Por Francisco Moscoso/ Especial para En Rojo

Fin del gobierno autonómico

El desmantelamiento del gobierno autonómico de Puerto Rico por parte del gobierno de Estados Unidos lo anunció el general Nelson A. Miles, jefe de la invasión militar que comenzó el 25 de julio, en su Proclama dada en la toma de la ciudad de Ponce, el 28 de julio de 1898. Algunos entonces, y otros todavía, han interpretado que dicha proclama equivale a una promesa de redención social y política hecha por Estados Unidos a Puerto Rico. Parece que esta lectura parcial le ha prestado atención solo a las expresiones de que Estados Unidos le hizo la guerra a España “por la causa de la Libertad, de la Justicia y la Humanidad”; de que liberaban a Puerto Rico de cuatro siglos de opresión colonial española; y de que derramarían sobre los puertorriqueños “las garantías y bendiciones de las instituciones liberales” de su Gobierno. Eso fue (y continua siendo) la retórica de la ideología del conquistador imperialista.

La proclama de Miles, a su vez, hace claro que Estados Unidos destruiría toda resistencia armada (española y cualquier otra); que lo primero que iban a hacer era efectuar “el cambio inmediato” de “las antiguas formas políticas” e instrumentar las del Gobierno de Estados Unidos. Hicieron claro que las libertades que se dieran estaban condicionadas a su compatibilidad con la ocupación militar. Se tolerarían las leyes y costumbres pre-existentes siempre que se ajustaran a la nueva administración militar y al orden y justicia, según entendido por ellos. (Ángel Rivero, Crónica de la Guerra Hispano-Americana en Puerto Rico, 1922; 2da ed., Edil, 1998, p. 232). 

Lo que el pueblo conoció públicamente fue la proclama del 28 de julio. Miles dio instrucciones privadas a los oficiales subalternos, las Órdenes Generales Núm.101 del 29 de julio de 1898, disponiendo que “el efecto inmediato de la ocupación del territorio enemigo es cortar las relaciones políticas anteriores de los habitantes, y es el deber de estos rendir obediencia a la autoridad de los Estados Unidos siendo el poder del ocupante militar absoluto y supremo”. (Brigadier General George W. Davis, Report of the Military Government of Porto Rico on Civil Affairs; Military Government from October 18, 1898 to April 30, 1900; traducción, FM).

Si Estados Unidos vino a ayudar a liberar a Puerto Rico (desde mucho antes los puertorriqueños luchaban por su libertad…) ¿por qué se apropiaron de la nación que ellos mismos reconocieron como extranjera? Lo hicieron por sus intereses económicos e imperiales político-militares. De primera intención para controlar más directamente el proceso de producción de la caña de azúcar y su elaboración industrial, establecer bases navales y ejercer su influencia o dominación política en el Caribe y América Latina en general.

Al “falso derecho” de conquista, en su escrito El plebiscito, el patriota Eugenio María de Hostos replicó afirmando y demandando de Estados Unidos el reconocimiento del Derecho de Gentes: “A la cesión no debió seguir una transferencia de dominio, sino una consulta de la voluntad de Puerto Rico”.

Habiendo el gobierno de Estados Unidos, realmente, secuestrado la soberanía de Puerto Rico el general John Brooke abolió la Diputación Provincial el 29 de noviembre de 1898. Antiguamente esta era la Legislatura que se estableció desde la Constitución liberal española en 1812. En el contexto del gobierno autonómico del 98 se transformó en Consejo de Administración con 8 miembros electos y 7 nominados por el rey de España. En marzo de 1898 su presidente accidental era Manuel Egozcue, un comerciante español emigrado al país y miembro del Partido Incondicional Español. (Diputación Provincial de PR, Memoria, 1897-98). Tras la invasión, la Cámara de Representantes (con 32 miembros electos) quedó inoperante.

El general Guy V. Henry designó cuatro secretarios de despacho, el 6 de febrero de 1899, que permanecieron en sus puestos pocos meses, mientras fueron útiles al régimen militar. Al “primer ministro” Muñoz Rivera no le tocó una silla. Todos, incluso los obreros, en un mar de expectativas confusas, ondearon la bandera americana haciendo distintas lecturas, ideológicas o desinformadas, de su significado.

