Mirada Cooperativista
Especial para CALRDIAD
En cada elección general del país, al menos en las pasadas dos décadas el movimiento cooperativo se ha ocupado de hacer acercamientos a los candidatos (tas) a la gobernación para poner sobre la mesa propuestas de colaboración entre el gobierno y el movimiento cooperativista. Incluso eran invitados a participar a un evento pautado específicamente para que se expresaran ante el liderato del país. Eso quedó en el pasado no solo por la situación de la pandemia sino porque muchos cooperativistas se cansaron de escuchar promesas y discursos dulces al oído que al quedar instalados en el Palacio de Santa Catalina quedaban en el olvido.
Para esta pasada elección, los cooperativistas estudiaron detenidamente los programas de todos los aspirantes y prepararon un excelente documento en el cual detallaban estrategias específicas de desarrollo, protección y defensa del modelo cooperativo. Además de las propuestas específicas el documento incluía perspectivas de aportación de parte de los cooperativistas. Dicho documento fue divulgado y remitido a todo candidato a la gobernación y a otros cargos políticos. Para completar el proceso invitaron a todos a participar en reuniones virtuales con los directivos del organismo que los representa, la Liga de Cooperativas de Puerto Rico. Todos comparecieron.
En el caso del actual gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, el 22 de septiembre de 2020 compareció como candidato y fue enfático en afirmar que reconocía el rol de la organización que representa el cooperativismo, la Liga de Cooperativas. Se comprometió a consultar, mantener buena comunicación, a dialogar y hasta a designar un enlace en la Fortaleza. En enero de este año juramentó como gobernador y comenzó la saga. Sus acciones de inmediato se apartaron de lo prometido.
Sin abrir el diálogo prometido en ese mismo mes recomendó una persona para la presidencia ejecutiva de la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas. Lo interesante es que a ese momento no había vacante en el puesto que era ocupado desde el verano anterior por el Sr. Emilio Torres Antuñano. Este funcionario había pasado por el crisol de la Junta de Directores de COSSEC y de la Junta Rectora de la Comisión de Desarrollo Cooperativo según lo disponen las leyes cooperativas.
El reclamo inmediato de los cooperativistas por distintas vías fue exigir el cumplimiento de la ley aplicable y recordar al gobernador Pierluisi su compromiso destacando que en esa posición se requería una persona capaz, conocedora y comprometida con el cooperativismo. En esa dirección solicitaron el retiro de la nominación ilegítima y la apertura a un proceso de consulta como lo había prometido. A pesar de todo esto el 19 de enero de 2021 la Junta de Directores de COSSEC aprobó la separación de su cargo del hasta entonces Presidente Ejecutivo, Sr. Emilio Torres, decretándose, en su consecuencia, una vacante en el puesto.
Es importante señalar que desde hace varios años la COSSEC fue incluida en la agenda de la Junta de Supervisión Fiscal y sean promulgado varios planes fiscales. El más reciente se aprobó el 29 de junio de 2020 y propone cambios que van a requerir legislación. Los cooperativistas están atentos y dispuestos a proteger el sistema de aquellos aspectos que pueden ser lesivos a su desarrollo futuro y trayectoria de servicio a los nuestros. En la actualidad se discute otro borrador internamente. El liderato cooperativista ha mantenido diálogos directos con los funcionarios de la JSF. Todas sus acciones están enmarcadas en la protección del modelo y en asegurar su continuidad y funcionamiento. Las cooperativas siguen siendo las entidades que le sirven a un gran sector del país, pequeños y medianos comerciales y a los más necesitados o vulnerables. También se encargaron de recabar respeto para el marco jurídico que rodea el nombramiento de ese puesto. Destacaron los parámetros de ley aplicables contenidos en el Art. 9 de la Ley 114- 2001, según los cuales el nombramiento del principal funcionario de COSSEC es una facultad exclusiva de su Junta de Directores con la aprobación de la Junta Rectora de la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (CDCOOP). En esta última debe obtener allí el favor de 7 de los 10 miembros del cuerpo. Este organismo se compone de cinco representantes de gobierno y cinco del movimiento cooperativo.
Estas disposiciones fueron impulsadas por el liderato cooperativista desde el año 2008. En ese momento la Liga de Cooperativas impulsó legislación a esos fines. Esto fue motivado por el celo por procesos transparentes en una corporación pública en la cual el gobierno no coloca un solo centavo (todo el dinero proviene de las cooperativas). Ese es un reclamo constante de los cooperativistas. Todos hemos presenciado la quiebra y deterioro de las corporaciones públicas que a lo largo de nuestra historia han sido víctimas de los desmanes politiqueros con nombramientos excesivos y contratos a allegados, entre otras prácticas.
En la actualidad el nombramiento de la Sra. Mabel Jiménez Miranda no procede. A pesar de que fue nombrada por la Junta de COSSEC al someter para aprobación el asunto a la Junta Rectora de la Comisión de Desarrollo Cooperativo no contó con los 7 votos requeridos. La movida que siguió preocupa más. La nombraron Presidenta Ejecutiva Interina y está ocupando el puesto. Esta movida constituye un mal ejemplo de una entidad reguladora cuyos procesos deben ser ejemplares. Lo correcto hubiera sido abrir un proceso de consulta para ese puesto. El empeño en imponer a esa persona comienza a inquietar. Hay aprensión. Barrunto.
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