Por Cándida Cotto/ CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

La directora del proyecto Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) licenciada Adriana Godreau Albert expresó preocupación respecto al uso que pueda dar el gobierno de Puerto Rico a los $1,500 millones del Plan de Acción del programa Desarrollo Comunitario con Subsidio Determinado para la Recuperación de Desastres (CDBG-DR). Estos fondos fueron autorizados por fin por el Departamento de Vivienda de Estados Unidos (HUD, siglas en inglés) este pasado viernes.

Al hacer el anuncio de que los fondos serían “liberados” el secretario de HUD, Ben Carson, hizo expresiones en el sentido de que habrá una vigilancia extrema sobre los controles financieros y uso de los fondos por parte del gobierno de Puerto Rico. La cifra es parte de los cerca de $20 mil millones asignados a la isla para atender las necesidades de vivienda, infraestructura y recuperación económica de poblaciones vulnerables, surgidas tras del paso de los huracanes Irma y María en el 2017. En más de una ocasión HUD le solicitó al Departamento de Vivienda de Puerto Rico (DV) que hiciera correcciones al Plan de Acción presentado.

“Ciertamente la relevante noticia de que llega a Puerto Rico el dinero destinado para la recuperación debe de ser una buena noticia”, indicó Godreau Albert, en entrevista con CLARIDAD. No obstante, coincidió con las expresiones de Carson de preocupación y confiabilidad respecto al uso que el gobierno de Rosselló Nevares pueda hacer de los fondos. En esa línea señaló que lo que no es una buena noticia es el hecho de que en torno a los fondos todavía no ha habido un proceso de preparación y apertura de parte del DV que garantice que el dinero llegue a donde debe llegar.

Denunció que, por ejemplo, el secretario del DV Fernando Gil Enseñat todavía no ha contestado el reclamo de que se acepte prueba alternativa de titularidad, que aún no se ha establecido ningún grupo de trabajo comunitario y tampoco se tienen los criterios sobre los cuáles las comunidades participarían en los procesos de planificación.

El pasado mes de noviembre, ALPR le solicitó a Gil Enseñat que aceptara un formulario de declaración bajo juramento preparado por la organización para que las personas que no poseen título de propiedad puedan demostrar que son dueñas de sus casas o terrenos y así puedan beneficiarse de los programas con fondos CDBG-DR. Godreau Albert confirmó que, a la fecha, el Secretario del DV no ha contestado la petición.

Agregó que una de las mayores preocupaciones de las comunidades y organizaciones comunitarias (ONG) es que todavía no se ha garantizado un mecanismo, que no sea el reembolso de dinero, que les permita en realidad participar de los fondos. Describió que, por ejemplo, una ONG que trabaja con los derechos de la mujer no tiene la facilidad de allegar $500 mil y esperar por el reembolso del gobierno. “Así que mientras no ha ocurrido todo eso lo que se está dando es un anuncio de que viene dinero. Nos preocupa grandemente a dónde va a parar ese dinero”.

Indicó que mientras tanto organizaciones como MATRIA, Taller Salud, IDEABAJO y la propia Ayuda Legal han estado visitando numerosas comunidades educando sobre los fondos, sobre el proceso y organizándolas para exigir participación y que puedan fiscalizar que el dinero llegue a sus necesidades. Apuntó que se supone que la prioridad sea vivienda y que, para que en efecto esa sea la prioridad, primero hay que ver lo que las comunidades necesitan en esos términos. En tanto, denunció que por parte del Departamento de Vivienda no ha habido acercamientos a las comunidades.

Lo que sí ha dicho el secretario Gil Enseñat en varias declaraciones públicas es que parte del dinero se utilizará para dar títulos de propiedad. Respecto a esta política, la licenciada Godreau Albert alertó de que esa es una de las mayores preocupaciones de ALPR, ya que la experiencia ha demostrado que el otorgar títulos de propiedad individual es el primer paso para desalojar una comunidad. En segundo lugar señaló que eso es un proceso largo y costoso que se extendería en los tribunales más allá de los dos años con que se cuenta para poder utilizar los fondos. “Así que debemos preguntarnos cuántos títulos realmente Vivienda va a poder otorgar en el proceso”. Respecto al peligro que representa esa medida, recordó las experiencias de comunidades como la de Vietnam en Guaynabo, las de Salinas y hasta en el mismo Caño Martín Peña.