1ro de Mayo 1899

En 1899 se plasmaron definitivamente los propósitos conquistadores de Estados Unidos. Los viejos partidos se realinearon y se dieron reformulaciones sindicales. A diario se vivían las animosidades partidistas, los choques de personalismos y el entierro de la breve autonomía. En honor a la verdad, es un panorama también abonado por los líderes colonizados de todo el abanico político. Aprovechando estas circunstancias, el gobierno de Estados Unidos y su alta oficialidad militar justificaron su maniobra imperialista afirmando que los puertorriqueños no tenían la capacidad de gobernarse a sí mismos. Por lo tanto, necesitaban de un mejor tutor imperial. Como si en los Estados Unidos no estuvieran plagados de contradicciones políticas, fraudes electorales, casos de corrupción, robos y asesinatos, racismo y conflictos sociales de todo tipo. Es que ese es el enunciado ideológico que han esgrimido todas las potencias imperialistas con sus países conquistados y colonizados.

A la misma vez que casi todos los sectores de injerencia política favorecieron el combo de la anexión y la americanización, el gobierno de Estados Unidos no contemplaba ni la estadidad ni la independencia. Elihu Root, Secretario de Guerra, trazó la política colonial: otorgarle a Puerto Rico medidas de participación política, por cuenta gotas, según “demostraran capacidad”, y hasta donde el gobierno estadounidense lo permitiera. ¿Así no han mandado hasta el presente?

Mientras los trabajadores proseguían en proceso de organización, por distintas partes de la isla se producían huelgas. Al tiempo que la Federación Regional de Trabajadores (FRT) iba ampliando su base laboral y realizando actividades de educación y diseminación de literatura obrera, en su seno bullían gérmenes de división. Por otro lado, los antiguos autonomistas “puros” (como también se identificaron), dirigidos por José Celso Barbosa, Manuel F. Rossy, y otros, cambiaron de colores fundando el Partido Republicano y abogando por la estadidad, el 28 de marzo de 1899. Al mismo se sumaron algunos luchadores por la independencia bajo España, que favorecían la anexión a Estados Unidos, como Roberto H. Todd. Estaban al acecho de la parcela de poder que autorizaran los americanos en el nuevo escenario electoral que se delineaba. La palabra “republicano”, que lógicamente significaría partidario de la república independiente, en el entuerto colonial puertorriqueño y con este partido, se asocia con prosélitos de la incorporación de Puerto Rico como estado de Estados Unidos. Irónicamente, es la negación de la república propia.

Desde “El Porvenir Social”, según ha documentado el científico social Ricardo Campos, se informó acerca de la lucha obrera por la jornada de 8 horas y la represión brutal policíaca en Chicago, entre el 1 y 4 de mayo de 1886. Con el auge obrero alcanzado en Puerto Rico se logró realizar una gran manifestación en San Juan de conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores y presentar reivindicaciones laborales al mandatario estadounidense, el 1° de mayo de 1899. (Campos, “La celebración del primero de mayo en Puerto Rico, Revista Avance, 1973). Ante la magnitud de la movilización, con actos en otros pueblos, y consciente de que en diversas partes de Estados Unidos se iba implementando la jornada de 8 horas, al día siguiente el general Henry decretó las Órdenes Generales Núm. 54, estableciendo el día laboral oficial de 8 horas (Gaceta de Puerto Rico, Núm. 104, 2 mayo 1899).

Antes de finalizar el turno de gobierno de Henry se produjo una huelga en los muelles contra la empresa Latimer y Fernández que tenía el contrato de carga y descarga de barcos. Es pertinente notar que en la coyuntura de transición de mando imperial las huelgas como ésta, o la de la fábrica de tabacos La Ultramarina, la de los tipógrafos de San Juan, etc. no eran contra empresas americanas, que aun no estaban establecidas, sino contra hacendados y empresarios españoles o puertorriqueños. Entre 1897 y 1902 se contabilizaron unas 35 factorías centrales azucareras, algunas con miles de trabajadores. La central Coloso (Aguada) empleaba 1,500 obreros, y la Mercedita (Yabucoa),1,550. Habían 249 haciendas azucareras por todo el país. Es otro hecho a tener en cuenta en la explicación de la americanización del movimiento obrero (Coll y Toste, Reseña del estado social, económico e industrial de Puerto Rico, 1899; José Ferreras Pagán, Biografía de las riquezas de Puerto Rico, 1902). 

