Cerca de 120,000 niños y niñas están registrados en el Programa de Educación Especial en Puerto Rico, lo que significa que más de una tercera parte de la población estudiantil está afectada por una condición que incide sobre su capacidad de aprendizaje. Son 13 los diagnósticos reconocidos por el Individual with Disabilities Education Act (IDEA): autismo, ceguera, sordera, disturbios emocionales, problemas de audición, impedimento intelectual, impedimentos múltiples, impedimentos ortopédico, otros impedimientos de salud, problemas específicos del aprendizaje (PEA), impedimiento de habla o lenguaje, trauma cerebral e impedimentos visuales. Hay casos que son fácilmente clasificables, como Síndrome Down o perlesía cerebral, que pueden cualificar como impedimentos múltiples. Pero la gran mayoría de los casos están identificados como habla-lenguaje o PEA, lo que pudiera apuntar no a una deficiencia del desarrollo, sino a una incapacidad del sistema para atender niños que, aún siendo neurotípicos en términos clínicos, requieren asistencia particular en algunas etapas.
El Estado viene obligado a proveer, según lo mandata IDEA “educación pública gratuita y apropiada” (FAPE por sus siglas en inglés). Los servicios se dividen en dos grandes categorías: ubicación (la escuela y el grupo al que debe pertenecer la niña) y servicios relacionados (terapias, transportación, asistente, equipo asistivo). Además de IDEA, a la población de educación especial le aplica cerca de una docena de estatutos locales y federales, más toda la reglamentación y jurisprudencia que se deriva de esas leyes. Además, en Puerto Rico contamos con la Sentencia por Estipulación del pleito de Rosa Lydia Vélez, emitida el 14 de febrero de 2002, en la que suplen mecanismos como Remedio Provisional y Monitoría. No se trata de un problema legislativo; no hay que escribir ni una letra más. Hay que cumplir con lo que tenemos, que es un cuerpo jurídico tan robusto como ignorado.
El 76% de los estudiantes de educación especial están ubicados en corriente regular, es decir, cursan estudios con sus pares cronológicos en un salón convencional. Los demás están divididos entre los que asisten a salón recurso, que es una forma de intervención académica en un espacio separado en el que los estudiantes pasan algunas horas al día, y salón a tiempo completo, que es la ubicación más restrictiva reservada para casos muy complejos. Cada niño de educación especial debe contar con un Plan Educativo Individualizado (PEI), que debe haber sido aprobado por un COMPU (Comité de Programación y Ubicación). El PEI es el inventario de capacidades y necesidades del estudiante, con acuerdos sobre los servicios que el niño debe recibir: es el contrato del Estado con esa familia. Ahí es que se estipula a qué escuela debe ir, qué terapias y con qué frecuencia debe recibirlas y si necesita, por ejemplo, asistencia tecnológica, como equipos auditivos o computadora. El COMPU debe estar compuesto por los padres, los maestros, los especialistas que dan servicios a la estudiantes y personal del Departamento de Educación con autoridad para tomar decisiones. Deben reunirse al menos una vez al año, y renovar el PEI al menos cinco días antes del fin del año escolar. Todo eso dice ley; poco de eso realmente ocurre. Un COMPU típico es una mamá con una maestra, quizás algún otro funcionario. Es un escenario de gran desiguadad, y no es raro que se engañe a la mamá, que no se le expliquen los derechos de su hija, o que se le amenace con referirla al Departamento de la Familia si no firma la Minuta. El DE insiste en que se use el PEI electrónico, porque tiene campos predeterminados y así limitan las opciones aparentemente disponibles.
Si una madre no está de acuerdo con lo le ofrece el Departamento en el COMPU, o si no le cumplen lo que dice el PEI, puede radicar una querella administrativa. Este es un proceso cuesta arriba, por el costo de los servicios legales. Algunas familias comparecen sin abogada, pero eso es una desventaja brutal, pues hay elementos técnicos que un lego no domina, y los abogados de Educación no dudan en sacar partido de eso. Aún si resultan victoriosos, el otro paso es lograr el cumplimiento de la Resolución, para lo cual a veces hay que acudir al Tribunal con un Mandamus, lo que tiene, de nuevo, un costo alto.
