Especial para CLARIDAD
La militarización sin precedentes observada en las últimas semanas es uno de los resultados de las políticas totalitarias y criminales que ha impulsado un sector del Partido Republicano en Estados Unidos, dirigido por el presidente Donald Trump. El giro que ha tomado la política federal en Estados Unidos no solamente ultraja la fibra de la sociedad estadounidense, los derechos individuales adquiridos y los derechos fundamentales de las minorías étnicas, raciales y de la comunidad LGBTQ+, sino que además pone en peligro la paz y la seguridad internacional y más específicamente la paz en la Región del Caribe.
Pero entender el escenario actual requiere hacer una mirada al pasado histórico. La ocupación militar de Puerto Rico por Estados Unidos comenzó con la invasión de 1898 durante la Guerra Hispano-cubano-estadounidense. Luego de la invasión se instauró un gobierno militar que duró hasta la aprobación de la Ley Foraker de 1901. Sin embargo, a pesar de la creación de un gobierno civil en ese año, controlado por Estados Unidos, la Policía Insular, creada desde el 1899 mediante un decreto militar, siguió funcionando como brazo de represión militar contra la disidencia.
Como parte integral del proceso de militarización, a los puertorriqueños se les extiende una ciudadanía estadounidense estatutaria en virtud de la Ley Jones de 1917. Con esta movida, los puertorriqueños, continuaron excluidos de los procesos políticos en Estados Unidos, pero se allanó el camino para enlistarlos en el ejército de este país, desatando esto grandes debates debido a la instauración del servicio militar obligatorio.
Tanto la Policía Insular, como las fuerzas armadas, el FBI y la Guardia Nacional han sido utilizados históricamente en Puerto Rico para suprimir la disidencia y la libertad de expresión. Ello ha suscitado eventos de violencia cuyo desenlace ha resultado en ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno de Puerto Rico y el de Estados Unidos. Entre los actos de violencia más destacados es menester resaltar La Masacre de Río Piedras, con un saldo de 5 muertos; las ejecuciones extrajudiciales de Elías Beauchamp e Hiram Rosado por haber ajusticiado al coronel Elisha Francis Riggs, a quien se le responsabilizó por dicha masacre. A esto se suma la Masacre de Ponce de 1937, donde 21 personas inocentes fueron asesinadas por la Policía Insular bajo las órdenes del gobernador Blanton Winship.
Esta desgracia provocó la primera intervención de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) en asuntos relacionados con Puerto Rico. En su investigación se concluyó que la Policía hizo uso de fuerza mortal de manera indiscriminada, resultando en una masacre contra personas desarmadas que se disponían a participar de un acto pacífico de libertad de expresión organizado por el Partido Nacionalista Puertorriqueño. La investigación fue comisionada por el abogado Arthur Garfield Hays.
Entre los asesinatos políticos, ataques terroristas y ejecuciones extrajudiciales a manos del gobierno federal, la Marina de Guerra de Estados Unidos (Navy) y la Policía de Puerto Rico, no podemos dejar de mencionar a los mártires muertos y encarcelados durante la Revolución de Jayuya de 1950, donde se activó la Guardia Nacional para suprimir el levantamiento; los asesinatos de Santiago Mari Pesquera (1976, todavía sin esclarecer), Carlos Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado en Cerro Maravilla (1978); Carlos Muñiz Varela (1979, tampoco ha sido esclarecido); Ángel Rodríguez Cristóbal (1979); ataque con explosivos contra el Colegio de Abogados de Puerto Rico, donde se responsabilizó a un oficial del Navy; David Sanes (1999) muerto por una bomba del ejército de Estados Unidos en Vieques y la ejecución extra-judicial de Filiberto Ojeda Ríos el 23 de septiembre de 2005 a manos del FBI, entre otros.
Mientras todo esto ocurre, Estados Unidos va consolidando en Puerto Rico su poderío militar a través del establecimiento de bases militares, la expansión de los poderes del FBI (creado desde 1908) en nuestro archipiélago y la designación y expropiación de grandes extensiones de terrenos en Puerto Rico, Vieques y Culebra, para destinarlos a maniobras navales. Dentro de este contexto, las protestas en Puerto Rico contra la presencia militar de Estados Unidos responden a múltiples factores que nos proponemos enumerar.
Resistencia al militarismo
Entre las razones de mayor peso se encuentra la protección y promoción de los derechos humanos y nuestro derecho a existir como pueblo, como país. Uno de los peligros inmediatos de las prácticas militares en Puerto Rico es que en caso de conflictos internacionales nuestro país se convierte en tarjeta de represalias bélicas, lo cual nos pone en peligro inminente de ataque y de extinción. Según estudios del Colegio de Abogados y Abogadas, Puerto Rico al 2003 contaba con un control de mando para 30 submarinos nucleares.
La explotación militar de Puerto Rico ha causado también un grave daño al ambiente y a la salud de nuestro pueblo, interfiriendo con nuestras posibilidades de desarrollo económico y social. Ello crea un problema de justicia ambiental donde siempre los más afectados son comunidades negras y pobres en Puerto Rico. Uno de los ejemplos más dramáticos lo representa la población de Vieques, donde los estragos de las maniobras militares y experimentos bélicos por más de seis décadas han dejado un saldo de cáncer un 26% mayor al de la Isla Grande. En el año 2013, la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad Interamericana presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington DC. Este caso fue presentado por quien actualmente es la directora ejecutiva de ACLU de Puerto Rico, Annette Martínez Orabona, en defensa de integrantes de la Alianza de Mujeres Viequenses y otras personas cuya vida y salud se han visto seriamente afectadas por las prácticas de guerra. El caso no ha concluido.