Henry llamó a Santiago Iglesias a la Fortaleza y lo culpó de instigar la huelga que también afectaba cargar los transportes militares. Al enterarse que la compañía obligaba a los trabajadores a laborar 10 horas o más, en violación de su decreto del 2 de mayo, y pagándoles en moneda devaluada, dio otra orden para que se observara las 8 horas y se pagara a razón de “25 centavos oro por hora”. (Luchas emancipadoras, pp. 130-31).

Paralelamente, durante el 1899 el gobierno de Estados Unidos iba haciendo un acopio detallado de información, con fotografías y mapas, de absolutamente todo en Puerto Rico. Ello incluye el Informe estadístico sobre el estado de la isla al tomar posesión los americanos, por el Dr. Cayetano Coll yToste; informes del régimen militar, preparados por el general Davis; un censo poblacional, por el teniente coronel J. P. Sanger; y el extenso Report on the Industrial and Commercial Condition of Puerto Rico, del comisionado Henry K. Carroll (amigo personal del presidente William McKinley)., entre otros. Fue algo así como “escanear” la isla entera, para saber cómo utilizarla en lo que les interesara. Testimonios de Iglesias,”el viejo albañil” Etanislao Sherman y otros artesanos complementaron “el estado espantoso de dolor y miseria” que Carroll veía. 

El 9 de mayo el general George W. Davis asumió la gobernación por un año. La crisis económica, también provocada por las nuevas políticas fiscales y arancelarias, se agravó con el paso del huracán San Ciriaco, el 8 de agosto de 1899; se estimaron unos 3,000 muertos el día del evento. Hubo que atender las grandes necesidades de recuperación. Igualmente, con la agudización de la miseria generalizada y el desempleo pre-existentes, asomó el horizonte de nuevos empleos públicos y de la dependencia económica. Comenzaba directamente el reino de su majestad el dólar, desparramando en diversas direcciones en la colonia que se reformulaba.

Federación Libre, Republicanos y Federales 

El Partido Liberal de mayoría en las elecciones autonómicas había quedado en el limbo político. El Partido Republicano procuró desplazarlo y creyó ganar respaldo adulando a los gobernantes militares y fomentando la americanización: proyectando ser más americanos que nadie, por un lado. Y, al mismo tiempo que maniobraron para revertir conquistas laborales, intentaron adherir a su partido al movimiento obrero, por el otro.

George Davis nombró al comerciante republicano Luis Sánchez Morales como alcalde de San Juan. Este líder estadista persuadió al general a decretar las Órdenes Generales Número 61, del 16 de mayo de 1899, haciendo inoperante la ley de 8 horas al dejar a las partes patronal y trabajadora “pactar” las horas y salarios. La jornada de 8 horas no se oficializó para Estados Unidos, y por extensión a Puerto Rico, hasta aprobarse el Fair Labor Standards Act de 1938. El Dr. Francisco del Valle Atiles, médico prestigioso y autor de El campesino puertorriqueño (1887), otrora autonomista y entonces Sub-Secretario del Interior republicano, fijó el salario de los trabajdores de obras públicas en unos míseros 5 centavos por hora en “moneda provincial” devaluada. Uno se pregunta cómo, después de estas muestras de cariño a los obreros los líderes estadistas se agenciaron el apoyo de un sector de ellos. Pues, lo hicieron aprovechando las diversas instancias de conciencia social y necesidades de los trabajadores, con discursos demagógicos, y soborno.

