¿Serán capaces de endilgarnos otro plebiscito? Aunque la pregunta se dirige al actual gobierno del PNP, utilizo el plural porque, como todos sabemos, es una administración dividida en tribus, no por razones ideológicas, sino por puro caciquismo. Y para endilgarnos el nuevo plebiscito que ya rumian, los caciques y cacicas se tendrán que poner de acuerdo.
El Viernes Negro, además de consumismo y malgasto, le trajo a los boricuas la amenaza de otro plebiscito porque, ante el fracaso de todo lo que hasta ahora han intentado tratando de adelantar la anexión, han volteado la tuerca hacia atrás para hablar de otra consulta sobre nuestro status político. Cuando menos lo esperábamos, en medio de la euforia para comprar freidoras de aire caliente, Ricardo Rosselló habló de otro plebiscito y el nuevo presidente del PPD, en lugar de ignorarlo, corrió a oponerse. Ya los periódicos han gastado una buena cantidad de tinta hablando de la nueva consulta.
Todo comenzó con una carta –en ese momento escrita pero no enviada– del congresista Rob Bishop, que no es otra cosa que la enésima manipulación de este buscón de Arizona. Como tras la derrota de su partido se le acaba la presidencia del comité del Congreso al que se le asignan los temas de Puerto Rico, Bishop quiso complacer a los que le dieron dinero y no se le ocurrió otra cosa que una nueva propuesta de plebiscito. Los políticos de aquí, que se contentan con cualquier cosa, corrieron a hacerle coro al buscón de Arizona. Después de todo, el nuevo tema le sirve al PNP para tratar de revivir un curso de acción que hasta ahora ha sido puro fracaso.
La estrategia hacia la anexión que el PNP diseñó previo a las elecciones de 2016 se ha vuelto sal y agua. La primera movida del diseño fue el consabido plebiscito que celebraron antes de los primeros seis meses del cuatrienio, a principios de junio de 2017. Alegando que lo ganaron, se sintieron autorizados a utilizar fondos públicos para llevar a efecto el “mandato” salido de aquellas urnas. La segunda movida fue la creación mediante legislación de una llamada “comisión de igualdad”, que iría a Washington a “negociar” la admisión de Puerto Rico como estado federado. Copiando el llamado “Plan Tennessee” a los comisionados les dieron títulos de “senadores” y “representantes”. A cualquier persona seria esto le parecería a un grupo de niños jugando a ser adultos, pero a ellos no les pareció así.
Ha pasado poco más de un año desde que comenzó a ponerse en práctica aquella estrategia y su fracaso es evidente, aunque no porque en medio de ese periodo nos azotara un huracán. Los “comisionados”, alegando que representan a los puertorriqueños, han caminado por todos los pasillos del poder imperial sin que les hagan caso, más allá de las consabidas reuniones de cortesía. De manera simultánea con la creación de la comisión, la Comisionada Residente Jennifer González presentó un proyecto de ley que convertiría a Puerto Rico en “territorio incorporado” como paso previo a la anexión formal. Tras la conferencia de prensa inicial, la medida cayó en el olvido. Sólo uno que otro buscón, como el congresista Rob Bishop, le dio cuerda en algún momento, sin comprometerse en nada, y ahora ni siquiera ese buscón está disponible.
El fracaso de esa estrategia estuvo en su concepción inicial. Como casi todas las que se han intentado desde que comenzó el colonialismo estadounidense hace 120 años, este nuevo esfuerzo nació de la unilateralidad o, dicho de otro modo, de la ausencia de un consenso mínimo entre los puertorriqueños. Ese nacimiento forzado, empujado por jaibería partidista y politiquera, nunca conduce al éxito.
Como todos los anteriores, el plebiscito de 2017 no debió celebrarse porque fue desnaturalizado por reclamos puramente colonialistas emitidos desde la metrópolis, que exigió la inclusión del “ela territorial” como opción. Si un plebiscito se hace buscando alternativas para solucionar un problema, el problema mismo no puede estar en la papeleta. Por esa y por otras razones aquella consulta nunca alcanzó el mínimo de consenso necesario para su validez. Aunque ya se le sabía un no natus, insistieron en celebrarlo y por eso el 77% de los electores se negó a participar. Cualquiera persona sensata hubiese concluido que con ese varapalo el plan no podía continuar, pero la sensatez no es una de las virtudes de los anexionistas boricuas.
Ahora, cuando unos puertorriqueños comían pavo y otros hacían fila para aprovecharse de las ventas a bajo precio, Bishop y sus amigos lanzaron la idea de otro plebiscito y Rosselló, consciente de sus fracasos, enseguida le dio importancia al anuncio. Si no llevo mal la cuenta, esa consulta de estatus sería la sexta. ¿Cuántos millones de dólares nos costaron los anteriores? Supongo que algunos estarán pensando que la Junta de Control Fiscal no permitirá ese nuevo gasto, pero recordemos que el de 2017 lo permitió.
En España, donde todavía el fascismo franquista está vigente, sobre todo en la judicatura, se le imputa malversación de fondos públicos a representantes del gobierno catalán por haber organizado un referéndum sobre el futuro de Cataluña. En ese caso se trata de un claro ejercicio de represión porque la consulta estuvo respaldada, según los sondeos, por más del 70% de la población, además de haber sido avalada por todas las instituciones públicas. Pero en Puerto Rico, donde sólo el 23% de la población avaló una consulta marcada de la unilateralidad, sí se estaría ante un claro ejemplo de malversación de dinero público.
