Siendo el tercer país con más desigualdad del mundo y con el 52.3% de la población bajo los niveles de pobreza, es iluso y hasta irresponsable pretender negar que no haya hambre en Puerto Rico. “Puerto Rico sufre de dos situaciones particulares. Una es la pobreza, que cuando definimos pobreza lo hacemos basado en los niveles federales de la pobreza, y en Puerto Rico casi la mitad de la población está por debajo de los niveles de pobreza. El otro gran problema es la desigualdad que existe. Puerto Rico es uno de los países más desiguales, y aunque la desigualdad no iguala a pobreza, la desigualdad es un gran problema por la distribución de la riqueza. En Puerto Rico, el 20% de las personas tiene más del 80% de de la riqueza”, manifestó en entrevista con CLARIDAD la presidenta del Banco de Alimentos de Puerto Rico (BAPR) Denise Santos Feliciano.

El Banco de Alimentos es una organización sin fines de lucro -una ONG- que acopia alimentos y los distribuye a través de otras organizaciones, para satisfacer las necesidades alimentarias a personas en desventaja socioeconómica. El crecimiento del proyecto –iniciativa de unos misioneros hace 30 años– es evidencia de que el hambre en el país ha aumentado en lugar de disminuir. En esa dirección Ivonne Bernard, directora de Desarrollo de Programas de Mercadeo del BAPR, señaló que desde hace cinco años lleva hablando de que el número de personas que pasa hambre en el país va en aumento, en particular a partir del periodo mas crítico de la crisis económica en el 2006 al 2010, incluso entre gente que vive en urbanizaciones de prestigio.

Aun cuando comentó que, en su opinión, el hambre siempre ha existido y existirá porque depende mucho de los demás seres humanos, también expresó que hay gente “que están dispuestos a compartir las gracias que tenemos. No tengo estudios, pero te puedo mencionar que en general ha habido una mayor pobreza, y afecta a la alimentación, al hambre, porque ya no se comparte tanto como antes, que le podías pedir al vecino. Por eso nuestra campaña de Nadie se quede sin comer”.

Trajo la atención a que las ideas para ayudar a atender esta situación han ido creciendo y que ya hay universidades en Puerto Rico que tienen un programa de alimentación para sus estudiantes que viven bajo el nivel de pobreza. Describió que las iniciativas, todas sin fines de lucro, varían en sus servicios. Algunos ejemplos de estas iniciativas las hay en recintos de la Universidad de Puerto Rico, en la Universidad del Sagrado Corazón y en algunos recintos de la Universidad Interamericana. Varias de estas iniciativas incluyen una pequeña compra al estudiante que no puede volver a su casa el fin de semana. También reconoció que el Departamento de la Familia extendió ya hace unos años la tarjeta del PAN a estudiantes universitarios. “El problema está ahí: la alimentación está bien atada al aprovechamiento académico”, recalcó.

Santos Feliciano ahondó en que mientras Puerto Rico no disfrute de un desarrollo sostenible y amplio, va a seguir existiendo la pobreza y, por ende, el hambre. Quizás no sea una pobreza extrema como la que vemos en África, pero es el que las personas tengan que escoger entre educar a los hijos o comer, comprar medicamentos o comer; hasta pagar los servicios de agua y luz; o lo mas frívolo que uno pueda pensar, de pagar el celular o el cable, porque el dinero no da para todo. Comentó que sabe de estudiantes universitarios que duermen en sus carros y que pasan el día con una bolsita de papitas fritas. “Esa es la realidad que existe, la que no nos gusta ver”.

Junto a la experiencia de servicio y crecimiento de sus participantes durante estos 30 años están las estadísticas. Las estadísticas que maneja en BAPR, recogidas del Censo, así como de otras fuentes, arrojan que en julio de 2017 la población de Puerto Rico era de 3,240,000. De esta población, 1,400,000 se encontraba bajo el nivel de pobreza y 800 mil en pobreza extrema. La mediana de ingresos pre María era de $20,043.

Tras el paso del huracán, el promedio de la población bajo los niveles de pobreza subió a 52.3% y la mediana de ingresos bajó a $9,606.

