Por Cándida Cotto/CLARIDAD
ccotto@claridadpuertorico.com
Si bien no se puede negar que el país vive una situación de violencia (19 asesinatos en las primeras dos semanas del año y otros hechos violentos), a juicio de estudiosos del tema, Puerto Rico siempre ha sido una sociedad violenta. La diferencia es que actualmente es una más dramática, que puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar y está mucho más expuesta en los medios de comunicación, como las redes sociales, por lo que la sensación de inseguridad que vive la ciudadanía es real.
Mientras, el supuesto encargado de la seguridad del país Héctor Pesquera, secretario del Departamento de Seguridad, rechaza que haya una crisis, la ciudadanía y los 10 sindicatos que representan a los trabajadores bajo sus órdenes reclaman su destitución. En tanto, el gobernador Ricardo Rosselló Nevárez y Pesquera insisten en políticas fracasadas de más castigos y más policías.
En entrevista, el profesor de criminología Gary Gutiérrez explicó que la violencia en Puerto Rico es cíclica, habiendo sido el ciclo más reciente en el 2011, y que ahora se está repitiendo. Gutiérrez atribuyó el presente ciclo de violencia a la percepción de exclusión social y económica que siente la gente, que aunque no la puede procesar de manera teórica, sí se siente excluida. Explicó que en el caso de Puerto Rico los niveles de violencia no revientan políticamente, sino socialmente, y que eso es lo que estamos viendo.
Indicó que en realidad los números –en referencia a los asesinatos– en estas primeras semanas del 2019 son más o menos los normales porque Puerto Rico siempre ha tenido una crisis de violencia, y desde los años 90 el país siempre ha tenido entre dos a cuatro asesinatos por día.
La socióloga criminóloga doctora Lina Torres Rivera en entrevista por separado coincidió en que la violencia en el país es un ciclo que se repite y recordó que para el 1994 la tasa de homicidios fue de 27.4 por cada 100.000 habitantes (record histórico según algunos estudiosos del asunto). En 2008 fue de 21.19; en 2009, de 23.47 y en 2010 fue de 26.4, según las estadísticas oficiales de la Policía.
No obstante, expresó que le preocupa el que en la actualidad la incidencia de los asesinatos u homicidios se están informando a base de números absolutos y no a base de tasas, es decir, en proporción a la cantidad de personas en el país, es decir, delitos por cada 100,000 habitantes.
La exclusión social
Gutiérrez expuso que cuando señala que existe una exclusión, no quiere decir que la gente ahora sea más rica o sea más pobre, sino a cómo se percibe esa desigualdad, y que ahora también está el factor de exclusión política. “Cada vez nos vamos dando cuenta de que tenemos menos poder en nuestras vidas y eso también aumenta los niveles de ansiedad. Hay un sentimiento de que el gobierno toma decisiones sin consultar con nadie y nos las impone. Ahora la Junta de Control Fiscal toma decisiones y las impone y cada vez más las personas se van sintiendo que valen menos. Eso va intensificando los niveles de tensión social”.
Por otro lado –continuó– hay una parte de la clase trabajadora que en un momento se convirtió en clase media, que en realidad eran trabajadores pobres con mejores condiciones sociales que los demás. Ahora esas ventajas las han perdido, por lo que las contradicciones se van haciendo más visibles.
Ante la interrogante de si hay nuevos enfoques para atender la situación, Gutiérrez sentenció: “No hay nuevos enfoques ni los va a haber. El enfoque sería admitir que es el sistema el que produce las contradicciones y que es el sistema lo que hay que cambiar; pero eso no va a pasar”.
La postura de Gutiérrez es que en Puerto Rico “no estamos acostumbrados a la violencia política, sino que nos tragamos la frustración y reventamos con frustración. Por cualquier bobería nos entramos a tiros”. A su juicio la situación de violencia se pondrá peor en el país y más allá de la organización comunitaria que puedan tener algunos sectores para manejarla en términos políticos no ve que haya una conciencia de que hay que cambiar el modelo político económico.“Me parece que en Puerto Rico ya llegamos a un nivel de esto no da más: la colonia no da más, el orden social, económico y político no dan más. O lo cambiamos, o seguimos matándonos en la calle”.
La vía diplomática
El abogado y activista por los derechos humanos Carmelo Campos Cruz coincidió en que la sociedad puertorriqueña siempre ha sido una violenta y se remontó a los principios del siglo pasado: “La diferencia está en los métodos”. En el caso de la violencia que provoca la venta y el uso de drogas destacó que Guerra contra las drogas es todo un fracaso y que seguir insistiendo en la mano dura y en que el problema es uno policíaco nos va a llevar al mismo lugar, que es “a ningún sitio”.