Este es un escenario típico de cualquier escuela pública: Salón de tercer grado. Una maestra de corriente regular, cuya única preparación en educación especial son los tres créditos de “Niño Excepcional” que tomó en bachillerato. Períodos de clase de cincuenta minutos. Treinta niños, entre los cuales hay dos con déficit de atención, uno dentro del espectro del autismo, dos con PEA, y cuatro con problemas de habla-lenguaje. Cada uno, según su PEI, requiere estar en primera fila, explicaciones indivualizadas, que se le anoten tareas e instrucciones en la libreta, tiempo adicional para ejercicios y exámenes. Los que reciban terapia en horario escolar, están excusados de clases y tienen que reponer de alguna forma el material. Las terapias, debido a los recortes presupuestarios, rara vez se ofrecen de forma individual y con los cierres de escuelas, muchas terapistas se han quedado sin espacio para hacer su trabajo. Hay una escuela donde las terapias se dan en el comedor escolar, en competencia con la preparación de comida y el consumo de almuerzo, lo que para niños con desórdenes sensoriales es tortura. Esos niños asistían a una escuela que tenía sala de terapias, pero cerraron su escuela y a nadie en el Departamento le importó lo que implicaba el cambio. Otras terapias se dan en covachas, en pasillos o en esquinas de los salones. Las cosas están tan mal que hasta un vagón es un lujo. Como las terapistas son contratistas y no empleadas, tienen que proveer todos los materiales. Las de ocupacional van cargando las bolas terapéuticas, los mats, las cuicas, los bloques, los paneles con figuritas. Las de habla, con sus cuadernos, láminas, cartulinas. Cobran, con suerte, cada tres meses. No importa su criterio profesional, va a prevalecer lo que disponga el DE. Hoy, hay terapias de habla que deben ser individuales con grupos de nueve estudiantes. Conozco de un caso en el que el DE se negó a pagar terapia sicológica individual a una niñita víctima de incesto. La negativa a dar terapias adecuadas es una de las causas por las cuales no se dan de alta niños del programa. Este es un caso que conozco: Una niña de cinco años, con disfemia (tartamudez). No tiene ningún otro impedimento, pero su problema del habla la hace objeto de burla y comienza a retraerse. Deja de participar en clase. No tiene amigos. No quiere ir a la escuela. La patóloga del habla recomienda terapias individuales tres veces en semana, con la prognosis de que superará su condición al cabo de dos años de tratamiento. El DE dice que no. Una terapia semanal, grupal. Eventualmente la familia prevaleció, porque se trata de gente educada, con acceso a recursos. Ese no es el caso de la mayoría de las familias.
Hay muchos servicios que se sabe que se van a necesitar, como los intérpretes de lenguaje de señas, pero el Departamento se niega a abandonar el cauce megaburocrático. En Orocovis, atendíamos todos los años el caso de una niñita sorda. Pues si era sorda en segundo grado. va a ser sorda en tercero. Llegaba agosto, llegaba septiembre y no nombraban la intérprete. El DE se ahorraba par de miles de dólares mientras una niña de ocho años estaba en su casa, víctima de la estupidez administrativa.
