Macana contra votos en Cataluña

El martes 3 de octubre, dos días después del referéndum de independencia, Cataluña celebró, más que una huelga general, un “paro de país” convocado por múltiples entidades cívicas y sindicales. En todo el territorio catalán la actividad se detuvo para mostrar la indignación del pueblo por la brutalidad desplegada por las fuerzas policiales españolas para tratar de impedir por la fuerza que la población votara en la consulta. Millones de personas cesaron sus funciones por un día, abarrotando plazas, calles y avenidas en señal de protesta. Los hoteles donde se alojaban muchos de los guardias de asalto venidos desde Madrid, fueron literalmente rodeados por multitudes reclamando su retirada.

Los incidentes del domingo 1ro de octubre, catalogados por la prensa internacional, incluyendo un editorial del New York Times, como pura “brutalidad policiaca”, no lograron el objetivo perseguido por el gobierno central de Madrid, que era impedir que la gente votara. Miles efectivamente no pudieron hacerlo, ya que cientos de centros de votación fueron clausurados a fuerza de macanazos y disparos y las urnas quedaron secuestradas por la policía, pero, a pesar de ese despliegue de violencia oficial, 2.3 millones de personas lograron depositar su voto en alguna urna. Alrededor del 90 por ciento de los que pudieron votar optaron por el sí a la independencia.

Tras ese resultado, y afirmando que por primera vez cuentan con un mandato formal del pueblo para comenzar el proceso de separación del reino de España, el gobierno catalán ha pedido la intervención de representantes de la comunidad internacional como mediadores. En espera de esa posible mediación, por ahora se han abstenido de hacer una declaración unilateral de independencia, aun cuando la ley habilitadora del referéndum así lo autoriza. Por ahora se limitan a solicitar que se inicie un proceso formal de negociación con España y, dada la beligerancia de las autoridades de Madrid, solicitan la intervención de representantes de entidades europeas o de Naciones Unidas.

Sobre el despliegue de brutalidad policial para tratar de impedir que la gente ejerciera el más elemental de los derechos democráticos, el voto, no existe duda alguna. Todas las cargas de la Guardia Civil y la Policía Nacional de España, que produjeron más de 800 heridos, quedaron retratadas o filmadas y millones de personas en el resto del mundo las presenciaron. Las fotos de personas sangrando, muchos de .ellos de mayor edad, aparecieron en los principales diarios europeos o americanos. A pesar de esa evidencia, el liderato de la Unión Europea se limitó a expresar una tímida condena de la violencia. Desde la ONU fueron un poco más enérgicos exigiendo una investigación formal que asigne responsabilidades.

Pero, ¿quién va a investigar?  A pesar de las escenas de brutalidad, las autoridades españolas, por voz de la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz en primer lugar, y luego por el mismo presidente, Mariano Rajoy, aplaudieron las actuaciones policiales. Por su parte, la Fiscalía general de España, entidad que podría ser responsable de la investigación, se apresuró a declarar que las actuaciones de la guardia Civil y la Policía “no afectó en absoluto la normal convivencia ciudadana “, procediendo a culpar al gobierno catalán por los incidentes. Por tanto, ya el resultado de una posible investigación por parte de España está debidamente escrito y el mismo exonera y aplaude la brutalidad evidente.

Quien único pudiera hacer una investigación verdadera es la Unión Europea, pero hasta ahora nada indica que actuarán. Tal vez la condena general de la prensa en portadas y editoriales, y las declaraciones de muchas figuras públicas, obliguen finalmente a que alguna entidad con sede en Bruselas inicie una investigación.

En esa condena general de la prensa es necesario excluir a la que se publica desde Madrid que, de forma bochornosa, no se ha unido a la condena de la violencia.  Hasta el supuestamente liberal diario El País, sigue destacando en sus informaciones la supuesta ilegalidad del referéndum, dejando en un segundo plano la violencia o, peor aún, señalando que los catalanes han asumido una actitud “victimista”. En cuanto a la presa oficial, más que bochornosa, el comportamiento fue cómplice, como es el caso de Televisión Española, donde los periodistas se reunieron para protestar por la cobertura deformadora y parcializada de la televisora de estado.

Si algo ha quedado claro después de la jornada del 1ro de octubre, es que la represión desplegada, lejos de aminorar el proceso independentista catalán lo ha fortalecido. Voces que antes estaban ambivalentes, ahora se han unido a los reclamos de la Generalitat. La masividad de las demostraciones del 3 de octubre, y el éxito del “paro de país” convocado para ese día, demuestran que no están intimidados y que, en cambio, el apoyo a la independencia es ahora más fuerte.

Contrario a España, otros estados multinacionales, optaron por facilitar consultas formales ante reclamos como el que ahora hace Cataluña. El Reino Unido y Canadá, en lugar de mandar militares y policías a reprimir, permitieron referéndums de independencia en Escocia y Quebec. En ambos lugares las votaciones fueron cerradas, pero no prevaleció la separación dando paso a periodos de relativa tranquilidad. España, en lugar de permitir votar, ha optado por la macana olvidando que en estos tiempos los porraz

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