La directora de ALPR cuestionó por qué en lugar de dar títulos de propiedad individual el gobierno no está mirando políticas de propiedad colectiva como en otras partes del mundo; porqué no hacer una campaña colectiva a las comunidades primero sobre qué es ese título de propiedad, en lugar de servicios individuales. Hizo la salvedad de que el asunto del título hay que atenderlo, pero que este no tiene que resolverse caso a caso con ayuda de abogados. Reclamó que el asunto se resuelve con política pública que establezca cuáles son las pautas para que una persona se reconozca como dueña; que se revise todo lo que tiene que ver con permisos para los que se requiere un título; pero también con todo lo que tiene que ver con qué se va hacer con la gente que no será elegible a un título por no llevar el tiempo suficiente en el lugar o por no tener algún documento.

Otro ángulo que tiene que ver con la otorgación de títulos de propiedad individual es si la comunidad está localizada en terrenos municipales, para lo cual entonces los alcaldes tendrían que estar de acuerdo, o si es propiedad del estado. Por último, Godreau Albert señaló que otra gran preocupación es que en el Plan de Acción del gobierno la mayoría de los fondos van dirigidos a construir vivienda nueva, por lo que hay que cuestionarse quiénes son los que están detrás del plan.

Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD

gvazquezlopez@claridadpuertorico.com

En la medida que se reducen las aportaciones del gobierno al plan de salud, el empleado tiene que sacar más dinero de su sueldo para mantener la misma cubierta. De otro modo, tiene la opción de acogerse a una cubierta en la que tenga que aportar menos, pero que redunda en menos beneficios y acceso a servicios de salud.

Entonces, esa reducción significa, igualmente, una reducción en el sueldo de los trabajadores, así como en los servicios de salud que estos y sus familias reciben, pues hay que considerar que en la mayoría de los casos los empleados seleccionan cubiertas familiares. Esto preocupa, pues, ¿cuán eficiente puede llegar a ser el gobierno y los servicios que ofrece a la población cuando sus empleados tienen un acceso a la salud limitado?

Bien es cierto que los empleados tienen la opción de escoger entre una cubierta privada y el plan de salud del gobierno, que en este caso es el Plan Vital; pero la realidad es que los empleados que escogen el plan de salud del gobierno son bien pocos, según explicó el presidente del Colegio de Médicos Dr. Víctor Ramos Otero.

Hasta el primero de enero del año en curso la Ley 95 aplicaba solo a empleados del gobierno central; pero tras de la orden de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), emitida el 25 de junio de 2018, los empleados de las corporaciones públicas estarían obligados a escoger entre los planes de beneficios de salud contratados por la Administración de Seguros de Salud (ASES). Aunque la orden estaba pautada para comenzar el 1ro. de enero del año en curso hubo una extensión hasta marzo para que los empleados de las corporaciones pudieran mantener los planes de salud negociados en sus respectivos convenios.

Todos los años –explicó el doctor– hay un proceso competitivo donde las aseguradoras contratadas por ASES someten distintas propuestas y los empleados pueden escoger entre ellas. Como la aportación patronal para los empleados del gobierno central de por sí es baja, usualmente el empleado escoge la que tiene que pagar menos o nada; cubiertas reducidas, con deducibles altos y que no cubren todos los servicios y medicamentos.

Antes de que AAFAF diera la orden, cada corporación tenía un plan médico que se negociaba aparte (de acuerdo con cada convenio) y que solía ser más robustos que los que promueve la Ley 95. Sin embargo, la orden cancela ese beneficio y pone a todos los empleados del gobierno bajo dicha ley, a excepción de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Así, los empleados de las corporaciones públicas pasarían de tener una cubierta médica robusta, escogida mediante el convenio, a formar parte del mismo proceso que los demás empleados del gobierno. Ante esta situación es muy probable que los empleados de las corporaciones “con los sueldos bajitos escojan el plan médico más barato”, indicó el médico.

“No es que tengan que escoger el plan más barato. La realidad es que como el sueldo no es mucho, aunque disponen de mejores opciones, usualmente escogen el plan más económico, que tiene una cubierta limitada”, aclaró.

Ramos sostuvo que cambiar a los empleados de las corporaciones del gobierno a la Ley 95 va a ser un golpe bastante grande, pues no va a ser lo mismo para el empleado tener que pagar entre el 25% y 30% por los medicamentos que antes no pagaba nada.