Una tarea de voluntarios

El capital del Banco de Alimentos se obtiene todo mediante donaciones, ya sea de individuos, fundaciones o corporaciones con o sin fines de lucro. El trabajo de almacenar, identificar, segregar y limpiar los alimentos lo hacen voluntarios. Bernard indicó que el BAPR distribuye los alimentos a través de otras 130 ONG, de las cuales algunas tienen ramificaciones, que entonces distribuyen a otras organizaciones. Estas organizaciones en la práctica son de nivel isla, de pueblos como Morovis, Barceloneta, Manatí, Aguadilla, Mayagüez, Loíza, Ponce, Guayama y Maunabo. Estas últimas más lejanas sirven a sus pueblos cercanos.

El alcance de todo este trabajo y servicio voluntario impacta a hogares de envejecientes, programas escolares de horario extendido, hogares para menores, cuidado diurno a envejecientes, hogares para personas con impedimentos físicos y mentales, cuidado diurno de menores, hogares de rehabilitación a drogas y alcohol, residencias religiosas, programas conocidos como Soup Kitchen, organizaciones múltiples de servicios y hasta comida para albergues de animales.

Una de las iniciativas del BAPR que refleja lo grave de la situación de hambre de la población es el programa de la “Mochila Alegre”. Este programa que inició en el 2008 impacta en la actualidad a 700 menores entre las edades de 6 a 12 años en 19 municipios. La Mochila Alegre que se le da a cada participante todos los viernes contiene alimentos y meriendas nutritivas para el fin de semana.

Bernad explicó que el BAPR calcula toda la comida que entra y sale por libra. El año pasado distribuyeron 18.023 millones de libras de alimentos. En el 2016, fueron 9.8 millones de libras de alimentos. Si se lleva a una proyección de porciones de comida, en el 2017 se repartieron 15 millones de porciones de alimentos.

Ls entrevistadas coincidieron en que más allá del Programa de Alimentación Nutricional ( PAN), es decir el programa de la tarjeta de alimentos, y el Programa de Comedores Escolares, el estado no tiene ninguna otra política pública para manejar la situación de hambre. Bernard recordó el dato de que el senador Miguel Pererira en una ocasión trabajó un proyecto de ley que pretendía atribuir esa responsabilidad al BAPR. Aun cuando dejó entrever que no estaban muy de acuerdo con esa intención, sí comentó que hay oportunidad para una ley de sostenimiento. Hizo la observación de que si no fuera por la gestión del Banco y las redes de ONG, la situación no estaría atendida.

Por su parte, Santos Feliciano, levantó el señalamiento de que aparte de apoyar a las personas verdaderamente necesitadas, Puerto Rico tiene que empezar a fomentar el trabajo, fomentar que la gente se gane la vida y pueda vivir una vida plena. “Yo creo que también tenemos que cortar un poco el asunto de la dependencia porque nosotros somos un pueblo muy creativo, muy capaz. Creo que muchas políticas que comienzan con un deseo de ayudar a la población terminan creando mayor dependencia. Este país necesita romper un poco la dependencia y comenzar a fomentar el trabajo y la generación de ingresos y riqueza. Hasta que no creemos riqueza, no podemos salir de esta situación en que estamos”.

El Banco de Alimentos coincide con los planteamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco Mundial en reducir la pobreza y el hambre; en la necesidad de desarrollar programas que aumenten los ingresos familiares, en la necesidad del aprendizaje continuo para saber y poder responder a escenarios cambiantes, en establecer alianzas con organizaciones y expertos para complementar recursos y capacidades existentes y en contar con la colaboración e insumo de los clientes.

Santos Feliciano exhortó a las diferentes organizaciones, con o sin fines de lucro, y al gobierno a procurar un proyecto de país para trabajar la pobreza desde todos los frentes para poder crear una mejor calidad de vida. “Cuando salimos un poquito de la ciudades nos damos cuenta de que hay gente que pasa gran parte de su día buscando alimento. Hay que salir y ver las organizaciones que están trabajando y agradecer a estas organizaciones aliadas, que nos dan la mano asegurándose de que ese alimento llegue a las manos que lo necesitan. Sin nuestros donantes y sin el trabajo voluntario, sin la generosidad, tanto de los que laboran en el Banco como el de las ONG, no podríamos cumplir con nuestra misión.

Más información en la página 7.