El profesor y experto en derecho internacional objetó la percepción de que el problema sea uno de falta de policías. Subrayó que históricamente Puerto Rico ha tenido una fuerza policíaca significativamente grande que aumentó en los años 90 cuando el gobierno de Estados Unidos comenzó a subsidiar las policías municipales. Eso facilitó que municipios pequeños con bajos índices de criminalidad también montaran sus aparatos policíacos. Recalcó que el problema consiste en que el narcotráfico es una empresa económica que deja mucho dinero y que va a seguir dejando mucho dinero mientras sea ilegal. Mientras genere dinero, ese incentivo de lucro continuará provocando que haya personas dispuestas a entrar en esa actividad al grado de perder su vida o su libertad.
“Eso es el problema que la sociedad tiene que enfrentar y lo tiene que enfrentar de una forma radical. Es un problema que no se resuelve de una forma militar, que es el modelo que se impone”. Campos Cruz defendió que hay que atender el problema del narcotráfico por la vía diplomática.
Aun cuando reconoció que el país no tiene la capacidad, ni la voluntad política para tomar medidas en esa dirección describió que por la vía diplomática se refiere a llegar a acuerdos como si se tratara de un conflicto armado con personas que han obtenido sus capitales de forma indebida, a la legalización de las drogas, a aplicar penas nominales.
Denunció que aquí la Policía y su inteligencia, tanto estatal como federal, sabe quiénes son los grandes traficantes, dónde están los puntos y quiénes de los que se han lucrado del narcotráfico incluso han penetrado las altas esferas políticas de los dos partidos.
Respecto a los reclamos que se le hacen a la Policía, el activista llamó la atención a que en nuestro sistema la Policía es la expresión máxima de violencia del estado para defender ese sistema, por lo que hay que tener cuidado ahora en defender a la policía como una institución legítima, cuando es una institución corrupta e ineficaz con una cultura que a veces raya en el gangsterismo.
“Si vamos a esperar como sociedad a que la gente tenga un policía al lado para que se dejen de cometer delitos, ahí estamos fritos”. Para atender la situación de criminalidad –añadió–al igual que todas las otras crisis que enfrenta el país, el asunto no se puede dejar en las manos al gobierno y la solución verdadera requiere de unos paradigmas distintos.
Necesario las políticas sociales
Por su parte, la doctora Torres Rivera también indicó que las estrategias implantadas por las diferentes administraciones gubernamentales para atender la criminalidad en vez de encaminar sus esfuerzos a la prevención, lo que hacen es reproducir la criminalidad con sus políticas erradas.
A su juicio, lo que le parece que todavía no se ha entendido en el país respecto a la criminalidad es que hay que tener en cuenta otra acepción más amplia de política pública que integre áreas del sector social (salud, vivienda, educación, trabajo) para lograr un impacto en la prevención de la violencia.
“La prevención del delito y de toda forma de violencia debe verse como parte de las estrategias de política social encaminadas a fomentar un ambiente que propicie una mejor convivencia, que repare las desigualdades y que proteja los derechos humanos con miras al logro de un desarrollo político, económico y social equitativo”, defendió. “La falta de este apoyo social por parte del gobierno está basado en razones fiscales y recortes presupuestarios o en la crisis. Pero lo paradójico es que esto ha venido ocurriendo aún en momentos de supuesta bonanza económica”.
Medidas de la ONU para combatir la criminalidad
La profesora Torres Rivera destacó que debe reflexionarse sobre lo que propone la Declaración de Principios y Programas de Acción de la ONU, en materia de prevención del delito y justicia penal.
Esto implica:
Un sistema de justicia penal más humano y eficaz puede constituir un instrumento de equidad, cambio social constructivo y justicia social que proteja los valores fundamentales y los derechos inalienables de los pueblos:
A nivel internacional, mejorar las condiciones sociales de los pueblos. Para promover los intereses de las víctimas y la rehabilitación de las personas ofensoras es importante seguir elaborando políticas, procedimientos y programas en materia de justicia restaurativa que incluyan alternativas de juzgamiento a fin de evitar los posibles efectos adversos del encarcelamiento, ayudar a reducir el número de causas que se presentan ante tribunales penales y promover la incorporación de enfoques de justicia restaurativa en las prácticas de justicia penal, según corresponda.
