CLARIDAD
Análisis del licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez sobre el proceso en el tribunal del caso de la quiebra de la AEE.
Lo peor que le pudiera pasar al país es que se apruebe el plan de ajuste de deuda (PAD) para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) presentado por la Junta de Control Fiscal (JCF). Ese es el juicio del experto en casos de quiebra y en la Ley PROMESA, licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez.
Las vistas de confirmación del PAD preparado por la JFC, que propone pagarle a los acreedores de la AEE $2.6 mil millones por los próximos 35 años, iniciaron el 4 de marzo y se espera se extiendan hasta el 19 de marzo en la sala de la jueza Taylor Swain del Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, el llamado Tribunal Federal. Las vistas, explicó Emmanuelli Jiménez, es un juicio en donde la jueza va a juzgar si el PAD que propone la JCF es uno que se puede confirmar como válido, como lo dispone la Sección 314 de la Ley PROMESA.
La jueza no puede cambiar el plan, no puede subir o bajar el cargo híbrido, advirtió, por lo que subrayó que todas las historias que ha dicho el Gobierno, en particular el gobernador, de que todo esto depende de la jueza, no son ciertas. Explicó que el proceso es que la jueza recibe lo que se le presenta, escucha la prueba pericial, escucha la prueba documental y compara con la Sección 314 y confirma o no el PAD. La otra alternativa, dijo, es no confirmar el PAD. De ser así, la jueza podría iniciar un trámite para la desestimación de la quiebra, para que entonces los bonistas vayan al Tribunal de San Juan (TPI) a solicitar un síndico para la AEE que gobierne sobre LUMA y vaya al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) a buscar un aumento en la tarifa para sufragar lo que se le debe a los bonistas.
Ya la jueza Swain resolvió que el síndico tiene que cumplir con toda la legislación, y es el NEPR quien tiene la última palabra. La jueza resolvió también, y es parte de la ley del Negociado, que las tarifas tienen que ser razonables, así que los bonistas tendrían que ir con el NEPR, “a darse puños y patadas para tratar de obtener lo que ellos buscan, que es que se le pague la totalidad de los bonos que compraron”.
Respecto a los argumentos que se presentarán ante la jueza, señaló que hay varios sobre la ilegalidad de la Junta en el PAD y otros sobre que la economía no sustenta los argumentos de la Junta de cuánto se puede pagar, así como sobre los errores en las clasificaciones de los acreedores. Los argumentos iniciales de la JCF, comentó, van dirigidos a que todo está bien y se cumple con la ley. Asimismo, los que apoyan el plan, como el comité de bonistas no asegurados, y los que ya pautaron con la JCF, van a decir que todo está perfecto.
Emmanuelli aclaró que hay dos tipos de opositores que se oponen al plan, los cuales hay que distinguir bien. Están los bonistas que quieren cobrar los $8.5 billones. Esos dicen que el PAD no cumple con la ley porque les da mucho menos de lo que les corresponde y que la AEE y, por tanto, los abonados y el país pueden pagar mucho más de los $2.5 billones que está ofreciendo la JCF. Y como pueden pagar mucho más, alegan, el PAD no es en interés de los acreedores.
El otro tipo de opositor es el Sistema de Retiro de los jubilados de la AEE, la UTIER, el Instituto de Sostenibilidad y Competitividad Económica y más de 800 objeciones de individuos y grupos ambientales. Todos estos grupos se han plantado en que el PAD está mal hecho porque no le permite a la AEE cumplir con las obligaciones que se le está imponiendo, no le permite cumplir con las leyes ambientales, cumplir con la transición a la energía renovable ni cumplir con la reconstrucción de la red eléctrica.
“Lo que se está prometiendo es demasiado y no va a dejar para cumplir con todo el asunto de la reconstrucción y el cumplimiento de las políticas públicas. Ambos grupos de opositores lo que están pidiendo es la no confirmación del plan”.
