Especial para CLARIDAD
Un inesperado abrazo entre un fiscal federal y un prominente líder pipiolo, en pleno estacionamiento del tribunal de la calle Chardón, marcó el epílogo de un proceso judicial tan bochornoso como inolvidable. El juicio contra el doctor Yamil Kouri, que cumple 26 años este noviembre, dejó para la posteridad una frase lapidaria: “En Puerto Rico, la corrupción tiene nombre y apellido.” Pronunciada con absoluta soltura por el jefe de fiscales del distrito, esta sentencia adquirió una fuerza demoledora, revelando con crudeza el entramado político que se escondía tras el telón de la justicia. El dedo apuntaba directamente al Partido Nuevo Progresista.
El juicio contra Yamil Kouri y sus cómplices fue más que un proceso legal: fue un ajuste de cuentas moral, político y social. El médico cubano, figura central del caso, parecía una sombra escapada del Caribe revolucionario. Su rostro, desgastado por el cinismo, compartía escena con Janet Sotomayor Vázquez, una administradora arrogante de modales ostentosos, y Armando Borel Barreiro, un empresario opaco cuya ambición lo llevó al borde del abismo. Juntos urdieron un esquema de fraude que, en otro contexto, habría sido apenas un escándalo administrativo. Pero aquí, se convirtió en tragedia.
Los fondos desviados —más de 2.2 millones de dólares— estaban destinados a comprar medicamentos, pagar tratamientos y sostener el primer centro especializado en VIH/SIDA del Caribe y América Latina. En lugar de eso, se usaron para financiar campañas políticas, costear lujos personales y comprar silencios. La evidencia era abrumadora: empresas ficticias, lavado de dinero internacional, manipulación de testigos y grabaciones comprometedoras.
La fiscal a cargo, en avanzado estado de gestación, se movía por la sala como un transatlántico que avanza con firmeza. Su actitud era la de un tiburón rondando a su presa, segura de que los tenía acorralados. Las grabaciones del FBI se escuchaban por altavoces. Algunas eran embarazosas, como la de Sotomayor insultando a la fiscal, convencida de que no era persona de interés. La grabación se logró gracias a la colaboración de su empleada doméstica, quien narró con humor cómo mantenía cerca de su patrona la cartera con el micrófono oculto.
El caso Kouri removió fibras sensibles. Desviar recursos destinados a tratar una enfermedad estigmatizada y mortal fue más que un delito: fue una declaración de desprecio hacia los sectores más vulnerables. Fue el recordatorio cruel de que, a veces, el sistema prefiere mirar hacia otro lado.
Desde entonces, Puerto Rico ha sido testigo de una secuencia vergonzosa de escándalos de corrupción que no cesan. Los partidos que se han alternado el poder —el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD)— parecen no haber aprendido la lección. Al contrario, cada nuevo caso revela un patrón más descarado, más impune, más corrosivo.
Entre 2019 y 2025, más de 30 funcionarios públicos han sido acusados o condenados por corrupción. La lista incluye:
- Julia Keleher (PNP), exsecretaria de Educación, condenada por fraude electrónico.
- Wanda Vázquez Garced (PNP), exgobernadora, acusada por el FBI de aceptar sobornos para financiar su campaña.
- Alcaldes de ambos partidos, arrestados por aceptar pagos ilegales a cambio de contratos municipales.
- Demandas del Departamento de Justicia (2024) contra más de 30 exfuncionarios por pérdidas de más de 30 millones de dólares al erario.
Estos casos no son errores aislados. Son síntomas de un sistema que ha normalizado el saqueo, donde el servicio público se ha convertido en una plataforma para el enriquecimiento personal.
En 2025, la gobernadora Jenniffer González Colón se vio envuelta en una controversia por construcciones ilegales en La Parguera, propiedad de sus suegros. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), bajo su designado Waldemar Quiles, archivó la investigación sin consultar a otras agencias. Se denunció la tala de manglares y la remodelación de estructuras en zona protegida, sin permisos.
La intervención del FBI y las denuncias del senador independiente Eliezer Molina han puesto en evidencia un posible abuso de poder. La gobernadora ha evadido preguntas clave, mientras el país observa cómo el aparato estatal se pliega ante los intereses familiares de quien ocupa la silla ejecutiva.
Lo más alarmante no es solo la frecuencia de los escándalos, sino la falta de sonrojo. La corrupción ya no se esconde: se exhibe. Se archivan investigaciones, se protegen aliados, se manipulan agencias. El pueblo, cada vez más hastiado, observa cómo los partidos tradicionales se reparten el poder mientras el país se hunde en la desconfianza.
La alternancia entre el PNP y el PPD ha sido una danza de espejos: cambian los rostros, pero no las prácticas. Ambos partidos han demostrado ser incapaces de erradicar la corrupción, porque están atrapados en una cultura política que la tolera, la reproduce y la premia.
Este momento exige más que indignación. Exige acción. Puerto Rico necesita una transformación radical en su modelo de gobernanza. No basta con cambiar de partido: hay que cambiar de paradigma. Se necesita transparencia real, fiscalización independiente, participación ciudadana activa y una cultura política que ponga al país por encima de los intereses personales.
La corrupción no es inevitable. Es el resultado de decisiones políticas. Y esas decisiones pueden —y deben— cambiar.
La autora es asambleísta por Victoria Ciudadana en el Municipio de San Juan.