Mientras me disponía a revisar la literatura sobre las áreas en común entre la Vigilancia Transnacional y la Supervisión Ciudadana de las Fuerzas del Orden, me sorprendió saber que no solo Puerto Rico, sino otras naciones caribeñas se mueven hacia la privatización de los servicios policiales.  Esta tendencia se inicia antes de la devastación ocasionada por el Huracán María, y antes de la inquietud social provocada por la objeción generalizada a una “Junta” decretada por el Congreso de los Estados Unidos de América para que busque la forma de pagar una deuda acumulada por el gobierno que muchos puertorriqueños consideran ilegal.  La Ley PROMESA, aprobada por el Congreso para aplicarse a Puerto Rico, creó lo que se designa oficialmente como Junta de Supervisión Fiscal, pero en Puerto Rico se le conoce como Junta de Control Fiscal, o sencillamente “La Junta”.

A pesar de que Puerto Rico tiene un gobierno electo por voto directo, es La Junta la que de facto está gobernando el país de cerca de 4 millones de habitantes, población de ciudadanos estadounidenses mayor que la encontrada en 21 estados; y mayor que la encontrada en muchas naciones a través del mundo. Es La Junta la que establece política pública, la cual sigue ocasionando el mayor éxodo de la isla en su historia de más de 500 años. Han cerrado cientos de escuelas, y se avecinan aún más cierres, los servicios de salud pública se han reducido severamente.  A esto se añade un Departamento de la Policía que no ha podido reclutar ni entrenar nuevos oficiales, mientras se sigue reduciendo el personal humano del mismo. Este mes, el juez federal a cargo de que se cumpla con el acuerdo de reforma de la Policía de Puerto Rico, Gustavo Gelpí, celebrará una vista que podría determinar el futuro de la Policía de Puerto Rico y el acuerdo de reforma. El juez está inconforme porque la Policía no ha cumplido cabalmente con los acuerdos y ha dejado claro que podría engavetar el acuerdo y en su defecto situar al cuerpo policial bajo supervisión directa de la corte, o como se le conoce: “en sindicatura”.

Lo irónico en este nuevo capítulo en la historia de la Policía de Puerto Rico es que la falta de cumplimiento con el sistema judicial federal ahora también se puede remitir a la rama legislativa federal, ya que La Junta es una creación de, y le responde a, el Congreso.  Sin duda, la Policía de Puerto Rico tiene una larga historia de violación de derechos civiles, corrupción y persecución política de los disidentes e independentistas. No obstante, ahora es La Junta la que determina las políticas prioritarias para Puerto Rico, y la vigilancia no es una de ellas. Se preguntarán qué tiene que ver todo esto con el tema que nos ocupa, y la respuesta es TODO.

II.

Volviendo al asunto de los aspectos comunes en la transnacionalización y las prioridades de la vigilancia, comenzamos con Jamaica; parece ser que Puerto Rico está siguiendo los pasos de Jamaica y de otros países caribeños, que han estado consecuentemente privatizando los servicios policiales.  Puerto Rico siempre ha tenido una fuerza policial grande, con vigilancia por parte de diversas agencias de seguridad, un calco de Washington, D.C.

III.

A la Policía de Puerto Rico, que solía contar con 19,000 miembros (la segunda más grande en los Estados Unidos) se le añaden los mucho más reducidos departamentos de policía municipales (78 municipios), el FBI, la DEA, Homeland Security, otras agencias del orden federales y muchos cuerpos de seguridad (armados) privados.  Por momentos, sobre todo durante actividades o protestas con asistencia masiva, y definitivamente durante el periodo de emergencia provocado por el Huracán María, pareciera que en Puerto Rico se estaba suscitando una insurrección o un estado de sitio. En Puerto Rico la respuesta a las protestas es, para decirlo claramente, exagerada, desproporcionada, represiva y, en muchas ocasiones, abiertamente ilegal.

Como mencionamos antes, la Policía de Puerto Rico contaba con aproximadamente 19,000 miembros, pero al momento en que comenzó la reforma de la policía se había reducido a aproximadamente 14,000.  Luego azotó el Huracán María y el cuerpo policiaco se ha reducido a menos de 10,000, según expresado por el Monitor de la reforma policial.