Nuestro pueblo tiene una larga historia de lucha y resistencia en contra de la militarización y de que se nos utilice como campo de entrenamiento para agredir otras naciones. Entre el año 2000 al 2003 más de 1,000 puertorriqueños y puertorriqueñas cumplieron cárcel por actos de desobediencia civil en contra del US Navy en Vieques. Durante esta etapa de la lucha, la ACLU de Puerto Rico, a través de su entonces directora ejecutiva, Jannice Gutiérrez Lacourt, instó una causa de acción en el Tribunal Federal para detener las agresiones del Navy y los US Marshalls en contra de los manifestantes y miembros de la sociedad civil. Posteriormente, en el 2006, ACLU, PR, a través de su entonces director ejecutivo, William Ramirez, y ACLU Foundation presentaron una demanda en la Corte Federal contra el FBI y sus agentes por reprimir mediante fuerza excesiva a miembros de la prensa, agrediendo a periodistas en De Diego 444.
Una mirada al tema de la militarización desde el Derecho internacional de los derechos humanos nos señala que las Naciones Unidas, desde su creación ha condenado la utilización de los territorios no autónomos o colonias con propósitos militares. Ello atenta contra la seguridad de estos pueblos, su integridad territorial y el derecho que tienen a la soberanía sobre sus riquezas y recursos naturales. U. N. G.A. Res.1803 (XVII), December 14 (1962) Permanent Sovereignty Over Natural Resources.
Para 1965, la Asamblea General de las Naciones Unidas había adoptado varias resoluciones solicitando a los estados administradores desmantelar las bases militares en los territorios bajo su administración y abstenerse del establecimiento de nuevos enclaves militares en sus colonias. U.N. Res. 2105 (XX), 12. Ese mismo año las Naciones Unidas enfatizó que las bases militares en los territorios administrados constituyen un obstáculo importante para la libre determinación de estos pueblos.
Pesos y contrapesos
Actualmente, la militarización en Estados Unidos afecta no solamente sus posesiones o colonias, sino que esta práctica peligrosa se extiende a ciudades en Estados Unidos para sofocar el libre ejercicio de la expresión de un pueblo indignado con los abusos de poder, especialmente aquellos excesos que afectan a la comunidad migrante. Esta militarización viola la Ley de Posse comitatus que limita la participación del ejército en la implementación de leyes civiles, trabajo que le compete a la policía estatal, entrenada para esto. La utilización del ejército para volcarlo en contra de la población civil que viene obligado a defender es un acto de tiranía que debería recibir un rechazo contundente desde el Congreso, el Pentágono y el Poder Judicial.
En cuanto a Puerto Rico y el Caribe, estamos como espectadores ante un ejército que cumple órdenes ilegales, asesinando a quienes Trump designe como narcotraficantes. Todo ello con la amenaza latente de atacar a Venezuela utilizando este pretexto, cuando la verdadera motivación es el control de las reservas de petróleo más grandes del mundo. El narcotráfico debe atacarse de conformidad con nuestro Estado de Derecho, respetando siempre la presunción de inocencia, el debido proceso de ley y que se pruebe la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable ante un tribunal de derecho. Así funcionan las democracias. Lo otro es tiranía. Prejuzgar y ejecutar al alegado culpable sin derecho a su día en corte es absolutismo, asesinato.
Debemos preguntarnos, ¿y si los tripulantes de las yolas y lanchas destruidas en alta mar no eran narcos? La ausencia de transparencia y datos precisos permite considerar que las víctimas pudieron ser migrantes o incluso pescadores bona fide asesinados en alta mar con el solo objetivo de lanzar una amenaza, no solamente contra los gobiernos de repúblicas vecinas, sino también contra los grupos de migrantes que navegan nuestras aguas y los valientes pescadores que históricamente han defendido nuestras costas en contra de la explotación militar.
La crisis humanitaria que atravesamos nos brinda una enseñanza sobre la fragilidad de las estructuras políticas que conocemos y la responsabilidad que tenemos de proteger nuestros derechos a través de la reconstrucción de nuestro lacerado Estado de Derecho. Podemos lograrlo a través del fortalecimiento de nuestra Judicatura, para que no claudique y colapse ante el peso que ejercen las pretensiones del Tirano. Nuestros tribunales, aquí y allá, deben actuar con la responsabilidad que demanda el momento histórico al ejercer su poder inherente de revisión judicial. Nuestro norte, luchar contra la militarización de nuestro pueblo utilizando la libertad de expresión en todas sus modalidades como punta de lanza. Solo así lograremos proteger nuestro derecho a la vida, al desarrollo y a la soberanía sobre nuestras riquezas y recursos naturales. Sin estos derechos y el respeto a la autodeterminación, resulta imposible levantar un sistema político verdaderamente democrático, donde se protejan todos los derechos humanos sin distinción alguna. Aceptemos el reto y enfrentémoslo con esperanza y valentía. Ha llegado el momento de los contrapesos.
El autor es Director Legal ACLU, Puerto Rico. Este artículo se publicó originalmente en CLARIDAD impreso.
