CLARIDAD
Ignorando por completo los efectos del cambio climático y en vías de favorecer proyectos de construcción en las costas, la medida PC-25 del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez pretende redefinir lo que es la zona marítimo terrestre (ZMT), en lugar de ampliarla, tendría el efecto de reducirla.
La directora ejecutiva de la organización Amigos del Mar, Vanessa Uriarte, indicó a CLARIDAD que la redefinición propuesta tiene el efecto de reducir lo que es la ZMT debido a que la interpretación hace un énfasis inquisitivo en términos de cómo se define la servidumbre de salvamento, que son los 20 metros a partir de la ZMT. Expuso que lo que hace el proyecto es indicar que la ZMT llega hasta la línea de vegetación y que a partir de ahí ya no hay ZMT. El proyecto no está reconociendo que aun después de que esos 20 metros puedan ser privados, la servidumbre de salvamento impone restricciones.
“No quiere decir que aunque sea privado puedas hacer lo que te dé la gana. Se supone que el gobierno te imponga unas restricciones de construcción, y están aliviando el lenguaje para insistir en lo privado”.
Apuntó que a la luz del censo que hizo Amigos del Mar sobre las costas, el proyecto, en lugar de ser un adelanto en la conservación de las costas, sería un atraso. La licenciada Uriarte, quien estuvo presente en la primera vista pública de la medida, contó que algo que se vio de forma insistente en la vista de parte de los agrimensores del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio fue que el reglamento 4860 del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), que es el que determina cómo se define ZMT y cuáles son los criterios, no está actualizado y que hay que cambiarlo.
Señaló que si bien la definición que se tiene de la ZMT no funciona debido a que es una que data de España, del derecho romano, que fue hecha para el comercio, no para proteger la naturaleza. Es una definición decimonónica que estaba hecha para proteger las embarcaciones cuando el mar se retiraba en el Mediterráneo, por lo que la definición que se requiere es otra. “Es otra cosa diferente a lo que estamos hablando, acotó.”
“No podemos tratar de defender la naturaleza y los sistemas costeros utilizando una definición que nunca se creó para eso. En Amigos del Mar somos partidarios de que la definición hay que cambiarla, pero hay que cambiarla con criterios científicos y no criterios jurídicos, porque estamos en otra realidad completamente diferente a la que existía en el momento en que España decidió que esa era la definición que se iba a usar”.
Uriarte explicó que una nueva definición de la ZMT debe tomar en cuenta los efectos del cambio climático y a todas las especies que habitan la costa. Por el contrario, en el proyecto no hay un criterio ecológico en la definición, solo contiene hasta dónde llegan los límites propietarios y hasta dónde llegan los límites públicos.
La activista ambiental coincide con la apreciación de que la intención del proyecto es favorecer los proyectos tan debatidos que hay pendientes en las costas, los llamados desarrollos turísticos. Al respecto, trajo a la atención que hay otros dos proyectos sobre la ZMT. El más preocupante, denunció, es uno sometido por el senador Eliezer Molina y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que pretende hacer un deslinde nacional, con la intención de promover una única forma de medir la costa de Puerto Rico.
“Eso es un disparate y una afrenta contra las comunidades, porque si se va utilizar para todo, parecería un plan maquiavélico de vamos hacer una definición y un plan nacional, que pondría en riesgo no solo los ecosistemas sino a las comunidades que habitan la costa, porque cuando construyeron, el mar no estaba encima de ellas. Es una irresponsabilidad el estar jugando con reducir esto a un debate entre lo público y lo privado sin tomar en cuenta todos los debates en un momento tan crítico como el que estamos viviendo con el cambio climático”, manifestó.
Como una alternativa a dicho proyecto, reveló que recientemente también se sometió un proyecto en el Senado por petición, al mismo fin de enmendar la ZMT. El proyecto fue propuesto por un grupo de agrimensores, biólogos marinos y geólogos, con las consideraciones que debe incluir una definición de ZMT. El proyecto PC 628 fue acogido por la senadora Ada Álvarez Conde como una contrapropuesta. Para Uriarte, esa definición es quizás la más sensata que ha escuchado en mucho tiempo sobre hasta dónde deberían llegar los límites de la ZMT, tomando en consideración los criterios prioritarios, que son los ecológicos.
Por su parte, la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara, Denis Márquez Lebrón y Adriana Gutiérrez Colón, radicó el proyecto 188, el cual define de manera amplia la ZMT. Los legisladores del PIP emplazaron al liderato legislativo a considerar alternativas reales sobre la crisis costera que redunden en una política pública de protección y bienestar de los recursos costeros del país.
A preguntas de este semanario, Márquez Lebrón catalogó el proyecto del PIP como uno mucho más amplio, que incluye una definición de la ZMT, establece todo el manejo de la zona costanera, toda la política pública, incluida una definición amplia de ZMT; que toca los humedales, los acantilados y los terrenos ganados al mar. “Esto es una política pública de acceso a los bienes de dominio público, un conglomerado de acciones por parte del gobierno. Eso, de entrada, es una diferencia del proyecto de Johnny Méndez, que es solo definir la ZMT mal definida”.
A su juicio, no hay ningún problema parlamentario para que se puedan ver ambos proyectos, cosa que ha ocurrido en años anteriores. El portavoz de la delegación del PIP afirmó que conoce sobre el proyecto que radicó el grupo de los profesionales, e incluso que lo vio, y que ambos proyectos tienen muchísimo elementos en común, aunque en el del PIP, además de una definición exacta, precisa, de la ZMT, se incluye otro conjunto de elementos vinculados a la ZMT. Márquez Lebrón expresó que incluso tuvo comunicación con los proponentes del proyecto y que se han mantenido en comunicación sobre el tema.
“Insistimos en que tiene que haber una definición, que es fundamental, de la ZMT. Toda una política pública del manejo de las costas, que va desde el concepto de dominio público, acantilado, humedales, el acceso a las playas, los deberes del DRNA con la zona costanera, de las autorizaciones y concesiones; de qué cosas se pueden hacer y no hacer en las costas. Todo eso es parte de discusión en el proyecto. Cuando se comparan las definiciones, hay coincidencias positivas”.
Sobre las posibilidades de ambos proyectos, Márquez Lebrón admitió que ve el panorama complicado y muy difícil para que se apruebe y adopte una definición de la ZMT como la que se necesita.Considera que tanto el PNP como la mayoría del PPD del cuatrienio pasado no tienen ningún interés real de proteger las costas de Puerto Rico. Al respecto, recordó que en el cuatrienio pasado la delegación del PPD en la Cámara le dio un informe negativo con argumentos de los constructores al proyecto de la moratoria en las costas, pedido respaldado por amplios sectores, incluido el Comité de Expertos del Cambio Climático. “Lo vemos complicado en este cuatrienio, por eso hacemos la denuncia, y por eso insistimos en que se discuta el proyecto”, reclamó el portavoz del PIP.
El proyecto de Johnny Méndez, básicamente, significa empezar a construir en la parte cerca de la playa, “donde se ponen la silla y la neverita”, le han dicho expertos en la materia. Ello implica desconocer las consecuencias que han tenido las construcciones en las costas y los daños causados por eventos como el huracán María.