Antes de proseguir, debo mencionar que aunque se conoce oficialmente como “la Policía Estatal de Puerto Rico”, se asemeja más a lo que muchas naciones llaman “Policía Nacional”.  No es una policía estatal, pues no somos estado, ni es tampoco un departamento de limitada jurisdicción a través de la “nación-estado”, como lo son los departamentos policíacos estatales en los Estados Unidos.  La Policía de Puerto Rico es un amplio cuerpo policial de jurisdicción general que opera en toda la isla –dicho llanamente, es la fuerza policiaca de Puerto Rico.

Como todo lo demás, lo material y lo humano, la Policía de Puerto Rico se vio adversamente impactada por el Huracán María. Una fuerza policial ya menguada, se vio aún más reducida por el éxodo masivo de puertorriqueños a Estados Unidos y a otras naciones; y luego vino el fenómeno “blue flu”, caracterizado por el ausentismo en masa y/o negativa abierta de cumplir con tareas policiales. En estos días es raro ver una patrulla en las carreteras o las comunidades; el crimen va en alzada y muchos agentes de la policía están siendo arrestados por agentes federales.

IV.

Para octubre de 2017, tras el Huracán María, Puerto Rico parecía estar ocupado por oficiales fuerte e ilegalmente armados de organizaciones privadas de seguridad traídos de Estados Unidos.  Llegaron compañías privadas de servicios de seguridad como Blackwater (ahora llamada Academi), Tiger Swan, Ranger American y otras. Pero, “venían en paz” y desde entonces se quedaron; los vimos en acción durante la celebración del Primero de Mayo de 2018 cuando las movilizaciones en San Juan terminaron “como el rosario de la aurora”, o sea, en caos total. Todos los presentes, los que protestaban, los observadores de ACLU, los miembros de la prensa, a todos por igual se les lanzó gas lacrimógeno o se les agredió a golpes, fuese por policías del gobierno o por esta otra presencia expandida y más agresiva de policía privada. La jornada culminó con la persecución de estudiantes hasta sus vecindarios, el registro ilegal de sus hogares y el arresto ilegal de algunos estudiantes por participar en un acto masivo público autorizado.

Durante el irrazonablemente largo toque de queda establecido pos-María, agentes de seguridad privada cuyo idioma era inglés mayoritariamente, salieron a la calle enmascarados, armados y sin identificación o placa visible, portando armas largas y automáticas, y hasta de uso militar ilegalmente; detenían a las personas por violaciones a la ley de tránsito y otras actividades no criminales, a la vez que les apuntaban con sus armas y registraban sus vehículos; en ocasiones, arrestaban a los que, según ellos, no “cooperaban”.  Téngase en cuenta que el idioma predominante en Puerto Rico es el español.

V.

Y así es que están las cosas al día de hoy, con una fuerza policial pública disminuida, una fuerza policial privada en aumento, lo que lleva a la privatización  cada vez mayor de la vigilancia en Puerto Rico, como es el caso en Jamaica, donde la razón de guardias privados a públicos es 3:1. Para la comunidad de Supervisión Ciudadana de las Fuerzas del Orden, la prevalencia de seguridad privada como la que se está dando en Puerto Rico y otras naciones supone un reto, porque: ¿A qué mecanismos de supervisión le responden estos agentes? y aunque concluyésemos que responden al interés público por ser autorizados por agencias del gobierno,¿ cómo podemos siquiera identificar a los que violan su puesto o se extralimitan en sus acciones cuando están tan camuflados o escondidos? ¿ los agentes policiales privados, están sujetos a los acuerdos de la reforma de la Policía de Puerto Rico, que incluye el que los oficiales públicos estén adecuadamente identificados, entrenados y compensados?

VI.

Esta tendencia a la privatización que notamos en Puerto Rico, Estados Unidos y otras naciones sigue en todo su apogeo hasta el día de hoy.  En la vista que se celebrará este mes, el juez federal verá que no se cumple con los acuerdos de la reforma, que incluye el uso ilegal de fuerza en contra de gente que ejerce su derecho a protestar, y el no cumplir con los protocolos requeridos en cuanto a la constitucionalidad en asuntos de vigilancia.  Aún no se sabe si los agentes armados de seguridad privada estarán incluidos en los acuerdos de la reforma.

