CLARIDAD
Seis comunidades han acudido hasta ahora a los tribunales para impugnar los permisos de construcción, en estos casos, de torres de comunicación, otorgados por la Junta de Planificación (JP) y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGP) bajo el Reglamento Conjunto 2019 y 2020, los cuales han sido declarados nulos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR).
El licenciado Jesús Morales Irizarry, representante legal de varias comunidades, indicó a CLARIDAD que, en lo que a él concierne, hay seis casos —de los cuales él representa cinco— que están impugnando la otorgación del permiso de construcción por la OPG. Los casos en cuestión son en el barrio Montones, en Las Piedras; en la urbanización La Perla del Sur, en Ponce; en la comunidad Las Jaguas, en Gurabo, en la urbanización las Margaritas, en Salinas, y en la comunidad Cañaboncito, en Caguas. El otro caso es de una comunidad en Ceiba. Mientras, la comunidad Goyito Muñiz, de Aguada, mantiene su caso en el Tribunal de Primera Instancia, tratando de que el tribunal reconozca los argumentos de salud y seguridad.
En el caso de la comunidad de Salinas, indicó que el permiso original fue otorgado en el 2015, pero luego la compañía abandonó la construcción y una nueva compañía compró el lugar y el permiso. Esto es contrario a la ley, que dice que si hay un permiso a nombre de otra persona y esta deja la construcción, el nuevo interesado tiene que solicitar otro permiso. En el ínterin, luego de dos desestimaciones a favor de la JP y la OGP, la comunidad se quedó sin ningún remedio, cuando se supone que tiene tres recursos disponibles. Ahora, según la Oficina Administrativa de la OGP, el caso fue devuelto a la OGP dado a que tanto OGP como la JP han dicho que van a continuar usando el RC del 19 y el 20.
“El problema de esto es que, en la realidad, para las comunidades el derecho es algo abstracto. Pero lo que uno ve en las comunidades es que hay estos casos en zonas de deslizamiento, zonas protegidas. El hecho de limitarse a revocar en Derecho por usar el reglamento que no era lo que hace es que devuelve a las comunidades al día uno, que tienen que volver a defenderse. Como no dijeron nada de los otros méritos, la OGP le dice al proponente que lo que tiene que hacer es volver sobre el permiso, como en el caso de Cañaboncito, que hay récord de deslizamiento. Cada vez me convenzo más de la mafia de permisos que denuncian algunos. Las comunidades vuelven al día uno y no se resuelve el problema”.
Expuso que en la División de Revisiones de la Junta Adjudicativa de OGP, que es la que ve los permisos discrecionales, los empleados son de carrera. Pero la persona que ocupa la posición de juez administrativo de la Junta es de la confianza del gobernador,. Es un puesto que se remueve por ley cada cuatrienio. Esta persona casi siempre decide en favor de las compañías, explicó Morales Irizarry.
Por su parte, Wilson Rivera, portavoz del Frente de Comunidades Contra la Proliferación de Antenas, mencionó a la comunidad Torres del Castillo, en Cayey, como una beneficiada con la decisión del tribunal. No obstante, aclaró que esa determinación no les aplica a todas las comunidades debido a que las torres se regulan por la Ley 89 del 2000. “A pesar (de que) lo estamos considerando con otras comunidades, estamos en el proceso de solicitar que se anulen los permisos”.
El portavoz del Frente reiteró las denuncias de que aun cuando hay casos en los que se han declarado nulos los permisos las empresas continúan con la construcción. Trajo la situación de la comunidad Montones, en Las Piedras, que aun cuando se declaró nulo el permiso, la empresa Innovattel comenzó a trabajar allí. Pese a que la portavoz de la comunidad denunció la situación y llamó a la Policía, el policía que acudió le dijo que como no era una situación criminal no podían intervenir, aunque sí le admitió que lo había visto y que estaba dispuesto a declarar.
“El problema aquí va mucho más allá de la ley. Aquí se gobierna casi por decreto. La OGP no está dando cuentas. La JP aprueba como ellos creen, como si fuera fast track. Es obvio que la nulidad del reglamento ayuda. Es un elemento más en el caso de la proliferación de antenas”.
En tanto, la medida PS 319 que busca un nuevo proceso con nuevos parámetros para la ubicación y que las comunidades tengan una mayor participación se encuentra detenida en la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado desde noviembre del 2021, confirmó la portavoz de Las Margaritas, Wanda Janet Ríos Colorado. “Tuvimos dos vistas públicas y todavía está en la Comisión; pero no ha pasado nada”.
Ríos Colorado dio a conocer que en el caso de Las Margaritas, el año pasado la JP le cambió la zonificación de área inundable a los terrenos donde se quiere levantar la torre y ahora hay dos documentos. En uno dice zona indudable y en el otro no. Esto, sin cambiar los mapas de zonificación. Reveló que al preguntar en la JP el porqué de los cambios, le dijeron que fue una decisión que se tomó sin notificación. Al cuestionar sobre la participación de los miembros de la JP, la persona que la atendía ni siquiera la dejó terminar y dijo que el miembro de la Junta, ingeniero José Díaz, se inhibió. Díaz es también miembro de Innovattel.
“Las compañías siguen construyendo sin hacerle caso a la decisión del tribunal”, criticó Ríos Colorado.