Al escoger estos planes con una cubierta limitada, los trabajadores enfrentarían muchos problemas a la hora de de obtener los servicios de salud, por ejemplo: necesitar un medicamento y que el deducible sea caro o requerir de otros servicios que van más allá de los básicos incluidos en estas “cubiertas bastante cojas”, según describió Ramos.
El doctor comentó que muchas veces terminan pagando más que si hubiesen escogido un plan robusto, por todos los deducibles y copagos que tienen que pagar bajo este plan médico con cubierta limitada.

Por otra parte, Ramos advirtió que este cambio drástico para los trabajadores de las corporaciones públicas puede aumentar el éxodo de puertorriqueños. Al reducirse las expectativas de beneficios y presentarse opciones de trabajos fuera del País, con más paga, aunque no necesariamente con mejores beneficios marginales que los que tenían, los trabajadores se verían tentados a dejar la isla.

En síntesis, la situación implicaría menores y peores servicios del gobierno para la población, ya sea por la falta de empleados que se queden enfermos en sus casas porque el sueldo no les da para pagar una cubierta que no cubre el servicio que necesitan o porque salgan del país en busca de mejores opciones y beneficios de trabajo. Mientras el país pierde, las aseguradoras y los que les aseguran sus chavos siguen ganando.

Por Cándida Cotto/ CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

La portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda (FCAD) licenciada Eva Prados Rodríguez señaló como “un solo paso positivo” la decisión de la jueza Laura Taylor Swain de escuchar los planteamientos presentados por la Junta de Control Fiscal (JCF) y el Comité de Acreedores No Asegurados (CANA) de que declare inconstitucional $6 mil millones de deuda de los bonos de obligación general (GOB, siglas en inglés) del gobierno de Puerto Rico.

La vista ante la juez del gobierno de Estados Unidos, que atiende los casos de quiebra del gobierno de Puerto Rico, bajo el Título III de la Ley Promesa, se dio en la ciudad de Nueva York, el miércoles 30 de enero. La petición de declarar nula esa parte de la deuda fue presentada el pasado 14 de enero por la JCF y el CANA.

En reacción a los resultados de la vista, a preguntas de CLARIDAD, Prados Rodríguez aceptó que era un paso positivo el que la juez haya dado oportunidad a que se discutan los planteamientos constitucionales sobre la deuda. Agregó que lo importante es que la juez no los descartó, ni obligó a las partes a sentarse a negociar sin permitir que se presentaran argumentos sobre la ilegalidad de esta deuda, que era algo que se temía fuese a hacer Taylor Swain.

Violaciones a la Constitución

El día de la vista en Nueva York, grupos de la diáspora puertorriqueña llevaron a cabo una manifestación frente a la sede del tribunal en reclamo de que declare nula la deuda. Al mismo tiempo, aquí en la isla, miembros de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público (CCAICP) ofrecieron una conferencia de prensa frente al Tribunal Federal, para hacer el mismo reclamo.

El profesor de Derecho Constitucional e integrante de la Comisión Luis José Torres Asencio indicó que la deuda que se está objetando son las últimas tres emisiones de GBO: dos hechas bajo la administración de Luis Fortuño en el 2012 y la última emisión de marzo de 2014, bajo la administración de Alejandro García Padilla. En total, se solicita que se declaren nulos sobre $6, 233 millones en GBO de la deuda del gobierno de Puerto Rico, la que para agosto del 2018 ascendía a un total de poco más de $13 mil millones.

“Así que estamos hablando de una tajada significativa”, expresó Torres Asencio. Los argumentos principales que han empleado la JCF y el CANA para solicitar la anulación de esa deuda son de rango constitucional. El primero es que la deuda viola el límite constitucional establecido. La Constitución de Puerto Rico establece que las emisiones de bonos para un año, sumados al pago de la deuda y sus intereses para ese año, no pueden exceder el 15% del promedio de los recaudos del gobierno durante los dos años previos. Esta es una fórmula que se incorporó a la Constitución el 1961. A su vez, se aumentó el límite constitucional de 10 al 15%.

El planteamiento de la JCF y del CANA —añadió Torres Asencio— es que el gobierno burló ese límite constitucional en esas emisiones de bonos al omitir la deuda de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), deuda cuyo pago también estaba garantizada en la Constitución con los recaudos de los impuestos del gobierno; por ende, tenía que utilizarse acorde con ese cómputo. Al incorporar a ese análisis la cantidad de sobre $4 mil millones de la deuda de la AEP, la JCF y el CANA determinaron que la violación al límite constitucional de la deuda comenzó en el 2012.

