Por Manuel de J. González/CLARIDAD

El tema obligado es el Departamento de Hacienda y su secretario, Raúl Maldonado y, como se hace en las opiniones que firman los jueces, empecemos por los hechos que ya se conocen.

El primer hecho conocido es en torno a OPG Technologies, corporación a la que se le había otorgado un contrato para imprimir y mercadear sellos electrónicos, los que el gobierno utiliza para recaudar impuestos. Luego de habérsele otorgado exclusividad en un negocio que, sin riesgo alguno, le garantiza ganancias millonarias, en las operaciones de la entidad se detectaron posibles actos fraudulentos. También existe una opinión del Departamento de Justicia, emitida en 2014, que consideró “nulo” el contrato. Por tal razón no se renovó en 2015 sobreviniendo un pleito en el que el Gobierno estaba encaminado a prevalecer. Poco después ocurre el cambio de administración y sin importarle el pleito ni la opinión del DJ, el nuevo Secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, reinstala el contrato y le devuelve el guiso a la corporación.

Hecho número 2. La corporación a la que se le otorga de forma exclusiva el negocio de impresión y venta de sellos subcontrata al hijo de Maldonado. Los términos de esa contratación no se conocen porque hasta donde sabemos ninguna institución con autoridad, ni el DJ ni la Oficina de Ética, ha considerado importante investigar los contratos del hijo de Maldonado. Suponemos que esa subcontratación es lucrativa porque el hijo, según su padre, tiene un talento muy superior al de los otros mortales.

Hecho número 3. Además de ser subcontratado por el principal contratista del Departamento de Hacienda, el hijo del Secretario tiene similares arreglos con otras empresas que recibieron contratos del padre. Hasta ahora se han identificado otros tres arreglos de subcontratación. También tiene contratos directos con otras agencias supervisadas por su padre desde su otra silla, la de Secretario de la Gobernación. En total, se sabe que el hijo tiene más de $5 millones de ingreso asegurados a través de estos contratos.

Hecho número 4. Cuando Maldonado abandona la secretaría de Hacienda para al ser ascendido a jefe de gabinete, se lleva con él el poder de revisar los contratos que otorga el Departamento. Aun así, la secretaria en funciones, Teresa Fuentes, cancela uno de los contratos que benefician al hijo. Surgen problemas y desde la Fortaleza le retiran la confianza al subalterno principal de la secretaria produciéndose, como era lógico esperar, su renuncia.

Hecho número 5. Todo lo anterior se conoce en apenas dos o tres días y los medios de prensa los destacan afirmando que de los mismos se desprenden, al menos, enormes conflictos de intereses y un evidente mal manejo de fondos públicos, todo esto cuando al resto del país se le impone austeridad, recorte de beneficios y pérdidas de empleo. A pesar de lo evidente, y de los posibles delitos conocidos, no se ordena investigación alguna. En cambio, el Gobernador procede a reiterar su confianza en Maldonado nombrándolo otra vez al cargo de Secretario de Hacienda donde permanecen contratadas las empresas que subcontratan a su hijo. De paso, le aumentan su poder poniéndolo a cargo de la Oficina de Presupuesto. Ahora no sólo está cargo de supervisar toda la recaudación del dinero que recibe el gobierno, sino también de la oficina que supervisa el gasto. Su poder para contratar las empresas que subcontratan a su hijo se ha duplicado.

Hecho número 6. Ya dijimos que a pesar de la evidente corrupción que se desprende de todo este embrollo, que para la mayoría de los que lo conocen huele a carroña, ninguna de las entidades con responsabilidad se dispone a investigar. La situación, sin embargo, es más grave porque una de las personas que debiera estar investigando, la jefe de Ética Zulma Rosario, ha estado para arriba y para abajo con el señalado participando del mismo “media tour” que los publicistas organizaron. La otra oficina con responsabilidad, el Departamento de Justicia, se apresuró a notificarle al Senado que Maldonado no es objeto de alguna investigación a pesar de que sí investigan al contratista que él benefició y a pesar de que tiene en sus archivos una opinión que tacha de “nulo” el contrato que Maldonado renovó.