VII

Según se dijo antes, los miembros de la Policía de Puerto Rico se han reducido a casi 10,000, de los cuales cerca del 65% están cercanos a la edad del retiro, y no ha habido una nueva clase graduada de la academia de la Policía en más de cuatro años.  Esto prácticamente garantiza el crecimiento de la industria de seguridad privada, muy similar a como ha sucedido en Jamaica y otras naciones. Le corresponde a la comunidad independiente de supervisión ciudadana estar al tanto de esta tendencia y de expresar sus preocupaciones al respecto.  Después de todo, ¿de qué sirven las reformas a la policía y las organizaciones independientes de supervisión ciudadana de la vigilancia pública si las organizaciones de ley y orden se privatizan a pasos agigantados? Puede que algunos consideren que la privatización de la vigilancia es una opción del gobierno, pero, ¿caerán estas agencias privadas bajo la jurisdicción de las organizaciones independientes de supervisión ciudadana?

Vigilancia represiva, sobre-militarizada y politizada en Puerto Rico, los Estados Unidos y otras naciones

En Puerto Rico:

• federalización y privatización de la policía, como respuesta a la libre expresión y posturas políticas disidentes

• políticas respecto al alcance de la vigilancia partiendo de La Junta, y control de dicha Junta sobre el presupuesto de la Policía de Puerto Rico (de cara a la crisis fiscal de Puerto Rico y los procedimientos de bancarrota ad hoc)

• respuestas policíacas que contravienen derechos garantizados por la 1ra. y la 4ta. enmiendas de la constitución, como la confiscación de equipo de grabación y otras formas de documentación, el arresto de observadores y supervisores, persecuciones y registros ilegales de moradas y arrestos ilegales de participantes de protestas en sus hogares

• suspensiones judiciales de derechos civiles y de demandas por violación a los derechos civiles presentadas ante las cortes en Puerto Rico y los Estados Unidos, presentadas a raíz de los procesos de bancarrota, lo que convierte a Puerto Rico en la única zona libre de derechos civiles  bajo la bandera norteamericana; el resultado neto es que no se puede presentar demandas en corte y pedir compensaciones por violación a los derechos constitucionales, de acuerdo a la Ley Promesa que aprobó el Congreso de Estados Unidos.

Ponencia presentada por el autor en la conferencia anual del NACOLE Training. El autor es el director de la ACLU en Puerto Rico. Traducción para CLARIDAD por Sylvia Solá.

Las estadísticas del Departamento de Desarrollo Socioeconómico de la Familia en el portal del Instituto de Estadísticas reflejan que para octubre de 2017 los beneficiarios del Programa de Asistencia de Alimentos (PAN) eran 654,938 familias y 1,233,510 participantes. El beneficio promedio por familia es de $199 y el más alto es de $218, este último para una familia de más de cuatro miembros.

Según el informe Justicia Ambiental, Desigualdad y Pobreza en Puerto Rico, preparado en diciembre de 2017 por un grupo multisectorial, ya antes del paso de los huracanes Irma y María, uno de cada tres puertorriqueños pasaba hambre.

Tras la experiencia sufrida en los dos eventos y, ante la inacción del Estado, un grupo de organizaciones no gubernamentales (ONG) han unido sus esfuerzos para visibilizar y concienciar sobre la situación de hambre en la isla, así como combatirla. En entrevista, Carmen Villanueva, líder comunitaria y participante del grupo, señaló que, aunque después de los huracanes Irma y María se habla de que la gente pasó hambre, desde antes ya había hambre en Puerto Rico. “La gente no está consciente porque todo el mundo piensa que los cupones resuelven el hambre, y eso es totalmente contrario, la mayoría de las y los puertorriqueños no recibe cupones y, por lo tanto, sus ingresos se utilizan en la luz, el agua, medicamentos, alquiler o hipoteca de la casa. Mientras más edad tenemos peor es, porque la pensión no da para los gastos diarios”.

Ante la situación, el grupo decidió unirse a las celebraciones de este 17 de octubre, Día de la Erradicación de la Pobreza y Día Contra el Hambre, ambos convocados por la Organización de las Naciones Unidas. Además de visibilizar y concientizar respecto al problema, el propósito de las organizaciones participantes es lograr que para el 2030 se pueda decir que el país superó el problema y haya “hambre cero”. Para esto se proponen comenzar a trabajar hacia una política pública sobre los excedentes de los alimentos, tanto los que se generan en las tiendas como en la agricultura. Villanueva reparó que aunque se supone que ya hay una política sobre el particular, esta “parece olvidada en el archivo 13”. La intención es que se pueda distribuir de una manera más accesible y trabajar desde la perspectiva de las ONG. Además de trabajar sobre el asunto de la hambruna, esperan resaltar la importancia de una sana alimentación para la prevención de enfermedades, lo que a su vez ayuda a disminuir gastos en servicios de salud. Y por supuesto, considerar la agricultura como medio para combatir el hambre.