Emmanuelli Jiménez señaló que la no confirmación del PAD, que podría dar paso a una desestimación de quiebra, también le permite a la JCF ir corrigiendo el plan. Si eso ocurriese, la Junta estaría planteando que los errores son subsanables y presentaría un nuevo plan.
De ocurrir la desestimación del PAD, la JCF estaría argumentando que los errores son subsanables y presentaría un nuevo plan, lo que puede cambiar el orden de pago que estableció. En ese caso, los bonistas cobrarían últimos en la fila y los gastos de mantenimiento y el sistema de retiro serían primeros, planteó.
De hecho, cuando se radicó la quiebra, lo único que había en la cuenta de los bonistas eran $20 millones, así que para poder tener un plan que cumpla con la ley y que cumpla con las circunstancias económicas del país, la JCF tendría primero que presupuestar todos los gastos operacionales, todos los gastos de mantenimiento, el sistema de retiro y después mirar cuánto sobra.
“Es probable que sobre un par de cientos de millones para los bonistas como que no sobre nada, y ese es el orden en el cual se supone que se haya presentado el plan. Por eso es que el sistema de retiro y otros plantean que el plan no es confirmable porque no respeta las prioridades de pago previamente. Esos son puntos que la jueza tiene que resolver”, subrayó.
El licenciado Emmanuelli Jiménez comentó que el escritorio de la juez Swain debe de estar lleno de papeles hasta el techo, por la cantidad de argumentos en favor y en contra del plan. La JCF las contestó y la jueza tiene que resolverlas, es parte del trabajo: afirmar o descartar que la objeción tenga méritos.
Reparó en que todos los argumentos tienen que probarse con expertos. Trajo como ejemplo que en el caso de la UTIER, Tom Sanzillo, director de Análisis Financiero de IEEFA, indica que la JCF se olvida de que el dinero de FEMA no da para la reconstrucción y que la AEE tendría que obtener dinero para eso. Y como todo el dinero de la AEE está comprometido con la deuda, entonces, se va a quedar sin la reconstrucción y vamos a seguir teniendo un servicio deficiente. Además, plantea que la JCF nunca ha podido cuadrar el presupuesto de la AEE y que, sin pagar deuda, todavía el presupuesto está en déficit.
El licenciado Emmanuelli destacó que el presupuesto de la AEE se está cuadrando con las transferencias del Gobierno central y los fondos de FEMA, los cuales se supone que ya estén destinados para unas obras en específico, pero la realidad es que la AEE no ha podido cuadrar su presupuesto con ingresos propios.
Frente a este dato, habría que imaginarse la situación cuando la AEE tenga que pagar la deuda, cuando LUMA y Genera sigan insistiendo en aumentos a su presupuesto y cuando el precio del combustible suba. Todas estas cosas quien las paga es el pueblo, los abonados, y “ahí es que viene el problema económico, porque mucha gente va a pasar unas penurias tremendas, va a tener problemas para pagar la luz, tendrá que recortar comida, salud. Los comercios les pasarán los costos a los clientes consumidores, va aumentar el costo de la vida. No hay fin a las consecuencias de un aumento”, previno.
Un problema adicional que trajo a la atención es que en caso que el cargo híbrido no dé, la JCF puede acudir a un procedimiento sumario ante el NEPR para que se aumente la tarifa. Emmanuelli estima que eso va a ocurrir, tal vez, tan rápido como en uno o dos años, en tanto la gente siga migrando a la energía renovable.
El experto en la Ley PROMESA expresó que todos estos argumentos es lo que está en juego y será objeto de testimonios en el tribunal. La jueza tendrá que aquilatar si el plan es viable o no. Si determina que no es viable, la JCF puede modificar el que tiene y la jueza tendrá que decidir si ya se le acabaron los tres turnos a la JCF. Esto, porque los bonistas están pidiendo, desde el 2018, un síndico, y la jueza Swain lo que ha hecho es posponerlo y exhortar a mediar. Pero ya los bonistas volvieron a someter una moción para que se levante la paralización automática. Esta moción se va a ver durante el proceso de confirmación y si “la Junta se poncha con el plan, es decir, que la jueza no lo confirma, la Junta va a tener que presentar por qué es preferible enmendar el plan y no someterse a un síndico”.