“Fue entonces”, narra Iglesias, “que se inauguraron los ataques contra todos los que no eran republicanos o americanos”. Una comisión compuesta por Federico Degetau, abogado de familia bancaria, propuso a la Federación Regional favorecer al Partido Republicano. De primera intención la pretensión fue resistida. Pero los pioneros estadistas lograron causar una ruptura en el movimiento obrero. El propio presidente Rosendo Rivera García, y otros de la FRT, fueron seducidos por “puestos y dinero”. Rivera García, “convirtió la Secretaria del Comité Central y los que tenían señalado salario por los obreros en servidores del partido patronal político”. (Luchas emancipadoras, pp. 118-121). La división interna se completó cuando Rivera García y sus allegados se rehusaron rendir cuentas y en la asamblea desordenada preparada por ellos en el Teatro Municipal, el 18 de junio de 1899, que acabó con la intromisión de la policía mandada por el alcalde Sánchez Morales y los «combinados».

Ese mismo día, reunidos en la sede de “El Porvenir Social”, Romero Rosa, Sandalio Sánchez, Pascasio Pérez, Iglesias y otros representantes de los gremios de carpinteros, albañiles, pintores, herreros, tabaqueros y de otros oficios propusieron organizar la Federación Libre de Trabajadores (FLT); a la que se admitían trabajadores de todas las filiaciones. Y, así mismo fundar por separado el Partido Obrero Socialista (POS), con una dirección colectiva de Igesias, Rafael Alonso, Pedro Guiñal, Miguel Betancourt, y otros. El partido obrero, escribió Iglesias, “se declaró francamente en favor del programa internacional de Carlos Marx”, aunque (según Iglesias) sin conocerlo bien. La FLT y el POS quedaron formalmente constituidos en asamblea en San Juan, el 20 a 22 de octubre del 1899. En su declaración de principios, a base de contactos preliminares y la información recibida, desde su punto de partida la FLT expresó afinidad con los postulados de la American Federation of Labor (AFL). 

Simultáneamente, El POS entró en contacto con el Socialist Labor Party (SLP) con sede en NuevaYork, presidido por Daniel De León, oriundo de Curazao y quien hablaba español. En carta a Santiago Iglesias el líder del SLP daba por sentado (sin cuestionamiento) que “ya que Puerto Rico es territorio de la Unión”, invitaba a los socialistas puertorriqueños a afiliarse como componente del partido de la nueva metrópolis. Para el liderato en Puerto Rico no era incompatible la relación entre partidos socialistas afines y se afiliaron al SLP. Parece que no se puso en discusión esta versión de “internacionalismo obrero” en donde los socialistas de la colonia se colocaban bajo el ala de los del imperio. En vez de subordinar un partido a otro, ¿por qué no se relacionaron como iguales y respetando la soberanía obrera de cada país?

 Así pues, al mismo tiempo, esta organización sindical y partido obrero trasitaban un camino contradictorio de favorecer la anexión a Estados Unidos (de lo que creían eran sus instituciones civiles y legislación laboral favorables), colocarse como apéndice de un partido socialista metropolitano, denunciar y combatir la explotación capitalista, y abogar por la abolición de la sociedad de clases.

El día primero de octubre, reacomodándose a las circunstancias, los antes autonomistas “liberales” y defensores acérrimos del “pabellón de España”, Muñoz Rivera, Herminio Díaz Navarro, Juan Hernández López, Santiago R. Palmer, José de Diego, el joven Antonio R. Barceló, y muchos otros, fundaron en San Juan el Partido Federal (PF). También se declararon partidarios de la estadidad y como parte de su programa, “hacer de Puerto Rico un emporio de riqueza y de cultura, sobre la cual flote para siempre el pabellón de los Estados Unidos”. En cuanto a los trabajadores, expusieron que el PF “se preocupa del bienestar de las clases obreras y campesinas”. A esa palabrería vacía se añadió lo que era su preocupación principal, de coadyuvar “a todo propósito de armonía entre las resistencias del capital; y las exigencias del trabajo”. (Pagán, Historia de los partidos, Tomo I, pp. 43, 49-52). De otra manera cómo contribuirían a desarrollar el emporio de riquezas, ¿para quiénes? 

