Por Cándida Cotto /CLARIDAD
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“Una situación medio confusa en la que tiene que haber truco”, así describió el reconocido economista José Alameda Lozada la noticia de que la Autoridad de Puertos (AP) pretende conceder la administración de los muelles turístico de San Juan a la empresa Global Ports Holding (GPH), de capital turco, mediante una “alianza público privada”. Por su parte, las principales líneas de cruceros que viajan a la isla, como Royal Caribbean Cruises Ltd. y Carnival Cruise Line, han rechazado la privatización y han anunciado la cancelación de sus viajes a San Juan para el 2020.
El profesor Alameda Lozada, quien ha hecho estudios sobre la privatización y las alianzas público privadas expresó que de lo que se ha dado a conocer hasta ahora sobre el contrato surge mucha confusión y que hay que atar cabos, como lo es la salida de Anthony Maceira Zayas de administrador de la AP. Describió que esta salida no honrosa, más lo que se oye tras bastidores, abona a que de alguna manera se dio una concesión a la empresa turca, mientras que las compañías navieras habían solicitado la concesión de los puertos, por lo que parece que las empresas navieras están presionando.
Eso incluye el que la semana pasada el chairman y principal oficial ejecutivo de Royal Caribbean Cruises Ltd., Richard D. Fain, hizo pública una carta en la que denunciaba que ningún oficial del Gobierno de Puerto Rico, ni el director de la AP, el de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas (AAPP), ni La Fortaleza habían respondido a una petición de reunión por parte de la empresa. Tras la revelación, la gobernadora envió el viernes, seis de diciembre, una delegación del Gobierno a reunirse con Fain, integrada por la secretaria de la gobernación, Zoé Laboy; la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Carla Campos (CTPR), y el recién nombrado director ejecutivo de la AP, Joel Pizá Batiz. La reunión sería en Miami.
El profesor del Recinto de Mayagüez de la UPR trajo a la atención que parece que el contrato no es final y que aun siendo final se supone que cualquier contrato que tenga una condición leonina o ilegal se convierte en nulo y se puede prescindir de él. Expuso que en términos económicos la llegada de cruceros no deja tanto dinero a Puerto Rico como la gente cree, sino que es el turismo típico, por ejemplo, como el que tiene Cuba, donde los visitantes pasan días, el que genera más ingresos. No obstante reconoció que la zona de El Caribe es una por donde más viajan los cruceros, por lo que es importante que la isla figure en esa línea de producción.
En entrevista por separado, el licenciado Mario Pabón, quien hizo investigaciones sobre la privatización del aeropuerto Luís Muñoz Marín y la construcción de las llamadas Escuelas del Siglo XXI, presenta como primera observación que los informes de deseabilidad que hace la AAPP siempre están inclinados a ser deseables. “El problema es que las líneas de cruceros están diciendo que no pueden hacerlo sin contar con ellos. Darle todos los puertos turísticos de San Juan a una compañía a la industria no les hizo mucha gracia. En los lugares donde se ha tenido este mismo enfrentamiento se ha tenido que contar o ceder con las compañías de cruceros para poder tener las privatizaciones”.
Pabón, quien afirmó que no cree en la privatización, considera que en particular lo que está planteado con esta nueva privatización de los puertos es que se va a entregar una instalación que le produce dinero al Gobierno de Puerto Rico, a cambio de un pago de una sola vez para tapar un roto. “Cuando se mira desde el punto de vista de que estamos entregando activos que deberían producir para el gobierno-pueblo de Puerto Rico bien administrados y lo que se está haciendo es no administrarlos bien, sino entregárselos a alguien para que haga dinero, en lugar de educarse y aprender cómo hacerlo, eso para mí es un problema”.
En cuanto a la oposición de las líneas de cruceros estima que fue un mal cálculo de parte de la administración de Ricardo Rosselló, que pensó “vamos a privatizarlo todo con una sola compañía”. Pabón hace la observación de que la propuesta de Global Ports Holding fue una no solicitada, antes de que las propuestas no solicitadas fueran legales. En noviembre de 2018, el entonces gobernador Rosselló y Maceira Zayas anunciaron que la GPH era una de tres finalistas para la operación de los puertos.“Obvio, el que vino le llenó los ojos, pero la parte que la administración de Ricky no se molestó en ir a estudiar fue qué iban a decir los usuarios de los puertos”.
El licenciado Pabón indicó que cuando se hizo la APP del aeropuerto LMM no se podía ni siquiera considerar la privatización hasta que el 75% de las líneas aéreas firmaran un papel de que estaban de acuerdo con que la privatización. Esto es una disposición del Gobierno federal: “Aquí, aparentemente, se hizo sin encomendarse a nadie y sin conocer el efecto en la industria”, reparó con relación a los puertos turísticos.
Pabón expuso que la privatización del aeropuerto LMM tuvo efectos en la Administración de Puertos, por lo que no duda que suceda otra vez con la presente privatización. Para empezar, se supone que el propósito principal de la privatización del aeropuertoera sacar de deuda a la Autoridad; pero la realidad es que terminaron cancelando solo el 45% de la deuda y ahora, una vez más, se está diciendo que no tienen dinero y que hay que privatizar más. Agregó que cuando se dio la privatización del aeropuerto se sobreestimaron los ingresos marítimos que iba a tener la AP desde el 2013, para que cuadraran y poder decir que después de la privatización la Autoridad iba a volver estar económicamente factible. Ahora, en el estudio de viabilidad y conveniencia de esta privatización de los puertos turísticos, pone los números más rojos, lo que confirma que los estimados del aeropuerto estaban inflados por unos $15 millones anuales.
Pabón alertó de que si la transacción se detiene será por la negativa de las líneas de cruceros, ya que una de las mejoras del puerto las hizo la compañía Carnival. Otra razón por la cual dijo creer que no hay un contrato firmado es por las reparaciones necesarias que hay que hacer después del huracán María: “La pregunta es quién lo va a pagar, a diferencia del contrato del aeropuerto. No se ha hablado de la estructura, de qué es lo que va a pagar el privatizador”.
Aunque todavía no se sabe a ciencia cierta si el contrato para la administración privada de los puertos turísticos de San Juan es final, ya que según la página de la AAPP, lo último que tiene es un addendum de octubre de 2018. Si al final se cierra la transacción, se puede afirmar que en la práctica todos los movimientos de la isla están privatizados. Estas privatizaciones parecen que no terminarán, ya que según reveló el licenciado Pabón, el aeropuerto de Aguadilla también está bajo el ojo de la privatización. Atribuyó el aumento de vuelos y pasajeros al aeropuerto de Aguadilla, no a que les guste el aeropuerto, sino a que es más barato que el LMM.
