En medio de la crítica situación fiscal y económica que arropa al País, la “industria del guiso” con fondos públicos está floreciente. No importa si hay escasez o bonanza; si llegan más o menos fondos federales o estatales  para este o aquel proyecto; si la reconstrucción de Puerto Rico tras María va bien o mal; si los servicios esenciales al pueblo se prestan o no, los que “guisan” con fondos públicos siguen guisando porque hay toda una estructura política, económica  y gubernamental que así lo alimenta. Las más recientes acusaciones, anunciadas con bombos y platillos por las autoridades federales esta pasada semana, están entre las más patéticas. Un “facilitador” en la oficina del Presidente del Senado contribuyó con contratos espurios a las arcas de unas empresas fantasmas, incorporadas al otro día del Partido Nuevo Progresista (PNP) ganar las elecciones de 2016 por dos furibundos activistas de dicho partido.  “Pay for play” se llama a eso en el argot de los federales. 

A la luz de lo publicado, tal parece que la fiscalía federal y el FBI en Puerto Rico quieren hacer de este caso uno ejemplarizante para quienes “guisan” o pretendan “guisar” con fondos públicos en el País. Pero parece que se les ha hecho tarde. La cultura del “guiso” con fondos públicos es endémica en Puerto Rico y en Estados Unidos también, a juzgar por ciertos contratos impulsados por funcionarios federales tras la emergencia provocada por el huracán María. En un excelente artículo en esta edición de CLARIDAD, nuestro compañero columnista Manuel de J. González explica cómo, según datos del Centro para una Nueva Economía (CNE), el 90% de los contratos más jugosos para la reconstrucción post María en Puerto Rico han sido otorgados a grandes empresas estadounidenses. El artículo hace un recuento detallado de las empresas beneficiadas con esos  contratos multimillonarios y los funcionarios federales  que promovieron los mismos. Uno de los más notorios  es el caso bajo investigación sobre  la intervención e influencia de la ex subdirectora de FEMA en la región que incluye a Puerto Rico para que la AEE otorgara un contrato a  Cobra Acquisitions- que terminó siendo de $1,800 millones- por labores de  reconstrucción de la red eléctrica. Este controversial contrato, junto al de la esquelética empresa Whitefish de Montana por $300 millones, está entre las razones que le han servido de excusa al gobierno de Donald Trump  para aguantar el envío de los fondos asignados a nivel federal para la reconstrucción de nuestra infraestructura.  

El “guiso” con fondos públicos ha sido en gran medida responsable por el descalabro fiscal y económico de Puerto Rico. En una colonia empobrecida y dependiente, sin iniciativa ni poderes para atraer inversión, el “guiso” con fondos públicos se ha convertido en una principal y lucrativa actividad económica para los que cuentan con las conexiones políticas que les permitan acceder a contratos u otras prebendas con dichos fondos, sean estos del gobierno de Puerto Rico o de Estados Unidos.  Los ejemplos abundan de casos de inversionistas políticos que luego cobraron con creces su activismo y donativos con jugosos “guisos”. Aunque algunos de estos acabaron en acusaciones criminales, como los casos de Anaudi Hernández, Ramón Orta, y ahora, el de los “politiqueritos” del Senado, otros siguen impunes. 

 Los cuatrienios del ex gobernador, Dr. Pedro Rosselló, fueron de espanto. Cerca de 40 de sus subalternos, asociados, amigos y contribuyentes fueron acusados y enjuiciados en los tribunales de Puerto Rico y Estados Unidos, en sonados casos de corrupción con fondos públicos. El ex secretario de Educación Víctor Fajardo sobresale como el “símbolo” de uno de los más notorios “guisos” con fondos públicos que se haya registrado en nuestra historia reciente. Igualmente notorio fue el “súper guiso” con los fondos federales del Instituto del Sida, que se llevó enredados y a la cárcel a numerosos funcionarios y contribuyentes del gobierno de Rosselló, padre. 

El maridaje público- privado también ha sido fuente de abundantes “guisos” con fondos públicos, la mayoría de los cuales han quedado impunes hasta ahora. Recordemos los $50 millones pagados por un gasoducto del que nunca se colocó ni un tubo, durante el gobierno de Luis Fortuño y el PNP. Tampoco  se han aclarado las interrogantes sobre conflictos de interés en torno al contrato de la firma de inversiones UBS con los Sistemas de Retiro del Gobierno de Puerto Rico durante el cuatrienio del ex gobernador, Aníbal Acevedo Vilá, del Partido Popular. Lo que sí conocemos es su resultado: un contrato a UBS como asesor de los Sistemas de Retiro y, a la vez, como emisor de bonos de dicha dependencia, una intervención nebulosa que culminó en una enorme y perdidosa emisión de bonos de la Administración de Sistemas de Retiro, mientras UBS cobró, además de su contrato, unos $27 millones en comisiones, en perjuicio de los haberes de nuestros pensionados.  Revisitar esta historia, convenientemente enterrada por los poderes que son, valdría la pena ahora que los pensionados boricuas se enfrentan al recorte tajante de pensiones que les impone la Junta de Control Fiscal (JCF).

A propósito de la JCF, ésta tampoco está ajena a los “guisos” y a los conflictos de interés con fondos de nuestro pueblo. Tiene impugnados a dos de sus miembros cuyo rol en ciertas emisiones de deuda de Puerto Rico es altamente cuestionable. Además, su principal asesor de operaciones, McKinsey Company, que ya ha facturado sobre $50 millones por consultoría desde el 2016, es a la vez bonista de Cofina, a través de una de sus subsidiarias. Un evidente conflicto de interés en cualquier país que se respete, que sería motivo suficiente para cancelar el contrato de McKinsey, menos en esta colonia que se pliega ante el poder con reverencia, sobre todo si viene impuesto desde Estados Unidos. 

La  “industria del guiso” con fondos del pueblo está firmemente enraizada desde hace mucho tiempo en el sistema político colonial que padecemos. Es consecuencia directa de la dependencia servil que ha hundido a nuestro pueblo, y de la que se han aprovechado descaradamente los grandes intereses políticos y económicos de siempre.