Presentan recomendaciones para una restructuración justa y sostenible de la AEE

Ante la cancelación reciente del acuerdo de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), una cuarentena de organizaciones ambientales, comunitarias, sindicales, sin fines de lucro y a favor de la auditoría de la deuda enviaron  una carta abierta al gobernador Pedro Pierluisi, a los presidentes de Cámara y Senado y a la Junta de Control Fiscal (JCF) con recomendaciones puntuales para lograr lo que consideran una restructuración justa y sostenible de la deuda de la AEE.

Las organizaciones reclamaron que el primer paso ineludible es hacer una auditoría independiente que evite que el pueblo pague deuda ilegal, así como no permitir el pago injusto de bonos no asegurados, conforme al contrato de fideicomiso bajo el cual se emitieron.

“Definitivamente, el gobernador actuó correctamente al cancelar el acuerdo original, y lo celebramos. Ahora tenemos la oportunidad de tomar pasos correctos y evitar que el pueblo pague por una deuda ilegal o no asegurada. La gente no tiene dinero para regalar a los bonistas, y la deuda que se pague debe ser indiscutiblemente legal. Cualquier duda de legalidad debe ser resuelta a favor del pueblo” afirmó la licenciada  Eva Prados, portavoz del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda (FCAD).

Charlotte Gossett Navarro, directora principal de una de las organizaciones firmantes, Hispanic Federation en Puerto Rico, agregó al respecto que una vez se logre el recorte máximo a la deuda, no se debe imponer un aumento determinado en la tarifa de la luz como parte del acuerdo.

Todas las organizaciones insisten en la importancia de que no se imponga un cargo sobre la autogeneración de energía renovable. “Un nuevo acuerdo de reestructuración no debe recaer en la imposición de un cargo por kilovatio-hora a las nuevas instalaciones de energía renovable en techos. Cualquier medida que desaliente la transición a energía renovable es ilegal y contraria a la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico” expresó la licenciada Ruth Santiago, portavoz del Comité Diálogo Ambiental y miembro del Consejo Asesor de Cambio Climático de la Casa Blanca.

De igual forma, las organizaciones remarcaron la urgencia de proteger las pensiones y convenios colectivos por medio del proceso de negociación. “Es necesario asegurar el financiamiento adecuado al Sistema de Retiro de la AEE, mantener el modelo de beneficio definido y cero recortes a las pensiones. Tienen que respetar la integridad de los convenios colectivos vigentes y los derechos adquiridos y protegidos por la Ley 120-2018. Tienen el retiro y vida de nuestros pensionados en sus manos. Nos tienen que proteger”, reclamó Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER.

Las organizaciones firmantes solicitaron la mayor de las transparencias en el proceso de evaluación de alternativas y participación ciudadana en la decisión final frente al hecho de que el impacto de este proceso de reestructuración afectará a todos los residentes de nuestra isla y futuras generaciones. “El Gobierno tiene la responsabilidad de explicarle al pueblo cómo lograron el recorte máximo de la deuda y se aseguraron de que el nuevo acuerdo pactado es uno verdaderamente justo, sostenible y beneficioso para el país”.

 

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