Es obvio que a la JCF no le conviene ese fracaso, que Emmanuelli describió como estrepitoso, y que va a pelear como gato boca arriba el que la jueza no desestime el caso; pero eso parte del abanico de opciones que tendría la jueza. Aclaró que si se desestima el caso, no implica que los bonistas vayan rápido a cobrar, sino que tendrían que ir al Tribunal de Primera Instancia de San Juan a pedir un síndico, a someter nombres para que se designe el síndico. De suceder esto, dijo, LUMA se va. Eso es parte del análisis que ha hecho la JCF, que LUMA no se quedaría como administradora, así que el síndico tendría que reconstruir la AEE después de una transición que le devuelva todo a la AEE.
De esto ocurrir, ello sería un nuevo juego. Por eso, añadió, es difícil pensar en ese escenario, por lo complicado de la quiebra. La JCF hizo todo un modelaje al respecto, ya que es un requisito de la quiebra que se haga un modelaje en interés de los acreedores de qué pasaría si se desestima la quiebra, qué cobrarían los acreedores, para comparar qué sería peor para los acreedores, si se está mejor o no con la quiebra. En este escenario, el público tiene el derecho a participar y sería un nuevo juego fuera de la quiebra y de la sala de la jueza Taylor Swain, continuó.
Este escenario es una amenaza para el país, afirmó el experto en estos casos. Cualquiera de las dos cosas, desestimación del plan o su confirmación, es mala para el país. El que se reestructure la deuda y haya que pagar $2.6 mil millones que al final llegaría casi a $6 mil millones tendría un impacto inmediato en la economía, un aumento en la tarifa y va a ocasionar que no haya dinero para la reconstrucción. Reparó en que LUMA no ha dicho si se queda o no si se aprueba un plan como el que propone la JCF; pero tiene la opción de irse si no le gusta el plan.
Emmanuelli mencionó que se atrevía a apostar que el escenario de la confirmación del PAD sería peor porque las consecuencias son permanentes por 35 años, pero bajo el escenario de un síndico, sería temporero, y, además, está la intervención del NEPR, que en muchas ocasiones no ha sabido defender los intereses del país y tiene un mandato de ley de que no puede imponer unas tarifas irrazonables. De seguro, el NEPR podría tener medidas para atemperar el impacto en diferentes consumidores. Recordó que la Junta pretende quitarle al Negociado los poderes para definir la tarifa. “La Junta no quiere que el Negociado se meta y por eso está pidiendo que se ocupe el campo del Negociado”.
A su juicio, lo que la Junta debe hacer es enmendar el PAD para que se respete la prioridad de pago y poner primero a la AEE, es decir, el país, en términos de mantenimiento y reconstrucción. Lo que sobre sería para los bonistas. En cualquier caso de quiebra razonable, los bonistas se llevan cero.
Emmanuelli Jiménez hizo hincapié en que el PAD de la JCF es malo y hay que votarle en contra y argumentar en su contra porque lo peor que le podría pasar al país es que se confirme. Lo que podría pasar después si se desestima el PAD es otro juego, reiteró, “pero lo que tenemos al frente es ¿tú quieres que se apruebe el PAD de la Junta, si, o no? los que velamos por el bienestar del país no podemos avalar ese PAD, no se puede confirmar”.
Una vez finalicen las vistas el 19 de marzo, a juzgar por la experiencia de lo ocurrido con la quiebra del Gobierno central, el licenciado calcula que a la jueza Swain le tomará de un mes a mes y medio emitir su sentencia debido a lo complicado del caso.
Conversación sostenida con Alfonso Jiménez Luchetti para WPAB.
