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Exigen a legisladores del PNP inicien el proceso de residenciamiento

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com 

Según continúan saliendo a la luz pública las conversaciones del chat que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares mantenía con su equipo de trabajo más cercano, aumenta el reclamo de prácticamente toda la sociedad puertorriqueña de que el gobernador renuncie. Sin embargo, los legisladores as la Legislatura del Partido Nuevo Progresista (PNP) le hablan de darle “tiempo” al Gobernador y no se atreven a iniciar un proceso de residenciamiento, aun cuando todos los elementos están dados para ello. 

Uno de los primeros en reclamar que el gobernador sea residenciado fue el legislador independiente Manuel Natal Arvelo, quien solicitó mediante carta al presidente de la Cámara de Representantes y a todos los legisladores del PNP a que inicien el proceso. En entrevista, Natal Arvelo destacó que hay una diferencia muy grande entre una renuncia y un residenciamiento. En el caso de la renuncia, en teoría, indicó- “al otro día” Rosselló Nevárez continúa con su vida y se daría el proceso de sucesión que establece la Constitución. En el caso de un residenciamiento, significa que se llevaría a cabo un un juicio público del Gobernador para probar las causas que justificarían el residenciamiento, y afirmó que sería inevitable que salgan más cosas a la luz pública. “Eso cambia por completo el panorama porque no seria sencillamente que se vaya y que no deje que la puerta le dé cuando la cierre, sino que se comenzaría a establecer un proceso de consecuencias, de rendición de cuentas, que no se daría con una simple renuncia”. 

Además de solicitar que la Cámara inicie el proceso de residenciamiento, Natal Arvelo, presentó otras dos medidas: una para crear una especie de de comisión de la verdad para que lleve un proceso de auditoría de unas transacciones gubernamentales y otros señalamientos que se le han hecho al gobernador Gobernador y a otros funcionarios sobre la corrupción en el gobierno. “Eso independiente de las acciones que pueda estar tomando el FBI”, acotó. 

La segunda medida sería para establecer el mecanismo de referéndum revocatorio para el cargo de gobernador. 

No basta el Muro de las lamentaciones

“Es evidente para el país País que, para todos los propósitos prácticos, la gobernación de Ricardo Rosselló ha concluido. Lo que queda ahora es la determinación de la forma y manera en que esa salida se va a dar y las consecuencias que esto va a tener”, declaró el licenciado Fernando Martín, presidente ejecutivo del Partido Independentista Puertorriqueño, en una conferencia de prensa donde la cual la colectividad reclamó que la Cámara de Representantes inicie el proceso de residenciamiento. 

El licenciado Martín expresó que el PIP es parte de esa gran mayoría de los puertorriqueños que “ve con satisfacción, con alegría, con júbilo y con un sentido de justicia esa salida del actual gobernador. Ha llegado el momento en que no basta con acudir al muro de las lamentaciones. Hay que proponer ahora un curso de acción para enfrentar esta situación”.

En esa línea, los líderes del PIP señalaron que, tras escuchar al gobernador Rosselló insistir en que se queda en la gobernación, la única forma en este momento, de asegurar que se tenga que ir es comenzando de inmediato un proceso de residenciamiento. A juicio suyo , sólo solo el temor al oprobio de ser residenciado llevará a Rosselló a hacer las transacciones políticas necesarias que permitan una transición responsable en esta situación. 

Al referirse a una “transición responsable”, llamó a la atención a que a nadie en el país País se le escapa la realidad constitucional de que, si Rosselló renuncia, la próxima gobernadora lo sería la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez. “Eso quiere decir la continuación del problema. Dejar, en efecto, a una persona que ha sido parte de la tramoya de la gobernación de Rosselló, una persona de su absoluta confianza, miembra del equipo interno, quien en el peor de los casos puede tener responsabilidad por su falta de diligencia en atacar y combatir con eficacia la corrupción en Puerto Rico”, denunció Martín. 

Continuó que ante la vacante en la posición del secretario de estadoEstado, la única manera de saltar este puente constitucional y que se cumpla con los objetivos que quiere el país País, es amenazando al gobernador con que, si no se logra una salida negociada, sería residenciado. 

