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Sequías, pobreza, conflictos: Corolario del Cambio Climático

Por Félix Aponte Ortiz

Especial para CLARIDAD

“El agua es vida.” El significado de este postulado compartido por la población humana en todos los pueblos del Mundo como axioma, toma mayor vigencia en aquellos espacios geográficos donde se manifiestan sequías extremas. La carencia sostenida de agua fresca, agua con bajas concentraciones de sales en solución, trastoca los procesos de vida tanto de plantas como de animales terrestres, incluyendo al ser humano. La falta de agua asociada a sequías meteorológicas e hidrológicas dislocan severamente las actividades sociales, económicas y culturales de los pueblos afectados y cuando éstas se sostienen por largo tiempo, generan conflictos violentos relacionados al fácil y libre acceso y control de las fuentes naturales y construidas para aprovechar el recurso. Estos conflictos, de forma sostenida en el tiempo, profundizan y a su vez generan crisis humanitarias que desembocan en grandes pérdidas de vidas humanas y desestabilidad en los procesos políticos institucionalizados. Tal como han pronosticado científicos y expertos, el acelerado calentamiento del Planeta está produciendo cambios dramáticos en el comportamiento del clima, exacerbando la variabilidad del ciclo hidrológico y produciendo sequías severas en múltiples regiones del Mundo. Esa es la situación que desde hace más de diez años ha afectado, entre otros, a Centro América, Venezuela, Siria, Yemen, y los países africanos incluidos en el área geográfica al sur del desierto del Sahara conocido como El Sahel.

EL Sahel es la zona eco climática y biogeográfica de transición entre el desierto del Sahara al norte y al sur las zonas más húmedas del centro de África. Es una franja de 620 millas de ancho (mil kilómetros) y de 3,360 millas de largo (5,400 km) equivalente a 1,178,850 millas cuadradas. Tiene una precipitación ordinaria anual de 4 a 8 pulgadas en la franja más al norte y de 24 pulgadas en el segmento sur. Se caracteriza por un clima semiárido y cubre una extensión desde el Océano Atlántico, desde el norte de Senegal, el sureste de Mauritania hasta Eritrea en el Mar Rojo. Se estima que actualmente habita en El Sahel una población cercana en 100 millones de personas, con una proyección de crecimiento al año 2050 de 200 millones de personas. En esta franja, aunque las sequías se consideran un fenómeno recurrente, en las pasadas cuatro décadas éstas se han tornado más generalizadas, prolongadas y frecuentes, probablemente como resultado del cambio climático. Estas sequías inciden sobre los nueve países africanos de El Sahel, promoviendo migraciones internas significativas en la región, así como conflictos armados en muchos de estos países que están causando severas crisis humanitarias que requieren nuestra mirada y atención.

Un caso demostrativo de estos impactos del calentamiento del Planeta en El Sahel es la situación de sequía que ha estado ocurriendo por décadas en la cuenca del Lago Chad. La reducción del volumen del agua almacenada y del área que ocupa este lago, ha requerido la activación de respuestas a nivel internacional para ofrecer ayuda y colaboración en la situación de crisis humanitaria que ocurre en este espacio africano. El Lago Chad es, o era, un inmenso cuerpo de agua dulce natural que suplía suministro de agua para consumo humano y riego agrícola, proveía buena producción y consumo de abundante pesca, y servía también como medio de comunicación acuática para los países que tenían como frontera política los límites de este cuerpo de agua: Chad, Camerún, Nigeria y Niger. Desde 1960, producto del proceso del calentamiento del Planeta y el continuo proceso de desertificación en la región, el volumen del lago ha disminuido un 90 porciento, limitando de forma dramática la fuente de agua de cerca de 30 millones de personas. El proceso de desertificación que allí viene ocurriendo, ha contraído físicamente el perímetro del lago, alterando la percepción histórica de los límites políticos de las fronteras de los cuatro países circundantes. La pérdida del lago y sus recursos ha generado grandes dificultades a las familias que dependen para su sustento alimentario y actividad económica productiva de éste que se ha venido desvaneciendo con más celeridad en las últimas dos décadas. Por otro lado, relacionado también al proceso de las sequías, el acceso a tierra fértil ha constituido un reto continuo para los pobladores y agricultores de esta región, reto que se incrementa con el acelerado proceso de desertificación que induce nuevas presiones para la sobrevivencia de la creciente población en esta parte del mundo. La Organización de Naciones Unidas dice que 10.7 millones de personas en la cuenca del Lago Chad necesitan ayuda humanitaria urgente para poder sobrevivir.

