retiro de la AEE.

Tras cuatro años de negociaciones y un pre acuerdo, a fines del mes de agosto se dio a conocer que las negociaciones de la JCF con los bonistas habían colapsado. Sin embargo, no fue hasta la madrugada del sábado, 17 de septiembre, con el aviso inminente de huracán sobre la isla, que la  JCF radicó una  moción cumpliendo con una orden de la jueza Laura Taylor Swain de presentar un itinerario de litigación.

El licenciado Emmanuelli Jiménez, atribuyó que la jueza, ante la moción de la JCF, sin que hubiera urgencia y sin que nadie se lo pidiera, reaccionó rápidamente estableciendo un itinerario de argumentación que requería que las partes se pusieran a trabajar durante el fin de semana de la tormenta. En su caso, eso suponía    contactar  a sus  clientes que son cuerpos colegiados- la UTIER y Sistema de Retiro de la AEE-   en medio de la emergencia del huracán. La orden de la jueza le dio a las partes hasta el lunes 19 de septiembre para presentar sus itinerarios, cuando se recibían aún los fuertes aguaceros del huracán, y un apagón total mantenía a la isla a oscuras e incomunicada.  Emmanuelli Jiménez, tuvo que presentar dos mociones urgentes (la primera fue despachada con un ´no ha lugar´), para que la Jueza Swain extendiera el término de la vista inicial que fue señalada para el miércoles, 21 de septiembre. En la segunda moción, los abogados le plantearon a la jueza que, bajo la situación de emergencia en que se encontraba Puerto Rico, era inconcebible que se le diera  tanta importancia a un trámite procesal que no tenía urgencia alguna, “Realmente, le tiramos bien duro”, dijo Emmanuelli, y añadió: “Ahí, la jueza pospuso la orden señalando la situación de emergencia de Puerto Rico. Pero nos iban a “pasar el rolo” desde Nueva York y Washington desde donde era muy fácil litigar. Tuvimos que  tirarle bien duro a la jueza para que reaccionara”. Añadió que en la moción inicial, que la jueza rechazó, empezó diciendo que sus ´pensamientos y sentimientos están con el pueblo de Puerto Rico  en estos momentos tan difíciles’.

Explicó  el abogado,  que en esta etapa del proceso la jueza tiene que decidir cuál es el orden más apropiado de los asuntos en controversia: si es la impugnación de la garantía de los bonos que sostiene la JCF, o las mociones de los acreedores que piden la desestimación  de la quiebra y que se nombre un síndico. No obstante el experto en la ley Promesa y casos de quiebra, observó a que hay un desarrollo adicional y es que la jueza emitió una orden a los mediadores para que propusieran una orden  de medicación nueva.  “Lo que la jueza  está diciendo con eso es que el tribunal prefiere que no se litigue, quiere volver a la mediación, ya que los mediadores indicaron al tribunal que fueron solo inconvenientes y no obstáculos los que impidieron llegar a un acuerdo entre las partes. Los mediadores no dicen cuáles son esos obstáculos, y por eso la jueza les pidió una recomendación sobre cómo atender esos problemas”, señaló.

Emmanuelli Jimenez, reconoció que para él, los problemas aludidos “son un misterio”, aunque especuló que podrían ser planteamientos de derecho o reservas que tengan las partes. Dijo que  se ha insinuado que la JCF no ha sido transparente en la entrega de información, por lo que los acreedores  estarían partiendo de premisas inciertas  porque no tienen los datos.  “Eso se ha dicho por ahí pero no me consta”, añadió. Por eso, todavía no es categórico que vaya a haber un juicio, dado  que  la jueza Swain estaría  esperando a que los mediadores digan cómo creen que pueden  resolver el tranque en la mediación.

Aun cuando el abogado prefiere que el asunto se dilucide en un juicio, describió el panorama del mismo como una “guerra termonuclear total”. “Si se pide la  desestimación de la quiebra y el nombramiento de un síndico para la AEE, con eso podría irse ´a juste´ Luma Energy. Para los bonistas,   el síndico podría impulsar la transformación de la AEE y  podría no estar de acuerdo en cómo Luma maneja el asunto. Recordemos que sería el síndico quien cobre las cuentas de la AEE”, señaló.

El representante legal de la UTIER y del Sistema de Retiro de la AEE resaltó que prefieren ir a juicio porque  es un caso claro de que los bonos de la AEE no son asegurados. Esta era la postura de la JCF al principio, y  luego cambió,  paralizó el caso en el tribunal y presentó la negociación. “Ahora después de estar cuatro  años en estas, quiere revivirlo. Es culpa de la Junta porque debió haber visto el caso desde el principio. Este caso podría haberse resuelto hace mucho tiempo, si la  Junta hubiera hecho su trabajo a tiempo, pero si la Junta comienza a litigar ahora, es empezar de cero”.

Luego de la suspensión de la vista del miércoles, 21 de septiembre, hay que esperar por la nueva fecha que fije la jueza, lo que podría ser a principios del mes de octubre. Las vistas se  llevan a cabo mediante video conferencias desde la sala de la jueza en Nueva York. Emmanuelli Jimenez considera que el paso del huracán Fiona  podría tener un impacto bien severo en la viabilidad de la reestructuración de la AEE, porque es un daño sobre otros daños que todavía no se han reparado.  “Si  la AEE  estaba en el hueso antes de Fiona, este nuevo golpe  la va a colocar en una posición aún más difícil”.

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