El PIP apuntó de manera enfática que, por parte de los legisladores del PNP, no es es meramente decir que el gobernador renuncie, que se vaya, sino que la Cámara de Representantes debe iniciar el proceso de residenciamiento y, una vez que los números empiecen a aparecer, habrá que proponerle al Gobernador un nombre de una persona para que sea designada secretario de Estado. Reparó en que la gobernación no debe quedar en manos de alguien que sea del círculo del gobernador. “El PIP ni sugiere, ni propone, ni apadrinar ni meter la mano al fuego por ninguno de los candidatos que ellos puedan acabar negociando para esa posición. Sí sería inaudito que resultara ser una persona del mismo círculo del gobernador, como lo son los miembros de su gabinete”, advirtió Martín. 

En tanto, el representante del PIP, Denis Márques Lebrón, emplazó al presidente de la Cámara, Johnny Méndez, a que utilizara el artículo 51 del Reglamento de ese cuerpo y que convocara de manera inmediata a los representantes para que se cree una comisión especial y llevar a cabo los pasos para llevar el procedimiento del residenciamiento del Gobernador. Expuso que el Artículo 4 de la Constitución de Puerto Rico establece que el primer deber del gobernador Gobernador de es cumplir con las leyes y velar que se cumplan, por lo que ahí, de inicio, está la base para iniciar el proceso constitucional contra la “traición al País”, o por la comisión de delito de depravación moral. 

“En la Cámara van a contar con mi apoyo, con mi participación, si de manera inmediata se hace esa comisión y se comienza a trabajar para que, en los próximos días, de manera continua generar un informe que va a poner en posición al Senado de Puerto Rico para que inicie ese juicio de residenciamiento”, añadió Márques. “Esa es la responsabilidad de los miembros de la Cámara de Representantes. No es decir que no es un candidato viable para las próximas elecciones, n. No es decir que ya no le tienen confianza. No es decir que les duele mucho. Es actuar, y la responsabilidad de la Cámara es auto convocarse como lo permite el reglamento y la creación inmediata de esa comisión especial para iniciar ese procedimiento”. 

Mientras, el senador del PIP, Juan Dalmau, cuya esposa también fue objeto de comentarios en el chat, subrayó en referencia a los legisladores del PNP que deben pasar de las lamentaciones a las acciones contundentes como el residenciamiento. “Un país que en estos momentos no tiene un líder, que no tiene a una figura que guíe su destino, en el momento de mayor vulnerabilidad, más pobreza, necesidad, el primer paso tiene que ser la auto convocatoria de la Cámara de Representantes para comenzar un proceso de residenciamiento. El gobernador está incapacitado de gobernar”.

Además, enfocó enfatizó que la persona que sustituya al gobernador Gobernador debe ser una de la más alta probidad moral, de la confianza para el País. Aunque observó que es el PNP el que debe hacer esta elección, recalcó que debe ser transparente y ofrecer confianza. “Una vez se designe a esa persona, el gobernador Gobernador debe renunciar evitándose así el oprobio no solo a él, no sólo a su familia, que le tengo la más alta estima y consideración aun cuando él no la tuvo con la mía”, expresó Dalmau.

Los líderes del PIP destacaron que el residenciamiento es un proceso político y que hay que generar presión y mantener la denuncia constante de que el gobernador Gobernador está incapacitado para gobernar. En el momento en que se deje de exigir su renuncia se está endosando que continúe una persona incapacitada para gobernar. 

En esa línea, a preguntas de CLARIDAD, Martín coincidió en que el gobernador Rosselló Nevares se ha inhabilitado tanto ante Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal (JCF) y Wáshginton, y que ha perdido toda posible efectividad. Ésta, dijo, ya estaba la cual ya estaba bastante reducida, primero porque la gobernación tiene menos poderes efectivos que los que tenía antes de la JCF y, en segundo, porque ya él, por su conducta, había perdido mucho espacio de maniobra. “Pero ahora no tiene ninguno”, señaló. “ es que mas allá de los tecnicismos legales, cuando una persona es retratada en ese nivel de mezquindad, no puede recuperarse, porque él sabe que nadie se le va a acercar. El que le da la mano se la da por pura cordialidad. E esa persona se ha auto exiliado, ha perdido toda posible efectividad y la gobernación requiere un mínimo de autoridad moral porque, después de todo, el rol de gobernador es movilizar la opinión pública para movilizar un proyecto, el que sea, pero él no tiene ya esa capacidad”. Reparó que la situación será peor porque esa parálisis se extiende a todo el resto del gobierno.