La mejor palabra que mejor define estos hechos es desfachatez. De la relación resulta evidente la utilización del poder de contratación para beneficiar a un familiar cercano. Además de ese nepotismo, sobresalen conductas tipificadas como delito tanto en el Código Penal como en la Ley de Ética Gubernamental. La evidencia ya es de conocimiento público, pero nadie se dispone a actuar. Todos los señalados se sienten de lo más tranquilos y participan en conferencias de prensa con caras de lechuga fresca.

Lo que prevalece es un sentimiento generalizado de impunidad. Los concernidos saben que no les pasará nada porque desde hace bastante tiempo el Partido Nuevo Progresista creó las condiciones para que nada suceda. Además del DJ, que cada administración controla, las otras dos oficinas con capacidad para investigar son la de Ética (OPG) y la del Panel del Fiscal Independiente. Durante la Administración de Luis Fortuño, cuando controlaban tanto la Legislatura como el Ejecutivo, manipularon la legislación que crea esas dos oficinas para colocar algún cuadro de confianza a cargo de ellas por, al menos, diez años. Ahí están Zulma Rosario y Nydia Cotto, militantes de confianza con la tarea de garantizar la impunidad.

En el foro federal, hacia el cual cualquier ciudadano indignado podría mirar, está colocada la tercera “dama de la justicia”, Rosa Emilia Rodríguez. Aquellos tiempos en que el fiscal federal Guillermo Gil Bonar decía que la corrupción en Puerto Rico se llamaba “Partido Nuevo Progresista” desaparecieron una vez Rodríguez llegó al cargo, nombrada como “interina” por los jueces federales.

Esa impunidad es la que conduce a la desfachatez que todos exhiben.

Por Cándida Cotto/ CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

La directora del proyecto Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) licenciada Adriana Godreau Albert expresó preocupación respecto al uso que pueda dar el gobierno de Puerto Rico a los $1,500 millones del Plan de Acción del programa Desarrollo Comunitario con Subsidio Determinado para la Recuperación de Desastres (CDBG-DR). Estos fondos fueron autorizados por fin por el Departamento de Vivienda de Estados Unidos (HUD, siglas en inglés) este pasado viernes.

Al hacer el anuncio de que los fondos serían “liberados” el secretario de HUD, Ben Carson, hizo expresiones en el sentido de que habrá una vigilancia extrema sobre los controles financieros y uso de los fondos por parte del gobierno de Puerto Rico. La cifra es parte de los cerca de $20 mil millones asignados a la isla para atender las necesidades de vivienda, infraestructura y recuperación económica de poblaciones vulnerables, surgidas tras del paso de los huracanes Irma y María en el 2017. En más de una ocasión HUD le solicitó al Departamento de Vivienda de Puerto Rico (DV) que hiciera correcciones al Plan de Acción presentado.

“Ciertamente la relevante noticia de que llega a Puerto Rico el dinero destinado para la recuperación debe de ser una buena noticia”, indicó Godreau Albert, en entrevista con CLARIDAD. No obstante, coincidió con las expresiones de Carson de preocupación y confiabilidad respecto al uso que el gobierno de Rosselló Nevares pueda hacer de los fondos. En esa línea señaló que lo que no es una buena noticia es el hecho de que en torno a los fondos todavía no ha habido un proceso de preparación y apertura de parte del DV que garantice que el dinero llegue a donde debe llegar.

Denunció que, por ejemplo, el secretario del DV Fernando Gil Enseñat todavía no ha contestado el reclamo de que se acepte prueba alternativa de titularidad, que aún no se ha establecido ningún grupo de trabajo comunitario y tampoco se tienen los criterios sobre los cuáles las comunidades participarían en los procesos de planificación.

