Mientras la Junta de Control Fiscal (JCF) paga millones a sus consultores, como por ejemplo los $356 millones pagados al bufete Proskauer Rose LLP, o los aumentos de tarifas concedidos a sus asesores estratégicos McKinsey Company, firma que ya ha recibido en pagos $307.3 millones, el ente fiscal federal pretende que las familias del pleito de clase Rosa Lydia Vélez un pago total de $5,100 por los daños y perjuicios sufridos por la negligencia y falta de servicios del Departamento de Educación del gobierno de Puerto Rico hacia sus hijos y familiares con necesidades educativas especiales.
En conferencia de prensa este lunes 17 de febrero, el Comité Timón de Madres y Padres de Educación Especial (CTMPEE)- en el pleito de clase Rosa Lydia Vélez v. Departamento de Educación- y la Alianza de Autismo de Puerto Rico (AAPR) expresaron su repudio a la orden emitida el 11 de febrero de 2025 por la jueza Laura Taylor Swain, que autorizó la propuesta unilateral presentada por la JCF el 6 de noviembre de 2024. Esto, a pesar de las preocupaciones que la propia jueza expresó durante la audiencia celebrada el 11 de diciembre de 2024.
Las portavoces de ambas organizaciones expusieron que la JCF propone un pago de $25,000 por hogar o unidad familiar, sin importar cuántos miembros de la familia sean reclamantes ni la magnitud de los daños sufridos. Según se explicó bajo la ley de Puerto Rico, cada reclamante individual puede tener derecho a compensaciones de hasta $75,000 por persona y $150,000 por incidente, lo que demuestra que la cantidad ofrecida por la JCF es significativamente menor a lo que los reclamantes podrían recibir si su caso fuera evaluado de manera justa. Esta cantidad se vería reducida por el plan de ajuste de la deuda (PAD) que en estos momentos propone pagar aproximadamente el 20.4% de la cantidad de la oferta de $25,000. Esto significa que de los $ 25,000 cada familia solo recibiría $5,100.
“Con su autorización y visto bueno la jueza Taylor Swain dictó sentencia de muerte a las reclamaciones presentadas por 6,500 familias de estudiantes registrados en el Programa de Educación Especial, lo cual incluye a sus madres, padres y personas encargadas”, expresaron. La jueza les ha dado a las familias reclamantes hasta el 3 de junio de 2025 para notificar su aceptación o rechazo a la propuesta presentada y notificada por la JCF.
Las madres líderes manifestaron que la orden de la jueza Swain, con la anuencia del Gobierno de Puerto Rico, enterrará las reclamaciones presentadas por el grupo más desventajado de la sociedad puertorriqueña: las niñas, niños, jóvenes y adultos de educación especial, que han sufrido daños irreparables por el incumplimiento del Departamento de Educación con sus derechos constitucionales y legales.
Joyce Dávila, directora de la Alianza de Autismo y Carmen Warren portavoz del Comité Timón, indicaron que, a partir del 6 de noviembre de 2024, los representantes legales de la mayoría de las familias reclamantes, con el apoyo del Comité Timón, solicitaron a la jueza Swain que no autorizara el insensible, desvergonzado y atropellado proceso que ya se ha concretado. Reclamaron que, en todo momento, han impulsado soluciones que garanticen una compensación y un procedimiento justo para las personas reclamantes, incluyendo la solicitud de mediación para llegar a un acuerdo que realmente proteja sus intereses.
Por su parte los licenciados Marilucy González Báez, Rolando Emmanuelli, José Juan Nazario de la Rosa, Carlos Gómez Menéndez y José E. Torres Valentín exhortaron a que los reclamantes deben mantener la calma ante este proceso y para ello deben orientarse y comunicarse con sus respectivos representantes legales. Leer la comunicación que contiene las recomendaciones de los representantes legales de la mayoría de las familias reclamantes, en la cual se destaca, que no se recomienda la propuesta transacción. Se informó que esta comunicación ya circula por internet y deberá ser notificada por la JCF a sus correos electrónicos o direcciones postales en los tres próximos días. También pueden escribir a la siguiente dirección electrónica: [email protected] para recibir copia de la referida comunicación.
El licenciado Rolando Emmanuelli indicó que se presentará una solicitud de reconsideración a la jueza no más tarde del próximo 24 de febrero de 2025. “Esperamos con dicha acción, que la jueza Taylor Swain reconsidere su Orden de 11 de febrero de 2025 y atienda nuestras objeciones al respecto”.
Los representantes legales destacaron que, si un reclamante decide no aceptar la oferta del acuerdo propuesto, su reclamación seguirá activa dentro del proceso de reconciliación de reclamaciones bajo el Título III de PROMESA. Esto significa que conservará su derecho a presentar su caso y su prueba de manera individual para buscar una compensación más justa y adecuada a su situación particular. A través de este proceso, el reclamante podrá probar sus daños y justificar la cantidad a la que realmente tiene derecho, conforme a los procedimientos establecidos por el tribunal. No obstante, es importante tener en cuenta que, en todo caso, cualquier suma que se obtenga a través del proceso de reconciliación de reclamaciones estará sujeta a los términos del PAD lo que significa que el monto final será ajustado a aproximadamente un 20.4% de la cantidad reconocida en el proceso. Estos son factores que cada reclamante debe evaluar cuidadosamente al tomar su decisión sobre la oferta presentada.
Las portavoces anunciaron que se proponen solicitar una reunión a la gobernadora Jennifer González Colón y al secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, para atender de manera inmediata y efectiva el reclamo de miles de puertorriqueñas y puertorriqueños bajo el injusto trámite judicial que establece la Orden emitida el 11 de febrero de 2025 por la Jueza y la ley PROMESA.
Insistieron en que existen alternativas viables para hacer justicia a los reclamantes, integrantes de la población de educación especial, sus padres, madres y encargados y reclamaron al Gobierno de Puerto Rico a que rectifique “esta traición a la niñez y juventud con diversidad funcional”.