Letanías para el Gobe

• Vamos todos a orar
pa’ que se acabe de largar.

• Ay, San Alejo
llévatelo a él bien lejos.

• Ay si me complaces
llévate hasta los secuaces

• Ay, Santo Tomás
pa’ que no vuelva nunca más.

• Y se lo pido a Changó
que devuelva lo que robó.

• Ay, San Baltasar
pa’ que no vuelva a robar.

• Ay, San Ramón
pa’ que no sea tan cabrón

• Ay San Federico
por el bien de Puerto Rico

• Ay Santa Leonor
que no venga otro peor.

• Ay San Roberto
pa’ que respete a los muertos.

• Ay Santa Esther
y también a la mujer

• Ay Santa Tuta
pa’ que no me diga puta.

•Ay Santa Soraya

pa’ que al infierno se vaya

• Y también a Yemayá
 o un poquito más allá
 o un poquito 

  más allá
 o un poquito más allá.

• Ay San Ciriaco 
Si no se va yo lo saco.

Por Carmelo Pérez Vega

CLARIDADES: Julio en Puerto Rico

Julio en Puerto Rico

15 de Julio de 1770 nace María De Las Mercedes Barbudo

Nuestra primera luchadora independentista y prisionera política fue una mujer – María de las Mercedes Barbudo.

El 22 de octubre de 1824 María de las Mercedes Barbudo fue llevada ante un magistrado y condenada a cárcel por sus actividades subversivas contra el gobierno español, convirtiendose en la primera prisionera política de Puerto Rico. 

Siendo joven, María de las Mercedes, abrió una tienda de artículos de costura en San Juan, especializada en la venta de botones, hilos y telas. Con el tiempo se convirtió en una empresaria exitosa como proveedora de préstamos personales. Así comenzó a moverse en círculos prominentes y con personas tales como Ramón Power y Giralt, el obispo Juan Alejo de Arizmendi, el artista José Campeche. 

Mercedes Barbudo se hizo amiga y escribió a muchos revolucionarios venezolanos, entre ellos a José María Rojas. También recibía revistas y periódicos de Venezuela, que confirmaban los ideales de Bolívar. Trás interceptar su correo, el gobierno español de Puerto Rico la arresta y fue detenida en el Castillo de San Cristóbal hasta su juicio el 22 de octubre de 1824. El 25 de octubre, fue puesta a bordo del barco El Marinero y llevada a la cárcel de mujeres de la Habana, Cuba.

Con la ayuda de las facciones revolucionarias, María de las Mercedes escapó y se fue a Santo Tomás, en las Islas Vírgenes. Con el tiempo, pudo llegar a La Guaira en Venezuela, donde pudo encontrase con su amigo José María Rojas. Así, fueron a Caracas, donde se encontró con el patriota Simón Bolívar. Colaboró con el general puertorriqueño Antonio Valero de Bernabé. También estableció una estrecha relación con los miembros del gabinete de Bolívar, incluyendo a José María Vargas; que, más tarde sería elegido como el cuarto presidente de Venezuela. Ella trabajó en estrecha colaboración con el gabinete.

Barbudo nunca regresó a Puerto Rico. Murió el 17 de febrero de 1849 en Caracas, Venezuela.de portal de D Ortiz Seda

Intentona de 1838

En el contexto de la Primera Guerra Carlista, las Cortes Españolas habían decretado en el año de 1837 que la Constitución de Cádiz sería restaurada en la Metrópoli. Esta había sido promulgada originalmente en 1812 en el contexto de la invasión napoleónica y disponía unas reformas políticas y económicas de carácter liberal. Sin embargo, en esta ocasión dispusieron que estas reformas constitucionales españolas no se extenderían a sus colonias en las Antillas Españolas de Cuba y Puerto Rico, ni a Filipinas. Eliminando la representación de nuestro pueblo en el Parlamento español.

