La conducta de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico se ha caracterizado por la arbitrariedad desde que comenzó su gestión en nuestro país en el año 2016. Esta criatura de la injusta e imperial Ley PROMESA del Congreso de Estados Unidos, impuesta sobre el gobierno de Puerto Rico como una tranquilla fiscal, con el mandato de resolver la crisis de la deuda pública del gobierno colonial, apretar a nuestro pueblo y favorecer a los acreedores, ha sido implacable en su castigo de austeridad a nuestras instituciones públicas y en el asalto a los derechos adquiridos por los trabajadores del servicio público en nuestro País.
Todo el que trabaja asalariado en Puerto Rico, sea en las agencias del gobierno o en la empresa privada, ha sentido el impacto de las medidas de austeridad, recortes de presupuesto, y el encarecimiento de los costos por servicios y bienes básicos resultantes de las decisiones de la JCF.
Todos y todas pagamos cada día más por la luz, el agua, los peajes, la comida, las medicinas, el transporte, las matrículas universitarias y demás bienes básicos y necesarios para sostener una mínima calidad de vida,además de pagar todos los gastos en que incurre la JCF en su gestión en nuestro nombre. Todos y todas también hemos sufrido el deterioro en calidad y cantidad de los servicios públicos en áreas esenciales como la educación, la salud, la infraestructura de carreteras, energía y agua, y la seguridad pública, entre otros.
Algunos se preguntarán: ¿qué tiene que ver la JCF con el empobrecimiento en las condiciones de vida del pueblo en el país puertorriqueño? Si examinamos las decisiones del ente fiscal extranjero durante sus casi 8 años de gestión en Puerto Rico, encontraremos las claves de su doble juego en los asuntos de nuestro pais.
La JCF ordenó el recorte de casi $100 millones al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR), y aumentos a los costos de matrícula, afectando a miles de personas: profesores, empleados, estudiantes y sus familias en nuestro primer centro docente. Además, ha lanzado una ofensiva feroz contra el sistema de retiro de profesores y empleados de la UPR, a pesar de la férrea oposición de estos, y de haberse demostrado reiteradamente la eficaz administración y solvencia del plan de retiro existente. Esto ha desatado un período de gran inestabilidad e incertidumbre en la gobernanza universitaria, desde que la JCF entró en funciones.
La JCF ha demostrado idéntica animosidad hacia todos los planes de retiro en el gobierno de Puerto Rico y sus corporaciones públicas. Los pensionados del servicio público se han convertido en uno de los sectores más amenazados y vulnerables por la crisis fiscal, la quiebra del gobierno y las decisiones adversas de la JCF.
Como » incompatibles con el Plan Fiscal», han sido catalogadas por la JCF muchas iniciativas dirigidas a mejorar los salarios y condiciones de trabajo en el servicio público. Tanto, que los maestros y maestras de las escuelas públicas tuvieron que lanzarse a las calles masivamente en protesta para lograr un aumento de salario que mínimamente les eleve sus condiciones de vida. Esto, en un gobierno de Puerto Rico, cuya estructura laboral » reformada» ubica el salario básico de un empleado de primera escala en $19, 800 anuales. Poco más de $1,500 mensuales en un país donde dos de los renglones básicos e indispensables-el costo de la electricidad y la «compra» en el supermercado -son de los más altos entre las jurisdicciones de Estados Unidos.
Mientras a los asalariados del sector público y otros sectores trabajadores y pobres del país se les impone la austeridad, y se recorta el presupuesto para servicios esenciales, el doble juego del ente fiscal extranjero se desenmascara en su aprobación al vergonzoso rescate financiero con dinero público que el Negociado de Energía y el gobierno de Puerto Rico «cocinaron» para la carbonera AES de Guayama. Hay guante de seda y no mano dura para AES, por parte de la JCF.
Es impropio e inmoral otorgar a una empresa privada el privilegio de recibir dinero público para pagar su deuda con una entidad financiera también privada, mientras se le imponen onerosas cargas económicas al pueblo, y se atraviesa por el proceso de restructuración de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), corporación pública que haría la transferencia de fondos a la AES. Una regalía insólita para la carbonera que, en este año 2024 le costaría $45 millones a los consumidores de energía eléctrica de Puerto Rico. Si a eso se le suman los dos aumentos de tarifas de luz que la JCF ha propuesto en el Plan de Restructuración de la Deuda de la AEE, también con cargo a los consumidores de luz, y los $600 millones adicionales que le costará al gobierno de Puerto Rico el contrato de Luma Energy, el doble juego de la JCF a favor de bonistas y privatizadores, más allá de los mejores intereses de nuestro pueblo, queda a la vista de todos y todas los que están interesados en nuestros asuntos, en y fuera de Puerto Rico.