Republicanos y Federales se enfrascaron en la contienda para elegir funcionarios municipales convocada por el general Davis. Solo eran electores elegibles varones mayores de 21 años, que supieran leer y escribir o pagaran contribuciones. Cerca de 85% de la población era analfabeta. Todavía no había Universidad. Las mujeres, que iban ocupando nuevos espacios de empleos, apenas comenzaban a reclamar el derecho al voto. En las “elecciones de los cien días”, que se extendieron desde julio de 1899 a enero de 1900 (interrumpidas por el Huracán San Ciriaco) el Partido Federal obtuvo 28,880 votos y el Republicano, 22,769, en una población de un millón de habitantes. Sin embargo, los republicanos triunfaron en las ciudades grandes de entonces (San Juan, Ponce, Mayagüez, Aguadilla, San Germán); “mayorías” y “minorías” dentro de lo permitido. La mayoría, realmente, la constituyen los diversos componentes de la clase trabajadora asalariada.

Turbas y mártires obreros

Los estadistas también recurrieron a tácticas de terrorismo contra los adversarios como las que se asociarían más adelante con los nazis en Alemania y los fascistas en Italia. El sociólogo Mariano Negrón Portillo brinda un excelente análisis de este escenario de violencia en el libro Las turbas republicanas, 1900-1904 (Ediciones:Huracán, 1990). Como partido electoral colonial, el Partido Republicano embistió contra sus contrincantes del Partido Federal. Y, como partido patronal reaccionario, el “del Dr. Barbosa y sus amigos” en palabras de Iglesias, desató su furia contra la FLT que rechazaba subordinarse al mismo y los desafiaba (a todos) en el terreno laboral.

Curiosamente, el gobierno de Estados Unidos escogió el 1° de mayo de 1900 para sustituir el régimen militar (cumplido su propósito autoritario) por el régimen civil de dominación colonial ordenado por su Ley Foraker. ¿Coincidencia con el feriado trabajador? Bajo este esquema, la administración gubernamental continuó en manos estadounidenses (ahora civiles), con una Cámara de Delegados, de 35 electos por los varones permitidos a votar. Cualquier legislación estaba sujeta a la aprobación del Consejo Ejecutivo (6 americanos y 5 puertorriqueños nombrados por el Presidente de EEUU) y del gobernador americano, siendo el primero Charles H. Allen. Antes, Allen trabajaba con su padre en Otis Allen and Son, empresa maderera, y fue Sub-Secretario de la Marina. Simultáneamente, se trazaba otro surco de americanización a través del Departamento de Educación, con Mr. Martin Brumbaugh empuñando el timón, pretendiendo imponer el inglés a la trágala a “Porto Rico” y estampando feriados americanos en el calendario.

Ese mismo 1° de mayo de 1900, el gobierno de Estados Unidos impuso un canje de moneda en que cada peso español valdría solo 60 centavos de dólar: una devaluación de 40%. La medida instigada provocó una crisis en todos los ámbitos de la economía y, naturalmente, significó un atropello adicional a los salarios ya bajos. El propio Iglesias reflexionó más tarde que este fue un vehículo financiero clave que abrió el camino avasallador de los grandes intereses industriales estadounidenses.

Bajo el liderato de la FLT se declaró una huelga general el 1° de agosto de 1900, por la jornada de 8 horas y alza de salarios. Miles de trabajdores pararon labores por todo el país. Hubo diversos enfrentamientos violentos. En Maunabo los braceros de la Central Columbia (capital francés) tomaron el cuartel y desarmaron a los policías, entregando luego las armas al alcalde. La Policía Insular fue movilizada y se arrestaron a decenas de obreros. Jacinto Burgos y otros líderes acusados de “motín grave” recibieron condenas de 6 meses a dos años y medio de cárcel (Luchas emancipadoras, pp. 173-176). El periódico de los estadistas, El País, despotricaba con ferocidad a diario contra los obreros rebeldes y sin recursos y que intentaban organizarse. La FLT replicó con un Manifiesto de denuncias contra la “incivilizadora explotación”. Recabaron la solidaridad y ayuda financiera de los partidos y sindicatos obreros en Nueva York, quienes respondieron positivamente. 