La carencia de agua, por un lado, el ineficiente manejo del recurso por el otro, también ha promovido conflictos armados como el que ocurre en el noreste de Nigeria con el grupo islamista denominado Boko Haram organizado en el año 2002. El conflicto armado entre Boko Haram y el gobierno de Nigeria ha sido responsable de gran pérdida material de infraestructura y estructuras comunitarias y de al menos, 30 mil muertos, otros tantos miles de heridos y cientos de personas secuestradas, particularmente, de niñas de edad escolar que han sufrido terribles experiencias de violencia sexual. En los últimos nueve años este conflicto en Nigeria ha provocado el desplazamiento de más de 2.7 millones de personas.

Tal como ocurren en Chad y Nigeria, el proceso de sequías y de desertificación, está provocando grandes impactos en Mali y en Burkina Faso. La extrema sequía que ha afectado a Burkina Faso en los años 2004 y 2010 ha dislocado los estilos de vida históricos en esa área. Localmente la población se refiere a estos períodos de sequía como “tundi” o como “dirty weather”. Los tundi han dislocado la práctica de trashumancia que, por cientos de años, han practicado en esa región moviendo el ganado vacuno a aquellos espacios geográficos donde estuviese disponible pasto para su sostenimiento. El ganado vacuno es fuente primaria de alimentación, especialmente de la leche que nutre a toda la población y en especial a los niños. El impacto de las sequías a nivel regional ha limitado la oferta de alimento al ganado y ha generado mucha tensión social pues se compite por el uso del espacio entre las distintas poblaciones. El impacto negativo de la sequía ha producido en Mali y Burkina Faso un movimiento migratorio y desplazamiento humano bien significativo que se incrementa con la desertificación y la degradación de los terrenos que ésta produce. Se ha calculado que en Mali el flujo migratorio es de cerca de 200 mil personas por año. Este movimiento humano había producido 177 mil refugiados para el año 2012.

Las sequías de años recientes también constituyen un factor importante, entre otros, que han producido los serios conflictos en Siria, Yemén, Sudán y Venezuela. También han constituido un factor en el disloque funcional de países como Honduras y Guatemala que han inducido los masivos procesos migratorios hacia la frontera de Méjico con EE.UU. y que Donald Trump pretende contener con una muralla. En Siria se produjo una sequía severa entre 2006 y 2010 que tuvo consecuencias catastróficas. Esta sequía provocó el colapso de la actividad productiva agrícola relacionada al cultivo de trigo y centeno que entonces representaba cerca del 30 porciento de su producto interno bruto y que empleaba a una tercera parte de la población del país. EL colapso del sector agrícola por la sequía dejó entre 2 y 3 millones de personas en una condición de pobreza extrema induciendo una migración de esa población hacia Damasco. Esa migración interna hacia la capital coincidió en tiempo y espacio con la otra migración que produjo la agresión bélica de EE.UU. contra Irak, y en conjunto ambas migraciones generaron una presión por demanda de alimentos y servicio que el país no estaba en capacidad de satisfacer. Este contexto dio base a una creciente tensión socioeconómica que desembocó en la sangrienta guerra que todavía afecta a ese territorio. Hay quien ha señalado que la guerra en Siria no se trata realmente de un conflicto religioso entre suníes y chiitas, si no de una “lucha por el agua”.

Una situación similar ocurrió en Venezuela cuando se produjo la mayor sequía en décadas entre los años 2013 y 2016. Esta sequía provocó el colapso de buena parte de su producción de alimentos y a su vez incidió sobre la producción de la energía hidroeléctrica que previo a la sequía, constituía la fuente primaria de producción del servicio eléctrico. La limitación en la producción agrícola nacional obligó a la importación de muchos productos que fueron luego objeto de manipulación y especulación por sectores vinculados a la oposición del gobierno Bolivariano. La carencia de agua en los embalses para la producción de electricidad requirió desviar parte de la producción petrolera designada para la venta en el exterior hacia la producción de electricidad lo que en parte contribuyó al desajuste de la empresa petrolera. Todavía recuerdo un titular de un parte de prensa del 2010 de Reuter que se destacaba con el siguiente contenido: “La mayor sequía en décadas ahoga a Venezuela”.