Villanueva coincidió con el señalamiento de que las únicas políticas que tiene el gobierno para combatir la situación de hambre es el PAN y el Programa de Comedores Escolares. La líder comunitaria de las Parcelas Hills Brothers, en Río Piedras, comentó sobre la experiencia en su comunidad tras el paso de los huracanes. Desde Irma no tuvieron el servicio de luz. “La gente pensaba que porque estaba en el Área Metro estaba todo resuelto. En nuestra comunidad se perdieron alrededor de 30 a 40 casas y cuatro vidas. La gente no miraba para acá”. La primera ayuda que recibieron de comestibles fue de parte del líder de la comunidad Fortuna-Playa de Luquillo. Con esos primeros alimentos se cocinó en el centro comunitario. “Uno da por sentado que la gente tiene que comer; pero mentira, la gente por dignidad no lo dice, aunque sí se pasa hambre. Cuando vi las filas y que la gente buscaba comida, no por la escasez del supermercado, sino porque realmente no había presupuesto, eso me hizo ver que teníamos que hacer algo diferente. Siempre pensamos que el único que pasa hambre es el deambulante. No, al contrario, posiblemente tiene más alimentación. Olvidamos al maestro, a los que fueron obreros toda la vida; que el retiro que reciben es tan mínimo que ni siquiera le da para las tres comidas”.

Las cocinas comunitarias

El hecho de que a un año del paso de los dos huracanes las iniciativas de comedores o cocinas comunitarias en lugar de disolverse se hayan fortalecido es evidencia de la situación de hambre que existe en muchas comunidades. Stephanie Nieves Ríos, una de las gestoras de la iniciativa Olla Común, en Río Piedras, narró que a lo largo del año, luego de María, unos trece grupos que comparten esta misma iniciativa de cocinas sociales se han estado reuniendo y compartiendo, por lo que para el aniversario decidieron lanzar la página en la web: Red de Apoyo Mutuo.

“La idea es que la gente pueda acercarse a los proyectos y apoyarlos, que se puedan identificar y llevar este proceso más allá de lo cotidiano. De alimentar a la gente y de tener soluciones comunitarias para los problemas, con el objetivo de construir un poder popular frente a todas las políticas que está impulsando el gobierno y la agenda asquerosa de la Junta de Control Fiscal. Construir bases de poder que resistan y denuncien, pero que también busquen construir alternativas de vida”, manifestó.

Sobre las reuniones de los grupos expresó que cuando se encontraron por primera vez, dentro de lo terrible que fue el huracán, vieron líneas bien parecidas en cuanto a lo que fue la respuesta del gobierno y de otras personas del país, “esto es un proyecto con mucho potencial para tener un proyecto de país diferente”.

Al cabo de un año, Olla Común sirve desayuno a una población bastante estable, de envejecientes y personas sin hogar de Río Piedras, “una población de Río Pierdas que está invisibilizada por completo”, describió la joven. El proyecto Olla Común opera a base de donativos, al igual que el resto de los otros proyectos.

Cortés Robles apuntó respecto al Día Contra el Hambre y la Pobreza, que hay que ver la pobreza y el hambre en varias dimensiones. “No podemos hablar de hambre sin hablar del problema de adicción, no podemos hablar de hambre sin hablar del problema de vivienda, de cómo eso es parte de un contexto de precariedad más amplio. Por eso es que yo hablo de proyectos consistentes, porque mas allá de un día es importante, pero también es importante estos proyectos que buscan trabajar como posibles vías de un desarrollo desde abajo”.

Entre la batalla de intereses por la privatización, la búsqueda de que se le exima de las Leyes de Cabotaje, la mentira de una baja en la tarifa, la petición de un síndico por parte de un grupo de bonistas y la falta de trabajadores técnicos, la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) parece la de una central hidroeléctrica a punto de coger fuego.

A todo esto se une la nueva advertencia del Instituto para el Análisis Económico y Financiero de la Energía (IEEFA, siglas en inglés) de que la propuesta para el pago de deuda presentada por al AEE el pasado mes de julio a un grupo de sus acreedores no es una solución creíble para el problema de la deuda de la corporación y cuestiona por qué no se consigue un mejor acuerdo.

