Uno, inocentemente, podría pensar que un grupo de millonarios se ha reunido en cuartos oscuros para conspirar y concurrir en un mismo fin: quedarse con propiedades, tierras y costas de la isla. A fin de cuentas, conspirar significa “unirse en secreto acuerdo con el fin de efectuar un acto ilícito o impropio o para usar tal medio para llevar a cabo un fin ilícito”. (Traducido de Webster’s New Collegiate Dictionary, p. 243 (8th ed. 1976)).
Hay que ser naive para pensar que esto se trata de una teoría conspirativa. Teoría que en definición “pretende explicar un evento ya acontecido o que está por suceder a base de supuestas circunstancias que son ocultadas a la opinión pública. Por supuesto, las teorías conspirativas son menospreciadas y negadas por quienes son acusados de esconder la verdad, según en el diccionario virtual definicion.de
Hago la aclaración para que no se me acuse de delirio conspirativo: aquí no se ha ocultado nada. Me refiero a la relación entre las políticas públicas y gentrificación (o aburguesamiento).
En el 2012, el gobierno aprobó Ley Núm. 22 para Incentivar el Traslado de Inversionistas a Puerto Rico y ley Núm. 20 para Fomentar la Exportación de Servicios. Las políticas que favorecen estas leyes no tienen de manera expresa esa intención aunque en el fondo producen ese resultado: “gentrificación”.
La “gentrificación”, que es el término común que se usa en Puerto Rico, sucede cuando un espacio en estado de deterioro –mayormente en centros urbanos– es transformado y aumenta su valor, los costos de vida y, en consecuencia, se da el desplazamiento de una población de menos ingresos (gente que posiblemente llevan viviendo ahí años) por otra económicamente superior.
No hay que entrar en teorías de conspiración –dijo el planificador David Carrasquillo en entrevista con CLARIDAD– porque la definición es clara, un transplante de la población. Desde sus orígenes, el concepto establece una diferencia de clase y en Puerto Rico eso es evidente hoy más que nunca.
Carrasquillo, presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, recordó que hace poco pasamos de ser el quinto país más desigual al tercero, destacando que hay una diferencia de clase e ingresos bien marcada lo que tiene que ver mucho con el tipo de vivienda y espacio al que la gente tiene acceso.
“Pero esa diferencia no se refleja solamente en los ingresos de la gente, también en lugares específicos que van ganando más valor porque se les puso infraestructura, están en un lugar céntrico o porque alrededor tienen actividades que generan dinero”, añadió.
El deterioro de la infraestructura en las comunidades, así como el de los servicios públicos, como la producción y distribución de energía eléctrica, puede obedecer a una política gubernamental siniestra. Dicho deterioro justificaría una “inyección de capital” y ese capital viene de manos privadas.
Frecuentemente, los planes de un inversionista coinciden con las visiones de desarrollo de algunos políticos de carrera. Estos pueden recibir algún beneficio económico mientras son “hombres públicos”, o pueden convertirse luego en miembros de las juntas administradoras de empresas privadas que ayudan a mejorar la infraestructura, o a delinear planes de desarrollo.
Carrasquillo, criticó que por décadas la visión de desarrollo económico en Puerto Rico ha sido una basada única y exclusivamente en el crecimiento económico. Una visión neoliberal donde el supuesto desarrollo o progreso se mide en dólares y centavos.
“Desde 1950 hasta los 90 hubo un crecimiento económico palpable en Puerto Rico, sin embargo, a la misma vez que se dio este crecimiento económico también creció la brecha entre ricos y pobres. Creció la desigualdad”, dijo.
De toda la vida los lugares que ganan atractivo –esto no es un problema solo en P.R. sino en el mundo entero– y un valor, suben de precio porque tienen mucha demanda. Pero Carrasquillo sostuvo que cuando se trata de lugares residenciales debería ser distinto porque la intención (ya sea de parte del gobierno o algún otro sector) de sacarle un bienestar económico a un espacio no debe ser excusa para desplazar una comunidad.
“Que el interés económico se coma las residencias de la gente es una línea que… si eso pasa se cruzó la línea de ese balance”
Por otra parte el planificador, José Rivera Santana, dijo que es “un riesgo cuando las políticas públicas no incorporan los conceptos de principio, equidad social y redistribución del ingreso”. Eso puede ocurrir en los centros urbanos que se van a rehabilitar, lugares que están experimentando un repoblamiento como es el caso en algunas áreas de Santurce”.
Rivera Santana explicó que el repoblamiento de un espacio que antes estaba abandonado plantea un reto porque no solo empiezan a cambiar, sino que tiene un impacto en el valor de la propiedad en el mercado aumentando su costo y, por tanto, haciéndola menos accesible la posibilidad de vivir en esas áreas o de regresar a sectores de bajos ingresos.
En el caso de los sectores y familias de menos ingresos que todavía viven esas áreas la presión del mercado puede obligar a completar el proceso de desplazamiento, lo que no resuelve el problema de la pobreza sino que lo agudiza a costa de sectores más privilegiados.
“En términos generales, lo que se esta viendo en el país a través del proceso intenso de emigración, producto de la crisis y luego de los huracanes Irma y María, es que hay sectores cada vez mas amplios de las áreas urbanas construídas que experimentan, y visiblemente se nota, un vacío, un desplazamiento de la población. Posibilitando que esos espacios vengan a ser ocupados por personas de altos ingresos”, añadió Rivera Santana.
Los efectos del desarrollo en Puerto Rico son evidentes. Y si esto le parece una teoría de conspiración, revise otra vez las leyes. Mire a su alrededor.