La situación arriba descrita en EL Sahel, Siria, Venezuela y Centroamérica corresponde con los pronósticos del calentamiento del Planeta y el cambio en el clima que los científicos han formulado de forma reiterada en los pasados años. En agosto del año 2018 el panel de científicos y expertos en este tema de la ONU (IPCC, por sus siglas en inglés) publicó un alarmante estudio con el título de “Report: We Have Just 12 Years to Limit Devastating Global Warming”. Este informe del IPCC establece que los eventos de sequía extrema serán mucho más frecuentes y devastadores en el futuro cercano y que la humanidad solo cuenta con 12 años, es decir, hasta el año 2030 para poner en efecto cambios masivos, sin precedentes, a la infraestructura energética global de manera que se pueda limitar el aumento adicional de 1.5 grados centígrados a la temperatura promedio del Planeta. El informe señala que aún si se lograra contener ese aumento adicional en la temperatura, como quiera se observarán alzas significativas en el nivel del mar, más tormentas destructivas y mayores sequías devastadoras. El informe claramente establece que el calentamiento empeorará la condición de vida del Planeta con implicaciones indudables de hambrunas, enfermedades, pérdidas económicas y crisis humanitaria. Este informe concluye que no hay costos evitados en el cambio climático: o invertimos recursos monetarios ahora para reducir la emisión de gases de invernadero y en la inversión urgente en medidas de adaptación, o pagaremos incrementalmente mayores costos monetarios a través de la pérdida y daños a la propiedad física construida y la natural, así como pérdidas cuantiosas de vidas. Estos retos de la humanidad los tenemos que asumir como Pueblo en el Puerto Rico del presente. Obviar esta realidad implica comprometer nuestro futuro y bienestar de la población actual y de la próxima generación de compatriotas.

Actuar contrario a la realidad pronosticada por la ciencia sobre el impacto del cambio climático tal como en estos tiempos se observa el EL Sahel, Siria y Venezuela, es comprometer a Puerto Rico a un proceso de calamidad y de desasosiego social y económico. El calentamiento del Planeta tiene como consecuencia social la migración y el desplazamiento espacial de grandes cantidades de seres humanos producto de las sequías, inundaciones y tormentas más recurrentes y severas. No tengo duda que, en nuestro caso, el impacto del huracán María ha producido efectos similares de las sequías como las que en esta columna describimos. Ese huracán provocó la migración acelerada de cientos de miles de compatriotas y dio el puntillazo para el colapso de la infraestructura del servicio eléctrico, de comunicaciones y de carreteras. En gran medida profundizó la crisis económica estructural que ya padecíamos desde hace décadas. Habrá que ver qué ocurrirá con nuestra ya disminuida Patria cuando nos afecte una próxima sequía de igual intensidad como las que afecta a los países de El Sahel, cuando tengamos nuestro propio “tundi”, nuestro propi “dirty weather” como la califican los hermanos africanos en Burkina Faso. “El agua es vida”.

Unidas por la descolonización

El mensaje que subraya la inmoralidad del coloniaje,
ha calado hondo en la conciencia de aquellos que reconocen la injusticia que ello representa. Por ello continuaremos en ese esfuerzo arduo y sacrificado, pero a su vez, alentador que nos conducirá a allegar aliados a nuestra lucha, en las esferas de
poder político estadounidense.

Por María de Lourdes Guzmán 

Especial para CLARIDAD

Una de las experiencias mas edificantes y provechosas que he vivido durante los últimos años de mi vida, ha sido formar parte del Junte de Mujeres M–18. Este proyecto, que nace de la visión de la querida amiga y veterana periodista Wilda Rodríguez, logró unir a seis mujeres del espectro político puertorriqueño comprometidas con la soberanía y la justicia social para nuestro país. Convocadas hace cerca de un año, nos propusimos luchar contra la Junta de Control Fiscal, la Ley Promesa, las leyes de cabotaje, por la auditoría de la deuda y la descolonización de Puerto Rico. Todos estos asuntos tienen como eje principal, la situación colonial del país, que luego de más de 120 años, exige la más decidida concertación de esfuerzos, por encima de aquello en lo que podamos discrepar. La Lcda. Mariana Nogales, presidenta del Partido del Pueblo Trabajador (PPT), la Lcda. María de Lourdes Santiago, Vice-Presidenta del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), la Lcda. Wilma Reverón, co-presidenta del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), la Lcda. Alexandra Lúgaro, candidata independiente a la gobernación en las elecciones del 2016, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz y la que escribe, como presidenta del Movimiento Unión Soberanista (MUS), hemos demostrado por medio de este esfuerzo, cuan necesaria, urgente y posible es la unidad de propósito, a pesar de las diferencias que puedan existir entre nosotras si, sobre todo, queremos alcanzar estos objetivos que atentan contra la existencia misma de nuestro país. 