El pasado mes de noviembre, ALPR le solicitó a Gil Enseñat que aceptara un formulario de declaración bajo juramento preparado por la organización para que las personas que no poseen título de propiedad puedan demostrar que son dueñas de sus casas o terrenos y así puedan beneficiarse de los programas con fondos CDBG-DR. Godreau Albert confirmó que, a la fecha, el Secretario del DV no ha contestado la petición.

Agregó que una de las mayores preocupaciones de las comunidades y organizaciones comunitarias (ONG) es que todavía no se ha garantizado un mecanismo, que no sea el reembolso de dinero, que les permita en realidad participar de los fondos. Describió que, por ejemplo, una ONG que trabaja con los derechos de la mujer no tiene la facilidad de allegar $500 mil y esperar por el reembolso del gobierno. “Así que mientras no ha ocurrido todo eso lo que se está dando es un anuncio de que viene dinero. Nos preocupa grandemente a dónde va a parar ese dinero”.

Indicó que mientras tanto organizaciones como MATRIA, Taller Salud, IDEABAJO y la propia Ayuda Legal han estado visitando numerosas comunidades educando sobre los fondos, sobre el proceso y organizándolas para exigir participación y que puedan fiscalizar que el dinero llegue a sus necesidades. Apuntó que se supone que la prioridad sea vivienda y que, para que en efecto esa sea la prioridad, primero hay que ver lo que las comunidades necesitan en esos términos. En tanto, denunció que por parte del Departamento de Vivienda no ha habido acercamientos a las comunidades.

Lo que sí ha dicho el secretario Gil Enseñat en varias declaraciones públicas es que parte del dinero se utilizará para dar títulos de propiedad. Respecto a esta política, la licenciada Godreau Albert alertó de que esa es una de las mayores preocupaciones de ALPR, ya que la experiencia ha demostrado que el otorgar títulos de propiedad individual es el primer paso para desalojar una comunidad. En segundo lugar señaló que eso es un proceso largo y costoso que se extendería en los tribunales más allá de los dos años con que se cuenta para poder utilizar los fondos. “Así que debemos preguntarnos cuántos títulos realmente Vivienda va a poder otorgar en el proceso”. Respecto al peligro que representa esa medida, recordó las experiencias de comunidades como la de Vietnam en Guaynabo, las de Salinas y hasta en el mismo Caño Martín Peña.

La directora de ALPR cuestionó por qué en lugar de dar títulos de propiedad individual el gobierno no está mirando políticas de propiedad colectiva como en otras partes del mundo; porqué no hacer una campaña colectiva a las comunidades primero sobre qué es ese título de propiedad, en lugar de servicios individuales. Hizo la salvedad de que el asunto del título hay que atenderlo, pero que este no tiene que resolverse caso a caso con ayuda de abogados. Reclamó que el asunto se resuelve con política pública que establezca cuáles son las pautas para que una persona se reconozca como dueña; que se revise todo lo que tiene que ver con permisos para los que se requiere un título; pero también con todo lo que tiene que ver con qué se va hacer con la gente que no será elegible a un título por no llevar el tiempo suficiente en el lugar o por no tener algún documento.

Otro ángulo que tiene que ver con la otorgación de títulos de propiedad individual es si la comunidad está localizada en terrenos municipales, para lo cual entonces los alcaldes tendrían que estar de acuerdo, o si es propiedad del estado. Por último, Godreau Albert señaló que otra gran preocupación es que en el Plan de Acción del gobierno la mayoría de los fondos van dirigidos a construir vivienda nueva, por lo que hay que cuestionarse quiénes son los que están detrás del plan.

Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD

gvazquezlopez@claridadpuertorico.com

En la medida que se reducen las aportaciones del gobierno al plan de salud, el empleado tiene que sacar más dinero de su sueldo para mantener la misma cubierta. De otro modo, tiene la opción de acogerse a una cubierta en la que tenga que aportar menos, pero que redunda en menos beneficios y acceso a servicios de salud.

