CLARIDAD
El movimiento Puerto Rico No Se Vende, liderado por una coalición de organizaciones comunitarias, llega a Estados Unidos con la campaña “Not Your Tax Haven”, promovida por la organización Centro para la Democracia Popular (CPD). El propósito es que el Congreso, en particular el Senado, investigue la evasión contributiva federal de beneficiarios en Puerto Rico de la Ley 22, ahora Ley 60.
Marilyn Goyco, gerente de organización del CPD, explicó que Not Your Tax Haven surgió en apoyo a la coalición en la isla de Puerto Rico No Se Vende. Esto es parte de la estrategia para atender algunos de los flancos que tiene la Ley 22, entre ellos la exención contributiva federal.
Aunque la campaña fue lanzada en días recientes, Goyco detalló que en el 2021 el Servicio Federal de Rentas Internas (IRS, en inglés) lanzó una campaña de fiscalización bajo el supuesto principal de que tenían información de que los beneficiaros de la Ley 22 no cumplían con el requisito de residencia, que son seis meses y un día. En el transcurso, el IRS empezó a solicitar información del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) de Puerto Rico para determinar si había evasión contributiva. Hasta el momento, el único memo que el IRS ha podido publicar lo que dice es que no han tenido mucho éxito debido a que no han tenido colaboración del DDEC. En el memo establecen que, en efecto, el Congreso de Estados Unidos podría apoyar y dar visibilidad a este problema de la residencia.
El CPD comenzó a reunirse con varios congresistas para ver si tenían interés en el tema de la evasión contributiva federal. Como ya se ha visto, la respuesta de las oficinas de la congresista Nydia Vázquez, del presidente del Comité de Finanzas del Senado, Ron Wayden, y de Chuck Schumen, ha sido buena. Estos ya han dicho públicamente que están interesados en atender el asunto.
La gerente de organización del CPD dio a conocer que están trabajando en un plan de acción de visitas a los congresistas para lograr que se complete una investigación del Senado para determinar si hay evasión contributiva por parte de los beneficiarios de la ley 22. Hasta el momento, no se han reunido con la comisionada residente de Puerto Rico, Jennifer González, aunque sí lo tienen en planes. “Creo que la comisionada residente estaría muy interesada en saber si se está evadiendo la contribución federal”, dijo.
Respecto a la acogida de la campaña por parte del público estadounidense, Goyco expresó a CLARIDAD que sorprende que no han tenido una mala reacción a la campaña, sino que ha sido muy bien recibida tanto por la diáspora como por el público en general. “Creo que ha sido la falta de transparencia gubernamental y de rendición de cuentas por parte del Gobierno. Esta ley se aprobó en el 2012 y todavía en el 2023 no conocemos el impacto real de la ley”.
Más allá de promocionar a Puerto Rico como un destino para mudarse, el Gobierno no ha fiscalizado la ley, e incluso el DDEC ha dicho que no cuenta con la capacidad para fiscalizar los decretos, censuró la gerente de organización del CPD: “Yo diría que es en sumo preocupante que mientras esto está ocurriendo, y el DDEC ha dicho que no cuenta con la capacidad para fiscalizar los decretos, el Departamento de Hacienda ha dicho que si la tuviera estaría muy dispuesto, aunque la ley no los autoriza. En las proyecciones del último informe de gastos tributarios, Hacienda dijo que proyecta que en ingresos no tributados han perdido $2.2 millones entre el 2017 y 2023. Es una cifra en medio de una crisis económica, y una reestructuración de deuda nos debería preocupar a todos”.
La campaña en Puerto Rico
La campaña Puerto Rico No Se Vende está integrada por sobre una decena de organizaciones sin fines de lucro y de base comunitaria directamente afectadas por la Ley 22. Además del CPD, la integran Construyamos Otro Acuerdo, VAMOS Puerto Rico, Mi Patria, Proyecto Metamorfosis, Proyecto Revivir PR, Puerta de Tierra No Se Vende, Abolish Act 60, Residentes de Puerta de Tierra, Asociación de Residentes del Viejo San Juan, Escambrón Unido, Asociación de Titulares de Condominios, Asociación de Residentes Machuchal Revive y Puerta De Tierra Se Defiende, entre otros.
En conferencia de prensa celebrada frente a la sede de la Compañía de Turismo, en el Paseo de la Princesa, la coalición denunció que en el último Informe de Gastos Tributarios del DH se proyecta $342 millones en ingresos no captados para este año 2023, por concepto de la Ley 22.
Una de las participantes en la conferencia, Sandra Cruz, portavoz de VAMOS, expresó que, “durante estos últimos 12 años, la población de Puerto Rico se ha reducido en un 12 %. Alrededor del 40 % de la población puertorriqueña vive bajo el nivel de pobreza y las personas se van porque continuamos recortando servicios esenciales y derechos laborales, supuestamente para pagar la deuda del país. No obstante, y a pesar de la crisis económica, continuamos otorgando estas exenciones contributivas sin ningún requerimiento mínimo de inversión en la isla y manteniendo la carga económica sobre la población que permanece en Puerto Rico”.
La coalición precisó que aún no existen datos oficiales sobre el impacto de la Ley 22 y las inversiones y compras realizadas por los tenedores de decretos en el mercado de vivienda local y en el desplazamiento físico y social de comunidades a través del país, a pesar de las continuas denuncias realizadas por los puertorriqueños afectados.
En esa dirección, la directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, licenciada Adriana Godreau, anunció que estarán colaborando en la abogacía por el derecho a la vivienda mientras exigen la fiscalización y la rendición de cuentas. “El Gobierno endosó un sistema que facilita especular con la vivienda y promover desplazamientos sin beneficio o consideración alguna por el desarrollo económico equitativo o el derecho al techo de la gente que hoy no puede pagar una renta o hipoteca. Ante la inseguridad de la vivienda y la preferencia de inversionistas sobre las comunidades, nuestro rol es defender a las familias y abogar por eliminar esta política.”