Entendiendo que, de todos los asuntos que nos han unido como Junte, la situación colonial es la más transcendental, nos hemos dado a la tarea de hacer llegar nuestro mensaje a las esferas de poder político en los Estados Unidos, con la colaboración de hermanos y hermanas de la diáspora, que continúa creciendo, debido a la situación de empobrecimiento y falta de oportunidades que enfrenta nuestro país. Contrario a lo que muchos pudieran pensar, numerosos sectores de nuestra diáspora/exilio, abrazan su puertorriqueñidad y están totalmente comprometidos con la justicia que merece nuestro país y con el fin del coloniaje. Así, desde el pasado año hemos comenzado a visitar oficinas de congresistas estadounidenses, haciéndoles saber que, distinto a lo que es y ha sido por los pasados años el mensaje del anexionismo, el pueblo no respalda mayoritariamente la estadidad y que resulta urgente encaminar un proceso serio de descolonización. En ese sentido, les hemos hecho saber que no puede seguir siendo pretexto para la inacción del gobierno federal, la alegación de que los puertorriqueños “no nos pongamos de acuerdo”, discurso detrás del cual se escuda la indolencia que ha caracterizado a ese gobierno ante la situación de coloniaje y subordinación política que es, cada vez más, insostenible. Hemos trasmitido el mensaje de que el gobierno estadounidense tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde tras haber invadido y ocupado militarmente nuestro país hace 120 años, socavado nuestro desarrollo económico y social y condenándonos a la pobreza y a la ignominia. La ocupación de nuestro suelo ha producido una sociedad que menosprecia su capacidad, potencial y talento, minando así nuestras posibilidades de alcanzar la soberanía e independencia que es derecho inalienable de todos los pueblos del mundo. 

Este esfuerzo cuyo principal motor es el amor a nuestro país, pretende llenar el vacío que, lamentablemente y por muchos años, hemos dejado los independentistas y soberanistas en ese espacio político tan importante. Gracias a nuestro trabajo, como al de muchos otros que se desarrollan en la capital federal, los políticos estadounidenses están conociendo lo nefasto que ha sido para nuestro pueblo la imposición de la ley Promesa y de la Junta de Control Fiscal, la aplicación a Puerto Rico de las leyes de Cabotaje, que encarece nuestros productos de manera exorbitante y la inmoralidad que representa mantener a  nuestro archipiélago como colonia del país más poderoso del mundo que se proyecta, internacionalmente, como el paladín de los derechos humanos. Así, planteamos firme y reiteradamente, diferenciándonos del discurso anexionista que nos tilda de ciudadanos americanos residiendo en un territorio estadounidense, que somos un país, una nación latinoamericana y caribeña, con su propia cultura, historia, idioma, identidad e idiosincrasia. Contradecimos, decididamente, la narrativa de aquellos que pretenden que nuestro pueblo sea absorbido por el que nos sojuzga, bajo el pretexto de alcanzar la igualdad, en el país con la distinción de ser el de la mayor desigualdad en el mundo.  

La receptividad de los asesores de congresistas a quienes hemos visitado ha sido sorprendentemente positiva. Estos, mostrando una inusitada empatía, han agradecido recibir el mensaje de un sector importante de nuestro pueblo que reclama respeto a su identidad, a su soberanía, a su derecho a la autodeterminación, en fin, a ser lo que en realidad somos: puertorriqueños. No cabe reclamar la igualdad, porque no somos sus iguales. Asimismo, hemos recalcado que este no es un asunto de derechos civiles, derecho que atañe, particularmente, a los individuos. Se trata del derecho a la autodeterminación, que pertenece a todos los pueblos y que nos ha sido injustamente negado por la potencia colonizadora. Un día adicional en que los Estados Unidos nos mantenga como colonia es un día más en que se nos niega el ejercicio del derecho fundamental a la autodeterminación. Un día adicional en que los Estados Unidos nos mantenga como colonia, es un día adicional en el que ese país, continúa cometiendo un crimen contra la humanidad. El mensaje que subraya la inmoralidad del coloniaje, ha calado hondo en la conciencia de aquellos que reconocen la injusticia que ello representa. Por ello continuaremos en ese esfuerzo arduo y sacrificado, pero a su vez, alentador que nos conducirá a allegar aliados a nuestra lucha, en las esferas de poder político estadounidense. Ese espacio no puede abandonarse y trabajarlo nos recompensará y nos ayudará a labrar el camino hacia la victoria final. 

La autora es Presidenta del Movimiento Unión Soberanista

Editorial:Mujeres contra la deuda, la violencia y la desigualdad

Bajo el lema “Un 8 de marzo contra la Deuda –
Paro de mujeres”, la Coalición 8 de marzo convoca a una concentración en frente al edificio Seaborne –sede de la Junta de Control Fiscal– en el área de La Milla de Oro, a partir de las 2:30 pm. Allí expresarán a viva voz su rechazo a las medidas abusivas que la Junta y el gobierno de Ricardo Rosselló y el PNP han tomado contra las mujeres y demás sectores de nuestro pueblo. Reclamarán la equidad y la inclusión en las áreas neurálgicas y esenciales para la paz y la vida de nuestras mujeres, así como las medidas de emergencia que sean necesarias para atajar la violencia machista. La actividad será dedicada a la heroína nacional,
Lolita Lebrón, de quien se conmemora el
centenario de su nacimiento.