Entonces, esa reducción significa, igualmente, una reducción en el sueldo de los trabajadores, así como en los servicios de salud que estos y sus familias reciben, pues hay que considerar que en la mayoría de los casos los empleados seleccionan cubiertas familiares. Esto preocupa, pues, ¿cuán eficiente puede llegar a ser el gobierno y los servicios que ofrece a la población cuando sus empleados tienen un acceso a la salud limitado?

Bien es cierto que los empleados tienen la opción de escoger entre una cubierta privada y el plan de salud del gobierno, que en este caso es el Plan Vital; pero la realidad es que los empleados que escogen el plan de salud del gobierno son bien pocos, según explicó el presidente del Colegio de Médicos Dr. Víctor Ramos Otero.

Hasta el primero de enero del año en curso la Ley 95 aplicaba solo a empleados del gobierno central; pero tras de la orden de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), emitida el 25 de junio de 2018, los empleados de las corporaciones públicas estarían obligados a escoger entre los planes de beneficios de salud contratados por la Administración de Seguros de Salud (ASES). Aunque la orden estaba pautada para comenzar el 1ro. de enero del año en curso hubo una extensión hasta marzo para que los empleados de las corporaciones pudieran mantener los planes de salud negociados en sus respectivos convenios.

Todos los años –explicó el doctor– hay un proceso competitivo donde las aseguradoras contratadas por ASES someten distintas propuestas y los empleados pueden escoger entre ellas. Como la aportación patronal para los empleados del gobierno central de por sí es baja, usualmente el empleado escoge la que tiene que pagar menos o nada; cubiertas reducidas, con deducibles altos y que no cubren todos los servicios y medicamentos.

Antes de que AAFAF diera la orden, cada corporación tenía un plan médico que se negociaba aparte (de acuerdo con cada convenio) y que solía ser más robustos que los que promueve la Ley 95. Sin embargo, la orden cancela ese beneficio y pone a todos los empleados del gobierno bajo dicha ley, a excepción de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Así, los empleados de las corporaciones públicas pasarían de tener una cubierta médica robusta, escogida mediante el convenio, a formar parte del mismo proceso que los demás empleados del gobierno. Ante esta situación es muy probable que los empleados de las corporaciones “con los sueldos bajitos escojan el plan médico más barato”, indicó el médico.

“No es que tengan que escoger el plan más barato. La realidad es que como el sueldo no es mucho, aunque disponen de mejores opciones, usualmente escogen el plan más económico, que tiene una cubierta limitada”, aclaró.

Ramos sostuvo que cambiar a los empleados de las corporaciones del gobierno a la Ley 95 va a ser un golpe bastante grande, pues no va a ser lo mismo para el empleado tener que pagar entre el 25% y 30% por los medicamentos que antes no pagaba nada.

Al escoger estos planes con una cubierta limitada, los trabajadores enfrentarían muchos problemas a la hora de de obtener los servicios de salud, por ejemplo: necesitar un medicamento y que el deducible sea caro o requerir de otros servicios que van más allá de los básicos incluidos en estas “cubiertas bastante cojas”, según describió Ramos.
El doctor comentó que muchas veces terminan pagando más que si hubiesen escogido un plan robusto, por todos los deducibles y copagos que tienen que pagar bajo este plan médico con cubierta limitada.

Por otra parte, Ramos advirtió que este cambio drástico para los trabajadores de las corporaciones públicas puede aumentar el éxodo de puertorriqueños. Al reducirse las expectativas de beneficios y presentarse opciones de trabajos fuera del País, con más paga, aunque no necesariamente con mejores beneficios marginales que los que tenían, los trabajadores se verían tentados a dejar la isla.

En síntesis, la situación implicaría menores y peores servicios del gobierno para la población, ya sea por la falta de empleados que se queden enfermos en sus casas porque el sueldo no les da para pagar una cubierta que no cubre el servicio que necesitan o porque salgan del país en busca de mejores opciones y beneficios de trabajo. Mientras el país pierde, las aseguradoras y los que les aseguran sus chavos siguen ganando.