Atacado y amenazado de muerte, Santiago Iglesias emigró junto a Eduardo Conde a NuevaYork el 26 septiembre de 1900. Allí trabajó en un taller de carpinteros unionados y publicó noticias sobre la situación obrera en periódicos socialistas como The Worker y otros. En las reuniones de su unión conoció al anarquista alemán emigrado Johan Josep Most – ”un hombre monumental, física y mentalmente” – autor de Science of Revolutionary Warfare. Meses después, en febrero de 1901, Iglesias conoció a Samuel Gompers, presidente de la American Federation of Labor. Esta organización sindical practicaba una política de lucha por mejores salarios y condiciones de trabajo dentro de la legalidad y sin abogar por el derrocamiento del capitalismo. En septiembre se formalizó la afiliación de la FLT al AFL. Dicho propósito, por intercesión de Gompers, contó con el visto/bueno de los presidentes McKinley (asesinado el 14 de septiembre) y su sucesor Theodore Roosevelt. Iglesias fue nombrado su organizador a sueldo en Puerto Rico recibiendo compensaciones entre $758 y hasta $5,482, de 1901 a 1929. (Carlos Sanabria, Puerto Rican Labor History, 1898-1934; Lexington Books, 2018).

Sin embargo, el escenario de la lucha reformista sindical no fue uno color de rosas. Tan pronto desembarcó en San Juan el 9 de noviembre de 1901, Iglesias fue arrestado. Algunos jueces y fiscales del régimen español, aun ocupando puestos, acusaron a Iglesias, Conde y otros seis líderes obreros de “conspiración para subir el precio del trabajo”. La Corte de Distrito condenó a Iglesias a 3 años y 4 meses de cárcel, a los otros a 4 meses y 20 días, y ordenó cerrar la FLT. Sin embargo, el gobernador William Hunt (asumió el mando el 15 septiembre) fue ordenado por Roosevelt a interceder, la vieja legislación fue combatida, y la Corte Suprema anuló el fallo y los puso en libertad.(William G. Whittaker, “The Santiago Iglesias Case, 1901-1902”, The Americas, Vol. 24, 1968, pp. 378-393). Era abril de 1902.

Este fue el contexto en que, cercano el 1° de mayo de 1902 el Comité de Defensa del Partido Republicano – las turbas terroristas dirigidas por José Mauleón y protegidas por el inquisidor Egozcue – arreciaron sus ataques contra todos sus “enemigos”: el Partido Federal y Muñoz Rivera, el periódico San Juan News, la FLT y el partido obrero. A finales de mayo, Iglesias publicó una larga y detallada denuncia: “Mártires de la Federación Libre”. He aquí algunos ejemplos de los ataques: Cesáreo Cruz, obrero pintor, apaleado; Severo Sirino, carpintero, apuñalado; Eugenio Sánchez, atacado a palos; José Ferrer y Ferrer, tabaquero, agredido y apaleado; Ramón Romero Rosa, tipógrafo, apaleado junto a sus dos hijas menores; Hilario Otero, tonelero, estropeado, entre decenas de otros. Algunos fueron atacados a tiros. Muchos quedaron en mal estado y encima de esto metían presos a las víctimas (sobre 60 obreros). Esposas e hijas fueron injuriadas y las casas de trabajadores fueron asaltadas. (La Democracia, 30 mayo 1902, p. 1). A pesar de todas las adversidades, los hijos e hijas del bohío proletario protestaron y continuaron la lucha obrera con ahinco.

Es necesario conocer más a fondo las realidades de la lucha obrera en los inicios de la dominación de Estados Unidos. La turbas continuaron actuando ferozmente hasta 1904. Entonces se asomaba el escenario de nuevas luchas contra el gran capital del Norte. A su vez, se delineaban los caminos difíciles y contradictorios de la lucha sindical de vía reformista y de la versión iglesista del socialismo. Mujeres y hombres de las clases trabajadoras, especialmente, deben conocer bien esa historia y derivar lecciones para el presente de lucha democrática y transformación social.

Francisco Moscoso, historiador; fmoscoso48@gmail.com.