En Puerto Rico, las mujeres están llegando al límite. El impacto negativo sobre ellas de la crisis de la deuda, unida a la violencia machista y la estrechez creciente de recursos y oportunidades, está a punto de ebullición. Por eso, la jornada del 8 de marzo de este año –conmemorando el Día Internacional de la Mujer– se propone imprimir el énfasis y urgencia que merecen los justos reclamos de las mujeres, especialmente hoy que Puerto Rico encara la realidad de una mayor desigualdad en todos los órdenes; desigualdad que tiene principalmente rostro de mujer.

En cada investigación, estudio o experiencia práctica que se realiza desde nuestros pueblos y comunidades, se revela cómo las mujeres –especialmente aquellas que son también trabajadoras y jefas de familia– están siendo impactadas de manera particular por la vorágine social y económica que nos arropa. Esto, porque la cambiante sociedad puertorriqueña cada vez exige más de sus mujeres. Cada vez más, la suma de las cargas se vuelca contundentemente sobre ellas. Las mujeres representan el 52.4 % de nuestra población y el 46.2% de la fuerza laboral del País. Constituyen también la mitad entre los que obtienen grados universitarios, y en igual proporción, entre los que han tenido que emigrar hacia Estados Unidos a causa de la crisis y la falta de oportunidades. Aproximadamente 300 mil de ellas son jefas de familia, de las cuales la mitad viven en pobreza. Como si fuera poco, también son las principales víctimas de la violencia de género. El año 2018 terminó con 24 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas, y una cantidad no precisada de mujeres desaparecidas, lo cual presenta un cuadro verdaderamente aterrador de la violencia machista en nuestro país. 

La crisis de la deuda está teniendo un impacto nefasto que las mujeres sienten de muchas maneras. Se siente en la reducción de salarios y beneficios, y en las reformas abusivas a las leyes y condiciones laborales que colocan en desventaja principalmente a las mujeres, quienes son también cuidadoras y responsables primarias por los hijos y el hogar. Se siente en la austeridad que raciona los servicios esenciales, especialmente en las áreas de salud y educación, obligando a muchas mujeres que son madres a dejar sus empleos y priorizar en la atención de sus hijos e hijas con condiciones de salud o necesidades especiales. También se siente en el abuso de poder de una nueva legislación dirigida a limitar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ampliamente reglamentados en Puerto Rico por el Departamento de Salud. Igualmente se siente en la fórmula letal de aumentos y recortes decretados por la Junta de Control Fiscal en la Universidad de Puerto Rico, lo cual afectaría directamente el acceso y oportunidad de miles de mujeres jóvenes a una educación superior de calidad y costo razonable. Se siente de manera particularmente profunda también en la virtual paralización de servicios en el Negociado de Ciencias Forenses. Allí, donde se amontonan cadáveres que muchas madres y abuelas reclaman desesperadamente para darles sepultura, y donde se acumulan miles de muestras de material genético (“rape kits”) de igual número de víctimas de violación, principalmente mujeres y niñas cuyos agresores aún no han sido identificados, y mucho menos enjuiciados por su crimen. 

Un excelente ejemplo de la justa indignación de una mujer ante tanta injusticia lo ofreció en días recientes la joven maestra Elimar Chardón Sierra. Ella decidió ejercer su derecho a expresarse libremente y manifestarle su disgusto a la jueza federal Laura Taylor Swain– encargada de atender los casos de la deuda de Puerto Rico–por su decisión de aprobar el pago de la deuda de COFINA, acuerdo confiscatorio que amenaza con estrangular el progreso de nuestras futuras generaciones por los próximos 40 años. La profesora– quien enseña música a niños y niñas no videntes y fue descrita como una maestra ejemplar– fue arrestada por su acción por el FBI, acusada de hostigar a una funcionaria federal, y luego dejada en libertad bajo fianza por el tribunal de Estados Unidos en San Juan. La actuación valiente y digna de esta maestra simboliza la indignación colectiva que sienten en Puerto Rico miles de mujeres a quienes la crisis de la deuda y sus secuelas les han tronchado sus esperanzas, lanzándolas a la incertidumbre y la pobreza. Ella merece todo nuestro respeto y solidaridad, en desagravio por la represión y la fuerza bruta a la que fue sometida por el mero acto de ejercer su derecho a la libre expresión.