En los casos de salón a tiempo completo (antes se llamaba salón contenido) hay historias para echarse a llorar. Por ejemplo: Una niña de Bayamón cuyo único impedimiento es sordera, es mantenida en esa ubicación por siete años, con niños con impedimento intelectual severo, sin contenido académico. Es víctima de acoso; escriben en las paredes “los sordos son brutos”; maltratan a su perra de servicio (entrenada especialmente para oír por ella) al extremo de que no la puede llevar más a la escuela. La falta de estímulo neurológico le ocasiona rezagos tan severos que tomará años superar. La única forma de lograr cambio de ubicación es a través de un proceso tortuoso de querella del que se hace cargo pro bono un abogado de los pocos que ven este tipo de casos. Otro caso: En Adjuntas vi una joven de 15 años, sin ninguna condición perceptible. Pero como en tercer grado aún no leía, la enviaron a salón contenido. Al cabo de varios años, se hizo cargo del grupo una gran maestra. En sólo tres meses, la niña leía y escribía. Cuando la conocí, estaba incorporada a corriente regular en matemática (!pre álgebra!) e inglés. Pero otros maestros no la querían porque pensaban que sería una carga. Su ilusión era entrar a un programa vocacional de cosmetología en Utuado, pero para la vocacional se necesita promedio y en salón a tiempo completo no hay promoción de grado ni notas. Otro joven de ese grupo era artesano certificado por Fomento; trabajaba metal y vendía sus obras. También quería ir a la vocacional. Tampoco podía. Si ese no es un sistema diseñado para lanzar a pérdida a esos jóvenes, que venga Dios y lo vea.
Cada año es peor. El pleito de clase tiene un sistema de monitoría, que la realidad es que no sirve de mucho. La puntuación es del 1 al 4; 3 es incumplimiento. El año pasado la calificación fue de 2.75, con las peores notas en servicio directo. Pero no pasa nada. A nadie en el poder le importa lo bastante. Entonces, una piensa en los contrastes. Si se va al Tribunal un viernes a la Sala de Familia, ve como se llevan presos a los alimentantes que no cumplen su obligación con sus hijos. Debes mil dólares; vas a la cárcel por desacato. Pero los funcionarios del Departamento de Educación no tienen consecuencia alguna que pagar por la violación sistemática de un derecho fundamental al sector poblacional más vulnerable del país.
Los cierres de escuela han sido la gota que colma la copa. Es común ver que se cerraron escuelas grandes en buenas condiciones (como la Lorencita Ramírez de Arellano en Toa Baja) para enviarlos a escuelas más pequeñasy en peores condiciones (como la Efraín Sánchez Hidalgo). Eso quiere decir hacinamiento en los salones, que es la receta para el fracasod de los niños con diversidad funcional. Con los cierres, se trastocó aún más el tema de los nombramientos. Para fines de septiembre, estas eran algunas situaciones específicas: 4 maestros de salón recurso sin nombrar en la Rubén Rodríguez de Naranjito; un maestro de Educación Especial sin nombrar en la José Robles Otero en Toa Baja; en la escuela receptora San Vicente, de Vega Baja, se eliminó el salón de audio impedidos para acomodar el Kinder porque no cabían en otro sitio, y se expulsó de sus salones a los maestros de salón recurso para asignarlos a una esquinita en los salones regulares; en diciembre van a cerra la escuela de educación especial a tiempo completo Jardines de Caguas, que tiene tres salones de vida independiente, tres de autismo, cancha, huerto escolar, para enviar esos 59 niños con diagnósticos severos a una receptora con 500 estudiantes. Y así por toda la isla.
Las familias de los niños de educación especial llevan, en muchos casos, vidas muy agobiadas. Les falta energía, motivación y recursos para hacerse oír. El Departamento los trata como enemigos, en un pulseo perpetuo para negar servicios. Ni siquiera el cálculo estrictamente frío de cuánto cuesta a la larga no preparar a estos niños para la vida lleva al Estado a repensar su obstinación. Miramos con horror a las sociedades del pasado que abandonaban en el bosque a los niños que no se ajustaban al modelo de perfección física o mental, pero la forma con que se les trata hoy no es otra cosa que la expresión moderna, legalizada, de esa crueldad. Es el mismo odio al que es distinto, al que es más débil. No hay que ser creyente para entender aquella cita evangélica de “lo que hagan a uno de mis pequeños, a mí me lo están haciendo”. Nuestros más pequeños son nuestros niños y niñas de educación especial; lo que le hagamos a ellos lo hacemos a lo que hay de trascendental en nuestra humanidad.