La propuesta de la AEE es la de pagar a los tenedores de bonos 77 centavos por dólar, de aproximadamente un tercio de la deuda. Hasta el presente, aunque la propuesta se mantiene, esta no ha sido ni aprobada ni rechazada, a pesar de los plazos que se han concedido.

IEEFA expone que se supone que la medida del éxito de una liquidación de deuda es que esta ofrezca pagos realistas a los tenedores de bonos y al mismo tiempo le permita al deudor emerger como una empresa en marcha; pero la propuesta presentada por la AEE no logra este propósito ni mueve a la AEE hacia una solución creíble a sus problemas, por lo que recomienda olvidarse del acuerdo.

El fundamento para su señalamiento es que el futuro de la AEE está estrechamente ligado al futuro de la economía puertorriqueña y que el país necesita energía barata para recuperarse. Es decir, la AEE necesita una economía en crecimiento para tener un mercado para su energía.

No obstante, señala que las perspectivas son oscuras y trae a la atención que la agencia acreditadora Moody’s proyecta una disminución de 17 a 19% en la economía de Puerto Rico entre 2019 a 2028. Mientras, la Junta de Supervisión y Administración Financiera (FOMB siglas en inglés) proyecta una disminución en la población de la isla y una reducción en las ventas de energía eléctrica. Para “impulsar” la economía de la isla, la FOMB certificó un plan fiscal para la AEE que respalda un precio de energía a largo plazo de 20 centavos por kilovatio-hora.

IEEFA cuestiona el que no esté claro cómo se logrará el objetivo de poder bajar el precio de la tarifa con las propuestas actuales y expone que el plan fiscal certificado por FOMB está fuera de balance, contiene iniciativas de ahorro mal definidas, costos de combustible crecientes y ningún dinero para el servicio de deuda durante cinco años. Además cuestiona que el plan proyecte tasas de hasta 24 centavos por kilovatio-hora para 2023 sin incluir el servicio de la deuda ni los pagos de pensiones. De incluirse el pago total de la deuda, las tarifas subirían a 30 centavos por kilovatio-hora.

Según IEEFA, las tarifas eléctricas promedio en el año fiscal 2018 fueron de 23 centavos por kilovatio-hora. A ese nivel de tasa, la AEE muestra lo que llama una disminución en su posición neta (una pérdida operativa neta) de $ 393 millones en su estado financiero no auditado para el año fiscal que termina en junio de 2018. En ese sentido, pronostica que una baja en las tarifas como ha anunciado la AEE crearía aún menos posibilidades de recuperación del inversor. Por último, plantea que la AEE también cuenta entre sus gastos con $474 millones para intereses sobre su deuda, monto que supera la disminución en su posición neta.

Señala IEEFA que desde el anuncio de julio los inversionistas aparentan estar seducidos por la promesa de 77 centavos y han subido los precios de los $3 mil millones de la deuda de la AEE que cubre el acuerdo, de 30 a más de 60 centavos por dólar. Mientras, continúan las negociaciones con otros tenedores de bonos, compañías de seguros y acreedores del resto de la deuda pendiente de $ 9 mil millones de la AEE.

Sobre este punto, los analistas Tom Sansillo y Cathy Kundel exponen que aquellos que están negociando el acuerdo sobre la deuda de la AEE y los que hacen una oferta al precio del mercado de bonos han perdido de vista la realidad fundamental de que la AEE no puede pagar su deuda, ni el 30% ni el 40%, mucho menos el 77% de la deuda. Traen a la atención que la FOMB aceptó de manera breve esta realidad en el 2017 cuando determinó que un acuerdo de deuda que requiere un reembolso del 90% no podría ser respaldado por la economía de Puerto Rico antes del huracán. Después del huracán la incapacidad de soportar un nivel similar de reembolso debería ser aún más evidente.

Para concluir, IEEFA denuncia y adelanta que todas las partes involucradas en la negociación pueden acordar otro trato insostenible; pero si no hay una base económica para los pagos, simplemente se enviará a Puerto Rico a otra ronda de quiebra y lo único que se asegurará serán los honorarios de otra ronda de acuerdos para reparar el daño creado.