Por ejemplos como el de ella, y como el de las miles de mujeres que todos los días, desde sus casas, o desde donde estén, trabajan para construir un Puerto Rico más justo, equitativo e inclusivo, se celebrará con entusiasmo el Día Internacional de la Mujer. Bajo el lema “Un 8 de marzo contra la Deuda – Paro de mujeres”, la Coalición 8 de marzo convoca a una concentración en frente al edificio Seaborne –sede de la Junta de Control Fiscal– en el área de La Milla de Oro, a partir de las 2:30 pm. Allí expresarán a viva voz su rechazo a las medidas abusivas que la Junta y el gobierno de Ricardo Rosselló y el PNP han tomado contra las mujeres y demás sectores de nuestro pueblo. Reclamarán la equidad y la inclusión en las áreas neurálgicas y esenciales para la paz y la vida de nuestras mujeres, así como las medidas de emergencia que sean necesarias para atajar la violencia machista. La actividad será dedicada a la heroína nacional, Lolita Lebrón, de quien se conmemora el centenario de su nacimiento. ¡Por un 8 de marzo de dignidad, y contra la deuda, la violencia y la desigualdad! 

Ensayo sobre la impunidad

Estamos ante otro posible caso de impunidad,
el vocablo que mejor describe las actuaciones de los organismos responsables de perseguir a los corruptos. Puerto Rico tal vez sea uno de los países que más
leyes y mecanismos tiene para perseguir
la corrupción y el que menos los utiliza. 

Por Manuel de J. González/CLARIDAD

El 30 de noviembre de 2018 Héctor Díaz Vanga fue despojado de su título de abogado por el Tribunal Supremo, tras de no comparecer a defenderse de tres querellas por violación a los Cánones de Ética de su profesión. Según la resolución, la suspensión dictada tendría efecto de forma “inmediata e indefinida”, por lo que a partir de ese día el sancionado estaba impedido de representar clientes u ofrecer asesoría legal. Gracias a un reportaje de Javier Colón Dávila para el diario El Nuevo Día hoy sabemos que al momento de su desaforo Díaz Vanga tenía un contrato con la Cámara de Representantes que vence el próximo 30 de junio. El contrato no fue cancelado y el otrora abogado siguió ejerciendo y cobrando por sus supuestos servicios. 

¿Qué le puede pasar a Díaz Vanga? El Tribunal Supremo ya no podrá volver a sancionarlo porque dejó de ser abogado en funciones. Sólo si en el futuro solicita reingresar a la profesión se consideraría esta nueva trasgresión. Pero desde el 30 de noviembre del pasado año el individuo está ejerciendo una profesión regulada sin estar autorizado a ello, lo que constituye un delito en Puerto Rico. Le correspondería al Departamento de Justicia radicar denuncia y promover su arresto. 

¿Lo procesará el Departamento de Justicia? ¿Promoverá alguna acción la Cámara de Representantes en su condición de “víctima” del abogado fraudulento? A juzgar por lo que ya se ha convertido en norma para el actual gobierno lo más probable es que, después de algunas declaraciones, todo que en nada. Díaz Vanga es un “amigo”, un “colaborador” y a esos se les protege. En 2016 intentó ser candidato al Senado por Arecibo y quedó descalificado al no presentar los endosos que requiere la Ley Electoral. Entonces pasó a ser, o más bien siguió siendo, “contratista”, el calificativo más atractivo del Gobierno. 

Estamos ante otro posible caso de impunidad, el vocablo que mejor describe las actuaciones de los organismos responsables de perseguir a los corruptos. Puerto Rico tal vez sea uno de los países que más leyes y mecanismos tiene para perseguir la corrupción y el que menos los utiliza. La principal arma debiera ser el Departamento de Justicia que con gran presupuesto y una legión de fiscales tiene la capacidad necesaria para mantener la casa bien limpia. Allí opera hasta una unidad especial llamada de “Integridad Pública”, con fiscales e investigadores, y otra todavía más especializada que se supone atienda los referidos de la Oficina del Contralor. Como este aparato aparentemente no era suficiente hace tiempo crearon la Oficina de Ética Gubernamental, que se supone eduque a los funcionarios, atienda sus consultas, provea dispensas en casos bien especiales y, si todo eso falla, los investigue. Además de la OEG, para el procesamiento judicial de los funcionarios electos y los altos ejecutivos, existe la Oficina del Fiscal Especial Independiente. Si todo esto falla, para casos que se relacionan con fondos federales, está el Departamento de Justicia de Estados Unidos y su fiscalía local. 

Las primeras tres instancias de este entramado nos cuestan millones de dólares anuales y, si se pusiera en función, buena parte de los corruptos estuviera ahora tras las rejas. En lugar de eso, los promotores, ejecutores y facilitadores del fraude siguen en sus funciones. Sólo una parte mínima de los que caen en desgracia – porque la prensa los investiga o alguien los denuncia – llegan a ser procesados.