Torres Asencio también trajo a la atención que la comisión anterior para la auditoría integral (se refiere a la comisión que fue eliminada por el gobernador Rosselló Nevares), había publicado un informe en junio de 2016 donde recogía estos argumentos y planteaba que la violación al límite constitucional de la deuda no solo se estaba dando en esas emisiones, sino que posiblemente comenzó mucho antes. Agregó que, de hecho, en el informe que publicó la

El segundo argumento que utiliza la JCF para reclamar la anulación de esas emisiones de bonos es que estos fueron utilizados para pagar el déficit estructural presupuestario del gobierno. Según Torres Asencio, ese es un argumento muy importante que también la Comisión original planteó en su informe de junio de 2016 y que la Comisión Ciudadana también ha acogido, ya que desde el 1974, cuando el entonces secretario de Justicia de Puerto Rico (Francisco De Jesús Schuck) emitió una opinión concluyendo que las emisiones de bonos sí podían ser utilizadas para cuadrar el presupuesto, el gobierno ha estado incurriendo en esa práctica.

A juicio de la Comisión Ciudadana, si la JCF está reconociendo que esa práctica violenta la Constitución de Puerto Rico, se tiene que exigir que se anulen todas las emisiones de bonos que han sido utilizadas para financiar el déficit estructural que viene arrastrando el país.

No obstante, al reconocer que la petición de la JCF y el CANA es un primer paso muy importante, el portavoz de la Comisión Ciudadana hizo hincapié en que todavía es necesaria una auditoría ciudadana de la deuda, integral e independiente, para seguir dándole fuerza a estos argumentos. Reiteró que hay que exigir a la juez Taylor Swain que comience por la anulación de esas tres emisiones.

A preguntas de CLARIDAD respecto a qué otros argumentos podrían presentarse ante la juez, señaló que, por ejemplo, en el informe de junio de 2016 de la Comisión se hablaba de que otra práctica que podría violar otra disposición constitucional es que la Constitución exige que el repago de una deuda no exceda los 30 años, salvo en el caso de deuda de vivienda. Esta puede ser a 40 años, pero ahora mismo Puerto Rico no está pagando deuda relacionada con vivienda. Señaló que, por décadas, el gobierno de Puerto Rico incurrió en la práctica de que cada vez que vencía una cantidad razonable de un pago de una deuda, esta se refinanciaba, con lo cual se extendía la vida de esos préstamos.

Aunque dijo que este es un argumento que todavía no se ha empleado ante la juez Taylor Swain, le parece que podría considerarse. Aun cuando la constitución dispone que el repago máximo de una deuda sea por 30 años, en los acuerdos que está negociando el gobierno de Puerto Rico y JCF todos parten de la premisa de que el repago va a ser a 40 años.

Otro planteamiento alternativo que dijo se recoge en la moción es sobre unos descuentos que se estaban dando en las mismas emisiones de bonos, por los que se reclamaban unos intereses futuros. Sobre esta práctica el Código Federal de Quiebras ha resuelto que esos intereses no son asegurados, no se pueden reclamar de la deuda. Mientras, la Junta y el CANA están reclamando que se les exima del pago de sobre $230 mil millones. Hizo la observación de que este es un argumento a presentarse ante la eventualidad de que el tribunal rechace los otros argumentos. Aun así, los argumentos más importantes son los constitucionales, recalcó.

A la interrogante de cómo es que la objeción a la deuda de estas últimas tres emisiones de bonos sale del informe encomendado por la JCF a la firma de Kobre & King, y no sale ninguna otra, Torres Asencio afirmó que “así es”. Comentó que el informe de esa firma cita a su vez el informe de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público de manera bastante cínica. Deja en manos de organizaciones como esa comisión el litigio sobre la constitucionalidad de la deuda. Añadió que aun cuando el informe de Kobre & King se abstiene de pronunciarse sobre los aspectos constitucionales de la legalidad de la deuda y evade el tema, sí contiene un capítulo sobre la deuda de la AEP con argumentos a favor de incluir los $4 millones dentro de los límites constitucionales. A eso es que quiere la JCF incorporar su argumento.

Torres reparó en que el CANA llevaba tiempo presentando este argumento al tribunal y que tanto el CANA como la Comisión Ciudadana sostienen que el cómputo que está haciendo la JCF es insuficiente: “Es mucho más la deuda que se le imputa al gobierno de Puerto Rico, que violó ambas cláusulas constitucionales; por ende, se debe reclamar su anulación al tribunal”.