Un grupo de puertorriqueños encabezados por Andrés Vizcarrondo Martínez y Buenaventura Valentín Quiñones organizaron un levantamiento. El mismo se iniciaría el 15 de julio de 1838. Vizcarrondo partiría de su hacienda en Carolina con un contingente de campesinos. Por desgracia, uno de los sargentos comprometido con el alzamiento fue arrestado, lo cual tuvo efectos desastrosos. A Valentín Quiñones lo mataron en una celda en el Morro y a Vizcarrondo se le sentenció a una pena de 10 años.

En el año 1838, la hacienda de Andrés de Vizcarrondo y Ortiz de Zarate fue el lugar de la planificación de una insurrección contra el gobierno colonial de España en la isla de Puerto Rico. La hacienda se encontraba en Trujillo Bajo; hoy en día parte del municipio de Carolina.

Andrés Vizcarrondo era hermano de don Lorenzo de Vizcarrondo y Ortiz de Zarate, fundador y primer Alcalde del municipio de Carolina que sería fundada como municipio en 1857; esta insurrección ocurriría 30 años antes del Grito de Lares.

Nacido en San Juan en 1804, Andrés provenía de una familia que se caracterizó por su defensa de la justicia y de la libertad. Su familia gozaba de una alta posición social y altos rangos militares en las filas españolas. 

En los preparativos para el golpe, Andrés había tomado el liderato de la coordinación de la combinación de apoyo en las guarniciones militares de los castillos del Morro y San Cristóbal, con el grueso de las fuerzas revolucionarias. Se esperaba que estas últimas partieran de la hacienda del prócer, en las inmediaciones del municipio Carolina, para luego de concentrarse marchar bajo su mando hasta la capital.

https://www.carolina787.com/bl/av

El agua que nunca repartieron

Recordarán las miles de botellas de agua que nunca se repartieron. Estaban en la antigua base naval en Ceiba. La sed de muchos, quizás la vida de algunos, dependía de esa ayuda. Ahora sabemos que se detuvo la ayuda por razones de estrategia publicitaria y como política pública establecida a través de chats.

Las botellas de agua continúan su periplo. Están desparramadas, según nuestras fuentes, en una finca en Higuillar, Dorado. ¿Quién las traslado? ¿De quién es la finca? ¿Por qué permitimos que esto ocurriera?

El traqueteo expuesto está en todas las agencias

Por Manuel de J. González/CLARIDAD

            Si las autoridades federales fueran consistentes al aplicar la norma legal que se desprende del pliego acusatorio emitido contra dos altas funcionarias de la administración de Ricardo Rosselló recientemente acusadas, deberían arrestar en los próximos meses a casi todos los jefes de agencia y al propio Gobernador. El esquema que se describe allí para imputar robo, conspiración y lavado de dinero a dos integrantes del gabinete, se repitió en todas las dependencias gubernamentales a partir de enero de 2017.

            Las dos funcionarias imputadas son la estadounidense Julia Keleher, Secretaria de Educación hasta el pasado mes de marzo, y Ángela Ávila Marrero, quien hasta hace poco más de un mes estuvo a cargo de la Administración de Seguros de Salud. Junto a ellas se acusó a otras cuatro personas, todas beneficiadas con contratos autorizados en las dos agencias que en conjunto sumaron más de $15 millones. El más notorio de los otros cuatro acusados es Alberto Velázquez Piñol, quien desde los tiempos del gobernador Luis Fortuño, ha jugado un papel protagónico en los gobiernos del Partido Nuevo Progresista, aunque nunca ha sido empleado.

            A ninguna de las dos funcionarias acusadas se les imputa haber obtenido beneficio personal en los contratos otorgados, como siempre había sucedido en los casos de corrupción del pasado. Tampoco se les imputa, como también antes siempre fue la norma, haber desviado dinero público para fines político partidista. En prácticamente todos los casos de corrupción pública procesados durante los últimos 25 años siempre estuvo presente el lucro personal del funcionario o el aprovechamiento de la nómina pública para el financiamiento de campañas políticas. En el nuevo pliego acusatorio esa imputación no está presente.