La primera razón para ese pobre récord es que, desde hace tiempo, el liderato del PNP se las arregló para controlar todas esas dependencias, colocando al frente de las mismas a cuadros políticos encargados de proteger la imagen del Partido. Zulma Rosario en Ética, Nydia Cotto Vives en la OFEI, Wanda Vázquez en Justicia y la muy selectiva Rosa Emilia Rodríguez en la Fiscalía federal, forman un cuarteto defensor muy efectivo a la hora de decidir a quién y cuándo se acusa. Las cuatro son personas muy cercanas al corazón del rollo partidario y, más que un filtro, lo que manejan es un gran destilador de la corrupción que en cada cuatrienio del PNP apenas gotea. 

Gracias a ese eficiente mecanismo de control la función de investigación se limita a lo poco que pueda hacer la prensa, que dependen de los funcionarios honestos prestos a hablar. Tras las investigaciones y las denuncias, la mayoría de sus hallazgos terminan ignorados. Recientemente el comentarista Jay Fonseca expuso en su programa televisivo un esquema de corrupción en la División de Comedores Escolares del Departamento de Educación. El modus operandi es siempre el mismo: contratos a amigos para defraudar que, en este caso, pudieron afectar la salud de miles de niños. Ninguno de los tres “aparatos de investigación” criollos, ni el Federal, se ha dado por aludido luego de las estas denuncias. 

Lo mismo sucedió con los millones de dólares en contratos que tiene el hijo del actual Secretario de Hacienda Raúl Maldonado, con los otros contratos sospechosos de esa misma dependencia, con las acciones fraudulentas descubiertas en la Autoridad de Trasporte Marítimo, con los abusos y el hostigamiento en la Compañía de Turismo, con los vagones de suministros desaparecidos o desperdiciados, con los que conspiraron para tratar de manipular las elecciones junto al exjuez de Moca, con los mil fantasmas que pululan por el Capitolio, con los responsables de la crisis en Ciencias Forenses, con los cientos de millones de dólares malversados en el contrato de Whitefish y con todos los otros casos que llenarían otra página de este periódico. 

La impunidad sigue siendo la norma y por eso el recién descubierto abogado desaforado que todavía tiene un jugoso guiso en la Cámara de Representantes, debe estar redactando las enmiendas que se le incorporarán al contrato. Seguramente, tras consultar con Zulma Rosario en la Oficina de Ética, lo contratarán como “asesor administrativo” y todo seguirá igual. 

AEE: Los trabajadores sindicados son el mejor activo

Contrario a la acusación en la que ha insistido la presente administración del gobierno y la gerencia de la Autoridad de atribuirle a la uniones, en particular a la Unión Independiente de Trabajadores de Energía Eléctrica (UTIER), responsabilidad por el estado financiero de esa corporación pública, el análisis de IEEFA lo desmiente y plantea todo lo contrario desde su título: el proceso de privatización del sistema eléctrico de Puerto Rico pasa por alto a los trabajadores sindicalizados, que son el mejor activo de la compañía.

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

La afirmación de que las nuevas empresas privadas que ingresen a Puerto Rico para administrar la AEE no aceptarán contratos sindicales es errónea. Así lo establece el más reciente examen del Instituto para el Análisis Económico y Financiero (IEEFA, siglas en inglés), respecto a los planes de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica.

Contrario a la acusación en la que ha insistido la presente administración del gobierno y la gerencia de la Autoridad de atribuirle a la uniones, en particular a la Unión Independiente de Trabajadores de Energía Eléctrica (UTIER), responsabilidad por el estado financiero de esa corporación pública, el análisis de IEEFA lo desmiente y plantea todo lo contrario desde su título: el proceso de privatización del sistema eléctrico de Puerto Rico pasa por alto a los trabajadores sindicalizados, que son el mejor activo de la compañía.

IEEFA favorece que el proyecto de privatización que se discute en el Senado y Cámara de Puerto Rico le requiera a las empresas privadas que honren los acuerdos de negociación colectiva que existen en la AEE. Los analistas basan su defensa en datos del mismo Plan Financiero Certificado de la AEE del año fiscal 2020. Según detallan, los gastos laborales se proyectan en $281 millones (8% de los gastos totales). Estos gastos cubren sueldos, prestaciones y pensiones.

Aun cuando los gastos laborales son la partida más pequeña del presupuesto de Energía Eléctrica, IEEFA defiende que esta implica la mayores consecuencias para los residentes de Puerto Rico, ya que la fuerza laboral de la AEE brinda un apoyo aproximado a 6,000 hogares, lo que representa una fuente importante de empleos en la isla. Mientras, el combustible, los subsidios, los contratos y el mantenimiento cuestan más que la mano de obra. Aun si se incluyera algún nivel de pago de la deuda de la AEE, el porcentaje de dólares requerido para los empleados se reduciría mucho más, indica IEEFA.

Como han defendido la UTIER otros sectores sindicales y varios economistas, IEEFA trae a la atención que los gastos laborales “no son y nunca han sido el principal problema de la AEE”. En términos económicos, cerca de la mitad de los gastos anuales de $ 3.4 mil millones de la AEE se desplazan de la isla para pagar el petróleo, el gas y el carbón. Esta cantidad significativa de los contribuyentes de Puerto Rico siempre se ha destinado a los inversores de la AEE, la mayoría de los cuales no vive en la isla.

Los analistas sugieren a su vez que si la intención de la AEE con el uso del gas natural y la energía renovable es ahorrar $500 millones en costos de combustible, antes debe reducir en cientos de millones de dólares sus pagos anuales de deuda para poder sobrevivir financieramente. Añaden que el plan fiscal de la AEE contiene un conjunto de declaraciones que sugieren que las reglas de la fuerza laboral, los beneficios médicos y los costos de pensión son la raíz de sus problemas financieros. Denuncian que, en cambio, no hay estudios o análisis publicados que evidencien este problema ni soluciones específicas.

“Hacer quejas sin fundamento, con soluciones no especificadas, no equilibra los presupuestos. Sin embargo, sí causa división y frustración en un momento en que las partes interesadas deben unirse”, expresan Tom Sanzillo y Cathy Kunkel, autores del estudio.

Pero ante el análisis de IEEFA, la postura de la gerencia de la AEE está del lado contrario. Los analistas una vez más hacen las mismas denuncias que los sectores sindicales de la corporación. Sanzillo y Kundel plantean que los problemas de trabajo a los que se refiere el Plan Financiero de la AEE no tienen que ver con la falta de trabajadores diestros, sino con la mala gestión política de la agencia, que no es otra cosa que la politización. 

En el caso de la falta de mano de obra diestra, indica que esto se debe a que en el continente estos trabajadores son mejor pagados. Entonces, ante esta falta, la AEE contrata consultores privados a largo y corto plazo, que históricamente han cobrado de más y que tienen un desempeño inferior. Sobre este señalamiento expone que un estudio de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) reveló que hay más de 200 empleados políticos en las nóminas de la Autoridad, lo que ha creado caos e ineficiencia. La Comisión de Energía de Puerto Rico también ha encontrado un mal manejo generalizado dentro de la AEE.

IEEFA califica de errónea la postura de la gerencia de la AEE de decir que las empresas privadas interesadas en administrar la AEE no aceptarán contratos sindicales. Presenta como ejemplo que la empresa PSEG, que es una licitante cualificada para operar el sistema de transmisión y distribución de la AEE y que en la actualidad posee un “gran” contrato de operaciones con la Autoridad de Energía de Long Island (LIPA), se presenta como un modelo para el programa de privatización de Puerto Rico.

Los acuerdos de negociación colectiva son, de hecho, parte de operaciones privatizadas de larga existencia en LIPA. Por su parte, la compañía Public Service Enterprise Group (PSEG) asumió las operaciones LIPA en 2013 de la compañía National Grid de Massachusetts. Ambas compañías respetaron los acuerdos de negociación colectiva preexistentes como obligaciones contractuales. PSEG tiene 12,000 empleados en todas las operaciones de la compañía, de los cuales 8,000 son trabajadores sindicales cubiertos por acuerdos de negociación colectiva, un hecho que la compañía destaca con orgullo en sus presentaciones a los inversores.

En su informe, el Instituto para el Análisis Económico y Financiero hace un reconocimiento a los trabajadores sindicalizados de la AEE, que ni la gerencia de la corporación, ni el gobernador Rosselló nunca han hecho. “El trabajo es un activo económico con un rostro muy humano. Después del huracán María, la administración de la AEE no pudo mantener las luces encendidas. Tomaron una decisión equivocada y potencialmente mortal una vez tras otra. El gobernador no estaba por ninguna parte. El equipo no funcionó y la administración quedó paralizada; pero los empleados sindicalizados de la PREPA aparecían todos los días para hacer su trabajo y reconstruir a Puerto Rico”.

Para concluir, este Instituto, especializado en temas de energía, exhorta a los sectores interesados (negocios, política, comunidad, trabajo, académico y finanzas) a trabajar juntos por una solución y advierte de que, mientras los líderes políticos continúen dividiendo la opinión para lograr ganancias políticas a corto plazo, continuarán saboteando la recuperación de Puerto Rico.