            El esquema descrito en el nuevo pliego acusatorio divulgado el pasado 10 de julio es similar en ambas agencias, el DE y ASES y, también en ambos casos, su descripción les permite a los fiscales imputar el delito de “conspiración” a las dos funcionarias arrestadas. Tanto en los contratos autorizados por Keleher como en los promovidos Ávila Marrero, se manipularon los procesos de subasta para facilitar que un contratista “de la confianza de esta administración”, fuera el agraciado. La manipulación incluyó adelantarle información para ponerlo en ventaja sobre otros competidores, cambiar los requisitos para ajustarlos al protegido, cancelar subastas ya convocadas o sencillamente otorgar el contrato sin subasta. Luego de otorgado en casi todos los casos el contrato se enmendaba sucesivamente para aumentar el máximo de facturación permitido.

            Cualquiera que conozca un poquito de cómo ha operado el gobierno colonial puertorriqueño sabe que las acciones que se describen en el pliego acusatorio han sido el modus operandi de todas las administraciones. El que gana las elecciones se dispone de inmediato a “limpiar la casa” eliminando a los protegidos de la administración anterior para sustituirlos por los “de la confianza de la nueva administración”. Ese comportamiento ilegal era tan frecuente que todo el mundo lo aceptaba como algo “normal” y los propios funcionarios públicos entendían que era lo que tenían que hacer. De hecho, de los correos electrónicos que se reproducen en el pliego acusatorio se desprende que la ahora acusada Ávila Marrero actuaba con absoluta tranquilidad cuando comentaba los contratos anteriores que había que cancelar, aunque no existiera ninguna razón legal, y los nuevos que había que favorecer. De las comunicaciones no se desprende preocupación alguna de que se estuviera haciendo algo ilegal porque era lo que había que hacer. Ella comienza su gestión enviándole a Velázquez Piñol los contratos que entiende debe cancelar y luego utiliza la misma frase para ir eliminándolos uno a uno. Luego procede a convocar a los de la casa.

            En los correos de Ávila se ve con claridad el enorme poder que tenía Velázquez Piñol quien, según las informaciones, actuaba como el enviado del Gobernador. Ávila siempre lo trata de “usted” y se comunica con él como si se tratara de un superior.

            En el caso de Velázquez Piñol sí hay un robo directo para beneficio personal. Este es el caso típico del buscón que gana una gran influencia sobre una administración de gobierno, pero no se coloca en ningún cargo con salario y funciones fijas. Actúa como una especie de procónsul sobre las dos agencias, DE y ASES, manipulando procesos y asegurándose una comisión de diez por ciento en cada contrato gestionado. Según el pliego acusatorio, este individuo comenzó a operar tan pronto en el mismo mes de enero de 2017 tan pronto se inició el nuevo gobierno.

            Como señalamos, el esquema corrupto descrito en la acusación ha existido por siempre. ¿Por qué las autoridades federales se han dispuesto a atacarlo ahora? Obviamente no ha sido por decisión de la todavía en funciones fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez, bajo cuya incumbencia el esquema ha estado a la vista sin que se hubiese dispuesto a actuar. Los indicios son claros de que en esta ocasión el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha ordenado la acción.

            Si de verdad se quiere limpiar la casa debemos esperar muchos más arrestos en los próximos meses porque el esquema que se describe en cuanto a ASES y el DE está presente en todas las dependencias públicas. El último caso de alguna notoriedad que se conoce es el del Departamento de Corrección donde se anuló un contrato de una entidad que proveía el alimento de los confinados, y contra la cual no había ninguna queja, para sustituirla por otra “de la confianza de la administración”.

            En cuanto a los últimos de arrestos es pertinente destacar que se trata de dos de los servicios básicos que debe ofrecer cualquier gobierno – salud y educación – y que las dos agencias concernidas manejan más de la mitad del presupuesto público. Allí el botín era cuantioso.